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Solicitarán a EEUU revisar visados de venezolanos vinculados en legitimación de capitales

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En rueda de prensa, un grupo multidisciplinario de venezolanos encabezado por el Diputado Julio Montoya, el abogado Alejandro Rebolledo y la periodista Lourdes Ubieta informó que han abierto un proceso de investigación sobre la figura de un grupo de venezolanos que vive, visita y/o hace negocios en los EE.UU

El grupo integrado también por la abogada de inmigración María Trina Burgos y el penalista y ex fiscal norteamericano Eric Padrón, busca reabrir los expedientes migratorios en EE.UU de esos venezolanos presuntamente vinculados a sonados casos de corrupción como son los casos del Banco de Andorra, Bariven entre otros. Según el Diputado Montoya » no es posible que mientras en Venezuela la gente está sufriendo de escasez y falta de medicinas estos sujetos que se robaron al país vivan tranquilamente en una democracia como la norteamericana».

Para el abogado Alejandro Rebolledo es imperativo averiguar el estatus migratorio de estos venezolanos en Estados Unidos dado que «no se explica cómo pudieron sanear sus dineros mal habidos en el sistema financiero norteamericano y estamos seguros que con los antecedentes que poseen, estos sujetos mintieron a las autoridades norteamericanas en sus solicitudes».

Por su parte la abogada de inmigración María Trina Burgos explicó que cualquier venezolano que haya mentido u ocultado información en sus peticiones a inmigración puede ser susceptible de ser deportado inmediatamente, » si se confirma fraude las consecuencias son inmediatas e incluyen cárcel y deportación entre otras»

El abogado norteamericano Eric Padrón quien lleva la investigación en EE.UU de algunos de estos venezolanos vinculados a la delincuencia organizada informó que «mentir en solicitudes de asilos, residencia y naturalización son delitos federales que acarrean un mínimo de 5 años de cárcel mas congelamiento de bienes además de muchos agravantes que pueden complicar fuertemente el caso de los involucrados».

El grupo viajara a Washington en los próximos días a llevar los expedientes de los venezolanos investigados. Asegura el abogado Rebolledo que ante la evidencia de corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos » no podemos permanecer callados y tampoco el gobierno de Estados Unidos debe cobijarlos. Por eso este primer paso es tan importante».

Según el grupo de profesionales que lleva adelante esta investigación el objetivo final de esta iniciativa es la recuperación de bienes y capitales.

«Devolverle al país todo lo que se han robado. Congelarles los bienes en EE.UU y eventualmente repatriar esos recursos para reconstruir a Venezuela» aseguro Rebolledo.

La periodista Lourdes Ubieta subió a la plataforma change.org una petición que sobre el tema acompañara los expedientes de los cuestionados venezolanos. A la fecha 3 mil personas la han firmado. “Es una manera de empoderar a la sociedad civil. Firmando están participando en esta iniciativa que no busca más nada que justicia real para Venezuela y los venezolanos » comentó Ubieta.

Manuel Rojas: TSJ carece de facultad para revisar constitucionalidad de la Ley de Amnistía

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El abogado y docente universitario, Manuel Rojas Pérez, aclaró que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede declarar la inconstitucionalidad de la recién sancionada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

El jurista explicó que el Legislativo tiene la competencia para dictar este instrumento de naturaleza penal y no puede ser revisado por la alta corte. “Como facultad exclusiva del legislativo, dada su profunda naturaleza penal, su constitucionalidad no es revisable, salvo por ciertos tipos penales que no pueden ser objeto de amnistía. Esta novedad de nuestra Constitución nacional limita la facultad del poder legislativo para otorgar amnistías, pero sólo en casos de delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos”.

Indicó que el Poder Judicial no podría analizar el texto ni siquiera utilizando como fundamento la supuesta promoción de la impunidad, como lo han manifestado sectores afines al oficialismo. “Una Ley de Amnistía no es revisable por la Sala Constitucionalidad, ni siquiera bajo el argumento de la promoción de impunidad, puesto que la decisión acerca de las conductas que deben ser penalmente sancionadas es libre y discrecional del poder legislativo nacional” expresó.

Recordó que el Parlamento es el encargado de la redacción de leyes que tipifican los delitos y las condenas aplicables. “De esta forma, la amnistía es una facultad exclusiva del Poder Legislativo porque al ser de naturaleza penal, estaría abrigada de la misma reserva legal que la creación de delitos y penas y su derogatoria”.

Precisó que la aplicación es de la amnistía tiene efecto inmediato. “Desde el punto de vista jurídico, la amnistía se considera un instrumento exclusivamente de orden penal, que produce los mismos efectos que la derogatoria intermitente de un delito existente, sin necesidad de derogar el instrumento mismo y volverlo a poner en vigencia, lo cual supondría un corte en el hilo de aplicabilidad del tipo penal, que, al ser derogado, aplicaría la despenalización temporal de forma retroactiva, por la benignidad de la ley penal intermedia que extrae del ordenamiento jurídico la amenaza sancionatoria de dicha conducta”.

Aclaró que los beneficiarios de este mecanismo son perseguidos por acciones políticas y no están incursos en casos que puedan considerarse violatorios de los derechos humanos.

 

*Con información de Prensa Manuel Rojas