EN APOYO AL PAPEL que el Parlamento cumple en el sistema democrático, Transparencia Venezuela llevó a cabo jornadas de trabajo con empleados de la Asamblea Nacional en las que se analizó el rol que tiene esta institución en el control de la gestión del Estado, así como en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, fenómenos delictivos que atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía.
Con el personal profesional del Poder Legislativo se hizo especial revisión de la función contralora de la Asamblea Nacional frente a quienes ejercen la gestión pública, una potestad que le otorga la Constitución Nacional al Parlamento y que ha sido objeto de ataques constantes desde el Poder Ejecutivo al menos durante los últimos cuatro años.
Se hizo énfasis también en el papel del Parlamento en el proceso de análisis del presupuesto de la nación, como parte de su función de control, en especial en momentos de marcada opacidad por parte del gobierno.
En las jornadas de trabajo se destacaron temas como la emergencia humanitaria que vive Venezuela y la corrupción como factor desencadenante de la violación de los derechos humanos de la población. El personal del Parlamento conoció de cerca el análisis sobre estos aspectos que han hecho del conocimiento público Transparencia Internacional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En materia de control parlamentario, también fue objeto de discusión con los empleados de la Asamblea Nacional el funcionamiento del entramado constituido a través de la creación de empresas del Estado, para capitalizar mediante corruptelas buena parte de los recursos de la nación.
Los trabajadores de la Asamblea Nacional también analizaron, junto al equipo de expertos de Transparencia Venezuela, temas como Gobierno Abierto y la tendencia mundial hacia un Parlamento abierto, responsabilidades de las comisiones, así como los retos de los diputados y sus equipos.
Además, se realizó una revisión de los retos que tienen que enfrentar la Asamblea Nacional, el análisis de las convenciones internacionales que respaldan la gestión parlamentaria y la ejecución de buenas prácticas, como facilitar al ciudadano- a través de herramientas digitales- el acceso a la información emanada del Palacio Federal Legislativo.
«Nadie sabía muy bien qué esperar de aquel encuentro; sólo que los narcos se habían infiltrado en el Gobierno, que la vida pública que conocían había sido desafiada abiertamente, y que habría algún tipo de ‘duelo al sol'».
Mark Bowden, Matar a Pablo Escobar (Killing Pablo)
EL DIBUJO DE LA CORTE dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente a ellos, un juez estadounidense, trajeado con su toga, leía los cargos que les imputaba el país norteamericano. “Conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos” dictaba su señoría en aquella primera audiencia a la que se sometían Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, luego de que funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) los detuvieran, presuntamente, en un aeropuerto de Haití.
El arresto de los sobrinos marcó un hito en la historia de Venezuela. Por primera vez, familiares del Presidente se veían envueltos en un caso de narcotráfico que era, además, llevado por la justicia internacional.
Lo sucedido se suma a una serie de hechos, registrados en los últimos diez años, que muestran cómo figuras pertenecientes a los poderes públicos, al ala militar y a los cuerpos de seguridad del Estado se han involucrado de una u otra manera en el flagelo del tráfico de drogas. Un repaso a estos eventos lleva a preguntar si a Venezuela le cabe ya el epíteto de “narcoestado”.
El parecido
La palabra narcoestado no aparece en los diccionarios de lengua española. Su definición es, en realidad, una concepción difusa. Sin embargo, ha sido este el término con el que se ha «calificado» informalmente a los países en donde el tráfico de drogas se ha infiltrado dentro de las estructuras de gobierno y demás instituciones públicas, como ocurrió en Colombia en la década de los ochenta, cuando el poder de Pablo Escobar alcanzó a Medellín y al Congreso colombiano; como sucede actualmente en México, donde militares, legisladores y gobernadores se han visto vinculados a los cárteles que operan en la nación; o como pasa hoy día en Guinea Bissau, el país africano que no ha podido frenar el tráfico de drogas por carecer de un entramado institucional que lo permita. A Venezuela también se le ha señalado varias veces con este vocablo.
De acuerdo con el informe 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), una de las características del narcoestado que impera en Guinea Bissau, a donde por cierto arriban aeronaves cargadas de droga desde Venezuela, es la nulidad de sus esfuerzos por evitar el narcotráfico. Se trata de una administración que ignora la magnitud del problema y luce fácilmente abatible por el poder que pueden acumular los narcos o sus colaboradores.
Bajo esta luz, Venezuela podría considerarse un prospecto de narcoestado. La eliminación en agosto de 2005 del acuerdo con la DEA para frenar esta actividad -luego de que el presidente Hugo Chávez afirmara que los agentes de la organización que estaban en el país pretendían espiarlo- puso en entredicho la lucha de la nación contra el tráfico de estupefacientes.
Mapa incluido en el Informe 2010 sobre contrabando de cocaína
El paso de los años no ha hecho más que acrecentar las dudas sobre Venezuela y su posición frente al flagelo. La consolidación e incremento de rutas aéreas que parten desde el país para transportar drogas hacia Centroamérica, el Caribe y África, hace pensar que el número de incautaciones, así como la eliminación de pistas clandestinas o la captura de miembros o cabecillas de importantes carteles internacionales -todos presentados como logros en los informes anuales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)- son insuficientes al momento de mostrar cifras irrefutables sobre el combate al narcotráfico.
El más reciente Informe Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que Venezuela es uno de los países con mayor de tráfico de droga debido a su «porosa frontera oeste con Colombia, su débil poder judicial, su esporádica cooperación internacional en la lucha contra en narcotráfico y su ambiente permisivo y corrupto».
El documento también critica los escasos esfuerzos que ha hecho el gobierno para depurar y castigar a quienes se involucran en esta actividad. «El gobierno venezolano volvió a fallar al no tomar medidas contra funcionarios de su gobierno y militares de su país que sabe que están vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) y otras organizaciones de tráfico de drogas», dice el documento.
Hay otras consideraciones sobre el narcoestado. La Unodc apunta, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus funcionarios en Perú, que este término se aplica también a aquel territorio con instituciones débiles que promueven la impunidad y que, de paso, se compromete con el narcotráfico.
Esta característica también podría atribuírsele a Venezuela si se toma en cuenta que varios uniformados del país han sido incluidos en la “Lista Clinton”, nombre que se le da al documento que agrupa a empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, elaborada y publicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y actual candidato a la Asamblea Nacional en Monagas; Henry Rangel Silva, exdirector de la DISIP y ahora gobernador de Trujillo; y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y Justicia y actual gobernador de Guárico, destacan entre los mencionados.
Pero además de los miembros de esta lista negra, están aquellos que se han visto salpicados por sus lazos con Walid Makled, alias “El Turco”, el narcotraficante que operaba desde Puerto Cabello. Los nombres de Luis Felipe Acosta Carlez, quien fue gobernador de Carabobo cuando surgieron las denuncias contra “El Turco”, del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, el del actual gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y de varios jefes militares quedaron involucrados en sus negocios luego de que fuesen mencionados en varias entrevistas y declaraciones ante tribunales.
2015 y los últimos casos
Entre los nombres mencionados por Makled está el de Néstor Reverol, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana que protagoniza el último gran escándalo de droga y Estado. El 15 de diciembre, Reuters y The New York Times confirmaron que el general es investigado en Estados Unidos por su vínculo con el tráfico de estupefacientes. Aunque aún se desconocen los cargos, su nombre aparece en una imputación que debe ser revisada por una Corte de Nueva York.
El hecho ha desatado una serie de declaraciones en favor del uniformado. Desde la Presidencia de la República, pasando por el Ministerio de la Defensa, hasta llegar a los cuerpos de seguridad del Estado, se ha dicho que Reverol es el objetivo de una «campaña de descrédito» contra las Fuerzas Armadas venezolanas y sus líderes.
La relación de Reverol con este delito no es casual. Desde su posición, es él el encargado de salvaguardar la «porosa frontera» por donde pasan, según Washington, toneladas de drogas desde Colombia hacia Venezuela. Además, los medios estadounidenses indicaron que, en lugar de combatir el narcotráfico, el militar ha recibido pagos de organizaciones criminales que debería perseguir, ha alertado a los capos sobre «cuándo y dónde se iban a llevar a cabo» operativos en su contra y presuntamente ha impedido que varias investigaciones continúen su curso regular.
Cuando Makled mencionó a Reverol, este era el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, cargo que también ocupaba cuando Aponte Aponte lo calificó como uno de los «zares» de la droga en Venezuela junto a Clíver Alcalá Cordones, actual jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército.
Pero allí no termina la polémica. Durante este año se conoció, a través de medios internacionales, que El Aissami y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, también eran investigados en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas. Leamsy Salazar, antiguo escolta de Chávez y Cabello, denunció al gobernador y al parlamentario luego de haberse convertido en un testigo protegido de la DEA.
El último caso que mezcla droga y poder es el del holandés Jeroen van den Elshout, -señalado por la DEA por narcoterrorismo, tráfico de drogas y financiamiento a las FARC-quien fue apresado este 16 de diciembre por la policía judicial de Turnhout, en Bélgica. Se trata del esposo de Samantha Hazell, quien es a su vez hermana del conocido animador Winston Vallenilla, actual presidente de la televisora estatal Tves. De acuerdo con medios de Países Bajos, el detenido preparaba un cargamento de miles de kilos de cocaína que terminarían en este territorio.
¿Narcoestado, narcorégimen o Estado delincuente?
A pesar de la cantidad de nombres de funcionarios públicos envueltos en casos de narcotráfico, los expertos en el área descartan que Venezuela pueda ser definida como un narcoestado. Para ellos, el problema da pie a otras concepciones sobre lo que ocurre en el país.
“Hablar de un narcoestado para caracterizar lo que está pasando en Venezuela puede ser un error. Hay un problema de Estado fallido porque no se satisfacen las necesidades mínimas de la población. Hay un Estado forajido porque no se cumplen las leyes ni los tratados internacionales, y el Poder Judicial se ha convertido en una maquinaria de corrupción. Todos los fiscales facilitan la impunidad de la delincuencia organizada en Venezuela, todas forman parte de ese entramado corrupto. El Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente”, señala Carlos Tablante, exparlamentario, exgobernador de Aragua y exministro antidrogas.
Para Tablante, el tráfico de drogas se ha visto fortalecido por estar enlazado con la corrupción, la cual se ha insertado en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes. “Hay una estructura delictiva tan fuerte que el tema de las drogas quedó con unos operadores que se fueron moviendo en el entramado del Estado (…) El dinero de la corrupción se ha mezclado con el de la droga, en el Estado delincuente todo termina en una gran licuadora”, asegura.
A esta apreciación se suma la del sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno. “No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”, comentó en un reportaje publicado por el Financial Times.
La exjuex y expresidenta del Consejo Nacional contra el Consumo y Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, tampoco tilda a Venezuela de ser un narcoestado. Prefiere añadirle el adjetivo de narcorégimen.
En una entrevista publicada el año pasado, Camero afirmaba que en el narcorégimen son “los funcionarios públicos los que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas”, mientras que en el narcoestado, el “Estado vive para la droga y su vida política y social” depende de esta actividad. Colombia y México, a pesar de los señalamientos, aún no han sido considerados como tal por las autoridades.
“Si se llega a determinar que el gobierno venezolano ha pactado con las FARC para obtener ganancias del negocio de la droga sería lo más grave y bajo que ha pasado en el país”, comentó en aquella entrevista.
