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El regulador financiero suizo FINMA dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas contra el lavado de dinero, ante una investigación creciente sobre corrupción por unos 1.000 millones de dólares que involucra a la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA)

Fiscales de Estados Unidos anunciaron este mes cargos contra cinco exfuncionarios venezolanos acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener un tratamiento favorable de la petrolera estatal PDVSA, y de colocar el dinero en bancos, incluyendo entidades suizas.

FINMA no dio los nombres de los bancos bajo investigación. Un procesamiento judicial estadounidense del 2015 en el caso dijo que varias cuentas en Credit Suisse en Suiza estaban sujetas a ser confiscadas.

“FINMA está en contacto con varios bancos suizos en conexión con el caso de PDVSA”, dijo el regulador. “La agencia está verificando en qué medida los bancos suizos están involucrados y si cumplieron sus obligaciones regulatorias”.

FINMA ha estado tomando medidas con respecto a los lazos de los bancos suizos a casos de corrupción en Sudamérica. “En algunos de estos casos, también estamos clarificando la conducta en conexión con PDVSA”, dijo FINMA.

Este mes, forzó al banco privado PKB a devolver 1,3 millones de francos suizos (1,39 millones de dólares) en ganancias mal habidas de negocios relacionados con las compañías brasileñas Petrobras y Odebrecht, como parte de procedimientos contra más de una docena de bancos suizos.

Contactado el miércoles, Credit Suisse dijo que posee estrictos mecanismos de control en vigor para combatir el delito financiero y que está comprometido a seguir todas las leyes aplicables.

En caso de descubrir actividades sospechosas, “tomamos acciones rápidas y decisivas que incluirán el contacto con las autoridades reguladoras aplicables y restricciones de actividad”, dijo el banco con sede en Zúrich en un comunicado, agregando que en algunos casos se finalizan relaciones.

La Fiscalía de Brasil abrió una investigación para determinar si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cometió el delito de tráfico de influencias entre 2011 y 2014, a favor de Odebrecht, una de las principales empresas constructoras de su país.

De acuerdo con las investigaciones, que comenzaron el pasado 8 de julio, existen indicios de que Lula influía para conseguir los contratos y que su partido logró que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financiara proyectos de la constructora en  Cuba y República Dominicana, entre otros países.

La Fiscalía está investigando si los viajes realizados por el expresidente a Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, Venezuela, República Dominicana y Ghana , costeados por Odebrecht para dictar conferencias y participar en actos, tuvieron como objetivo influir internacionalmente para que se otorgaran contratos a la compañía.

Odebrecht, considerada la mayor constructora latinoamericana, ha desarrollado diversos proyectos en esos países con financiamiento del BNDES.

Hasta los momentos, Odebrecht ha negado que Lula trabajara como su consultor. También el BNDES, a través de un comunicado, negó la interferencia del político en los procesos del banco de fomento, que «siguen todos los criterios impersonales de análisis comunes al banco».

Noticia sorpresiva

El Instituto Lula, que representa al exgobernante, manifestó haber recibido «con sorpresa» la noticia de la apertura de la investigación y aseguró que «tendrá oportunidad de comprobar la legalidad y la decencia» de todas sus actividades.

Para ello ha consignado documentos y otras informaciones solicitadas por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar durante la fase de indagaciones preliminares.

No obstante, la Fiscalía alegó que la apertura de la investigación no tiene relación» con la entrega de documento: «En una investigación preliminar, tenemos 90 días para decidir si abrimos o no una investigación formal. Pero necesitábamos más tiempo».

La noticia surge en un momento de crisis política en Brasil y un sonado escándalo de corrupción en Petrobras que ha debilitado el apoyo a la presidenta Dilma Rousseff, quien al igual que Lula, pertenece al Partido de los Trabajadores (PT).

El antecedente de Petrobras

Ya han sido detenidos algunos dirigentes políticos cercanos a Lula por el caso de la estatal petrolera de Brasil, pero el exmandatario no está bajo investigación por ese asunto.

Ese caso se refiere a las irregularidades de contratos de Petrobras con constructoras y proveedoras de servicios y al reparto de sobornos millonarios entre los partidos y políticos que amparaban actos de corrupción, desde los años 90, antes del primer mandato de Lula, que empezó en 2003.

Lula quedó libre de responsabilidades del escándalo de pago de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas destapado en 2005, durante su primer mandato.

Con información de EFE, BBC Mundo y El País (España).