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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Familiares de presos políticos piden intercesión de la ONU

Un grupo de familiares de los considerados “presos políticos” venezolanos acudió hoy a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas donde entregaron un documento para pedir que el organismo interceda a favor de los detenidos.

Unas 50 personas participaron en la manifestación, en el este de Caracas, que concluyó con la entrega de un documento en el que solicitan la mediación de la ONU “para encontrar el camino para lograr la liberación de TODOS los presos políticos y el respeto a los derechos humanos”, dice el documento.

En la protesta estuvieron presentes varios abogados de los considerados “presos políticos”, familiares, exprisioneros, y activistas de derechos humanos como Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, privado de su libertad desde 2014.

Esta coalición cifra en 387 el total de “presos políticos” que existen en el país, una cantidad superior a la que maneja el Foro Penal, la organización que lidera la defensa de estos casos y cuya lista, compuesta por 275 personas, está certificada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento entregado este viernes añade la lista que maneja la coalición y señala que la mayoría de los detenidos “tiene más de 2 años preso preventivamente” y han sido “sometidos a tratos crueles e inhumanos”.

Denuncian además que a los “presos políticos” se les difieren las audiencias de juicio frecuentemente y que sus familiares “no tienen acceso” para corroborar el estado físico y mental de los reclusos.

El escrito indica también que varios de los que están tras las rejas tienen “boletas de excarcelación” que no han sido acatadas por las autoridades penitenciarias, y que entre los procesados figuran dos menores de 18 años.

Además, llaman la atención de la ONU en vista de las detenciones de militares que han ocurrido en los últimos meses “por delitos políticos como traición a la patria”.

Según estas cuentas, al menos 154 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están actualmente tras las rejas por expresar su descontento con el Gobierno de Nicolás Maduro, 80 de ellos apresados este año.

Afectados por la condición y familiares marcharon de la Plaza Altamira hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la avenida Francisco de Miranda en pos de solicitar la dotación de medicinas y la apertura de un canal humanitario

 

Francisco Zambrano

@franzambranor

A Ronald Segovia le diagnosticaron mal de Parkinson en 2016 y desde agosto del año pasado no toma Sinemet, medicamento fundamental para atender esta patología.

Segovia tiene cerca de 20 años en la administración pública y un par laborando en el Despacho de la Presidencia, cerca y a la vez distante de Nicolás Maduro. Tiene 55 años y su enfermedad le hizo adelantar las gestiones para jubilarse.

Este lunes, junto a un numeroso grupo de personas estaba en la avenida Francisco de Miranda de Caracas protestando por la falta de medicinas.

“En Venezuela estar enfermo este tener una sentencia de muerte”, dijo. “Le estamos pidiendo al Estado que se aboque en su responsabilidad, hay diez compañeros que han muerto solo en lo que va de 2018”.

Alexander Hernández, presidente de FundaParkCa (Fundación de Parkinson de Caracas) informó que la cifra de pacientes de esta enfermedad en Venezuela se ubica actualmente en 32 mil. “El doble de lo que hay en trasplantados renales”.

“Prefiero morir protestando en la calle, que acostado en mi casa, voy a dejar la vida acá”, sentenció Hernández minutos antes de consignar un documento en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La misiva es una llamada de auxilio al organismo internacional para que interceda ante el gobierno y abogue por la apertura de un canal humanitario que permita a miles acceder a medicinas de alto costo.

“Una cajita de pastillas ‘bachaqueada’ para mi papá sale en 10 millones de bolívares semanal, es decir en un solo medicamento podemos gastar 40 millones mensual”, advirtió Amparo Mesa, quien vino junto a su hermana Natalia desde Acarigua.

“No conseguimos medicinas desde hace seis meses, mi papá se ha ido deteriorando lentamente”.

Carmen Fuentes también vino en autobús a Caracas desde el estado Aragua. Su hermana Josefa de 71 años yace en una cama, no puede movilizarse por voluntad propia y le cuesta hasta ingerir alimentos. “Tiene ocho meses sin tomarse la medicina, nosotros no podemos costear esa pastilla, me he cansado de llamar al 0800-SALUD y no he obtenido respuesta, el gobierno tiene que dar una solución”.

Belter Sánchez es otro paciente de Parkinson que padece las penurias de no tener acceso a la salud. De 55 años, se desempeñaba como técnico cocinero industrial, hoy en día siente vergüenza de salir a protestar por un derecho que ha sido secuestrado.

“Voy a todas las concentraciones y seguiré yendo, prácticamente nos están matando poco a poco”, aseveró.

A Glorimar González la vida le dio un vuelco cuando le confirmaron que su mamá tenía Parkinson y nuevamente volvió a girar desde que no encuentran el tratamiento para preservar su salud.

“Hemos tenido que sacrificar mucho, vender nuestras cosas para comprar las medicinas en el extranjero, por una cajita de 30 pastillas te pueden cobrar hasta 8 millones de bolívares y eso dura para 10 días, no es justo lo que estamos viviendo”, indicó la estudiante de odontología.

Este 18 de abril, los pacientes de Parkinson volverán a las calles, esta vez la intención es acudir a la sede del Ministerio de la Salud y ser atendidos por el responsable de la cartera, Luis López.

ONU alerta de que 30 millones de latinoamericanos pueden volver a la pobreza

Pobreza

 

Entre 25 y 30 millones de personas en América Latina pueden regresar a la pobreza empujadas por la desaceleración económica y la ausencia de una red de políticas públicas consistentes, alerta un informe divulgado en Panamá por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe, “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, señala que las políticas públicas de hace una década, que se basaron en la educación y la creación de empleo y que ayudaron a reducir la pobreza, aunque sin eliminar la desigualdad social, son insuficientes hoy en día, porque el mercado laboral está saturado y los países se han topado con un techo fiscal.

Además, esas políticas no consiguieron generar resilencia en 2 de cada 5 latinoamericanos (el 40 % de la población total), que a día de hoy son vulnerables a cualquier situación adversa como una recesión económica, un desastre natural o un problema de salud.

“Corremos el riesgo de retroceder los logros sociales que hemos alcanzado en los últimos 10 años”, dijo la directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faeita, durante la presentación en la capital panameña.

Entre 2003 y 2013, precisó Faeita, “la pirámide social, laboral y económica de la región se transformó” con la salida de 72 millones de latinoamericanos de la pobreza y la entrada de 94 millones de personas en las clases media.

Sin embargo, la tendencia se ha ido reduciendo en los últimos tres años, y por primera vez en una década ha aumentado el número absoluto de personas pobres, es decir, aquellas que viven con menos de 4 dólares al día, de acuerdo al PNUD.

El organismo de las Naciones Unidas estima que en 2016 se hubiesen sacado de la pobreza a un 80 % menos de personas que en los años del bum económico, aunque la región no hubiese entrado en crisis y hubiese seguido creciendo a una tasa anual del 4 %.

“América Latina ha sido muy innovadora en los últimos 15 años en temas de política social y laboral, pero nosotros creemos que hoy más de lo mismo, más crecimiento económico, no generará necesariamente más reducción de pobreza o desigualdad, o al menos al mismo ritmo que el pasado”, sostuvo por su parte el principal autor del informe y economista jefe del PNUD, George Gray.

Para evitar la recaída económica de 30 millones de personas, el organismo internacional recomienda a los gobiernos repensar la noción tradicional de progreso y abandonar las políticas públicas que tengan al producto interior bruto (PIB) per capita como único indicador de desarrollo.

El PIB per capita, añade el informe, subvalora los logros sociales y no mide aspectos importantes para el bienestar como la seguridad, la calidad del empleo, la igualdad o la conservación del medioambiente, entre otros.

De acuerdo con el documento, las nuevas políticas públicas tienen que aumentar la resilencia de los ciudadanos y centrarse en mejorar cuatros factores fundamentales: protección social, sistemas de cuidado, calidad laboral y acceso a activos físicos y financieros, como una casa, un vehículo o una cuenta de ahorro, que actúan como colchones durante la crisis.

“Los determinantes de salida de la pobreza son distintos que los determinantes de recaída a la pobreza”, concluyó la directora regional del PNUD.