Reformas

 

La desaprobación a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, superó por primera vez el umbral del 50% en noviembre, un mes marcado por problemas en el transporte público y la discusión de una reforma educacional, reveló el martes un sondeo privado.

La encuestadora Adimark dijo que el apoyo a Bachelet cedió tres puntos en comparación al mes previo al 42%, mientras que la desaprobación se ubicó en un 52% tras subir cinco puntos con respecto a octubre.

Con esto, la aprobación a la gestión de la mandataria socialista -que tomó las riendas del país en marzo- bajó por quinto mes consecutivo, lo que junto a su nivel de desaprobación, «es la peor evaluación, hasta la fecha, en su actual administración», dijo Adimark.

La reforma educacional, que prometió Bachelet en su programa de Gobierno y que actualmente se discute en el Congreso, vio una caída en su aprobación de nueve puntos en el mes, en línea con las caídas observadas en la evaluación del ministro del área y de la percepción de gestión del tema educacional.

Noviembre también remeció el apoyo a Bachelet por los problemas que presentó el transporte público de Santiago, debido a inusuales fallas en el tren subterráneo y protestas de los servicios de taxis colectivos.

 

La cuestión de las reformas

«Cuando hay reformas de esta naturaleza y de esta magnitud definitivamente hay un costo político asociado a ellas en términos que cambia el estatus quo y eso hace aumentar la incertidumbre», dijo a Reuters el analista político Guillermo Holzmann.

Sin embargo, el experto dijo que el mayor problema está referido a la confusión de discurso que se ha generado incluso dentro del mismo Gobierno respecto a los cambios.

«El Gobierno está en el peor de los escenarios, donde ellos generan su propia oposición. Hay un tema de confusión que obviamente a la opinión publica no le hace sentido», afirmó.

Bachelet logró aprobar una millonaria reforma tributaria, mediante el alza de impuestos a empresas y la eliminación de algunos beneficios, para financiar cambios profundos en educación y salud.

En materia de reforma educacional, el Gobierno ha tenido que enfrentar, además del rechazo de la oposición, una serie de reparos desde las propias filas oficialistas.

El coordinador de opinión pública del CEP, Ricardo González, dijo que comparado con el primer Gobierno de la mandataria (2006-2010), los niveles actuales de aceptación y rechazo son similares a los obtenidos en noviembre-diciembre 2007 y junio del 2008.

«Podríamos decir que su actual nivel de aprobación y desaprobación coincide con el peor momento de su primer mandato», comentó.

 

Como el estudiante vago, el presidente esperó hasta el último momento. Tras un año de una Ley Habilitante solicitada con la excusa de combatir la corrupción, Nicolás Maduro anunció, la noche antes de vencerse su habilitación, 28 nuevas leyes y reformas. Al final del día fueron 41, apuradas, improvisadas e inconsultas.

Aún el país no conoce en detalle estas nuevas leyes. En cadena, el presidente anunció 16 y dejó la tarea de informar del resto a sus ministros. Es un proceder atropellado meter de contrabando, entre gallos y media noche, una reforma legal de esta magnitud. ¡Vaya participación popular! La guinda es la actitud del gobierno, que jura que se la está comiendo y que fregaron a la oposición, cegados por una soberbia tremenda que sólo incrementa su desconexión definitiva con los problemas de la gente.

Tras el choricero de artículos, numerales, literales y leyes, el país va muy mal. Cifras del propio Instituto Nacional de Estadística dibujan un repunte espeluznante de la informalidad, que salta casi 6%. Mas aún, 84% de los empleos clasificados por el INE en el último año lo generó el sector informal. La violencia empeora cada día más, de nada sirve que la nueva ministra sea, como el anterior, un militar. En el primer semestre del año hubo 455 homicidios de niños y adolescentes en lo que representa una guerra clara del hampa al futuro. En el país de las mayores reservas mundiales, los ciudadanos se humillan haciendo colas buscando gasolina. En año y medio Maduro trituró la economía y con ella la calidad de vida de los venezolanos, mientras aumenta la censura, la represión, la violación a los derechos humanos. Las ciudades son cerros de basura, de miedo y desconfianza, colapsadas a las primeras cuatro gotas de lluvia. Todo mal hecho.

Si el problema del país se resolviera con leyes Venezuela sería el país más desarrollado, equitativo y próspero del mundo. Pero no se trata de leyes, mucho menos cuando pretenden, estas nuevas y otras no tan nuevas, acelerar el proceso de dominación social y pasarle por encima a la Constitución para darle al gobierno, por la vía legal, el sustento que ha perdido en el apoyo popular. Allí está la Ley Desarme, aprobada pero no implementada por el chantaje del hampa roja, guapa y apoyada, que hoy ocupa a sus anchas incluso antiguas sedes policiales y sedes de gobierno.

El problema es el modelo. Con este paquetazo legal, el pueblo pagará una vez más el fracaso del gobierno. Ante el fracaso de la política económica y sin reparar un instante en la regaladera de los recursos de los venezolanos a otros países, el gobierno de Maduro le mete la mano en los bolsillos a los venezolanos porque se quedó sin plata. Más impuestos. Y ¿Para qué la plata? No es para resolver la grave crisis que vivimos, sino para financiar, otra vez y con el dinero de todos, la campaña del partido de gobierno con miras a las elecciones de la Asamblea Nacional.

El combate a la corrupción no fue más que un pretexto chimbo, como deja en evidencia una reforma a la Ley Anticorrupción que permite al presidente declarar como “secreta” cualquier información en la materia. En lugar de enfrentar la corrupción con transparencia, la ley da facultades para encubrirla. El mundo al revés.

El país se les fue de las manos. Más ocupados en mandar que en gobernar, en el control que en el bienestar del pueblo, desataron la peor crisis de la historia reciente. El desastre rojo no se arregla estudiando la noche antes del examen. Nuestra situación gravísima no admite soluciones piratas. Por eso hay que cambiarlos y, con ellos, cambiar radicalmente su modelo fracasado. De allí la importancia de organizarnos para lograr una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Desde allí podremos impulsar los cambios que requiere el país y ejercer un control efectivo del gobierno, de manera responsable y seria.

Con la verdad por delante, sin convertir la AN en una especie de genio o hada madrina, hay que llevar el mensaje de unión y cambio por todos los rincones, conversando con la gente sobre lo que puede (y no puede) lograr una nueva Asamblea Nacional, que responda al pueblo y no a un grupito enquistado. Es la próxima parada, y nuestra más cercana oportunidad para enderezar el rumbo de un país que se desbarata por un gobierno pirata.

 

@danielfermin

 

 

Pasó hace más de 20 años. Y está volviendo a pasar. Un joven presidente mexicano sorprende al mundo y, sobre todo, a su país. Propone reformas inéditas que chocan con la ideología de su propio partido, el PRI, y amenazan los intereses de poderosos empresarios, sindicalistas y políticos. Las reformas son aplaudidas por comentaristas internacionales: si se ponen en marcha, dicen, contribuirán a hacer de México un país más próspero, más justo y menos corrupto. Pero muchos mexicanos ven las reformas con desconfianza. Creen que son otra jugada de las élites para obtener aún más privilegios. Otros opinan que los cambios impulsados por el presidente tendrán efectos devastadores en la economía y la sociedad. La izquierda y los nacionalistas consideran las reformas económicas como una entrega al imperialismo yanqui. Y muchos empresarios se oponen a los cambios que atentan contra sus lucrativos monopolios.

Hace 20 años, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derrotó a los opositores dentro y fuera de su partido y llevó adelante ambiciosas reformas económicas. También firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TLC. Si bien aún tiene críticos, el TLC ha sido muy positivo. Obviamente, no ha sido la panacea para los problemas de pobreza, desigualdad y mediocre crecimiento económico que afligen a México, pero el comercio internacional se ha duplicado, y la inversión extranjera se ha triplicado.

Sin embargo, quizás lo que más afectó a México hace dos décadas, y que hoy está volviendo a pasar, es que las reformas que el país necesita desesperadamente se ven diluidas o descarriladas por el México malo. Este es el México asesino y criminal, corrupto y abusador, injusto y bárbaro, donde reina la impunidad y el imperio de la ley solo existe para quienes pueden pagarlo.

El TLC entró en vigor en 1994 y ese año estalló una rebelión armada en Chiapas, fueron asesinados tanto el candidato presidencial del PRI como el secretario general del partido y la economía colapsó. Vapuleado por sus correligionarios y la opinión pública, el presidente Salinas se autoexilió, mientras su hermano Raúl, acusado de asesinato, fue encarcelado.

La mezcla de la mala situación económica con la avalancha de escándalos de corrupción envenenó el clima político y truncó reformas. Nadie cree a nadie; nadie confía en nadie. Y el México malo se beneficia.

Dos décadas después, la historia se repite con inusitada precisión. Enrique Peña Nieto deja perplejos a los mexicanos y al mundo con las sorprendentes reformas que impulsa. Sube los impuestos (México es el país de la OCDE que menos recauda), promueve una ley antimonopolio más severa, obliga a que haya más competencia en televisión y telecomunicaciones y permite la entrada de empresas extranjeras de petróleo y energía. También se propone adecentar Pemex, la corrupta petrolera estatal. Sacude el desastroso sistema educativo, al obligar a los maestros a someterse a evaluaciones y al posibilitar su despido si no cumplen con los requisitos. Peña Nieto ha declarado la guerra a muchos y muy variados intereses. Encarceló a Elba Ester Gordillo, la hasta ahora intocable líder del sindicato de maestros, acusándola de malversación y crimen organizado; afectó los intereses, hasta ahora también intocables, del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, así como los de Televisa, el gigantesco conglomerado mediático. Y más.

En cualquier otro país la gente estaría aplaudiendo a un presidente que intenta hacer todo esto. No en México. Los mexicanos no creen que su presidente esté haciendo esto por el bien del país. De nuevo, piensan que las reformas solo beneficiarán a los políticos y a los ricos.

Y algunos hechos recientes parecen confirmar sus peores sospechas. La masacre de Iguala saca a la luz la confabulación del Gobierno local con los narcotraficantes.

La fastuosa mansión privada de la pareja presidencial fue comprada con la ayuda poco transparente de empresas que se beneficiaron de contratos cuando Peña Nieto era gobernador. Y el Gobierno se ve obligado a anular un contrato de 4.800 millones de dólares para un tren de alta velocidad, al destaparse que la compañía china adjudicataria estaba asociada con otras mexicanas vinculadas al PRI.

Estos escándalos han generado un ambiente político tan tóxico como el que se respiraba durante los peores momentos del Gobierno de Salinas.

¿Volverán la corrupción y la criminalidad a hacer naufragar las reformas que México necesita? ¿Podrá el México bueno crear los anticuerpos que neutralicen al México malo? Estos son los momentos en que un presidente puede transformarse en un líder histórico. Hay un México bueno, que es mayoría, y que exige que el México malo sea enfrentado de forma implacable, y derrotado. Pulverizado. Está buscando quien lo haga.

¿Podrá Enrique Peña Nieto convertirse en el líder del México bueno?

@MoisesNaim

El País