Proyectan 2015 con más inflación, nuevas leyes y fiscalizaciones
Con el Plan de la Patria en pleno desarrollo, el panorama económico de Venezuela para el próximo año será complejo y las empresas deberán protegerse, sobre todo ante la incidencia del control de cambio, los problemas de abastecimiento (que continuarán, según proyecciones), alta inflación y consumo poblacional en decrecimiento.
Esa es una conclusión de “Gerencia con grandes desafíos”, evento organizado por Venamcham, que tuvo lugar ayer en el Hotel Marriot de Caracas.
Desde el punto de vista económico, el panorama nacional será similar al de 2014, según los expositores, aunque el Gobierno tomará decisiones en materia de ajustes cambiarios y mayor centralización, por ejemplo en el Cencoex, de los procesos de importaciones. (El Mundo)
Luis Vicente León: Inflación y escasez afectan hábitos del consumidor
La crisis económica que enfrenta el país se traducen para el ciudadano común en altos precios y desabastecimiento, factores que han venido marcando el comportamiento del consumidor venezolano en los últimos años, señaló Luis Vicente León, socio-director de Datanálisis durante el foro de Venamcham.
Explicó que actualmente los consumidores recorren semanalmente cuatro comercios para completar la compra principal, de los cuales uno es el sector informal. Esa tarea le toma ocho horas a la semana, que equivalen a un día de trabajo.
León señaló que esta situación ha derivado en que el consumidor sea mucho más sensible a los precios y ande en busca de oferta, rebajas y precios regulados. Además ha perdido fidelidad en las marcas porque «está dispuesto a comprar lo que sea que consiga en el anaquel».
Quienes recurren al mercado informal a comprar pagan en promedio 60% más por encima de los precios controlados, pero quienes realizan toda la compra en los buhoneros pagan sobreprecio de entre 200% y 300%.
León apuntó que esto tiene impacto sobre el presupuesto familiar, agravando más la situación económica de la población. Recordó que el poder de compra ha caído 12% este año.
«Esto ha sido un proceso paulatino alrededor de la escasez. El consumidor se acostumbró a buscar productos en todos lados. La compra promedio incluye sector informal y las cadenas públicas del gobierno para completar la compra», señaló León. (El Universal)
Extraoficial: La caída del PIB en Venezuela es mayor al -4% en 2014
Les traemos la cifras extraoficiales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el país durante los tres primeros trimestres del año 2014. La descomunal caída en la producción de bienes y servicios en le país se calculó en una contracción del -4,5%, -4,4% y -3,9% para el primer, segundo y tercer trimestres del año 2014 respectivamente.
Se confirma de esta manera que en Venezuela se encuentra en recesión económica, y de no tomarse los correctivos necesarios, podría encaminarse a depresión económica, con caída de la oferta agregada de bienes y servicios, alta inflación y escasez generalizada.
Las últimas cifras oficiales del PIB corresponden al cuarto trimestre del año 2013. A partir de ahí, el directorio del Banco Central de Venezuela se ha negado, (incluso contra su propia ley) publicar las cifras del PIB, en una clara señal de sumisión el poder político del Ejecutivo Nacional.
Analistas advirtieron en 2012 de la necesidad de tomar profundo ajustes a la política económica de corte marxista que el gobierno nacional aplicaba en Venezuela. La desaceleración del PIB durante todo el año 2013 ya era un claro indicativo del equivocado rumbo dela economía nacional.
Venezuela, a excepción de Haití, en el país que acumula el menor crecimiento económico en las dos últimas décadas en Latinoamérica y el Caribe. (La Patilla)
Tasa Sicad 2 cerró por tercer día en Bs. 49,98
La tasa del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2) cerró por tercer día consecutivo en 49,98 bolívares por dólar.
La cotización es ofrecida diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web. (El Mundo)
Cencoex tiene más de un mes sin convocar a subastas del Sicad 1
El Cencoex tiene más de un mes sin convocar subastas del Sistema Complementario de Divisas o Sicad 1. La última vez la realizó el pasado 14 de octubre cuando se ofertaron en una jornada especial $549 millones a 313 empresas.
De acuerdo con las últimas cifras aportadas por los organismos públicos y algunos analistas, las liquidaciones registran una baja en los últimos meses, debido a la caída que experimentaron las reservas internacionales.
Hasta la fecha el Sicad 1 ha liquidado 40 % de lo que aprobó Cencoex hasta el 5 de septiembre de unos $12.981 millones, mientras que el sistema complementario ha suministrado $5.200 hasta el mes de octubre.
Para el Grupo ODH Consultores, “es innegable” que el Gobierno ha devaluado en varias ocasiones el tipo de cambio promedio durante 2014.
Poco más de $9.000 millones han sido liquidados por vías oficiales en el primer semestre. De ellos 75,95 % se asignaron a través de Cencoex a una tasa de 6,3 bolívares por dólar, y el restante 24,05 % a través de Sicad 1, a una tasa entre Bs./$10 y Bs./$12. A su vez, se reporta que en sus primeros tres meses de funcionamiento, en el Sicad 2 se ofertaron $2.080 millones a una tasa cercana a los 50 bolívares.
“En todo caso, la devaluación ha ocurrido de forma progresiva y relativamente lenta y aún cabe preguntarse si habrá devaluación lineal de los tipos de cambio o un aumento más acelerado a finales de 2014 o a comienzos de 2015”.
Insuficiente
Un reciente informe de Barclays Capital señala su preocupación por la situación del sector petrolero, ya que las exportaciones siguen disminuyendo, dado el aumento del consumo interno y “no ha habido ningún avance en los proyectos de inversión”.
Resalta que la inversión en proyectos como Petroboscan, Petrosinovensa y Petrozamora no alcanza ni 10 % de los recursos que fueron aprobados por los socios internacionales. “Cuestiones de gestión y el mantenimiento de un tipo de cambio fuerte para cubrir gastos de explotación siguen siendo los principales obstáculos que bloquean los proyectos”.
El banco de inversión sostiene que el mercado debe estar alerta a los planes para modificar las normas que regulan los activos incluidos en las reservas internacionales. “Aunque ha habido pasos para consolidar los activos externos del sector público, con el inicio de transferencias de recursos del Fondo Chino a las reservas, esto no es suficiente para eliminar los desequilibrios económicos”. (El Mundo)
Unificación del tipo de cambio corregirá distorsión económica
El equilibrio de la economía nacional pasa por la unificación del tipo de cambio oficial, que permitiría al Gobierno aumentar el flujo de caja para cubrir las necesidades.
Entre los principales problemas que enfrenta la economía del país destacan: múltiples paridades cambiarias, intervención del Estado en el comercio internacional, discrecional normativa de asignación de divisas, y atrasos en el pago de deudas.
La economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, señaló que el Gobierno debe avanzar hacia la unificación cambiaría, que estiman se podría ubicar en torno a Bs 25 por dólar.
Herrara señaló que esa medida debe ir acompaña de políticas publicas que compensen esa paridad que, aunque no es la real, permitirá oxigenar la economía.
Señaló que se requiere mayor gobierno en el manejo de los recursos; una tasa de cambio creíble; políticas públicas fiscales, monetarias y cese del acoso a las empresas; acceso transparente y oportuno a las divisas a cotización oficial; y activos externos suficientes y transparentes.
Herrara explicó que los caída que registran los precios del petróleo complican el panorama del país, pues ocurre en momentos en el flujo de caja para cumplir con los compromisos es insuficiente, lo que coloca al país en situación de vulnerabilidad.
Para 2015, Síntesis Financiera prevé que habrá un desplazamiento leve del tipo de cambio, por el evento electoral pauta el próximo año, y que el dólar al cambio de Bs 6,30 por dólar se mantendrá «de manera simbólica».
Cree que las importaciones del sector publico serán desplazada al cambio del Sicad I, lo cual tendrá un alza de 154% en el costo de esas compras externas. En el caso de las importaciones privadas prevén una tasa de cambio ponderado de 35,5 bolívares por dólar, lo cual tendrá un impacto de 64% en ese sector.
Proyecta inflación de tres dígitos, entorno a 140% y que la escasez no se solventará en el corto plazo. Las estimaciones apunta a 30% de escasez general y entre 6% y 70% para los alimentos básicos.
Por su parte, el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, destacó que la restricción en la asignación de divisas se mantendrá el próximo año, situación que presionará el tipo de cambio paralelo, cuyo piso oscilará entre Bs 132 y 170 por dólar.
Oliveros cree que el Ejecutivo está obligado a hacer ajustes, aunque considera que no irá ni al tipo de cambio dual ni a la unificación cambiaria, sino que se mantendrán los cuatro tipos de cambio. (El Universal)
Marcaje del «PVJusto» prorrogado hasta 2015
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó en la Gaceta Oficial N° 40.547 la providencia administrativa que regula la fijación y marcaje del Precio de Venta Justo (PVJusto) en los bienes y servicios comercializados en el país.
En la norma se establece un plazo de 30 días continuos a los productores y 45 días continuos a los importadores a partir de la publicación en Gaceta Oficial, para el marcaje del PVJusto de los productos, bienes y servicios.
Con esta nueva prórroga (ya se había realizado una en noviembre) la obligatoriedad de marcar los precios con la etiqueta PVJusto comenzará a regir en 2015, en enero para los productores y en febrero para los importadores.
La norma señala que el marcaje del PVJusto deber incorporar las siglas PVJusto, el monto del Precio de Venta Justo, las siglas IVA, en los casos de bienes o servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado, el monto a pagar, el cual será resultado de la suma del IVA y el PVJusto y la fecha del marcaje del mismo en formato mes y año en número (mm/aa).
En referencia al tipo de marcaje, éste debe ser impreso en el cuerpo del bien, con etiqueta autoadhesiva y en caso de imposibilidad de las anteriores, debe ser señalado a través de listas, anuncios, habladores y similares que permitan la fácil identificación del precio con el producto.
La providencia administrativa establece que en ningún caso se podrá marcar más de un precio en un mismo bien o servicio, removerse las etiquetas, tachar o enmendar el precio indicado originalmente, ni fijar en listas montos superiores a los marcados.
En el caso de encontrarse un producto con más de un precio, es de obligatoriedad venderlo al menor valor.
De detectarse enmiendas o tachaduras con precios de venta justos superiores a los marcados, los sujetos de aplicación serán objeto de sanciones de ley. (El Mundo)
Nueva ley cambia parámetros para definir a la pequeña y mediana industria
El universo de la pequeña y media industria se verá incrementado de manera considerable tras la reciente reforma de la ley que rige la promoción de este sector, toda vez que el texto legal en cuestión cambió los parámetros que se utilizan para medir el tamaño de una unidad productiva.
Así lo establece en Decreto 1.413 que contempla la Reforma de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, en cuyas definiciones se estipula que “se considerará pequeña industria a aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta 50 trabajadores y con una facturación anual de hasta 200.000 unidades tributarias”.
En términos más sencillos, esto significa que muchas industrias hasta ahora consideradas como grandes pasarán a ser tomadas como pymis, e incluso un buen lote pasará a engrosar las filas del tejido microindustrial, una categoría regida por una normativa distinta que, al menos en teoría, ofrece ventajas para el desarrollo de este tipo de unidades de producción.
De hecho, una de las ventajas que tienen las unidades de producción de formato más pequeño se centra en las facilidades para la obtención de financiamiento, pues las condiciones para el otorgamiento de créditos se simplifican de acuerdo con el tamaño de la industria. También repercute en incentivos fiscales, mejores condiciones para propiciar la transferencia tecnológica y la obtención de materia prima.
Estas condiciones serán aún más ventajosas para las industrias que pasarán a formar parte del tejido microindustrial, dado el especial tratamiento que recibirán tras la publicación de la nueva nomenclatura.
Cambio de manos
El decreto promulgado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la Ley Habilitante y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151, traslada las competencias de promoción a las pymis del Ministerio de las Comunas al de Industrias, un cambio más que lógico tomando en cuenta que es esta la cartera que maneja todo lo concerniente al desarrollo industrial de la nación.
Aspecto que no puede pasar desapercibido es la eliminación del concepto de cooperativa como una variante de la unidad de producción social, como establecía la ley reformada. En contraparte, se incluyen las empresas de propiedad social comunal o indirecta en esta categoría.
Del mismo modo, se establece la aplicación de medidas temporales de resguardo de bienes cuando se sospeche una situación de pérdida o deterioro de activos adquiridos con financiamiento especial otorgado a la industria por su condición de pymis, a fin de garantizar la recuperación del patrimonio público.
El Inapymi también podrá, a partir de ahora, recuperar los bienes de las industrias que haya financiado en situación de atraso, lo que abre la puerta para la posible confiscación de activos en caso de reestructuración o refinanciamiento.
Otro aspecto a destacar es la exención de impuestos, tasas y contribuciones para trámites notariales realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), lo que en teoría significa destinar esos recursos a las labores propias del instituto.
De igual forma, la reforma a la ley establece la extensión de la taquilla única para realizar trámites administrativos en una misma dependencia, una figura que hasta ahora estaba presente solo en las principales ciudades.
En cuanto a las sanciones por desviación de recursos otorgados por Inapymi, la ley mantiene en 10 años el lapso que deberá esperar el infractor de esta norma, mientras que el reincidente quedará excluido por 15 años de cualquier posibilidad de obtener estos beneficios.
Por último, y no menos importante, cabe destacar que el decreto que establece la reforma legal deberá ser reimpreso por error, pues el artículo que fija la sanción por reincidencia en la desviación del financiamiento otorgado por el Inapymi remite a los artículos 40 y 41 de una ley cuyo articulado solo contempla 39 puntos. (El Mundo)
Producción de Sidor cerrará en 1,3 millones de toneladas de acero líquido
La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) podría cerrar 2014, con una producción de 1,3 millones de toneladas de acero líquido, esto es 13,3% menos al 1,5 millones de toneladas reportadas en 2013, señaló José Luis Hernández, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss).
El líder laboral indicó que la planta registra, desde 2008 a la fecha, un comportamiento decreciente de sus niveles de producción. Especificó que la factoría tiene una capacidad para producir 4,6 millones de toneladas de acero líquido, sin embargo, motivado a varios factores, las operaciones se han reducido en forma gradual pero sistemática en los últimos años.
Recordó que en 2008 la acería producía al 76% de su capacidad, en 2010 se redujo a 69%, en 2011 a 58%, en 2012 a 46% y en 2013 a 38%. Y este año, dijo, podría ubicarse en alrededor de 30%.
Hernández explicó, vía telefónica, que la contracción de la siderúrgica más importante del país, obedece a que «las inversiones llegan a la empresa pero desvían los recursos; no hay auditorías ni seguimiento». A la par «se realizan los mantenimientos correctivos y preventivos cada tres años y no cada 6 meses como deberían adelantarse».
Asimismo confió en que la planta «no cuenta con repuestos y materias primas» fundamentales para el proceso productivo. Precisó que en 2008 Sidor presentaba una deuda de 189 millones de dólares con los proveedores de repuestos y materias primas y en 2014, los compromisos ascienden a 936 millones de dólares.
Hernández, quien comentó que irá a la reelección en el proceso comicial en la siderúrgica en enero de 2015, denunció irregularidades en el cumplimiento del HCM a los trabajadores.
Juan José Carico, miembro del Comité de Salud y Paritaria de Sidor, destacó que desde hace tres meses aproximadamente, los trabajadores «presentan problemas para ser atendidos en las clínicas de Puerto Ordaz, por el retraso en los pagos que mantiene la acería con esos centros de salud».
Igual sucede, acotó, con la Farmacia Alfredo Manerio, que es de uso exclusivo para los sidoristas.»La falta de pago hace que la farmacia tenga deudas con las droguerías y consecuentemente, no hayan medicamentos».
Dijo que esta situación será elevada a la consideración de los trabajadores, en una Asamblea que se está convocando para mañana en el Portón 3. (El Universal)
Ocho buques con alimentos no han podido descargar
Un total de 31 buques están fondeados en la bahía de Puerto Cabello a la espera de muelles para iniciar su descarga. Entre ellos hay 8 barcos que transportan alimentos como maíz, azúcar, soya y arroz.
De acuerdo con la revista electrónica Informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello número 14.567, del ayer martes, una embarcación está cargada con 30.000 toneladas de maíz; 5 contienen 75.437 toneladas de soya, hay un barco que tiene 60.00 toneladas de arroz y otro trae 15.050 toneladas de azúcar en sacos. Estos cargamentos suman 126.487 toneladas de productos alimenticios que han sido importados por el gobierno y consignatarios privados.
Uno de los buques, el Hawke Bay, llegó a las aguas de Puerto Cabello el 23 de octubre procedente de Nueva Orleáns, Estados Unidos. Transporta maíz amarillo para la empresa Protinal. El 6 de noviembre arribó el barco Wuhu, del puerto de San Lorenzo, y también viene cargado con maíz amarillo para la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, empresa estatal.
Otras embarcaciones que traen cargas como fertilizantes, láminas de acero, tuberías, rocas fosfáticas y químicos, entre otros, esperan también en la bahía por muelles.
Eddy Meayke, presidente de la Asociación Naviera de Venezuela, indicó que el problema en el terminal de Puerto Cabello es que el proceso para el embarque de contenedores es extremadamente bajo, por lo que causa retardo y pérdidas para las líneas navieras. Agregó que aunado con la falta de disponibilidad de contenedores para transportar la mercancía se están presentando retrasos en la nacionalización de la carga.
Debido a las demoras para que los buques puedan entrar al muelle, en algunos casos las navieras han tenido que dejar la carga en puertos de tránsito como Panamá o Cartagena a la espera de que se reduzca el tiempo de espera. “Hay navieras que dejan cargas en puertos cercanos del Caribe y de allí la distribuyen”, explicó.
Meayke añadió que en el caso de Puerto Cabello no ha habido acercamiento con la gerencia de Bolipuertos, lo que permitiría a navieras y autoridades planificar. Sin embargo, advirtió que en La Guaira sí ha fluido más la comunicación con la empresa estadal.
Indicó que en los puertos del Caribe se efectúan, en promedio, de 35 a 40 movimientos por hora de descarga y carga de un contenedor. “Puerto Cabello está en unos 8 movimientos por hora, en el mejor de los casos. Allí hay una gran diferencia. Un buque que traiga 800 contenedores y vaya a embarcar 500 contenedores, significa que debe hacer 1.300 movimientos”.
En mora. Meakey informó que el gobierno adeuda a las principales líneas navieras extranjeras que prestan servicio en el país: 6,8 millardos de bolívares, equivalentes a 137,8 millones de dólares, por demoras en la devolución de los contenedores estándar y refrigerados.
Según cálculos del gremio, el compromiso del Ejecutivo con las empresas del sector tiene más de dos años en mora y el último pago que les realizaron fue en 2010. Calculan que tan solo la demora de 10 a 15 días en el uso del contenedor representa un costo adicional de 30.000 bolívares aproximadamente.
El representante de las navieras alertó que el retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, junto con la imposibilidad de que se concrete la cancelación de la deuda, puede llegar a generar una situación similar a la que afecta a las líneas aéreas. Podría producirse una reducción en la frecuencia de arribo de los buques a los puertos marítimos del país y, además, tomar la medida de disminuir la cantidad de buques que trasportan carga desde y hacia Venezuela.
Afirmó que el gobierno ha experimentado un crecimiento sostenido como importador en los últimos años y es precisamente el sector público el que más compras foráneas introduce al país, en algunos casos, con poca pericia para la rápida ejecución de las gestiones.
Entre las consecuencias que está generando tal desconocimiento es que fletes de 20 días se han postergado por casi 3 años. “Se han ocasionado graves daños patrimoniales a las navieras y detrimento de las finanzas publicas porque no se optimiza el uso de los recursos”, aseveró Meakey.
Agregó que las navieras también están afrontando serios problemas logísticos para la recepción de mercancías y la devolución de los contenedores de parte de Petróleos de Venezuela, la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas CASA y de otras empresas del Estado.
Refirió que hay gran cantidad de contenedores que aún no les han devuelto y que ellos desconocen su ubicación. “Estos bienes constituyen activos de las líneas navieras que al no poder contar con estos se compromete su operación.
Las líneas navieras para continuar prestando el servicio han tenido que incurrir en costos no presupuestados para alquilar contenedores en el mercado secundario”.
El presidente de Asonavieras recordó que las líneas navieras han manifestado disposición al diálogo en el llamado que le han hecho los organismos públicos. “Hemos acordado con los entes públicos manejos logísticos particulares y descuentos de los montos adeudados. Sin embargo no encontramos igual disposición para cancelar los compromisos económicos adquiridos”.
Con cifras en rojo
Luis López
En el país están registradas 3.600 agencias de aduanas para operar en los puertos. En el estado Vargas funcionan 1.200, de las cuales este año solo 250 recibieron esporádicamente un expediente para tramitar carga y 50 han estado relativamente operativas. Incluye las que trabajan para la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
“Las agencias que hemos tenido poca actuación en el año cerramos las cuentas en rojo y a duras penas pudimos resolver el pago de aguinaldos al personal, porque la caída de importaciones fue de hasta 97%”, expresó Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Aduaneros e Industriales.
Agregó que en Vargas 900 agencias de aduana han optado por solo mantener su licencia, con los gastos administrativos mínimos. “Las que tienen más de 50 empleados están en las oficinas viéndose la cara porque no hay trabajo en la aduana. Esto ha representado un desembolso de capital importante que será difícil mantener el próximo año si persisten las condiciones: más impuestos para nacionalización de la carga, entrega de divisas a discrecionalidad a los importadores y burocracia en las aduanas que impiden la salida de la mercancía para su distribución”.
Su homólogo Emidio Palumbo, de la Cámara de Transporte Pesado, dijo que las expectativas de mejora para el gremio gandolero en noviembre se desvanecieron porque no hay carga. “Son 2.000 conductores los que estamos a la deriva, sin trabajo y sin insumos ni repuestos para las unidades”.
La Cifra
6,8 millardos de bolívares debe el gobierno a líneas naviera. (El Nacional)
AN aprobó créditos adicionales por Bs. 4,5 millardos
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional celebrada este martes, fueron autorizados 14 créditos adicionales que totalizan unos 4.553 millones de bolívares; los cuales serán destinados a pago de beneficios contractuales y obras de interés social.
Entre los créditos, se autorizó al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Tribunal Supremo de Justicia, por la cantidad de setecientos millones de bolívares (Bs. 700.000.000,00), para garantizar el pago de obligaciones salariales y beneficios socioeconómicos, al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).
Asimismo, fue aprobado un Crédito Adicional para el Presupuesto del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno por Bs.413.807.600,00, que serán transferidos a la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, para desarrollar proyectos y ejecutar obras de la primera etapa del Parque Simón Bolívar.
Igualmente, los Parlamentarios autorizaron recursos para el Ministerio del Poder Popular de las Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Bs. 154.823.770,00 y Bs. 350.015.976,86, respectivamente. El primer monto permitirá homologar las condiciones y beneficios laborales, para los trabajadores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime y fundación Misión Identidad.
Mientras, que la segunda cifra fue otorgada para a dar cumplimiento a la Segunda etapa de la Homologación de Sueldos Básicos para los Cuerpos de Bomberos adscritos a las Gobernaciones y Alcaldías.
A su vez, fueron asignados Bs. 247.526.591,09 para el Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, que serán utilizados por la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Rio Tuy Francisco de Miranda, ente adscrito a CorpoMiranda, con la finalidad de ejecutar obras de vialidad, rehabilitación de fachadas, infraestructura y asfaltado, en el Municipio Ambrosio Plaza del estado Miranda.
Además, fue autorizado un Crédito Adicional para el Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa por la cantidad de Bs. 39.547.906,32, con la finalidad de ejecutar obras de remodelación, ampliación y equipamiento de áreas de esparcimiento para los cadetes de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, perteneciente a a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. (El Mundo)
