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Procuraduría General de la República

Acceso a la Justicia: TSJ impide una vez más resguardar bienes de PDVSA y sus filiales en el exterior

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intensificó las acciones contra el gobierno interino de Juan Guaidó a través de dos sentencias, la 74 y 75, que anulan, respectivamente, la designación por parte del legítimo Gobierno interino de Venezuela y la Asamblea Nacional (AN) del procurador especial para la defensa del Estado en el exterior y la junta directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales extranjeras. Tales decisiones de la AN son un intento desesperado de reguardar los bienes del país del régimen de Nicolás Maduro Moros, pero la Sala Constitucional (SC), en cambio, mantiene su afán de atacar sus actuaciones y seguir amparando el proyecto totalitario del gobierno de facto.

La principal arma utilizada por la SC para justificar la nulidad con que declara los actos jurídicos dictados por la AN, único poder electo de forma legítima por el pueblo, es la del “desacato”. Gracias a este “argumento estrella”, cada vez que el Poder Legislativo y el presidente interino Guaidó hacen uso legítimo de sus funciones y facultades, la SC con una velocidad abrumadora desconoce la validez de las decisiones que aquellos emiten.

Sentencia n.° 74

En este caso la SC procedió a anular la designación del abogado y profesor José Ignacio Hernández como procurador especial para defender y representar los derechos e intereses de la República, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior, dictada por el Poder Legislativo el pasado 27 de febrero, y ratificada mediante un acuerdo del 19 de marzo, de conformidad con el artículo 15, letra b del Estatuto que rige la Transición a la Democracia.

La mencionada Sala consideró que la AN había invadido una vez más las funciones asignadas al presidente de la República. De hecho, sostuvo que el Parlamento usurpó la atribución prevista en el artículo 249 del texto constitucional que confiere al presidente de la República la facultad de nombrar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, la Sala determinó, sin mayor razonamiento, que Reinaldo Muñoz Pedroza es la persona designada de forma legal y constitucional encargada de ejercer las funciones de procurador general del país.

La SC también decidió ratificar las medidas cautelares que había ordenado mediante sentencia n.º 39 del pasado 14 de febrero contra quienes fueron designados por la AN para representar al país en la directiva de PDVSA y sus filiales en el extranjero, señalando al respecto que “conforme al ordenamiento jurídico del país, las personas legitimadas para dirigir Petróleos de Venezuela, S.A., representarla y suscribir compromisos frente a terceros, como empresa mercantil“ son su presidente Manuel Quevedo y demás miembros nombrados por el ilegítimo Gobierno de Nicolás Maduro Moros.

La Sala prohibió además la “designación de cualquier persona para el ejercicio de funciones gerenciales, operativas, y/o administrativas de Petróleos de Venezuela, S.A., sus filiales y empresas mixtas, salvo que las mismas emanen de la Directiva legítima de Petróleos DE Venezuela, S.A. PDVSA reconocida en el presente fallo”.

Adicionalmente, vetó la actuación “en cualquier instancia, organismo y foro internacional a toda persona venezolana o extranjera designados inconstitucional e ilegalmente”, así como “negociar, suscribir y adoptar decisiones que incidan en el giro comercial y operacional, comprometiendo el patrimonio e intereses de Petróleos de Venezuela, S.A.”.

Para ello, la SC pidió a la Sala de Casación Penal “que inicie a la brevedad posible los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos nombrados, que se encuentren fuera del mismo, a los fines de su enjuiciamiento penal, con la actuación del Ministerio Público”.

Sobre este fallo, Acceso a la Justicia considera imprescindible destacar, al menos, dos cosas. Primero, que nuevamente la SC sin ningún tipo de justificación jurídica anula las decisiones de la AN, dictadas gracias a las funciones que expresamente le atribuye la Constitución venezolana, con el fin de resguardar los activos, bienes e intereses del Estado venezolano en el extranjero.

Con esta posición la Sala insiste en desconocer la Constitución y pone en evidencia el uso y abuso del ejercicio de sus potestades jurisdiccionales a favor del régimen usurpador de Maduro.

En segundo lugar, resulta evidente la inconstitucionalidad de la decisión judicial cuando la Sala ratifica y extiende las medidas cautelares adoptadas contra todas aquellas personas que acepten designaciones por parte de la AN como directivos y representante legal ad hoc de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas a nivel nacional y en el extranjero, sin ni siquiera respetarles el derecho a la defensa procesal previsto en el artículo 49 del texto fundamental, tal como fue advertido en su oportunidad por Acceso a la Justicia respecto a la sentencia n.° 39.

Por lo anterior, no cabe la menor duda que el fallo de la SC insiste en favorecer el régimen usurpador de Maduro, sobre todo su permanencia en el poder, con una concentración ilimitada de funciones que le ha permitido avanzar hacia la construcción de un Estado paralelo en sustitución del Estado previsto en la Carta Magna de 1999.

Sentencia n.° 75

Acceso a la Justicia advierte que, aun cuando la Sala trate de fingir una vinculación constitucional, es obvio que el fallo en cuestión muestra más bien la labor arbitraria emprendida por el máximo tribunal de atacar a la única autoridad legítima del país, la AN.

Aquí puede verse cómo, sin justificación alguna, se decidió declarar la nulidad absoluta por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado el pasado 19 de marzo, en el que se autoriza al presidente interino Juan Guaidó a nombrar a los integrantes de la junta administradora ad hoc para asumir las funciones de la asamblea de accionistas y junta directiva de la Petroquímica de Venezuela S.A y la junta directiva de Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

La SC, de esta manera, insiste que se trata de “otro asalto al Estado de Derecho por parte de la AN órgano en desacato, por lo que se declaran de nulidad absoluta las designaciones de los ciudadanos allí mencionados de las Juntas Administradoras ad hoc que pretendan usurpar las funciones de la Junta Directiva de Petroquímica de Venezuela S.A. y a la vez de Monómeros Colombo Venezolanos S.A.”

Vemos entonces que la única razón que utiliza la Sala para fundamentar la nulidad de la decisión del Poder Legislativo es la del “desacato”, al mismo tiempo que considera, sin mayor justificación, que los únicos nombramientos “válidos” son los realizados por “la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, por delegación del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros”.

En este sentido, la SC declaró que las personas que fueron designadas como directivos de las juntas administradoras ad hoc de las mencionadas empresas estatales “incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros” y, por tal razón, ordenó en contra de aquellas personas una medida de prohibición de salida del país, así como otras de orden patrimonial (prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad, bloqueo e inmovilización de cuentas o cualquier otro instrumento financiero).

Para Acceso a la Justicia,llama poderosamente la atención la ausencia absoluta de interpretación jurídica en la motivación del fallo, pues sin mayores argumentos la SC descalifica las actuaciones del Poder Legislativo.

Además, la sentencia pone en evidencia el desconocimiento de la letra y espíritu de la Carta Magna en los que incurre el juez constitucional al momento de dictar el conjunto de medidas provisionales como una suerte de retaliación política contra aquellas personas que deciden colaborar con el régimen legítimo de Juan Guaidó para proteger los activos pertenecientes a las empresas estatales y, en definitiva, apoyar el restablecimiento de la democracia y la institucionalidad en Venezuela.

Ello implica, sin duda alguna, una clara violación del derecho al debido proceso (artículo 49 constitucional) y de la participación política (artículo 62), más allá de que no existen razones jurídicas que permitan justificar que la SC le arrebate a la AN el ejercicio legítimo de sus funciones.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

DOCUMENTO Hermano de Cilia Flores pidió en 2014 medidas más fuertes contra Leopoldo López

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A través de un documento filtrado de la Procuraduría General de la República se dio a conocer que el hermano de Cilia Flores en el año 2014, estaba presionando al Ministerio Público, por órdenes de Nicolás Maduro para que actuara con más severidad en el Caso de Leopoldo López.

La adhesión a la Procuraduría estaba encabezada por Branggela Betancourt Morandy, ahijada de Cilia Flores e hija de Mirian Morandy  (su preferida para que ejerciera el cargo de Fiscal General e la República), el mismo también estaba suscrito por Giuson Fernando Flores, hermano de Cilia Flores.

Se pudo conocer que la Procuraduría buscaba que se culpar a López de homicidio.

Aquí el documento completo

 

Lea más del caso Leopoldo López AQUÍ:

 

 

Procuraduría activará demanda contra la Asamblea Nacional

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La Procuraduría General de la República activará una demanda contra la Asamblea Nacional ante la “persistencia de las actuaciones inconstitucionales de dicho órgano legislativo que conforman en su conjunto la pretensión de un golpe de Estado”.

Mediante un comunicado el organismo se pronunció sobre la pretensión de la AN de citar al presidente Nicolás Maduro a comparecer ante el Palacio Legislativo, cita que había indicado el Parlamento para el martes primero de noviembre.

La Procuraduría reitera que todas las actuaciones de la Asamblea Nacional son nulas, ante el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo destaca que el parlamento no tiene competencia para convocar al Jefe de Estado a comparecer ante la plenaria “y mucho menos basándose en una figura de juicio político que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano”.
“La Asamblea Nacional temerariamente pretende hacer un fraude al derecho y a la constitución, cuando intenta aplicar una figura de juicio político al Presidente de la República que no existe en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico venezolano” señala el comunicado.
Ante estos argumentos jurídicos la Procuraduría General de la República resolvió activar una demanda contra la AN ante las instancias correspondientes, “a los fines de que se tomen las medidas más eficaces para la protección integral del Estado y la nación”.

 

A continuación el texto íntegro:

Comunicado de la Procuraduría General de la República sobre pretensión inconstitucional de la Asamblea Nacional de citar al Presidente de la República a comparecer ante su plenaria, en el marco de un supuesto juicio político.

Respecto a la pretensión de la Asamblea Nacional de Citar al Presidente de al República, Nicolás Maduro, a comparecer ante su plenaria, en el marco de un supuesto juicio político, la Procuraduría General de la República comunica al país lo siguiente:

PRIMERO.- Todas las acusaciones de la Asamblea Nacional son nulas debido al desacato contumaz a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que sostiene dicho órgano legislativo. Por lo tanto la convocatoria que realizó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al Presidente de la República a comparecer ante la plenaria, no tiene validez jurídica alguna.

SEGUNDO.- Resulta importante destacar que la Asamblea Nacional no tiene competencia para convocar al Presidente de la República a comparecer ante su plenaria, ni ante sus comisiones y mucho menos basándose en una figura de juicio político que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

Esta Procuraduría General de la República sustenta esta afirmación en los siguientes argumentos constitucionales y legales:

1.- La Constitución en su artículo 222 establece que la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control político a través de interpelaciones, entre otros mecanismos, pudiendo declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos, debiendo solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad.

2.- La Ley que define a los funciona rios públicos es al del Estatuto de la Función Pública, la cual establece en su artículo 19 que los funcionarios públcios serán de carrera o de libre nombramiento o remoción. Asimismo, en su artículo 20 establece que los funcuionarios de alto nivel serán el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros o Ministras, entre otros, no incluyendo en ningun caso al Presidente de la República.

3.- Evidentemente el Presidente de la República no es funcionario público de carrera, ni de libre nombramiento y remoción, ni es funcionario de alto nivel. El Presidente de la República ejerce un cargo de elección popular y le corresponde dirigir la Administración Pública en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

4.- la ley sobre el Régimen para la Comparecencia de funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional y el Estatuto de la Función Pública, no incluye dentro de su articulado que el presidente de la República pueda ser objeto de este mecanismo de control político. Asimismo, el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en su artículo 115, en correspondencia con la Carta Magna, establece las pautas de la comparecencia de los altos funcionarios públicos, señalando expresamente al Vicepresidente Ejecutivos y a los Ministros, excluyéndose al Presidente como objeto de posibles comparecencias.

5.- Asimismo, la Constitución Nacional en su artículo 187 Ordinal 10, no atribuye competencias a la Asamblea Nacional, para la aplicación de un voto de censura al Presidente de la República, sino que lo restringe a la figura del Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros o Ministras.

La Asamblea Nacional temerariamente pretende hacer fraude al derecho y a la Constitución, cuando intenta aplicar una figura de juicio jurídico al Presidente de la República que no existe en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, con la clara intención de consumar un Golpe de Estado.

Como es sabido, el cargo de Presidente de la República está investido de las atribuciones como Jefe de Estado; Administración de la Hacienda Pública Nacional; Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jefe de Gobierno; y además dirige la Política Exterior del Estado y preside el Consejo de Defensa de la Nación; por ende, el ejercicio de tan vitales competencias no pueden ser sometidas a los vaivenes de la distriba propia de las fuerzas políticas que pugnan circunstancialmente en la sociedad y el Parlamento.

Por último, la Procuraduría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y hasta sus últimas competencias, activará una demanda contra la Asamblea Nacional ante las instancias correspondientes, a los fines de que se tomen las medidas más eficaces para la protección integral del Estado y la Nación, vista la persistencia de las actuaciones inconstitucionales de dicho órgano legislativo que conforman en su conjunto la pretensión de un golpe de Estado, un atentado sistemático contra la Constitución, y una amenaza sostenida contra la paz, el desarrollo y la estabilidad de la Nación.

Caracas, 31 de octubre de 2016

Reinaldo Muñoz

Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela

 

*Con información de El Mundo

Fiscalía de México defiende que estudiantes fueron quemados, aunque no los 43

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La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México insistió en que los estudiantes que desaparecieron hace casi un año en Iguala fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, si bien ahora matizó que no puede asegurar que fueron los 43.

“Estamos seguros que (…) fueron quemados un número importante” de estudiantes en el basurero de Cocula, declaró a Imagen Radio el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, al responder al informe presentado el domingo por los expertos de la CIDH que estudian el caso desde hace seis meses.

Dijo que no puede afirmar “que fueron los 43, pero sí un grupo importante” de ellos, ya que los peritajes realizados por la PGR y que están en el expediente del caso “son contundentes”.

Sin embargo, el especialista peruano en incendios José Torero, contratado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que no hay evidencia que permita asegurar que los jóvenes, ni siquiera uno de ellos, fueron quemados en el basurero.

Dicho peritaje contradice la versión oficial ofrecida el pasado mes de enero por el entonces fiscal, Jesús Murillo, según la cual los jóvenes fueron asesinados por miembros del cartel Guerreros Unidos e incinerados en una enorme hoguera que ardió durante horas.

Al insistir en esta versión, Zerón indicó que “una de las pruebas” que tienen llegó de parte del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck (Austria), que les “confirmó la presencia de uno de los estudiantes en ese lugar”.

Zerón aludió a la identificación de Alexander Mora, uno de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras una ola de ataques armados, a partir de un resto hallado en la vera del Río San Juan, aledaño al basurero.

No obstante, el equipo de forenses argentinos que participa en la investigación explicó hace meses que cuando llegó a la vera del río San Juan la bolsa de donde fue extraída la muestra que permitió la identificación de Mora ya estaba abierta.

“No existen elementos científicos suficientes” para vincular los restos hallados en el basurero con los recuperados en el Río San Juan”, señaló entonces el equipo. – See more at: http://www.laprensagrafica.com/2015/09/07/fiscalia-mexico-insiste-que-jovenes-de-ayotzinapa-fueron-quemados-en-basurero?rel=HomePrincipales#sthash.fZ7l2f2h.dpuf