Sin que la historia oficial aclare aún la participación o la distancia que tomó Costa Rica en las guerras de sus vecinos centroamericanos en los años ochenta, la neutralidad del Estado ante todos los conflictos armados ha quedado elevada a rango de ley este mes en un país que lleva 65 años sin Ejército. Un signo más en la imagen pacifista costarricense.
La Asamblea Legislativa ha votado una ley que declara la paz como «un derecho humano fundamental» y que ordena aplicar la «neutralidad perpetua, activa y no armada en los conflictos entre Estados y dentro de estos», en línea con la declaración emitida hace 31 años por el presidente Luis Alberto Monge, discutible porque se le achaca haber abierto el territorio costarricense a la Contra nicaragüense, las fuerzas financiadas por el Gobierno de Ronald Reagan contra los sandinistas. Centroamérica era entonces el escenario tardío de la Guerra Fría.
Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue contradicho por su sucesor en el poder en 1986, Óscar Arias, durante cuyo mandato se descubrió un aeropuerto clandestino que se presentó como una prueba de la presencia consentida de la Contra en los ochenta. Sin embargo, el decreto de neutralidad quedó en la repisa y ahora, tres décadas después, los diputados han querido darle rango de ley en un texto que también convierte la paz en «un derecho humano fundamental».
Óscar Arias, presidente en dos periodos y líder del PLN, se muestra crítico. «Costa Rica no puede ser neutral en conflictos bélicos en el mundo porque tenemos valores que a veces se ven atacados y debemos tener una posición a favor o en contra», ha dicho a EL PAÍS.
No quiso hacer más retrospectivas, pero ya mucho ha dicho y escrito.Su sitio web aún exhibe las críticas: «había un acuerdo que existía entre los gobiernos de don Luis Alberto y de Ronald Reagan, mediante el cual se facilitaba el uso del territorio nacional para permitirle a la Contra operar desde Costa Rica. Se actuaba desde un aeropuerto en Potrero Grande, Guanacaste, y se habían instalado radares y hospitales clandestinos para atender a los heridos de la Contra. Todo esto se hizo a espaldas del pueblo costarricense y de la comunidad internacional. Desde territorio nacional se abastecía a la Contra con alimentos, armas y medicinas, mientras se proclamaba al mundo entero la ‘neutralidad'».
El espíritu de Monge, de 88 años, enfermo y prácticamente ajeno al debate político, está invocado en la ley aprobada tres semanas antes de celebrar los 66 años de la abolición unilateral del ejército, por decisión del entonces gobernante José Figueres Ferrer. Aunque la decisión tuvo sus ribetes políticos y sus conveniencias (recién acabada la Guerra Civil de 1948), se convirtió con los años en un hito del pacifismo de Costa Rica, que decidió dejar su seguridad interna en manos de la policía civil (14.000 agentes en la actualidad) y su defensa en la legislación internacional.
Sin fuerzas armadas qué aportar y sobre todo con una imagen pacifista qué defender, este país centroamericano de 4,5 millones de habitantes certifica ahora su decisión de no tomar partido en conflictos bélicos, salvo cuando así lo obliguen los tratados internacionales suscritos en el marco de Naciones Unidas.
«Esta ley es reflejo del rasgo histórico, cultural y social de un país que suprimió la pena de muerte en el siglo XIX, que abolió el ejército en mitad del siglo XX, que optó por la neutralidad perpetua en 1983 (con Monge) y que en el año 87 fue reconocida por su papel protagónico en el proceso de paz de Centroamérica, con el Nobel para Óscar Arias», dijo el diputado Rolando González, del opositor PLN, consciente de estar exaltando dos posiciones antagónicas.
