Refendo Revocatorio

A PESAR DE LAS CONDICIONES ADVERSAS a las que se debe enfrentar, la MUD seguirá el camino hacia el referendo revocatorio y, en ese andar, debe superar la prueba más inmediata: la recolección de 20 % de las huellas de los votantes por cada estado.

Una vez hecho el proceso, que se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre, se sabrá si la oposición puede continuar con la idea de remover al presidente Nicolás Maduro del poder. Queda, entonces, saber lo que pasará en ambos escenarios: ¿qué sucede si se logra el 20%? y ¿qué pasará en Venezuela si por un puñado de firmas no se puede ir al RR? En Runrun.es consultamos a los expertos para que respondieran ambas interrogantes:

Campo minado

De lograr la recolección de 20 % de las firmas del electorado (3.894.584) para solicitar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, a la oposición aun le queda remontar un trecho lleno de obstáculos para finalmente ejecutar la consulta nacional sobre la rescisión del mandato del presidente venezolano.

“La oposición todavía tendría que atravesar un campo minado, observa el  consultor político Oswaldo Ramírez. Considera que en el mejor escenario, el revocatorio presidencial se realizaría el primer trimestre de 2017 por los plazos planteados por el CNE: anunció que se tomará 90 días para analizar las firmas si son recogidas en octubre, luego declarar si son válidas o no y convocar a la campaña 21 días después.

Si se activa la campaña por el RR, la oposición tiene el reto de garantizar que los electores logren efectivamente ir a votar  y superar los 7,5 millones de votos que logró Maduro el 13 de abril de 2013 sin dejarse intimidar por las presiones del madurismo.

Entretanto, existen otras amenazas que podrían anular el proceso del revocatorio:  la demanda judicial del Psuv contra el RR por supuestas firmas falsas introducidas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las  denuncias por presunto fraude en la recolección de firmas ante el Ministerio Público. Alegan ilícitos electorales, como usurpación de identidad, utilización de menores de edad y personas sentenciadas, así como el uso de identidad de votantes fallecidos.

Realizar y ganar el RR en 2017 plantea varios escenarios en un entorno cambiante, según Ramírez.  Al salir Maduro del gobierno, se formaría un nuevo ejecutivo que seguiría siendo chavista (al asumir el vicepresidente la presidencia). También podrían plantearse acuerdos y proceder a una elección presidencial luego de que el vicepresidente renuncie. Otra posibilidad es formar un gobierno de unidad nacional, convocar a una asamblea nacional constituyente que “resetee” el sistema o una junta de gobierno  en caso de producirse un golpe de Estado.

No hay que dejar a un lado los imponderables que pueden convertirse en catalizadores de la crisis que aceleren los procesos: el hambre, el alto costo de la vida, incremento de la violencia y aumento de la conflictividad social. “Llegar a un punto en que la gente rebasada por la situación ya no tenga miedo al monopolio de la fuerza del Estado generando estallidos sociales”.

Horcas caudinas

Con las condiciones presentadas por el CNE, luce cuesta arriba lograr la recolección de 20 % de firmas para la activación del referendo revocatorio, considera el politólogo Luis Salamanca. “Todavía falta un punto importante por aclarar y decidir: la distribución de las máquinas captahuellas en el territorio. Ese detalle técnico va a condicionar mucho la recolección de firmas por parte de la MUD”.

Al analista no le extrañaría que el CNE impusiera el modelo de recolección a través de las captahuellas de Jerry Manderin, es decir, colocar mayor número de máquinas donde haya menos votantes del partido de gobierno y viceversa. “Si la distribución de las máquinas respetara la proporcionalidad del voto, habría posibilidades de conseguir los votos. Son cuellos de botella que impiden un flujo rápido de votantes”.

Para Salamanca, sí existe la disposición para lograr 20 % de las firmas, pero no así las facilidades materiales y técnicas para alcanzarlo, como la distribución estratégica de captahuellas en centros con sitios de difícil acceso o alta criminalidad. También entorpecería el proceso el horario de oficina que impondría el  CNE a un proceso de carácter electoral.

Pero en el caso de que la oposición si lograra alcanzar su meta, deberá enfrentar varias horcas caudinas, es decir, soportar afrentas con demostración de fuerza.  Le seguiría inmediatamente una etapa de congelamiento del RR por parte del CNE, a criterio del analista político. “Sería el paso criogénico que utilizaría el organismo para que el revocatorio se postergue hasta el 2017. Primero se tomará días para decidir si las firmas son hábiles y anunciarlo a finales de noviembre. Luego correrían 90 días más para aprobar la fecha del revocatorio”.

El gobierno de Maduro no le ha dado un portazo definitivo al RR para mantener ante la comunidad internacional una cara pseudo democrática, considera Salamanca. “También está evaluando el comportamiento electoral opositor durante la postergación del RR: si se desmoviliza o desmoraliza abre el juego y aprueba el referendo, si el electorado mantiene la determinación de votar, cerrará el revocatorio”.

No se debe perder de vista que el gobierno no quiere elecciones, evalúa Salamanca.  El proceso político para evitar la remoción de Maduro continuará. Quizás algún sector del chavismo pretenda sacarlo, pero el costo de perder el RR es más alto que el costo de mantenerlo en el poder. En Venezuela está amenazado el principal componente de una democracia: que sus ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes. Si se niega ese derecho, estamos hablando de dictadura. Ya estamos navegando en las aguas turbulentas que separan la democracia y la dictadura”.

¿Y si no se llega al 20 %?

Frustración, desmotivación, rabia. De acuerdo con el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, eso es parte de lo que se generaría en la población si la oposición no logra que 20 % del padrón electoral pueda declararse a favor del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

En la misma línea va Héctor Briceño, jefe del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela. Para él, una derrota de la oposición sería el peor escenario para el país, ya que estima que al menos 6 millones de venezolanos saldrán a la calle a apoyar la propuesta de revocatorio, que solamente necesita la mitad para llevarse a cabo.

Para el experto, sin la posibilidad de un RR Venezuela se expondría todavía más a la ingobernabilidad, que ya está presente y continúa su ascenso en el país a raíz de los problemas políticos y sociales por los que atraviesa. El hecho de que no se pueda recolectar el ansiado 20 %, por los obstáculos que se prevé que imponga el chavismo, podría ser el detonante de una reedición de “La salida”.

“Podría haber sectores que llamen a la calle y se repetirían exponencialmente las protestas de 2014. Si en aquel momento, la situación se presentó en 17 municipios del país, ahora podría hacerlo en 50 o 100 municipios”, advirtió.

Ante tal escenario, continuó Briceño, “no solo pierde la oposición, sino el país, y el chavismo muy especialmente puede seguir perdiendo por un comportamiento inaceptable”.

“En esas condiciones, la Fuerza Armada estarían en un aprieto aún mayor. Hasta ahora, la institución ha logrado resolver sus problemas dentro, pero la situación podría obligarlos a tener que resolver sus problemas afuera (…) Ya no es suficiente repartición de privilegios y dólares dentro de la FAN para solventar y acallar lo que pasa. Ahora hay mucho descontento”, indicó.

Advirtió Briceño que la oposición tiene vínculos débiles con los militares y que, ante un golpe de Estado, quienes actuarían serían los uniformados, los colectivos insatisfechos y los sectores del chavismo que no están contentos. Recordó que quienes adversan al gobierno, después de 2002, han hecho un esfuerzo por desvincularse de sectores antidemocráticos.

¿Renuncia?

La renuncia de Maduro también es una reacción posible, según el experto. El hecho de que el Presidente deba someterse a un referendo revocatorio, o esté en una situación de absoluta ingobernabilidad, sepultaría por completo al chavismo, que tomaría esta como una salida.

“La ventana para esa renuncia es muy pequeña, es la que tiene menor probabilidad estadística, y eso abre dos dilemas en la política: por un lado, el gobierno sabe que está perdido (…) Entonces, buscaría salir del poder sin perder la cabeza, sin terminar en La Haya o en Estados Unidos por juicios contra el tráfico de drogas. Por otro, la oposición tendría que gobernar a Venezuela en los próximos años asegurándose de no perder las elecciones de 2019. Todo eso lo resuelve un pacto político. Por ahora, el revocatorio no lo resuelve», apuntó.

El otro escenario, aún más improbable que el de la renuncia, es el aumento sin precedentes de la represión militar. Sin embargo, Briceño desestimó que la FAN quiera asumir ese papel.  

De acuerdo a una evaluación hecha por la Plataforma Venezuela Libre – una coalición de organizaciones no gubernamentales – para determinar cuáles son los tiempos correctos desde el punto de vista de las normas del CNE versus los tiempos que el CNE ha aplicado en realidad, hasta este viernes 19 de agosto el ente electoral ya había acumulado 75 días en el incumplimiento del cronograma para el revocatorio.

El viernes 20 de agosto se cumplió el lapso de 15 días continuos que tenía la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi) para aprobar, o no, la solicitud presentada por la Unidad Democrática para que se convoque la siguiente etapa del referendo revocatorio (RR), en la cual al menos el 20% del electorado – aproximadamente 4 millones de venezolanos – deberá manifestar su voluntad de que se realice la consulta popular. Pero no cumplió, por lo cual se suma un día extra al cronograma.

El rector Luis Emilio Rondón, quien preside la Copafi, ya había informado el pasado 9 de agosto, a través de su cuenta en Twitter, que los otros integrantes de la comisión – la rectora Tania D´Amelio y Abdón Hernández, rector suplente – pidieron analizar el documento de la Unidad “junto a la solicitud de cancelación” planteada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al alegar “fraude masivo” en la recolección de las firmas para respaldar la solicitud.

Esos días se han registrado en cuatro momentos del proceso. El primero fue a partir del 9 de marzo, cuando la Unidad hizo la solicitud para realizar el RR. “Pero el CNE entregó las planillas el 26 de abril. Allí hubo 29 días sobrevenidos”, precisa la evaluación, titulada Revocatorio vs. Violaciones a las Normas del CNE, al cual tuvo acceso el equipo de Prensa Unidad Venezuela.

La segunda violación ocurrió cuando terminó la validación de las firmas del uno por ciento de electores que autorizaron a la Unidad para actuar como intermediario de los ciudadanos. “El CNE tenía cinco días para verificar esa recolección y, sin embargo, se tardó 38 días más de lo establecido en el cronograma. (29 + 38)”, agrega.

Luego se anunció que sería el 26 de julio cuando entregarían el informe final de la primera etapa del RR. “Esa ya era una fecha ilegal porque debió ser el 25 de julio. Un día más que hay que sumar. Sin embargo, lo entregaron el 1 de agosto, con lo cual se tomaron siete días más con respecto al 25 de julio (29+38+7). Y en lugar de entregar ese día a la Unidad la certificación de haber recogido el uno por ciento, lo hicieron al día siguiente. Otro día más (29+38+7+1)”.

El mismo 2 de agosto, cuando la Unidad recibió la certificación, entregó al CNE la solicitud para que se convoque la siguiente etapa, la del 20 %. “No dejó pasar los días hábiles que le correspondía, porque aquí lo que se busca es la celeridad, a lo cual la ley obliga al CNE. Sin embargo, ellos están haciendo exactamente todo lo contrario”, prosigue el análisis.

A partir del 2 de agosto vino un lapso de dos días en el cual la oficina receptora del CNE debía asegurarse de que la solicitud estuviese conforme a las normas y, si no había objeciones, entregarla a la Copafi. “Se tomaron los dos días, a pesar de que no había objeciones”. Por ello, fue el 4 de agosto cuando comenzaron a correr los 15 días continuos que terminaron ayer.

Lapsos máximos no son una obligación

Cuando el CNE dé respuesta a esta solicitud empezará una nueva fase de 15 días, esta vez hábiles, al final de la cual el ente electoral deberá estar listo para cumplir con el 20%. “En esta fase – no al final, sino dentro de los 15 días hábiles – se debe presentar y aprobar el esquema con la fecha y la cantidad de máquinas y de centros necesarios para la recolección. Ya la Unidad tiene listo un esquema de nucleación de centros y cantidad de máquinas, con base en lo que establecen las normas – una máquina por cada mil electores y en los sitios que más convenga a los electores – que presentará al CNE”, indica el documento.

Una advertencia muy importante que se hace en la evaluación es que “en todas y cada una de las fases la norma habla de plazos dentro de los cuales se deben cumplir los pasos. Eso quiere decir que son plazos máximos. El CNE, en todas y cada una de las fases, ha aplicado los lapsos máximos y, además, se ha excedido en 75 días (hasta este 19 de agosto) en lugar de aplicar la celeridad, que es un principio legal que debe aplicar”.

De acuerdo a esta lógica, y tomando en cuenta el “plazo máximo de 90 días” con el que cuenta el CNE para convocar el referendo después de tener la aprobación del 20 % del electorado, la consulta para adelantar las elecciones presidenciales puede realizarse este año.

“Aun y cuando el CNE realizara a finales de octubre la recolección del 20 %, fecha que señaló como ‘probable’ la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, habría tiempo de realizar el RR este año porque no tiene que esperar los 90 días que dice la norma. Ese es el máximo de días en los cuales debe hacerlo, pero puede hacerlo antes, en 30 o 40 días, a finales de noviembre o principios de diciembre. Todo depende de la voluntad política”, asegura.

Revocatorio y regionales: dos caras, una misma moneda

Al tener como horizonte “el cambio político necesario e urgente” que requiere Venezuela para comenzar a salir de la crisis que le afecta, las elecciones de gobernadores resultan de suma importancia. “¿Cómo podría tener gobernabilidad el nuevo presidente con 20 gobernadores (la mayoría militares) saboteando su gobierno?”, plantea el análisis.

Según la Constitución, los cargos para gobernadores deben renovarse cada cuatro años, y el actual período vence en diciembre de 2016. “No hacer las elecciones de gobernadores este año es equivalente a no realizar elecciones presidenciales en 2018. Es una obligación constitucional y no hay motivos para no hacerlo”, asegura el documento.

“La presidenta del CNE dijo que necesitan 100 días para organizar un proceso electoral. Contando desde este 19 de agosto, quedan 114 días para el 11 de diciembre, que son más de 100 días, para realizar esas elecciones. Podría no ser el 11 sino el 18, pero hay tiempo para convocarlas. Solo que no quieren hacerlo, obviamente por razones políticas, porque saben que van a perder más del 80 por ciento de las gobernaciones, de acuerdo a todas las encuestas, y quieren postergarlas a ver si ocurre un milagro que pueda hacer cambiar a la opinión pública. No va a ser así, porque la situación económica también apunta a que esto va a empeorar”, sostiene.

Asimismo, indica que “no hay ningún conflicto desde el punto de vista legal y técnico que impida que se realicen, incluso simultáneamente, las elecciones regionales y el revocatorio”.

Con respecto a la solicitud hecha por el PSUV para invalidar a la Unidad como organización política, la evaluación hace referencia al estudio presentado días atrás por Roberto Picón, integrante del equipo del RR de la Unidad, que demostró que las denuncias de supuestos fallecidos que aparecen firmando, son absolutamente falsas. “Inicialmente se pensó que los muertos habían sido `sembrados´ por el oficialismo, que había llevado gente a firmar con cédulas de fallecidos, pero ni siquiera fue así. Son errores humanos del equipo que hizo la transcripción en el CNE. Y aun así, esos diez mil casos es una cantidad ínfima en relación con el volumen total de firmas recolectadas y validadas con huellas”, concluyó.

Organizaciones civiles y académica nacionales entre las que destacan Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Control Ciudadano y Transparencia Venezuela exhortaron en un comunicado conjunto al Consejo Nacional Electoral “a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos contemplados en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y solicitan que se adopte una “posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. Consideramos grave el retraso en el procedimiento de constatación de las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial”.

El pronunciamiento de estas organizaciones indica que la reciente actuación de las autoridades electorales “lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el Consejo Nacional Electoral. Este trámite debió haber durado 5 días continuos según lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobada en 2007, pero se ha extendido, injustificadamente, por 40 días”.

Igualmente consideran “delicado el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en la normativa antes citada, así como su no cumplimiento por parte del propio Poder Electoral; lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta,  de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales. En este orden de ideas, las nuevas reglas no solo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros”.

Explican en el comunican que lo anterior sienta “un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución. En este orden de ideas, el anuncio realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo estiman insuficiente la información sobre el número de centros para validar las manifestaciones de voluntad mediante el sistema de identificación biométrico. “Alertamos que, si el Consejo Nacional Electoral concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del Consejo Nacional a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad”, explican.

El bloque de organizaciones considera que es contrario al principio de transparencia no notificar a los ciudadanos las razones por las cuales su manifestación de voluntad ha sido anulada. “En este sentido, consideramos discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas. No permitir la rectificación de los «errores de forma» que llevaron a  excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana”.

Del mismo modo, emplazan a las autoridades electorales a convocar las elecciones a Gobernadores y Representantes de los Consejos Legislativos cuyos mandatos finalizan el 16 de diciembre de 2016, no hacerlo antes del 16 de junio sería una nueva violación a la carta magna.

“El Consejo Nacional Electoral tiene como responsabilidad permitir que los venezolanos y venezolanas expresen de manera pacífica, democrática y electoral su posición frente al grave conflicto político, social y económico que afronta el país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se acometa una reforma electoral a la brevedad posible, la cual elimine la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, y garantice la equidad y transparencia de los proceso electorales en nuestro país”, finaliza indicando el documento.