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Muere joven herida en la cabeza durante represión en Altamira este 1 de mayo
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm. Testigos señalan que el disparo provino de la GNB

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JURUBITH BETZABETH RAUSSEO GARCÍA, DE 27 AÑOS, es el nombre de la joven que murió este miércoles, 1 de mayo, en medio de las manifestaciones de la Operación Libertad que se desarrollaron en Altamira, al este de Caracas.

La muchacha, segunda víctima de las protestas nacionales que se activaron por la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. Testigos aseguran que el disparo lo hizo un efectivo de la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm en la avenida Del Ávila, que comunica a Altamira con la autopista Francisco Fajardo, en donde desde el mediodía se registró una intensa represión contra quienes protestaban en las cercanías de la base aérea militar de La Carlota.

A medida que transcurrió la tarde de este miércoles, la Guardia Nacional avanzó hacia la avenida Francisco de Miranda para atacar a los manifestantes que todavía continuaban sus acciones de calle después de siete horas.

Rausseo fue trasladada a la clínica Ávila, donde fue ingresada y sometida a una operación. Murió en medio de este procedimiento, según reporteros de varios medios audiovisuales venezolanos.

Protestas 2017 | Jairo Johan Ortiz: La noche en la que asesinaron al poeta de Montaña Alta
Familiares de la primera víctima que cayó en medio de las movilizaciones antigobierno del año pasado esperan, desde noviembre, la fecha del juicio al uniformado que disparó contra el joven de 19 años. Un año después de su muerte, admiten que Jairo sí participaba en la manifestación

 

@loremelendez

HABÍA ALGO EN LA MIRADA de Jairo Joan Ortiz Bustamante que lo hacía ver como un joven dulce. Enmarcada en esas cejas pobladas, esa mirada que demostraba inocencia –como dijo su madre, Carolina Bustamante– fue la que se quedó en las imágenes suyas que hoy, a un año de su asesinato en medio de las protestas de 2017, circulan por las redes y por la web. El suyo es el primer nombre que aparece en las listas de las víctimas del año pasado, porque fue el primero que cayó entre las barricadas y la represión. La noche de aquel 6 de abril, lo mató de un balazo en el pecho un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se acercó sigilosamente hacia la barricada donde estaba, a unos cuantos metros de los edificios de Montaña Alta, en Carrizal, estado Miranda, donde vivía.

“Él se la daba de rudo, pero muy dentro de él era muy sentimental”, rememoró su madre desde Aruba, donde reside desde 2016. Recordó lo mucho que le gustaba leer, escribir poesía y saborear el café. Aseguró que, de haber estado junto a él esa noche, también se hubiese ido a manifestar.  Admitió que todos los aspectos de su vida se trastocaron luego la muerte de su primogénito, el primero que a diario le deseaba los buenos días, vía telefónica; el que se despedía de ella sin falta cada noche, y el que le decía constantemente que la amaba porque, como él le repetía, “esas cosas tenían que expresarse”. “Lo que hago es escuchar sus mensajes de voz. Leer sus poemas, porque lo que me quedaron fueron sus poemas”, afirmó.

Esa sensibilidad de Jairo Johan –quien estudiaba para entonces tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” en La Yaguara– también la citó Alexander Sirit, su mejor amigo, el mismo que estaba a su lado cuando se desplomó por el tiro. “Él era muy espontáneo, bastante misterioso. Él era muy profundo, le gustaba mucho escribir, era muy correcto. Era bastante culto y valiente, era una persona extraordinaria”, señaló el joven que vivió la peor noche de su vida cuando comprobó que quien había sido su más leal compañero desde 4to grado de primaria había sido asesinado. “Yo siento que voy a estar afectado toda la vida por esto”, apuntó.

Esa noche, la del 6 de abril de 2017, Montaña Alta era noticia. Se había transformado en un vecindario convulso. Tras el estallido de las protestas, seis días atrás, las calles se habían convertido en zonas de manifestaciones, en terrenos del descontento y de la crítica antigubernamental que los cuerpos de seguridad del Estado reprimían con gases lacrimógenos y perdigones. Eran alrededor de las 7:00 pm cuando Jairo Johan decidió bajar de su apartamento para unirse a los jóvenes que habían cerrado la vía principal que conducía a su casa: la carretera Panamericana. Todo lo hacía para reivindicar una frase que siempre pronunciaba: “No me quiero ir sin antes haber luchado por mi país”.

Jairo Johan tenía planes de emigrar a Colombia en noviembre de 2017 junto a su novia. El día que lo mataron, no había podido conseguir la cita para apostillar sus documentos académicos, un paso imprescindible para poder continuar sus estudios, tal como quería, en la nación vecina. Karina Bustamante, la tía con quien vivía desde hace un año, contó que la frustración por no haber logrado la fecha para hacer el trámite pudo haber impulsado a su sobrino a salir a manifestar.

Alexander relató un detalle crucial de aquel día: ambos se habían hecho una promesa antes de encapucharse. “Siempre vamos a estar juntos y no vamos a hacer nada estúpidamente peligroso como, por ejemplo, colocarnos entre los primeros manifestantes”, acordaron los compañeros. Allí estuvieron en protesta durante un par de horas en medio de las barricadas. Corrieron cuando la Guardia Nacional quiso acorralar al grupo, admiraron a un muchacho que se había negado a retirarse pese a las heridas de perdigón que tenía en el cuerpo, gritaron contra los uniformados que los atacaban. Jairo Johan le había dicho a Alexander que se irían cuando empezaran a lanzarles “gas del bueno”. Pero antes de que eso sucediera vino la tragedia.

Al victimario lo habían visto en una actitud que les pareció sospechosa: el PNB, cubierto con su equipo antimotín, empezó a avanzar lentamente hacia quienes protestaban. Los jóvenes, al darse cuenta, le respondieron con insultos. Jairo Johan lo maldijo.

Mientras los ánimos se caldeaban, y el cielo se cubría de piedras y bombas molotov, Alexander y Johan decidieron retroceder y ubicarse en la mitad de la manifestación. El primero, de brazos cruzados, pensaba en varias conversaciones previas que había tenido con el segundo: desde creerle o no a la fiscal su posición antigobierno, hasta la advertencia que uno de sus amigos le había hecho al verlos encapuchados. “¡Mosca!”, les había gritado para alejarlos del peligro inminente. Fue justo en medio de ese recuerdo cuando escuchó la detonación. Jairo Johan, a su lado, comenzó a desplomarse. Cayó al suelo su gorra, luego, sus rodillas; luego, el resto de su cuerpo boca abajo. De inmediato, cuando su amigo lo tomó de los hombros para levantarlo, comprobó que estaba inconsciente y con los ojos cerrados. Entre él y varios manifestantes se lo llevaron a una clínica que quedaba a pocos metros de las barricadas. En el camino, un paramédico descubrió la herida que había perforado el tórax de la víctima. En el centro de salud intentaron revivirlo, pero ya era demasiado tarde.

Cuanto todo pasó, no había nadie en la casa de Jairo Johan. Su tío político, Julio Grillet, estaba con su madre en Los Teques; su tía, Karina, con sus padres en Guarenas. A ambos los llamaron para avisarles, pero la impresión era tal que ninguno lo creyó de buenas a primeras. Minutos después, el nombre y las fotos del muchacho estaban en las redes sociales. A las 9:40 pm de ese 6 de abril, había muerto la primera víctima en medio de las protestas de 2017.

Lo siguiente fue la llegada de la familia entre las alfombras de vidrio y los cartuchos de perdigones en que se habían convertido las vías por las botellas quebradas en la refriega, las explicaciones a los uniformados que no permitían el tránsito por la Panamericana, los trámites entre la clínica y la morgue de Los Teques, en Miranda; las llamadas de los familiares que, desde otras latitudes, se habían enterado vía Twitter del suceso. En medio de todo, estuvo el momento de avisarle a la madre de Jairo Johan que su primogénito había sido asesinado cuatro días antes de que ella viniera a Venezuela a visitarlo. Cuando la contactaron, ella ya llevaba rato tratando de comunicarse con su hijo porque no había recibido sus buenas noches y no había escuchado su voz desde las 5:00 pm. Sabía que Montaña Alta estaba en llamas, pero no que había perdido a su muchacho.

Tanto Karina como Carolina recordaron que, al día siguiente, no pudieron llevar a Jairo Johan a la funeraria de Carrizal. El sitio había sido rodeado por motorizados encapuchados. Los colectivos paramilitares de la zona habían amenazado con incendiar el lugar si recibían el cuerpo de la víctima. La carroza fúnebre tuvo que desviarse hacia una sala velatoria en El Tambor, estado Miranda, para que allí su familia pudiera decirle adiós.

Juicio sin fecha

Un año después de la muerte de Jairo Johan, la dinámica de la familia ha cambiado. Ya no están en Montaña Alta, sino que viven en Guatire, a donde los abuelos del joven –que ayudaron en su crianza– se habían retirado unos meses antes de la tragedia por problemas de salud. A esto se une su lucha por lograr justicia en el caso del muchacho. Julio Grillet, tío político del joven y esposo de Karina, ha sido la cara más visible del proceso judicial, el pariente que se ha hecho cargo de hacer las diligencias ante las instituciones mientras que el resto del grupo se recupera del golpe. Ha sido él quien ha aclarado que la víctima no simpatizaba con el gobierno, como lo quiso hacer entender el padre de Jairo a través de una llamada que hizo a Venezolana de Televisión.

Rohenluis Leonel Rojas Mara es el nombre del victimario de Jairo Johan. Fue detenido la misma noche del asesinato y se declaró culpable del crimen desde el principio, acción que podría rebajarle los años de cárcel a los cuales lo deben sentenciar. A pesar de la admisión del delito, la audiencia preliminar –que debe efectuarse en un lapso máximo de 20 días de despacho, según el Código Orgánico Procesal Penal– tardó siete meses, entre mayo y noviembre del año pasado, en llevarse cabo. Desde entonces, los familiares no han sido notificados de cuándo comenzará el juicio contra el policía.

Karina, que echa de menos a diario a ese sobrino “familiar e introvertido” que un balazo le arrebató, cuestiona la actuación de la justicia en el país. Se pregunta por qué ha tardado tanto el proceso, por qué no se han hecho señalamientos contra la cadena de mando de la PNB. “Yo también pienso en la familia del muchacho que lo asesinó, porque al final todos somos víctimas de este régimen”, dijo.

Muere joven que había sido herido en las protestas de 2017 en Ejido

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La noche de este lunes 12 de febrero murió Anyelo Rafael Quintero Rivas, de 29 años de edad, joven que había sido herido durante las protestas de 2017 en la calle San Isidro del sector Trapichito, en Ejido, estado Mérida.

Quintero Rivas había recibido el impacto de un proyectil en la cabeza la noche del 28 de junio de 2017 durante una manifestación. Ese día recibió primeros auxilios al momento de su lesión y posteriormente fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), en la capital merideña, donde se mantuvo internado por más de siete meses hasta el momento de su muerte.

La información fue confirmada vía redes sociales por reporteros de Mérida y por la Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (Promedehum).

Cuando se conoció el hecho, en junio pasado, el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Mérida, Marlón Dulcey Parada, aseguró al diario El Nacional que ningún efectivo de su tropa había estado en ese momento en el sector donde había sucedido la tragedia.

Con la muerte del joven, el número de víctimas fatales en medio de las protestas en el estado Mérida llega a 16. En total, según cifras recabadas por Runrun.es, 158 personas murieron en todo el país durante los cuatro meses de manifestaciones antigobierno del año pasado.

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Provea: derrota de la rebelión popular le dio un nuevo respiro a Maduro

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«Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo», dice una de las 21 reflexiones que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) incluyó en un documento que pone el foco sobre las cosechas y fracasos que dejaron las protestas antigobierno que se registraron entre abril y julio de 2017 en Venezuela. La organización apunta que, si bien la «rebelión popular» fue derrotada, el pronóstico para los meses que vienen es que la conflictividad continuará como consecuencia de los reclamos sociales.

Para Provea, la dirigencia de la oposición fue rebasada por los rebeldes y no pudo contener las improvisaciones que, entre otras cosas, condujeron el movimiento a su fractura. Además, señala que hasta ahora los líderes de la MUD no han sido capaces de reconocer «que son los primeros responsables de los resultados adversos».

Las protestas, según la ONG, también dejaron al descubierto que el gobierno de Nicolás Maduro «está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder», y que no le preocupa que haya «violaciones a los derechos humanos» ni que la comunidad internacional condene sus acciones, mientras él pueda «preservar sus privilegios».

En su balance, Provea considera que «e l efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos» y  apunta que las organizaciones deben «estar preparadas ante este escenario».

También advierte que iniciativas impulsadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia «radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y a las ONG como Provea».

 

Aquí las 21 reflexiones publicadas por Provea este 30 de septiembre:

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1.- Hay que admitirlo: es una Rebelión Popular derrotada. Las manifestaciones intentaron promover el colapso del gobierno, estimulando que un sector del bolivarianismo y de las Fuerzas Armadas se colocaran de lado de las demandas populares, lo cual no sucedió. Esto le dio un nuevo respiro al gobierno, una estabilidad precaria. Todo apunta a que Nicolás Maduro llegará hasta el 2018 en el poder y que cualquier estrategia pase por la realización de elecciones presidenciales ese año.

2.- La Rebelión Popular dejó muestras de mucha valentía por parte del pueblo, sobre todo los más jóvenes. Fue un desafío a la represión y mostró un nivel de indignación contra el gobierno de dimensiones que inimaginables a finales del 2016. Cuatro meses continuos de protesta, a escala nacional, sólo podían mantenerse porque había mucha rabia acumulada ante la pobreza y la arbitrariedad.

3.- Si bien la rebelión no logró alcanzar los objetivos propuestos (Calendario electoral; Liberación de los presos políticos; Respeto a la Asamblea Nacional y Canal Humanitario), logró otros no previstos. Colocó la crisis de Venezuela en la agenda internacional, desenmascaró el autoritarismo del gobierno y dejó en evidencia que estamos en dictadura. Ello sin duda es un gran saldo, pero para los objetivos concretos que se convocó al pueblo a luchar y este atendió el llamado, casi nada se logró. El Informe del Alto Comisionado de la ONU y las sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno no son un “logro”, sino consecuencia del afianzamiento provisional del autoritarismo y su respuesta abusiva en derechos humanos. Hoy los organismos internacionales de protección están más sensibilizados ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y desarollan iniciativas y pronunciamientos condenando e informando a la comunidad internacional. Todo ello es una consecuencia de la indignación popular expresada en las masivas y continuas protestas. No obstante sin la contrapartida de las manifestaciones las contradicciones no se hubieran agudizado hasta el nivel que alcanzaron.

4.- Las pérdidas en vidas fueron grandes y lamentables. 139 personas resultaron asesinadas por acción directa de las fuerzas represivas del Estado, por la actuación de los grupos paramilitares que actuaron junto a los funcionarios o con su respaldo, así como por la actuación de particulares que usaron armas de fuego para enfentar a los cuerpos represivos, Además de las personas asesinadas, miles resultaron heridos muchos de gravedad. Queda exigir castigo a los autores materiales e intelectuales. Y a las ONG continuar acompañando a los familiares y a las víctimas, para continuar con el trabajo de documentación que permita la justicia cuando sea posible. Asimismo, hay que estimular su organización para que nuevos emprendimientos tengan el saldo positivo del fortalecimiento del movimiento de DDHH.

5.- El gobierno demostró que está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder. Poco le importa que haya violaciones a los derechos humanos ni la condena de la comunidad internacional a fin de preservar sus privilegios. Se evidenció una actuación no democrática para afrontar la protesta social y poca sensibilidad ante la muerte de jóvenes, no disminuyendo la represión sino incrementándola en la medida que aumentaba la lista de fallecidos y heridos. Demostró el gobierno un gran desprecio por la vida e indiferencia ante la obligación de respetar los derechos humanos.A pesar de la existencia de críticas internas, los diferentes grupos del oficialismo se cohesionaron ante las protestas y optaron por mantenerse unidos a pesar de las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos.

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6.- El llamado ‘chavismo democrático’ es numéricamente poco y así quedó demostrado. Su mayor peso es de carácter simbólico, y la gran mayoría prefirió distanciarse de las protestas bajo el argumento de “no beneficiar a la MUD”. El discurso del gobierno construido desde la época de Chávez, justificado en la existencia de una “derecha apátrida” que busca restablecer privilegios y que está al servicio de los ‘gringos’, ha calado en importantes sectores que se identifican como bolivarianos y chavistas aunque critiquen a Maduro tanto a nivek de dirigencia como en las bases. Prefieren apoyar al gobierno y sus arbitrariedades antes que colocarse al lado de la “derecha” y el “Imperio”. Sin embargo, se ha ampliado el número de chavistas disidentes que así lo han manifestado públicamente, distanciados de Nicolás Maduro como la ex defensora Gabriela Ramírez y el Diputado Eustoquio Contreras.

7.- La dirigencia de la oposición, hay que reconocerlo, hizo el esfuerzo de orientar y dirigir la Rebelión Popular pero fue rebasada. No construyó una estrategia para fortalecerla y la improvisación se impuso. De manera tardía se comprendió la necesidad de “jugar en varios tableros de manera simultánea”, cuando la estrategia del colapso demostró que era inviable, y no se establecieron objetivos intermedios (desmenuzados de los 4 objetivos iniciales) que lograran importantes victorias parciales frente al autoritarismo y que mantuvieran cohesionados al movimiento de protesta contra la dictadura. La dirigencia, además, subestimó activar la solidaridad internacional y por tal motivo careció de iniciativas que estimularan a pueblos y gobiernos pronunciarse condenando la represión y apoyando los reclamos populares.

8.- Uno de los cuestionamientos de los sectores de base con respecto a la vocería opositora es el silencio posterior al 30 de julio. La gente esperaba del liderazgo mensajes que reconocieran la derrota, haciendo un balance de lo positivo y de lo negativo de los últimos meses, de cómo se iba a variar la estrategia tras los aprendizajes. Los voceros opositores no han tenido la altura de, como líderes, reconocer que son los primeros responsables de los resultados adversos. Las protestas se han convertido en un tema tabú y se apuesta a la fórmula que, si no se habla de ellas, y de sus lamentables resultados, la gente pronto pasará la página. De manera similar a lo que ocurrió tras las protestas del año 2014, las víctimas han quedado huérfanas de la clase política que las convocó.

9.- Las protestas estimularon un debate a lo interno del movimiento de DDHH sobre el rol de las organizaciones ante escenarios tan extraordinarios. La dimensión de la protesta y el uso excesivo y letal de la fuerza para reprimirla sobre pasó la capacidad de las organizaciones para afrontar las inumerables violaciones a los derechos humanos que se sucedían a diario y en algunos casos de manera masiva.  Además la propia característica de la Rebelión indicaba que no se podía actuar de manera tradicional que si bien era importante era insuficiente para afrontar tan difícil coyuntura. Desde Provea, siguiendo la experiencia peruana, creímos que ante la situación de ausencia de democracia las ONG debían jugar un rol político, en sentido amplio del término, de coordinación con la mayor cantidad de actores posibles para el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Algunas ONG nos acompañaron en esta estrategia. Sin embargo, la mayoría del movimiento de DDHH continuó su labor tradicional en defensa de DDHH, que si bien es parte de su mandato, los terminó confinando al rol de espectadores pasivos de la situación. Un saldo positivo es que algunas pequeñas organizaciones del interior del país mostraron mucha disposición y valentía. Hacia ellas debemos las organizaciones más consolidadas realizar un esfuerzo de para ayudarlas a fortalecer.

10.- El pronóstico es que la protesta social va a continuar, con mayor probabilidad por demandas sociales. El discurso debe ir orientado a reivindicar el derecho a exigir derechos. El gobierno viene con una línea de restricción jurídica y más represión. Reimpulsar la denuncia de los temas sociales, vinculándolo con la falta de democracia, identificar dictadura con hambre y sufrimiento. Reforzar el análisis de las consecuencias de la ausencia de democracia y la instalación de una fraudulenta ANC sobre los DESC. El ciclo de protestas desde 1989 ha indicado que el pueblo venezolano ha exigido simultáneamente derechos civiles y políticos y realización de los derechos sociales y en algunos momentos los reclamos por derechos laborales y servicios públicos han prevalecido. Todo indica que la crisis económica y social se agravará y en consecuencia la población principalmente los sectores más pobres se verán obligados a exigir sus derechos.

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11.- A corto plazo, la oposición no tendrá capacidad de levantar un amplio y coordinado a nivel nacional movimiento de masas. Pero las condiciones económicas, sociales y políticas sobre las que se desarrolló la Rebelión persisten y se agravan. Cualquier chispa puede encender la pradera, aunque potencialmente de manera anómica y atomizada.

12.- De esta Rebelión queda gente descontenta con muchas ganas de enfrentar al gobierno. Esto genera la posibilidad acciones violentas y conspirativas, trayendo escenarios de mayor represión.

13.- La apuesta electoral de la MUD es comprensible. Están claros que el movimiento perdió fuerza y algunos de sus sectores apostaron a eso. Que la MUD controle espacios de decisión política termina siendo el mal menor y quizá otro saldo que queda de la Rebelión por la indignación acumulada, pues muchas personas canalizarán ese descontento vía electoral. La gran pregunta es si habrá elecciones, y si las hay, cuánto durarán esos gobernadores. Asimismo, ronda el fantasma, bastante factible, de la abstención opositora descontenta con sus líderes y desconfiada ante el CNE luego del fraude Constituyente. Es poco probable –y quizás también poco recomendable- que a corto plazo surja un liderazgo alternativo que sustituya el de los partidos aglutinados en la MUD. Sin embargo, las condiciones objetivas están dadas para que, a mediano plazo, ante un nuevo escenario, aparezcan liderazgos alternativos.

14.- El gobierno recrudecerá su ofensiva autoritaria, con sus torpezas; de esa actitud puede generarse la chispa que prenda nuevamente la protesta. Pero además se avecina mayor crisis económica y social. Pueden darse pequeñas rebeliones en Estados del interior del país, como ya ocurrió en Bolívar y Sucre durante 2016, donde la crisis económica es sencillamente inaguantable. Ante esta posibilidad hay que continuar reforzando nuestras vinculaciones con las organizaciones regionales.

15.- El movimiento de DDHH y las organizaciones sociales deben continuar realizando esfuerzo por realizar un trabajo articulado que potencie su capacidad de incidencia. Es una necesidad por razones políticas, pero también de sobrevivencia. Quien pretenda enfrentar sólo la ofensiva autoritaria, se expondrá más. Unidos somos más fuertes. En ese sentido, debe trabajarse no solo en una agenda común de exigibilidad de derechos, de resistencia al autoritarismo, sino también de incidencia internacional. Hay que redoblar las inicitivas y esfuerzos para continuar y mejorar la información a los pueblos y gobiernos sobre la situación de Venezuela y estimular acciones de solidaridad al pueblo y de cuestionamiento a la gobierno y su autoritarismo.

16.- Debemos reivindicar la Rebelión Popular y sus logros, los aspectos positivos. Surgieron nuevos movimientos y formas de protesta que van desde los “escuderos” hasta las iniciativas creativas como “Dale Letra”, “Piloneras”, “Billete Alzao”, “El Bus TV”, “Humano Derecho Radio”. Destacamos que del movimiento tradicional de DDHH, Provea es la ONG que tiene mayores vínculos con estas organizaciones. Hay que seguir reivindicando lo que significó la Consulta Popular del 16Ago. Que movilizó a más de 7 millones de venezolanos, y su contraparte de la dictadura que evidenció un descomunal fraude reconocido por la propia empresa SmartMatic.

17.- Hay que resaltar que la solución final que dio la dictadura al pueblo para frenar la Rebelión Popular fue sacrificar el último elemento simbólico positivo del bolivarianismo: La Constitución de 1999. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que con sus decisiones al margen de la Carta Magna, ha profundizado el golpe a las instituciones, criminalizado a la disidencia y en nada ha contribuido para mejorar la crisis económica, social y política que afronta Venezuela.  Maduro y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente co-gobiernan hoy, En los hechos Maduro y la directiva de esa Fraudulenta constituyente actúan como una junta de gobierno dictatorial.

18. El efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos, sus líderes y equipo base. A lo interno de las organizaciones hay que estar preparados ante este escenario. Por otro lado, las ONG venezolanas deben aprender cuál debe ser su papel frente a las necesidades de los migrantes y las violaciones a sus DDHH.

19.- Iniciativas como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia (ley de convivencia pacífica), radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y las ONG como Provea. El portal Nombre y Vergüenza sigue siendo un posible blanco de acciones judiciales de criminalización a la organización. También son previsibles acciones de limitación a la cooperación internacional.

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20.- Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo. En el mejor de los escenarios y como fruto de la presión interna e internacional, tendremos una renovación presidencial hipotéticamente más tardar en el año 2019. Las disminuciones de intensidad en las movilizaciones callejeras pueden tener como contraparte positiva ceder el tiempo y espacio para que ONG como Provea se preparen para construir agendas para la transición, en el caso que esta ocurra de manera menos traumática. En el momento en que suceda el cambio político en Venezuela los acontecimientos serán vertiginosos y las ONG de DDHH debemos estar preparadas para promover una agenda de reinstitucionalización democrática del país, acordada con la menor improvisación posible.

21.- Debemos romper el silencio impuesto por la clase política sobre las protestas recientes y hablar sobre lo que hicimos como sociedad, de manera honesta, reconociendo los errores pero también los logros alcanzados. Las protestas del año 2017 deben recordarse como lo que fueron: Un movimiento heroico de resistencia del pueblo venezolano que obligó al gobierno de turno a profundizar su naturaleza dictatorial para derrotarlo. El gobierno ha salido airoso de un episodio, pero el conflicto continúa. No es lo mismo reconocer una derrota, en una confrontación de largo alcance, que sentirse derrotados.

Balance | Julio tuvo la quincena más sangrienta de los cuatro meses de protesta
De abril a julio se han registrado 152 muertes en el contexto de las manifestaciones, según el conteo que lleva Runrun.es
Junto a mayo, julio es el mes que ha acumulado mayor cantidad de muertes: 45 en total
8 menores de edad fueron asesinados durante las movilizaciones de los últimos 31 días

 

@loremelendez

ESTUDIANTES, TRANSPORTISTAS, COMERCIANTES, DIRIGENTES POLÍTICOS, deportistas, profesionales universitarios, enfermeros, uniformados. Esos eran los oficios de algunos de los 45 venezolanos que cayeron en julio por la violencia política, un mes que tuvo la quincena más sangrienta registrada hasta ahora desde que se iniciaron las manifestaciones.

En esos últimos 15 días de julio, la represión contra las manifestaciones que adversaron al gobierno de Nicolás Maduro y que rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente que él convocó, dejó 37 personas muertas. A excepción de tres, todas cayeron como consecuencia de los ataques con arma de fuego, la mayoría provenientes de paramilitares del chavismo (colectivos) y de las fuerzas de seguridad del Estado.

En esa quincena sucedieron varios episodios que arreciaron la conflictividad. Uno de ellos fue la realización de la consulta popular de la Mesa de la Unidad (MUD), el pasado domingo 16 de julio, para refutar el proceso Constituyente, el cual dejó una víctima fatal: la enfermera Xiomara Soledad Scott, de 60 años, asesinada por grupos paramilitares que atacaron un centro de votación en Catia, parroquia Sucre, al oeste de Caracas.

Los paros de 24 y 48 horas convocados por la oposición también tuvieron saldos rojos. Las trancas levantadas por quienes protestaban se convirtieron en blancos de la represión y los ataques armados. Durante la huelga general del 20 de julio, 6 personas murieron en Zulia, Carabobo y Miranda, mientras que en el paro cívico del 26 y 27 de julio cayeron otras 7 en Mérida, Carabobo, Lara, Anzoátegui y el Área Metropolitana de Caracas. En los días siguientes fallecieron otras que habían sido heridas durante estos cierres de vía.

Lee más: PARTE I. FOTOS, INFOGRAFÍA Y MAPA | 112 muertos durante los primeros 100 días de protestas en Venezuela

El último fin de semana del mes –cuando el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol prohibió las protestas– fue el más sangriento, sobre todo en los pueblos y zonas rurales. Entre el viernes 28 y el sábado 29 de julio, cuando las manifestaciones se trasladaron a los centros de votación para impedir que se llevara a cabo la elección de los candidatos a la Constituyente, hubo 6 asesinatos. El 30 de julio, día de sufragio, se registraron 12 homicidios en el contexto de las movilizaciones y al día siguiente, el lunes 31, cayeron otros dos ciudadanos. En tres días, la violencia política se cobró la vida de 20 venezolanos, 14 de ellos vivía fuera de las capitales de estado.

Las 45 víctimas de julio –17 más que en junio– igualaron las cifras de mayo que había sido, hasta ahora, el mes con mayor cantidad de decesos en medio del conflicto político que vive el país. Las muertes por arma de fuego subieron de 73, en junio, a 112 en julio. La mayoría de los disparos se hicieron al tórax (36) y a la cabeza (31). Fueron precisamente los ataques a la región cefálica los que más crecieron en número: hasta junio, 19 víctimas habían sido asesinadas por impactos a esta área. Hoy son 31.

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¿Quiénes murieron?

Julio también fue el mes en el que mataron a la mayor cantidad de menores de edad: 8 en total. Rubén Darío González Jiménez, de 17 años de edad, cayó en Carabobo; Oswaldo Rafael Britt, también de 17, en Bolívar; Jean Luis Carrillo Deluque, de 15 años, en Zulia; Jean Carlos Aponte, de 16, en Miranda; Gilimber Terán, de 16, en Distrito Capital; Luis Eduardo Ortiz, de 16, y Adrián Smith Rodríguez Sánchez, de 13, en Táchira. Este último adolescente es la víctima más joven de la represión en las protestas.

Los jóvenes entre los 18 y 30 años continúan siendo el grupo más vulnerable en los ataques a las manifestaciones. De 59 víctimas en junio pasaron a 79 en julio y representan así a más de la mitad de las muertes: 51,9%. Muchos de estos muchachos eran estudiantes.

Vea también: FOTOS, INFOGRAFÍA Y MAPA | 157 muertos en protestas en Venezuela hasta el #13Ago

En el centro del país, las cifras de muerte no variaron tanto como en otros estados del interior del país. Distrito Capital y Miranda siguen como los estados donde han muerto más venezolanos durante las protestas, con 21 y 20 víctimas respectivamente. Les sigue Lara, que se convirtió en la tercera entidad con más caídos: pasó de tener 13 a acumular 19. El mayor salto, no obstante, lo dio Táchira, que de ser la sexta entidad con mayor cantidad de decesos en medio de las manifestaciones, se transformó en la cuarta. Allí asesinaron a 11 personas en los últimos días. Algo similar sucedió en Mérida, donde mataron a 9 personas, y es hoy el sexto estado con más muertes: 15 en total. Carabobo está en el quinto con 17 víctimas, y Zulia en el séptimo con 12 fallecidos.

Paramilitares victimarios

Los ataques de los colectivos se incrementaron casi el doble durante julio y fueron quienes dejaron mayor cantidad de víctimas a lo largo de la segunda quincena del mes. Los paramilitares se habían cobrado la vida de 12 venezolanos hasta junio y hoy son 23 los que murieron en sus manos, de acuerdo con el conteo de Runrun.es. Esta cifra representa 15% del total de las muertes. Sin embargo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó esta semana que estos grupos armados han actuado como los victimarios de 40% de los asesinatos registrados en las protestas.

Las fuerzas del Estado han asesinado a 42 personas, es decir, a 27,6% de las víctimas, un número similar al del Ministerio Público, que indicó el pasado lunes, 31 de julio, que eran los culpables de 25% de los decesos. La GNB sigue como el cuerpo más represor y acumula 20 muertes.

El registro de Runrun.es indica que, hasta el momento, se desconoce quién o quiénes fueron los victimarios de 73 de los 152 caídos. Hay, además, 13 civiles que mataron a manifestantes, y uno solo fue asesinado por una banda de delincuentes.

Solo en 15 casos ya hay imputados, mientras que en 11 hay acusados. En 5 casos, el Ministerio Público ha solicitado órdenes de captura, pero aún no ha dado con el paradero de los presuntos culpables. La mayoría de los prófugos pertenecen a las Fuerzas Armadas Nacionales. Se desconoce cómo va el proceso para obtener justicia en la muerte de al menos 120 víctimas.

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Tres meses de protestas: 69% de las muertes han sido causadas por armas de fuego
Hasta el 30 de junio, 105 venezolanos habían muerto en el contexto de las manifestaciones
43 víctimas han sufrido impactos en el tórax o en la cabeza, donde los balazos resultan mortales la mayoría de las veces
Los jóvenes menores de 30 años siguen siendo los más vulnerables a los ataques en las manifestaciones y representan a 66,6% de los caídos
En junio hubo un descenso en las muertes porque la incidencia de los «mini caracazos» –pequeños estallidos sociales que guardan algunas similitudes con el Caracazo de 1989– que se suscitaron en mayo, menguó

 

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UNA CAUSA COMÚN QUE UNE a la mayoría de las víctimas que ha caído durante las protestas de este 2017 : el asesinato por arma de fuego. Las cifras recogidas por Runrun.es desde el 6 de abril, cuando ocurrió el primer homicidio en medio de una manifestación antigobierno, revelan que de las 105 muertes, 73 (69,5%) se han producido por disparos. En algunos casos, estos proyectiles han provenido de escopetas usadas por los cuerpos de seguridad del Estado que han sido cargadas con municiones prohibidas en el control del orden público.

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Los balazos han sido letales: 45 víctimas recibieron impactos en la cabeza y el tórax; 26 de ellas presentaron lesiones intercostales o en el pecho, donde se ubican órganos tan vitales como el corazón, el hígado, el bazo y los pulmones, mientras que 19 las recibieron en  la región cefálica. Esas, de acuerdo con el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son las partes del cuerpo a las que se dispara cuando se busca no solo asustar o neutralizar, sino causar daño.

“El tronco, proporcionalmente, es la parte que más ocupa espacio en todo el cuerpo, la más grande. Por eso, si se apunta a este, se tiene mayor probabilidad de acertar un tiro. Lo que penetre ahí es casi mortal”, sentencia Godoy.

El resto de los proyectiles que han resultado mortales han sido dirigidos hacia el abdomen (8), cuello (6), espalda (2) y pierna (1). Hay 10 víctimas que han muerto por heridas de bala.

Aunque no murieron por arma de fuego, los jóvenes Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander también sufrieron impactos en el tronco. Solo que lo que los golpeó no fue una bala, un perdigón o una esfera metálica. Lo que los mató fue el golpe de una bomba lanzada por las fuerzas del Estado.

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Descenso zamorano

En los tres meses de protesta de 2017, junio ha sido el mes que ha registrado menor cantidad de muertes. Fueron, en total, 25 con respecto a las 45 de mayo –el mes con la cifra más alta– y las 35 de abril pasado.

El incremento del número de víctimas durante el segundo mes de las manifestaciones se explica por las violentas arremetidas del Estado y de los paramilitares del chavismo contra las marchas y saqueos –suerte de «mini Caracazos», que son los pequeños estallidos sociales que guardan algunas similitudes con el Caracazo de 1989– que ocurrieron en Carabobo, entre los días 2 y 4 de ese mes, así como en Miranda y Barinas, durante la segunda quincena de mayo. En ambos se aplicó una nueva fase del llamado Plan Zamora, que contempla la actuación de los de los cuerpos de seguridad con la colaboración de la comunidad, en este caso, de los grupos civiles armados que se identifican como colectivos.

Durante el mes de junio, ese tipo de eventos se presentó sólo a finales de mes: en Aragua, entre el 26 y el 28 de junio, con un saldo de dos personas asesinadas: el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Ronny Parra, de 27 de edad, quien fue impactado en la pierna durante un saqueo en el sector El Castaño, de Maracay; y José Alfredo Figuera Gutiérrez, de 18 años de edad, joven estudiante que recibió un balazo en la cabeza mientras atravesaba la avenida Caracas, de El Limón, donde se desarrollaba un «trancazo» que fue atacado por presuntos paramilitares. Y en Lara, entre el 28 y 30 de junio, con tres muertos: Roberto Durán, de 26 años, quien participaba en un «plantón» en la urbanización Terepaima cuando cayó malherido por un proyectil en la cabeza; Rubén Morillo, de 27 años, presuntamente víctima de la Guardia Nacional; Fernando Rojas, de 50 años de edad, quien cayó tras un disparo en el tórax por parte de los paramilitares.

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Distrito Capital continúa siendo la entidad con mayor número de víctimas: 21. En la lista le siguen los estados Miranda, con 20, y Carabobo, con 14. En estos dos, las protestas se han combinado con saqueos y disturbios en horas de la noche. 

Lara es el cuarto estado con la más elevada cantidad de muertes: 13; seguido de Barinas, con 10; Táchira, con 8; Mérida, con 6; y Zulia y Anzoátegui, con 5.

Los estados Aragua y Vargas se sumaron este mes a las entidades con víctimas fatales durante las protestas. Dos en el primer caso, y una para el segundo.

¿Quién muere en las protestas?

Los jóvenes que tienen entre 18 y 30 años siguen siendo el grupo más vulnerable a los ataques mortales en las protestas. De las 102 víctimas que registra Runrun.es, 59 pertenecen a este rango de edad. Si a ellos se suman lo menores de edad, que son 11, representarían 66,6% de los caídos en medio de las manifestaciones contra Nicolás Maduro.

En estos dos grupos se reparten los estudiantes y bachilleres que aguardaban por un cupo universitario: 30. Allí también se concentra la mayoría de los profesionales graduados (5) que han muerto en medio de la represión y los disturbios.

Las personas entre los 31 y 40 años son el segundo grupo que registra mayores decesos: 17. Hay 13 personas mayores de 41 años que también han caído en los últimos 90 días de manifestaciones.

Una persona con pérdida auditiva engrosó la lista de muertos en el último mes. Yoinier Javier Peña Hernández, de 28 años de edad, falleció el 3 de junio luego de sufrir por casi dos meses las consecuencias de la herida de bala que le hicieron los colectivos. La noche del 10 de abril, Peña estaba junto a un grupo pequeño de personas en la intersección de la avenida Florencio Jiménez con avenida La Salle, en Barquisimeto, estado Lara, lugar donde se había desarrollado una manifestación opositora. Allí fueron sorprendidos por hombres que bajaron de una camioneta pick up roja y dispararon contra ellos.

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Peña fue herido en abril y murió en junio

Peña Hernández es la segunda persona con discapacidad que ha caído en medio de las manifestaciones. El primero fue Mervin Guitián, quien padecía de epilepsia y de discapacidad intelectual. A él lo mató la GNB durante una incursión en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, específicamente en el barrio 5 de Julio.

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Precisamente en Petare asesinaron a dos hombres en junio en el contexto de las manifestaciones. Uno de ellos fue Lendy José Guanipa Millán, de 27 años de edad, a quien presuntos paramilitares le causaron la muerte al dispararle el pasado la noche 23 de junio, luego de que la GNB intentara dispersar a quienes saqueaban un camión en el Puente 5 de Julio. El hombre, que andaba con su esposa, no participó en el acto vandálico, sino que se acercó a curiosear lo se sucedía en el sitio. Solía merodear la zona cuando buscaba comida en la basura.

Cuatro noches después, el 27 de junio, mataron a Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años de edad, quien caminaba por el Puente de 5 de Julio cuando una bala lo impactó en la cabeza. En la zona se desarrollaron fuertes disturbios que alcanzaron a varias barriadas de Petare y a la urbanización La Urbina.

Asesinos sin castigo

Aunque en el grueso de los casos, 59, se desconoce el victimario, las fuerzas del Estado (representadas por la GNB, la PNB y las policías regionales) se colocan como los victimarios conocidos que han causado el mayor número de homicidios: 23. A estos cuerpos se sumó en junio la Policía Aérea de la Fuerza Armada Venezolana, cuando un miembro de esa unidad disparó perdigones a quemarropa al joven enfermero David José Vallenilla Luis, de 22 años de edad, quien participaba en una protesta el 22 de junio frente a la Base Aérea de La Carlota. La justificación gubernamental de este asesinato se basó en el supuesto asedio que unas pocas decenas de muchachos ejecutaron contra el terminal aéreo.

Los paramilitares o colectivos han sido señalados de causar, al menos, 12 muertes, mientras que algunos civiles armados han sido los responsables de 10 asesinatos.

Solo en 21 de los 105 casos han imputado o acusado a los presuntos implicados. En 4, hay órdenes de capturas por estas muertes, y de estas, 3 pertenecen a Guardias Nacionales con paradero desconocido. En 79 muertes, la situación del victimario permanece en un limbo.

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Los crímenes de los represores siguen sin castigo
La Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales de 5 estados se han visto involucrados en 22% de las muertes ocurridas en medio de las protestas
La GNB es el cuerpo de seguridad que acumula la mayor cantidad de asesinatos
47,3% de los casos que involucran a las fuerzas del Estado permanecen sin ningún imputado

 

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LOS TESTIGOS DICEN QUE MERVINS GUITIAN quedó paralizado en medio de las balas y las botellas. Eran más de las 9:00 pm cuando bajaba por la calle principal del barrio 5 de Julio, en Petare Norte, donde se encontró con una escena inesperada. Efectivos de la Guardia Nacional se habían atrincherado en la entrada de la barriada y, desde allí, disparaban al grupo de jóvenes que le respondía con piedras y recipientes de vidrio. “Vente pa’ acá, convive. Vente pa’ acá”, le gritaron varios de los manifestantes desde el paredón en donde se escondían. Pero Mervins, quien tenía un leve retraso mental y sufría ataques de epilepsia con frecuencia, no respondió y cayó segundos después, cuando la bala de un fusil le llegó al abdomen y horas después le cobró la vida. Pese a que los señalamientos contra los uniformados aparecieron inmediatamente después de su muerte, aún no hay ningún señalado por el caso del muchacho de 25 años que era obrero de la Alcaldía de Sucre.

“No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle”, advirtió este martes 6 de junio el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 24 horas después de una jornada en donde las cámaras de periodistas y manifestantes captaron numerosos momentos en los que los efectivos robaban, acosaban y agredían a periodistas, diputados y a los asistentes al “plantón” que la oposición venezolana convocó el lunes en diversos puntos de Caracas.

Pero el regaño llegó tarde. Las manos de decenas de funcionarios represores en todo el país, como los que accionaron sus armas contra Mervins, ya están llenas de sangre. Porque Mervins no es la única víctima mortal de las fuerzas del Estado que espera por justicia. En medio de las protestas que comenzaron el pasado 1 de abril, 19 personas (22,6% de las 84 que han fallecido, de acuerdo con cifras de Runrun.es) han perdido la vida por la acción desmedida de policías y militares que comandan la represión. Hay 9 casos (47,3% de los 19) que, pese a las denuncias, se mantienen sin imputados y otros dos en los que se libraron órdenes de captura contra funcionarios que permanecen prófugos.

Entre esas muertes sin acusados está la de Juan Pernalete, quien cayó en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, luego de que una bomba lacrimógena disparada de frente y a pocos metros por un efectivo de la GNB, le pegara en el pecho, le rompiera el esternón y le perforara los pulmones. También la de Armando Cañizález y Miguel Castillo, asesinados en Las Mercedes, municipio Baruta de Miranda, con municiones metálicas que presuntamente fueron disparadas por las escopetas de las fuerzas del Estado. Y la de Hecder Lugo, quien murió por un balazo que un Guardia Nacional supuestamente le disparó a quemarropa en el sector Los Tulipanes, en San Diego, estado Carabobo.

Tales actuaciones han despertado no solo el rechazo de la opinión pública, sino también de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dirigió unas palabras a los uniformados tras revelar y fustigar que la GNB había disparado la bomba directamente contra Pernalete.

«Yo quiero señalar, a quienes ejercen funciones policiales de orden público, que disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí (dijo mientras levantaba una lacrimógena) sino por los estándares nacionales e internacionales (…) Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del estado por el uso de la fuerza».

Varios heridos de gravedad se han convertido en casos conocidos. En Carora, Hender Martínez, un joven militante de del partido Un Nuevo Tiempo, perdió el ojo derecho debido a los perdigonazos que lo alcanzaron. Pedro Yammine fue arrollado por una tanqueta en Altamira, municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas, un ataque que le dejó siete costillas y ambos omóplatos fracturados, además de aire fuera de sus pulmones. A otros, como a Alejandro Guinand, el impacto de las bombas lacrimógenas le rompió la cabeza cuando cruzaba el Guaire para huir de los ataques de los cuerpos de seguridad. Al periodista Román Camacho, el golpe de una bomba le rompió la pierna derecha mientras cubría una manifestación. 

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Ellos, los represores

Quienes reprimen, y quienes han sido señalados por los asesinatos de los manifestantes, son hombres jóvenes. Sus edades oscilan entre los 31 y 41 años de edad, mientras que sus rangos son bajos: casi todos los guardias implicados son sargentos y solo uno es capitán, y esta tendencia suele repetirse en los policías involucrados en los crímenes. Para Rocío San Miguel, esta caracterización se debe a que los destacamentos de la Guardia Nacional delegan a su tropa profesional las funciones de orden público y sus miembros suelen estar a mitad de su carrera. Un Policía Nacional consultado por Runrun.es, agrega que este cuerpo envía a la calle a los oficiales y a los oficiales agregados, es decir, también a los de menor nivel.

Un papel importante es el que juega la preparación de los oficiales para el control del orden público. El PNB, perteneciente a la división de Mediación y Negociación, explica que en el pasado, quienes se dedicaban a estas labores debían hacer un curso de 9 meses para especializarse en el tema. Ese lapso se redujo ahora a solo un trimestre. La declaración coincide con una afirmación de San Miguel, quien reveló que en los últimos años se ha registrado en las Fuerzas Armadas “una graduación masiva de tropa profesional en cursos de muy poca duración”. El entrenamiento en las técnicas del empleo del uso de la fuerza y la adaptación a la vida militar se hacen vía exprés.

“La otra variantes es que la doctrina de empleo ha quedado completamente distorsionada cuando permites la existencia de la resolución 8610. Mientras perviva el uso de la fuerza letal para el control de las manifestaciones públicas, va a seguir ocurriendo esto”, indica la experta.

Pero San Miguel advierte que la responsabilidad de las muertes ocurridas durante las protestas no solo recae sobre los que están al frente de estas movilizaciones. “El represor no es solo el que ejecuta la orden o quien reprime disparando el gatillo. Es quien da la orden, es el que imparte la doctrina, es quien toma la dirección política del control de las manifestaciones”, asegura. inforepresores_080617

GNB impune

La Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad que acumula responsable del mayor número de muertes en las protestas de los últimos 60 días. En 9 casos se les ha señalado, pero apenas en uno hay imputados: los sargentos segundos Yelfrin Junior Carmona Milán José Gregorio Rodríguez Peña Brayan Edgardo Lemus Vivas fueron detenidos por el asesinato de Manuel Felipe Castellanos, ocurrido en mayo en Tucapé, estado Táchira.

En Lara hay dos casos en los que se libraron órdenes de aprehensión, pero aún no ha sido capturado ningún funcionario. Sucedió con Gruseny Antonio Canelón, a quien le dispararon a quemarropa dos perdigones plásticos en el tórax en abril pasado, proyectiles que suelen utilizarse en el control de las manifestaciones, pero que resultan letales cuando despide su carga a corta distancia. En su muerte hay 14 GNB involucrados. También pasó con Eyker Daniel Rojas, a quien le dieron un balazo en el rostro en la calle 61 de Barquisimeto. Por este hecho, se solicitó el arresto de otros cuatro guardias. Hasta ahora, ninguno se ha puesto a las órdenes de la justicia y, según el abogado del Foro Penal en esa entidad, Pedro Troconis, la Fuerza Armada no ha dado información sobre sus paraderos.

A los efectivos también se les ha implicado en las muertes de Guitian, Pernalete y Lugo, ya mencionadas, y en las de Diego Arellano, en Miranda; Adrián José Duque, en Zulia; y Manuel Sosa, en Lara. En la mayoría de los sucesos, utilizaron sus armas de reglamento, ya sean las escopetas con bocacha con las que lanzaron las lacrimógenas, o las carabinas con las que dispararon perdigones. La letalidad de las mismas se hizo patente cuando las usaron de manera indebida: cuando apuntaron de frente a los marchistas con las bombas, accionaron a quemarropa sus armas o las “aliñaron” con municiones prohibidas, como bolas metálicas y metras.

“Los términos de la represión en Venezuela, los desanclajes de los parámetros legales en la actuación debida, en el cumplimiento de la ley, vienen estimulados fundamentalmente por el discurso de odio, por los niveles de participación política que hay dentro de las instituciones policiales como dentro de las militares”, apunta Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y agrega que no existe ningún tipo de sanción moral ni política que evite que ocurran los excesos.

La experta advierte que dentro de estos mismos cuerpos se han creado mecanismos que incentivan la lealtad por medio de recompensas que destrozan los parámetros de principios y los códigos de honor.

“Eso viene dándose de muy diversas maneras. A veces aquellos individuos que son leales a la revolución son premiados con formas de corrupción y destacan de una manera descollante con respecto a otros, que se quedan rezagados. Eso funciona como combustible para volverse represor”, asevera. “La actuación de la Guardia Nacional en las protestas ha sido desmedida e injustificada. Más que controlar el orden, lo que busca es atemorizar a la población. Aquí no cabe la palabra represión porque no la debería haber. En su lugar, lo que se debe trabajar es la prevención, porque las fuerzas del orden público deben preservar la integridad física de los manifestantes. La protesta es un derecho que tienen”, afirma Luis Alberto Buttó, director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar y experto en temas militares.

Excesos regionales

Contrario a lo que sucede con la Guardia Nacional, en los casos en los que se han visto implicados funcionarios de las policías estadales sí se han reportado imputados e, incluso, acusados. Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la acción del Ministerio Público, han sido mucho más efectivas y la impunidad se registra en 28% de las muertes. Los cuerpos señalados por cometer estos excesos son los de Carabobo, Zulia, Táchira y Bolívar, todos gobernados por autoridades chavistas.  

Dos uniformados de Carabobo serán llevados a juicio por el asesinato de Daniel Queliz, en Valencia; mientras que otro oficial de esa misma fuerza fue detenido por el caso de Christian Ochoa, ocurrido en la capital de la entidad.

Un agente de la Policía del Táchira también fue arrestado por la muerte de Diego Hernández en Capacho Nuevo. Cinco oficiales de la Policía del Estado Bolívar, junto a un miembro de la Milicia Bolivariana, fueron implicados en el homicidio de Augusto Pugas, ocurrido dentro del campus de la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar. A un funcionario de la Policía de Anzoátegui lo detuvieron por el deceso de César Pereira, en Lechería.

De los 7 casos que involucran a policías estadales, hay dos que permanecen sin ninguna detención. Uno de estos es el de Luis Eloy Pacheco, quien según testigos y familiares recibió un disparo en el mentón durante una protesta en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo, por parte de un funcionario de esa entidad. Lo mismo sucede con Miguel Medina, quien supuestamente cayó a manos de un Polizulia durante una manifestación en La Pomona, en Maracaibo. Ninguna de estas dos muertes fue incluida en el balance que el Ministerio Público ha hecho sobre los caídos en las marchas.

Protestas 2017: En 88,1 % de las muertes no hay imputados
La mayoría de los muertos, 73 (96 %), son civiles. Los otros 3 son funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: 1 efectivo de la Guardia Nacional y 2 Policarabobo
Llama la atención que la justicia ha actuado de manera más expedita en los casos de los uniformados caídos. En 2 de esas 3 muertes, 66,6 %, ya tiene imputados
La efectividad no ha sido la misma en los casos de los civiles: apenas 7 de los 73 tienen personas señaladas por el crimen. 90,4 % permanece sin un presunto victimario identificado
El registro también apunta que 47 de las muertes (es decir, 61,8% de los casos) han sido causadas por balas. Otras 5 personas (6,5% del total) han sido asesinados por perdigones o metras
La población joven es la más vulnerable a los ataques represivos: 48 de las 76 víctimas (63,1 %) eran menores de 30 años

 

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LAS CIFRAS RECOGIDAS POR RUNRUN.ES, desde el 1 de abril hasta el 23 de mayo de 2017, indican que 76 venezolanos han caído en el contexto de las manifestaciones y protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El número es superior al del Ministerio Público que, hasta ahora confirmó que abrió investigaciones por la muerte 57.

La diferencia entre ambas cifras radica en que Runrun.es está contabilizando todas las víctimas que han caído en los sitios que son escenarios de protestas o saqueos, y que se encuentran tomados o bajo el control de cuerpos de seguridad del Estado. En estos casos, la forma de muerte ha sido verificada y levantada en las distintas morgues con testimonios de familiares y allegados a los fallecidos, quienes aseguran que murieron en el marco de hechos relacionados con las manifestaciones.

En este grupo están cinco personas que murieron electrocutados en los disturbios de El Valle del pasado 20 de abril: Manuel Pérez, Natalie Martínez, José Ramón Gutiérrez, Ángel Lugo Salas y Estefany Tapias; Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, quien recibió dos disparos en medios de la revuelta del 2 de mayo en Puente Baloa, Petare; cinco casos registrados durante los saqueos en Carabobo, ocurridos entre el 2 y 4 de mayo: Daniel Gamboa, Jesús Asdrúbal Sarmiento, Luis Eloy Pacheco Carlos Mora, un menor de edad y un hombre no identificado; Miguel Medina, asesinado en el sector La Pomona de Maracaibo, en Zulia; tres hombres presuntamente ajusticiados durante los saqueos de Santa Eulalia, en Miranda: Freddy Jerson Ramírez Calderón, Reinaldo Márquez Rada y una persona sin identificar; un menor de edad que cayó en medio de protestas en Capacho Nuevo, en Táchira; John Alberto Quintero, en Barinas; e Ynigo Jesús Leiva, en El Valle, Caracas.

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