En medio de una crisis política, social y económica que se profundiza, este martes 1° de noviembre de 2016 el Estado venezolano será evaluado en materia de Derechos Humanos en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, la sesión número 26 del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU).
El examen se llevará a cabo justo cuando un número de organizaciones de derechos humanos, incluida la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), han denunciado crecientes restricciones a los derechos individuales y colectivos en el país.
A la luz de este contexto, y frente a la inminencia de la sesión de mañana del Grupo de Trabajo EPU de Venezuela en Ginebra, la OMCT y COFAVIC presentaron un informe conjunto con las principales preocupaciones referidas a los derechos humanos en el país.
En particular, el informe puso de relieve la militarización en las operaciones de seguridad, tales como las que se ejecutan en las zonas populares con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y regulaciones como la Resolución Nº 8610, que permite el uso de armas letales para el control de protestas; el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; así como la ausencia total de condenas de los agentes de las fuerzas del orden presuntamente vinculados actos de tortura y malos tratos cometidos en el marco de las protestas de 2014.
El esquema de impunidad en materia de derechos humanos ha sido sistemático durante 2012 y 2013. Según el Informe Anual del Ministerio Público, en 2012 ingresaron ocho mil doscientos veintisiete (8.227) nuevos casos en la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales. Para el año 2013 ingresaron ocho mil cientos noventa y seis (8.196) nuevos casos los cuales se asignaron a 60 Fiscalías, que reportaron la celebración de 117 juicios lo cual deja en claro que persiste una situación estructural de impunidad en el país, tal y como notó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en sus últimas observaciones finales, teniendo en cuenta que, en relación con las denuncias de violaciones de derechos humanos, el 98% de los casos no alcanzarían esta etapa.
Este mismo patrón ha prevalecido del 2014 al 2015. Según el Informe Anual del Ministerio Público del año 2014 ingresaron a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales ocho mil cuarenta y nueve (8.049) casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, no obstante, solo se realizaron ciento cinco (105) juicios, lo que representa 1.3% y, evidencia que casi en noventa y nueve por ciento (99%) de los casos no se llega a fase de juicio.
Con respecto a la violencia de género, el Ministerio Público, en su Informe Anual correspondiente al 2014, señaló que hubo un total de 70.763 causas ingresadas relacionadas con violencia de género lo que representa 12,33% de la muestra general de ingresos a la Fiscalía. De estos casos abiertos, se realizaron 11.575 imputaciones y 482 juicios lo que implica que en el año 2014 solo el 0,7% de los casos llegaron a juicio. En su Informe Anual correspondiente al año 2015 se reseñan 121 feminicidios consumados, de los cuales 48,8% de los casos se trata de víctimas entre los 15 y los 30 años.
El 20 de julio de 2016, la Fiscal General de la República manifestó en una entrevista de televisión, que el Ministerio Público registró 75 feminicidios hasta esta fecha, lo que significa un “aumento considerable frente a los 57 que se produjeron en el país en el mismo periodo del año pasado”.
En función de ese panorama, la OMCT y COFAVIC formularon recomendaciones que figuran en el informe conjunto que se presentó a los Estados Miembros de la ONU.
En consecuencia se insta al Estado venezolano:
– Garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial y los presuntos autores sean procesados, juzgados y castigados con penas proporcionales a la gravedad de sus actos
– Garantía de que los cuerpos de seguridad y organismos afines que trabajan en la seguridad pública tengan un carácter estrictamente civil y profesional a todos los niveles, como se estipula en el artículo 332 de la Constitución Nacional, y enmienden las leyes, reglamentos y planes que autorizan la participación militar en el mantenimiento del orden público, incluidas la OLP y la Resolución N ° 8610.
– Eliminar las barreras que facilitan la impunidad incluyendo la ocultación de la identidad de los agentes del orden, la penalización y la banalización de las víctimas y la modificación de informes de la policía.
– Garantizar que ningún individuo o grupo sea desacreditado públicamente, amenazado o sometido a abusos físicos o de otro tipo por llevar a cabo funciones de defensa de los derechos humanos.
– Garantizar que todos los obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia y la protección contra la violencia sean eliminados, se fortalezcan los tribunales especiales que se ocupan de la violencia contra las mujeres y se garantice el acceso de las víctimas a las medidas de protección, incluyendo los refugios.
– Aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes.
– Cooperar plenamente con los Órganos de los Tratados de las Naciones Unidas, en particular, el CAT, en la aplicación de sus recomendaciones y decisiones, y con los procedimientos especiales, permitiendo que las solicitudes pendientes de visitas y el fomento de la emisión de invitaciones permanentes.
