Delcy Rodríguez y el canciller dominicano Miguel Vargas (izq) reunidos el 19JUN17 en Cancún, México.  Foto: @nacion

Donald Trump invitó a una cena el lunes 18SEP17 a los mandatarios de Argentina, Perú, Colombia, Panamá y Brasil, aprovechando que coinciden en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. La agenda de Trump con Pedro Pablo Kuczynski, Juan Manuel Santos, Juan Carlos Varela, Michel Temer y la vicepresidente argentina Gabriela Michetti, incluiría el “tema Venezuela”, en procura de una estrategia común de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Por cierto, cuatro de los comensales que se reunirán en Nueva York son los mandatarios de los países que en noviembre realizarán las inusuales maniobras militares denominadas Amazonlog, con escenario en Tabatinga, la población brasileña situada en la  triple frontera amazónica de Perú-Colombia-Brasil.

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El 06ENE17, Jorge y Delcy Rodríguez, dos de los principales operadores políticos del gobierno de Maduro, visitaron el Vaticano como parte de un viaje vacacional por Europa y Medio Oriente. De paso por Roma, solicitaron una audiencia con monseñor Claudio María Celli, el diplomático designado por el papa Francisco, a solicitud del gobierno y la oposición venezolana, para acompañar el “diálogo nacional” iniciado en Caracas el 23OCT16. Los hermanos Rodríguez buscaban sondear a Celli sobre la disposición real del Vaticano para continuar actuando como facilitador de la mesa de diálogo con la alianza opositora MUD. Un mes antes, el 01DIC16, el Secretario de Estado vaticano Pietro cardenal Parolin, había remitido a Maduro una dura comunicación en la cual reclamaba por estar “asistiendo a un inquietante retraso en la adopción de las medidas necesarias para la aplicación concreta de los acuerdos”. La carta de Parolín marcó el final del diálogo Maduro-MUD, ante la evidencia de que el gobierno chavista no pretendía cumplir lo pactado. Francisco había pedido a Maduro en octubre que el diálogo fuera “sincero”, pero ya a finales de año el Vaticano pedía que el diálogo fuera “serio”. El aparato propagandístico del régimen intentó presentar a Francisco como un aliado de Maduro mientras dibujaba a Parolín y a los obispos venezolanos como aliados de la oposición que buscaban “implosionar” el diálogo. El más contundente desmentido a Maduro lo pronunció el propio Francisco, el 11SEP17, durante la conversación con los periodistas en el vuelo de regreso a Roma tras su visita a Colombia: “Creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claramente. Lo que dice el Presidente Maduro, que lo explique él. Yo no sé qué tiene en su mente” (…) “muchas veces he hablado de la situación buscando siempre una salida, ofreciendo ayuda para salir (…) lo más doloroso es el problema humanitario, tanta gente que escapa o sufre”.

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Si bien el expresidente español José Rodríguez Zapatero se presentó en 2016 como enviado de Unasur para promover el “diálogo” en Venezuela, en realidad nunca contó con el mandato de la organización suramericana. Zapatero actuó por iniciativa personal de Ernesto Samper, quien ejerció como  Secretario General de Unasur hasta el 01ENE17 en calidad de operador castrochavista. Con el Vaticano distanciado del “diálogo” y Samper fuera de Unasur, Maduro anunció un nuevo esquema de apoyo internacional para su “diálogo” que permitiera bajar las tensiones políticas que cobraban fuerza con las protestas populares que estallaron en abril del 2017. Zapatero continuó actuando como interlocutor entre Maduro y la oposición, viajando constantemente a Caracas y visitando sistemáticamente al preso político Leopoldo López quien al final, recluido en su residencia, actuó como anfitrión de reuniones del español con la dirigencia opositora para debatir la retoma del “diálogo”. Maduro propuso en mayo a los gobiernos de Nicaragua, Uruguay, R.Dominicana, El Salvador y San Vicente y las Granadinas para reemplazar al Vaticano como garantes del “diálogo”. Esta propuesta generó intensos contactos diplomáticos que no prosperaron. Uruguay se retiró de las gestiones luego que Maduro no aceptara incluir en el grupo a gobiernos amigos de la oposición venezolana. La brutal represión militar contra las protestas y la convocatoria a una “Asamblea Constituyente” controlada por Maduro desataron la suspensión de Venezuela de Mercosur, la generalización del uso del calificativo “dictadura” para referirse al régimen, a las primeras sanciones económicas por EEUU, la amenaza europea de sumarse a las sanciones contra altos jerarcas del régimen y, la conformación del “Grupo de Lima” con doce gobiernos que acordaron aislar política y diplomáticamente a Maduro.

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El 12SEP17, el canciller de Maduro Jorge Arreaza fue recibido por su colega francés Jean-Yves Le Drian. Arreaza visitaba Francia, España y Portugal tratando de compensar la gira que pocos días antes realizaron varios dirigentes opositores que fueron recibidos por los mandatarios de España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Arreaza comentó a Le Drian que al día siguiente, en República Dominicana, el gobierno Maduro retomaría el “diálogo” con la MUD. Para el francés, la reunión era una prueba del efecto que la presión internacional puede lograr sobre Maduro y se apuró a emitir un comunicado anunciando la novedad. Las gestiones de Zapatero habían tenido éxito: la oposición venezolana aceptó al presidente dominicano Danilo Medina, políticamente aliado de Maduro, como facilitador para retomar el ”diálogo”. Para felicidad de Maduro y contrariedad de la oposición, el comunicado francés develó las gestiones que hasta el momento se mantenían en secreto. Una fuente opositora que participó en el proceso dijo a este Informe que la amenaza de sanciones europeas hizo que Maduro se sentara en la mesa mientras la oposición buscaba concretar una agenda y acordar un esquema internacional que garantizara posibles acuerdos sobre fechas de elecciones presidenciales y liberación de presos políticos.

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Durante el 13 y 14SEP17, los delegados de Maduro y de tres partidos opositores venezolanos se encontraron cara a cara en la sede de la cancillería dominicana, con Danilo Medina y su canciller Miguel Vargas como facilitadores. Los enviados del gobierno reiteraron que la duración del mandato de Maduro no está sujeta a negociación y exigen que la oposición reconozca la asamblea constituyente. Las partes acordaron invitar a los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Chile y México como garantes de un eventual nuevo diálogo cuya fase preparatoria continuaría el 27SEP17. En Miraflores piensan que lograron evadir nuevas sanciones internacionales.

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El 12SEP17, el comité del Senado de EEUU sobre narcóticos reunió a cuatro altos funcionarios procedentes de los Departamentos de Estado y Defensa y de la DEA, así como a expertos privados para analizar la política antinarcóticos en Colombia. El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa que preside el comité pidió al embajador William Brownfield que opinara sobre el impacto en Colombia y en la región de la “narco dictadura” venezolana. Brownfield, quien fue embajador en Caracas y Bogotá del gobierno de George W. Bush, es actualmente la máxima autoridad del Departamento de Estado en materia de combate al narcotráfico. Brownfield enunció la perspectiva que tiene el gobierno Trump sobre el régimen chavista en la cual el tema “narcotráfico” está ganando peso.

Brownfield afirmó que al llegar a Venezuela en 2004, organizaciones de tráfico de drogas estaban comenzando a penetrar en altos niveles del gobierno y trece años después Venezuela es “un país totalmente penetrado por las organizaciones del narcotráfico”. El diplomático aseguró que los planes para combatir el narcotráfico en Colombia se ven afectados por la situación venezolana y concluyó que no existe solución a la crisis política venezolana hasta que no exista una solución a la presencia de las organizaciones narcotraficantes.

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Al día siguiente de la comparecencia de Brownfield, la Casa Blanca difundió el memorando que anualmente emite el Presidente al Departamento de Estado sobre narcotráfico a nivel mundial. Venezuela apareció en la lista de veintidós países con mayor producción o tránsito de drogas ilegales de los cuales diecisiete son americanos: Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, R. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Además, Trump precisó que los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro, al contrario de los restantes, han incumplido en el último año sus compromisos internacionales para el combate al narcotráfico. Venezuela y Bolivia fueron “descertificados” aunque el mismo memorando establece que “el apoyo a programas de ayuda a la población de Venezuela es vital para los intereses” de EEUU, con lo cual frenó eventuales sanciones asociadas al tema “narcotráfico”.

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El memorando firmado por Trump incluye una advertencia al gobierno colombiano. Según Brownfield, entre 2013 y 2016, el área de cultivos de coca en Colombia creció 130% y la producción de cocaína subió 200%, haciendo de este país el mayor productor de cocaína del mundo. El nuevo boom de la cocaína colombiana coincide con las negociaciones de Santos con las Farc. Según EEUU, el gobierno Santos se enfocó en las negociaciones del acuerdo con las Farc, reduciendo operaciones militares, cediendo ante las Farc sobre métodos de erradicación de coca, mientras la propia guerrilla estimulaba nuevas plantaciones. El memorando señala que “seriamente” Trump consideró descertificar a Colombia pero se abstiene en razón de nuevos esfuerzos policiales y militares para retomar las operaciones de erradicación. El 92% de la cocaína incautada en EEUU en 2016 procedía de Colombia y la clase política en Washington está atenta al tema. La intervención de Brownfield y el memorando de Trump asoman una nueva ola de diplomacia estadounidense marcada por el tema narcotráfico. A diferencia de los años ochenta y noventa, ahora Venezuela está en la mira como lo estuvo Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

El veterano economista del Banco Mundial Pedro Pablo Kuczynski se imponía por menos de un punto sobre la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori en la más disputada elección presidencial de los últimos tiempos, que dividió el país por la mitad y mantiene a los peruanos en vilo.

Los dos candidatos, considerados proempresariales y partidarios del libre mercado, mantienen con calma a los inversionistas que los ven como centroderechistas y continuadores de la política monetaria. Keiko Fujimori se ha posicionado como la candidata de los pobres, mientras Kuczynski como el abanderado de la democracia, afirman analistas políticos.

Según el reporte oficial al 92,5% de las actas procesadas por la Oficina de Nacional de Procesos Electorales, Kuczynski obtenía 50,32% de los votos y Fujimori 49,68%. La entidad organizadora de los comicios calcula que recién tendrá los resultados al 100% el fin de semana, mientras espera los datos de las zonas más alejadas del país y del mundo.

En la víspera Kuczynski, de 77 años, se dirigió al local de campaña de su partido Peruanos por el Kambio donde saludó sus miles de seguidores.

«Tenemos que ser vigilantes para que no nos roben los votos en la mesa», dijo Kuczynski con voz afónica. Lo acompañaban su esposa estadounidense, Nancy Lange, y sus dos vicepresidentes Martín Vizcarra, un exgobernador y Mercedes Araoz, una exministra de economía. «Vamos a poder gobernar el Perú hacia un horizonte brillante, te quiero Perú».

Por su parte, Keiko Fujimori, de 41 años, no se dio por vencida y pidió esperar los resultados finales. Es la segunda vez que ella postula a la presidencia luego que en 2011 perdió por solo 2,8 puntos ante el actual mandatario saliente Ollanta Humala. En aquella ocasión Kuczynski quedó tercero y la apoyó en el balotaje.

«Vamos a esperar con prudencia porque toda la noche llegarán los votos de las regiones, del extranjero y el voto rural del Perú profundo», dijo a sus miles de seguidores la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori en los exteriores de un hotel cinco estrellas donde estuvo alojada.

El presidente Humala destacó en la víspera que el próximo gobierno será la cuarta gestión democrática consecutiva en Perú que no es interrumpida por un golpe militar.

La campaña electoral se volvió un campo de batalla en los últimos días cuando Kuczynski abandonó su habitual parsimonia y atacó con dureza a Fujimori ligándola con la corrupción.

«El narco-estado nos va a matar a todos… necesitamos un gobierno limpio desde arribita hasta abajito», dijo la última semana durante el cierre de su campaña en una zona de clase media en Lima. Añadió que combatirá «el narcotráfico y las conexiones dudosas de esa gente con la política».

Aludía directamente a los escándalos que recaen sobre el partido Fuerza Popular de Fujimori, entre ellos varios informes periodísticos que señalan que el importante donante y secretario general partidario Joaquín Ramírez está investigado por la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Para muchos, esta elección presidencial es un referendo al mandato de Alberto Fujimori.

El compañero de fórmula de Keiko Fujimori, José Chlimper, también está en el ojo de la tormenta tras entregar a una televisora local un audio adulterado con el único fin de beneficiar a Ramírez, quien ante el escándalo creciente pidió una licencia y desapareció de los reflectores de los medios. Perú es el mayor productor mundial de cocaína.

«Si Fujimori gana, la gran pregunta es si ella será capaz de controlar su partido», dijo Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

PPK, como se le conoce popularmente a Kuczynski en Perú, también se benefició del aval en el último minuto de la excandidata izquierdista Verónika Mendoza, popular en los Andes del Sur, quien participó la última semana en una manifestación de más de 30.000 personas contra la candidatura de Keiko Fujimori, la más numerosa desde el turbulento final del gobierno de su padre hace 16 años.

Keiko Fujimori, que fue durante seis años primera dama en el gobierno de su padre (1990-2000), trató de contener el avance de su rival firmando incluso un compromiso para no usar su posible poder político y liberar a su padre. «La candidata soy yo, no Alberto Fujimori», señalaba con frecuencia.

Al mismo tiempo, se comprometió a retomar el estilo de gobierno de mano dura de su progenitor para detener el crimen, la mayor preocupación de todos los votantes. Entre sus propuestas estaba construir cárceles a más de 4.000 metros de altitud para los criminales más peligrosos.

Fujimori también trató de etiquetar a Kuczysnki -hijo de un médico polaco de origen judío- como parte de la élite blanca a la que tradicionalmente no le han interesado los pobres.

Los expertos señalan que independientemente de quién gane, Keiko Fujimori ha reconfigurado el panorama político del país.

En abril, su partido Fuerza Popular ganó 73 de los 130 escaños del congreso unicameral, convirtiéndose en la fuerza legislativa más poderosa de los últimos 16 años.

Si gana su poder será mayor que el de cada uno de los presidentes que han gobernado Perú desde 2000, cuando su padre se fugó del país y renunció desde Japón luego de escándalos de corrupción que acabaron con su mandato.

Si pierde tendrá una enorme capacidad de negociación política con su disciplinada bancada y dirigirá un poderoso grupo parlamentario capaz de lograr la renuncia de ministros, impulsar o bloquear leyes e incluso impedir viajes del presidente.