OVV Bolívar

Se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión

Aún el sol no salía, era de madrugada y estaba cerca la víspera de Nochebuena. 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y con él indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar.

En el hecho se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y dos oficiales.

Además, ocurrió otro asalto al 5102 Escuadrón de Caballería Motorizado (Escamoto) Coronel Hermenegildo Mujica Ramos, así como a un puesto de la Policía del estado Bolívar. Sin embargo, fue detenido un militar, identificado como Darwin Malaguera Ruiz, y las autoridades recuperaron el camión donde transportaban 82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, seis bazucas y seis cajas de municiones.

Malaguera Ruiz, al igual que varios de sus compañeros, había desertado de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el 23 de febrero de 2019 y se asiló en Colombia y Brasil. El joven fue Sargento Mayor de Tercera de la Promoción 84.

Estuvo en Cúcuta, Colombia, desde febrero, y luego se separó del grupo principal junto a otros ex funcionarios que decidieron dirigirse a Brasil. Tras lo sucedido resultó herido y detenido; 16 horas después de los hechos fue que recibió atención médica cuando fue trasladado vía aérea a Ciudad Bolívar y llevado al Hospital Universitario Ruiz y Páez.

Darwin y el pemón Juvencio Gómez, fueron los primeros detenidos por el caso. Luego de ello se dieron allanamientos en dichas comunidades indígenas, así como la aprehensión de al menos 17 personas más, las cuales fueron trasladadas hasta Caracas donde se les imputan delitos de terrorismo y denuncian violación a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Un grupo de indígenas se llegó a trasladar hasta la ciudad capital a fin de denunciar lo que han estado viviendo. Hasta la fecha se desconoce que los mismos hayan tenido respuestas, conozcan de sus condiciones y paradero.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) instamos a las instituciones del Estado a que garanticen las normas del debido proceso y tutela judicial efectiva, y se avoquen a dar respuestas del caso garantizando el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas afectados.

EL OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA EN BOLÍVAR ve con preocupación la situación en las zonas mineras, donde ocurren constantes disputas que ponen en riesgo no sólo a los mineros artesanales, sino también a los habitantes de esa región al sur del país.

La coordinadora del OVV Bolívar, María Virginia Alarcón, informa que los mayores índices de violencia se concentran en la zona sur del estado con el registro de casos asociados con enfrentamientos entre grupos armados, en una lucha por el control del territorio donde se realiza la actividad minera. “Desde el año 2016 han ocurrido una docena de masacres vinculadas con la explotación de oro, masacres que han cobrado la vida de 107 personas”. La experta considera que “la situación reinante colida con los principios de legalidad y atenta con los derechos más fundamentales del ser humano”.

Las bandas armadas han tomado fuerza con el pasar de los años en las zonas mineras. Los mineros poco hablan del tema del pranato y el control que ejercen estos grupos por temor a represalias, pero admiten que “si el barranco está sacando cierta cantidad de oro, ellos se lo quitan a uno. También se les debe cancelar unos gramos semanalmente”.

“Esos grupos mantienen el control completo de la zona, señalan quién entra y quién sale (…) Las reglas las colocan ellos y deben ser acatadas. Quien se ‘come la luz’ puede hasta pagar con su vida”, agregan los trabajadores del oro.

Ejemplo de ello ocurrió hace unas semanas en el sector El Salto, Finlandia, en El Callao. Tres sujetos en garitas artesanales fallecieron tras, presuntamente, enfrentar a los más de 20 funcionarios policiales que entraron en la zona.

Según informaciones, las comisiones oficiales caminaron por más de una hora y media, en una zona montañosa, donde hallaron una fosa común en la cual había 14 cráneos y huesos humanos. Testigos informaron a los organismos policiales que los fallecidos eran personas asesinadas por estos grupos delictivos tras infringir algunas de las reglas establecidas por el “sindicato”, nombre que emplean los grupos hamponiles para referirse a las organizaciones que controlan el negocio.

Señala el OVV Bolívar que, aunado a esta situación, desde hace unas semanas los mineros han estado denunciando la presencia de exintegrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los yacimientos de oro del estado ubicado al sur del país, específicamente en el municipio Roscio-Guasipati y en Sifontes-Tumeremo.

Una fuente militar explicó que ya hay zonas en las cuales estos sujetos mantienen sus puntos de control. “Se les puede ver en la entrada del sector Hoja de Lata, Tumeremo, en Anacoco y San Martín de Turumbán. Usan pantalón de camuflaje, botas y camisa negra. No solo hay sujetos con acento colombiano, también indígenas; incluso tenemos conocimiento que ya esos grupos están reclutando venezolanos”.

PARA OCTUBRE DE 2017 el estado Bolívar reportó 114 homicidios, esto es, 46% más de los ocurridos en el mismo período del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 78 asesinatos.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar (OVV Bolívar), en lo que va de año se han registrado 633 casos (por diversos delitos) con 876 víctimas  de las cuales 769 fueron por homicidios.

Eligio Rodríguez, coordinador del OVV Bolívar, afirma que “estamos ante un crisis profunda e institucional, donde los niveles de violencia no miden ni medirán estratos sociales, condición social o lengua alguna y donde se han roto las mínimas normas de convivencia social. A ello, se agregan la desconfianza y la intolerancia con las cuales se justifican todo acto de violencia o de supuesta defensa, pasando a un segundo plano la vida y la dignidad de las personas”.

También indica que “en el caso del estado Bolívar, el crecimiento desordenado y la mayor concentración poblacional han influido en la ubicación del delito. Ejemplo de ello son las parroquias Unare y Once de Abril, en el municipio Caroní. Ambas repuntan con el mayor número de casos, víctimas y homicidios, por lo que podemos considerarlas como las más violentas en la ciudad.”

LUEGO DE SEIS MESES DE 2017 y en más de 100 días de alta conflictividad social, la balanza continúa inclinada hacia el lado de la violencia en el estado Bolívar donde ocurrieron 316 homicidios durante ese primer semestre.