Pedro Pablo Peñaloza
Los anaqueles de supermercados y farmacias en Venezuela están vacíos. La inflación cerró el año en 2,616%. La moneda local ha perdido todo su valor. El salario mínimo mensual de los trabajadores equivale a 0.95 dólares en el mercado negro de divisas. La tasa de homicidios se ubica en 89 por cada 100.000 habitantes, la peor de América Latina. Y, a pesar de todo, el presidente Nicolás Maduro puede alcanzar en las próximas semanas su reelección.
La Asamblea Constituyente controlada por el chavismo decretó el adelanto de los comicios presidenciales, ordenando que se realicen antes del 30 de abril. Aunque parezca contradictorio, esta decisión ha generado la condena unánime de la oposición y la comunidad internacional, precisamente quienes buscan desalojar a Maduro del poder.
Si las encuestas revelan que más del 90% de la población considera que el país está mal y siete de cada diez venezolanos rechazan la gestión gubernamental, ¿cómo es posible que el líder de la ‘revolución’ apure el llamado a las urnas confiado en sus opciones de triunfo? La respuesta se sustenta en los siguientes tres factores: la manipulación del sistema electoral, el chantaje a los más pobres y las debilidades de sus adversarios políticos.
1. Manipulación del sistema electoral
Luego de perder ampliamente los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, el oficialismo esquivó por más de un año la posibilidad de volver a contarse. Echando mano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), liquidó la solicitud de referendo revocatorio planteada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y suspendió las regionales que debieron llevarse a cabo en diciembre de 2016.
La situación cambió en 2017, cuando Maduro resolvió imponer su Constituyente. Primero, violó la disposición constitucional que obliga a convocar un referendo consultivo para que el pueblo decida si apoya esa iniciativa. Luego, fijó sus propias normas electorales para asegurarse la mayoría de este foro y marginar a la oposición, que no compitió en esta contienda en señal de protesta y denunció un fraude a la soberanía popular.
El rector Luis Emilio Rondón —único directivo del CNE que no es chavista— enumeró las irregularidades del proceso que se celebró el domingo 30 de julio, destacando que ni siquiera honraba el principio elemental de “un elector, un voto”. “El balance es un proceso sin convocatoria por el pueblo, que se lleva a cabo con menos auditorías, utilizando subregistros electorales, sin respetar la proporcionalidad, la universalidad ni la personalización del sufragio”, detalló Rondón.
Para sembrar más dudas sobre la transparencia de aquella jornada, la empresa Smartmatic –encargada del voto automatizado en el país- admitió que los datos de participación fueron manipulados. “Sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Constituyente hubo manipulación del dato de participación (…) Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, sostuvo el director de la firma, Antonio Mugica, después de que el CNE anunciara que supuestamente más de 8 millones de venezolanos habían sufragado.
A pesar del repudio de la oposición y de la comunidad internacional, la Constituyente se instaló y rápidamente adelantó la convocatoria de las elecciones regionales para el 15 de octubre. Todos los sondeos vaticinaban el triunfo de la MUD; sin embargo, el chavismo dio la campanada y conquistó 17 de las 23 gobernaciones en disputa.
La oposición desconoció los resultados y manifestó que el gobierno “materializó un proceso electoral fraudulento sin precedentes en nuestra historia”. De acuerdo con sus investigaciones, a más de 1 millón de personas “se les impidió u obstaculizó votar en centros históricamente favorables a la oposición”, y otros “700,000 venezolanos fueron migrados de sus centros 48 horas antes e inclusive el mismo día de la elección”. Ninguno de estos reclamos fue atendido por las autoridades.
La Constituyente repitió la fórmula y llamó a elecciones municipales el 10 de diciembre. La MUD decidió no competir, aduciendo falta de garantías, y el oficialismo se alzó con 295 de las 335 alcaldías del país. De esta manera, mientras la crisis económica y social se agravaba, la revolución bolivariana reforzaba su hegemonía institucional a través del voto.
2. Comida a cambio de votos, el chantaje a los más pobres
El régimen chavista ha convertido el hambre en su principal aliado. El gobierno creó el denominado “carnet de la patria”, un documento con código QR que en teoría le sirve para canalizar la ayuda social a los más necesitados, pero que en la práctica emplea como un mecanismo para ejercer presión sobre los votantes.
“Llegó el 15 de octubre. Todo el mundo a prepararse para apoyar las elecciones constituyentes a gobernadores. En familia y con el carnet de la patria”, indicó Maduro el domingo de los comicios regionales. En Venezuela, solo se exige para votar la cédula de identidad; no obstante, en las regionales y municipales el oficialismo sugirió a los ciudadanos presentar el carnet de la patria al momento de sufragar.
¿Y por qué la cúpula chavista quería que los electores se registraran con su carnet de la patria? La explicación la ofreció días antes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello: “Cada persona que vaya a votar debe ser chequeado con el carnet de la patria para nosotros tener una referencia de cómo vamos”.
En una línea similar a la expresada por Cabello, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, manifestó que “debe haber un registro de todos los que tienen carnet de la patria. No puede quedar nadie que tenga el carnet de la patria sin votar”. Además, el chavismo incorporó oficialmente a su maquinaria electoral a los jefes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se encargan de repartir las bolsas de comida a precios subsidiados en un país azotado por la escasez y la hiperinflación.
En un análisis publicado en el portal Prodavinci, el politólogo Michael Penfold observa que el carnet de la patria “permite ejercer un control social y potencialmente político sobre el acceso de los individuos a los diversos programas del gobierno, pero en particular a los CLAP” o bolsas de comida.
“No es exagerado afirmar, después de haber estudiado por décadas estos sistemas en diversas partes del mundo, que hemos llegado a la instauración del clientelismo más desarrollado tecnológicamente de toda América Latina; es además sin duda uno de los más autoritarios. Es indudable que el gobierno pudiese haber logrado generar un cambio en el patrón de movilización de una gran parte de la población por medio de una tecnología de control social que pareciera ser efectiva en el condicionamiento del voto y que es altamente inmune incluso a un ambiente de adversidad económica”, explica Penfold.
3. La debilidad de la oposición
Las divisiones y errores de la oposición y la disidencia fortalecen al régimen chavista. En 2017, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) apostó por la desobediencia civil y encabezó una ola de protestas entre abril y julio que concluyó con un saldo de más de 120 muertos por la represión. Aquella rebelión popular conquistó la solidaridad de la comunidad internacional, pero no alcanzó su objetivo de remover a Maduro y el fracaso sacó a relucir las diferencias en el seno de la oposición.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la alianza opositora aún no tiene candidato y ni siquiera ha definido el mecanismo para escogerlo. La oferta de aspirantes se ha visto reducida por las inhabilitaciones y persecuciones judiciales ordenadas por el gobierno, al tiempo que los dirigentes en liza se desgastan en luchas intestinas. La ausencia de un líder reconocido en el terreno político ha hecho que el nombre de Lorenzo Mendoza, el empresario más importante del país, surja como una alternativa en el debate público.
La MUD aceptó participar en un proceso de negociación con el gobierno en República Dominicana, contando con el acompañamiento de cinco cancilleres de América Latina, para abordar como tema principal las condiciones de los comicios presidenciales. Lejos de ceder para sellar un acuerdo, el chavismo le ha dado una patada a la mesa y el Grupo de Lima —conformado por 14 gobiernos del continente— ya alertó que “esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”. Y en ese terreno de juego, gana Maduro.
