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Movimiento Laborista

Froilán Barrios Nieves Sep 06, 2023 | Actualizado hace 2 meses
A 5 años del bolívar soberano
Hace 5 años el régimen prometía que el nuevo salario mínimo de 1800 bolívares soberanos, equivalentes a $30, llegaría para quedarse

 

@froilanbarriosf

En Venezuela, el pasado 1° de septiembre, se cumplió un lustro desde aquel ajuste del salario mínimo que supuso un incremento cercano al 6000 %. La administración de Nicolás Maduro lo presentó como el ajuste salarial más elevado de nuestra historia, como parte de su «ingenioso” Programa de recuperación y prosperidad económica para enfrentar la hiperinflación. Las bondades de dicho plan, según el primogénito del mandatario, debieron haberle hecho merecedor de hasta un premio Nobel de economía.

En realidad, el aparato estatal de propaganda vendió un espejismo. Prometía que el nuevo salario mínimo de 1800 bolívares soberanos, equivalentes a $30, llegaría para quedarse al estar anclado al petro. La dudosa criptomoneda, relacionada con la canasta petrolera, sería el soporte de la remuneración ante los embates de la inflación.

El Ministerio del Trabajo desmanteló a los trabajadores

Según los mentores del llamado socialismo del siglo XXI, todo sería coser y cantar para los trabajadores, cuyos salarios venían, como el tango, cuesta abajo desde la última conversión de 2008, denominada bolívar fuerte. De esta manera, la demagogia gubernamental sembraría ilusiones en un mercado volátil, recargado de tormentas por la incapacidad gubernamental de estabilizar la economía.

El nuevo signo monetario vino aderezado con medidas coercitivas sobre la contratación colectiva en el sector público. Al ser «tan generoso» el nuevo salario, le concedió al gobierno nacional el abuso de poder de establecer el congelamiento indefinido de los convenios colectivos mediante la Resolución del Ministerio del Trabajo Nro. 2792, reservándolos en una gaveta de dicho organismo.

Efectivamente, el nuevo plan de remuneraciones en el sector público desató un tsunami sobre las escalas salariales, ejercido por una aplanadora de las remuneraciones a todos los niveles, desconociendo las clasificaciones de cargos convenidas en tabuladores y convenciones colectivas.

Nada cambió con cambio de nombre

El rotundo fracaso de la política económica de la administración Maduro no tardó en conocerse, con el registro inflacionario más devastador observado en el continente. Solo en 2018, la inflación cerró con un 130.000 %; en 2019, con un 10.000 %; en 2020, con un 3.000 %. En fin, fue tal el desastre que, a inicios de 2022, el bolívar soberano fue sustituido por un proverbial bolívar digital, hoy también en ruinas.

Este nuevo signo monetario inició con una relación de 130 bs. equivalentes a 30 $. Para septiembre de 2023, producto de la inflación desbocada, significaba un salario de 4 $. Este salario se ve amenazado en su integridad por el Instructivo Onapre, que ha disminuido y desmantelado sustancialmente las primas y beneficios de cada cargo.

Traemos a colación este fatídico aniversario para resaltar en la memoria nacional que luego de un lustro, en septiembre de 2023, el salario mínimo en Venezuela continúa siendo de los más bajos del planeta y apenas equivale a 4 dólares, incluso superado por economías de menor desarrollo que la nuestra, como la de Haití y la mayoría de los países de América Central.

En la actualidad, ya entramos en la autopista hacia fin de año 2023 y sabemos que el Estado venezolano tiene un compromiso con la OIT, acordado en el Foro Social realizado a lo largo de 2022 y a inicios de este año, en procura de fijar salarios mínimos mediante la consulta tripartita, reconocer los sindicatos y gremios, y convenir contratos colectivos.

Nada de lo anterior se ha concretado, reflejando la existencia de dos sectores laborales. En el sector donde medianamente existe la contratación colectiva, como es el privado, los salarios y los ingresos de los trabajadores son sustancialmente superiores. Por otro lado, existe la precariedad laboral absoluta en el sector público, donde ninguna rama de trabajadores conoce mejoras en su condición de vida.

Diez mil conflictos laborales en 5 años

No por casualidad, en estos cinco años se ha conocido la mayor conflictividad laboral registrada, debido a la protesta permanente de los sindicatos públicos de ministerios, empresas estatales, institutos autónomos, alcaldías y gobernaciones. En ese lapso, más de 10.000 conflictos laborales se han desplegado en todo el territorio nacional.

Asimismo, el sector empresarial ha informado desde Fedecámaras que en la reunión del Consejo de Administración de la OIT, a realizarse en Ginebra el próximo mes de noviembre, el tema de Venezuela será abordado en la agenda como tema clave a analizarse.

En resumidas cuentas, a cinco años del paquete del bolívar soberano y a año y medio del bolívar digital, ambos han sucumbido a políticas económicas fracasadas, sumiendo en la miseria a todos los sectores laborales del país, a los trabajadores activos, a los jubilados y pensionados, marcando un futuro de incertidumbre para todo un país.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El hambre como combustible de la protesta laboral

@froilanbarriosf

Desde el 2015 la carga de la protesta social y laboral ha estado a cargo de los gremios de la salud, de las federaciones sindicales del sector docente de educación media y universitaria y de los gremios de jubilados y pensionados, quienes como letanía han exigido al régimen tirano el derecho a una vida digna y a convenir sus condiciones de trabajo. En todos los casos tienen como respuesta las trompetillas del gabinete y la indiferencia del «presidente obrero”.

En esa dirección poco a poco a partir de 2018, se han venido sumando otros sectores, como ha sido el caso de los trabajadores petroleros. Estos pasaron de tener históricamente el mejor convenio colectivo en nuestro país, a un documento mal llamado contrato petrolero, plagado de una retahíla de cláusulas ideológicas como milicias obreras, trabajo voluntario y de fidelidad perruna a la “revolución socialista y bolivariana”. Y firmado por una federación sindical entregada en cuerpo y alma al Estado y al patrono PDVSA. 

El acicate de la protesta ha sido la pobreza extrema que estremece a trabajadores activos y jubilados de la industria petrolera nacional, quienes vieron cómo en 2002 despidieron a 22 000 compañeros de trabajo.

Creyendo que tendrían un futuro mejor, hoy los trabajadores petroleros ven pulverizados todos sus derechos de salud, vivienda, condiciones de trabajo, alimentación y, lo más doloroso aun, su salario. Muchos de ellos han vendido sus uniformes de trabajo y botas. Y, de paso, laborar en condiciones deplorables solo para devengar 10 dólares mensuales y recibir la mortadela en la cada vez más esmirriada bolsa de comida CLAP.

Ahora les toca el turno a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Los mismos que, alborozados, celebraban a nivel de éxtasis en 2008 las estatizaciones de SIDOR, SIVENSA y cuanta empresa anexa expropiara el fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces exclamaban “nos quitamos la explotación de argentinos y brasileños” y “ahora SIDOR será nuestra”.

Pues bien, las marchas que recorren los patios de empresas hoy arruinadas, convertidas en cementerios de cabillas y acero, contrastan con el jolgorio de otrora.

Ahora son miles que claman justicia en las calles de Puerto Ordaz, increpando a la Guardia Nacional “mátennos de una vez ya que no soportamos ver morir de hambre a nuestros hijos”; como tampoco aceptamos, manifiestan los marchantes, “que nuestros compañeros de Alambron y Palanquillas, unidades de producción de SIDOR, laboren sin botas de seguridad ni protección alguna arriesgando su vida, solo para recibir la caja CLAP”.

La profundidad de este movimiento hay que observarla con detenimiento cuando señalan: “esta no es una protesta de corrientes sindicales, ni de partidos políticos; es una protesta natural de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana». En la misma se pudo identificar la participación igualmente de trabajadores de Venalum, Alcasa, Ferrominera, quienes piden como única condición concretar una unidad de todos los trabajadores de las otrora prósperas empresas básicas de Guayana para exigirle al presidente de la CVG les atienda sus planteamientos.

Este clamor laboral, que viene del fondo de la masa de trabajadores, se identifica también en CANTV y CORPOELEC. También ellos han visto desmanteladas todas sus conquistas laborales en materia de salario, salud, educación y condiciones de trabajo y seguridad social. 

El proceso de movilizaciones continuará. E indica que el régimen tiránico, a pesar de la persecución judicial y policial contra sindicalistas y trabajadores, incluso con la creación de parapetos estatales como los Consejos Productivos de Trabajadores, no ha logrado maniatar la conciencia gremial. tampoco la esperanza de restablecer la democracia y un sistema de relaciones de trabajo que dignifique la condición de vida.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El holocausto de jubilados y pensionados en Venezuela

@froilanbarriosf

En numerosas oportunidades nos hemos referido a la remuneración de la población económica activa en nuestro país, destacando los niveles de pobreza generalizada que integran a la cuasi totalidad del censo nacional. Una población que sobrevive en el país del ingreso más bajo del planeta, representado en 70 centavos de dólar mensual.

La tiranía madurista se ufana de su “obrerismo” al otorgar innumerables bonos basura, sin ningún impacto sobre el salario para efectos de utilidades, horas extras, vacaciones y demás derivados de la relación salarial.

Estos, sumados al sobre de pago formal, no alcanzan para el trabajador del sector público siquiera a $10, cantidad ridícula frente a la canasta alimentaria de $ 250 mensuales. Otro tanto sucede con el trabajador del sector privado que es remunerado mediante acuerdos discrecionales y, en el mejor de los casos, bajo contratos colectivos con cantidades mucho más cercanas a la cesta de alimentos citada.

Ahora bien, entre tanto ¿qué sucede con los pensionados y jubilados de nuestro país, cuyos derechos emanan del artículo 86 de la CRBV, de la Ley Orgánica de Seguridad social de 2002, de la Ley del Seguro Social Obligatorio de 1966 y de numerosos contratos colectivos del sector público, ya que en la empresa privada se han convenido excepcionalmente planes de jubilación adicional a la pensión del IVSS?

La dimensión de esta tragedia se acrecienta cuando identificamos que este sector laboral comprende un universo de más de 5 millones de seres humanos, de los cuales 4 millones son pensionados por el IVSS al cumplir las cotizaciones requeridas para acceder al derecho a la pensión; y un millón y medio adicional que percibe la pensión Amor Mayor, concedida por el ejecutivo nacional aun cuando no hayan cumplido las cotizaciones. 

En realidad, esta inmensa masa humana se encuentra a la intemperie. La edad no le permite acceder por su condición física al mercado de trabajo. Tampoco tiene la fuerza de la juventud para asumir el éxodo que han decidido 6 millones de Venezuela en edad productiva, quienes han tenido la tenacidad para cruzar sabanas y páramos en procura de un trabajo que les permita alimentar a sus familias en Venezuela.

La gran mayoría de la tercera edad no cuenta con la oportunidad de recibir remesas de sus familiares en diáspora. Tan solo cuentan con 1.200.000 bolívares como pensión mensual, más los bonos que otorga discrecionalmente el tirano; entre ellos el bono de guerra económica que sumaría 2.400.000 adicionales, cantidades que en el contexto de una economía dolarizada significarían 4 $ mensuales de ingreso. Incluso, para aquellos que perciben su jubilación en el sector público, esta es consumida por los descuentos para servicios médicos y funerarios, que tampoco utilizan. 

Por tanto, pareciera que morir de mengua es el destino final, ya que las escasas fuerzas las utilizan en deprimentes y agotadoras colas cada vez que asisten al llamado del IVSS para el cobro mensual en el respectivo banco. Por si fuera poco, solo pueden retirar el 30 % del efectivo, ante la baja disponibilidad suministrada en las agencias. 

Todo este cuadro dramático se agrava con la pandemia al ser los adultos mayores la población más vulnerable a la covid-19, como lo han indicado los partes médicos en numerosos reportes. Amén de una infraestructura sanitaria en ruinas, incapaz de atender a decenas de miles de infectados sin esperanza de atención, que no sean las curas milagrosas como las “gotitas del Dr. José Gregorio Hernández” que se anuncian demagógicamente para tranquilizar y burlarse de la población. 

Los adultos mayores en nuestro país ven con estupor cómo las pensiones en la mayoría de los países de América Latina oscilan entre $150 y $400 mensuales, o en España 900 euros al mes; sin comparación alguna con los $0.70 $ mensuales que perciben de manos del gobierno “revolucionario”. Situación que ha determinado para los jubilados y pensionados ser uno de los sectores más representativos en la protesta laboral desarrollada en el territorio nacional. Incluso en el internacional, al no percibir aquellos pensionados que se encuentran en el extranjero un solo centavo de sus pensiones y jubilaciones.

Esta amarga condición no se compadece con la voluntad y el sacrificio de generaciones de venezolanos y extranjeros que, durante el siglo XX y lo que va del XXI, entregaron sus mayores esfuerzos en procura de la construcción de un país. Todo, para terminar en la recta final de sus vidas en la ruina más abyecta, a manos de un régimen criminal e insensible a quien poco importa la condición humana.

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El nocaut de la covid-19 al empleo global

@froilanbarriosf 

Como debe ser, las cifras del impacto del virus más letal que azota a la humanidad en el siglo XXI se concentran, en primer lugar, en la cantidad de fallecidos, contagiados y recuperados. También es lógico priorizar las cifras del personal sanitario que ha ofrendado sus vidas para salvar a centenares de miles de seres humanos en todo el planeta. Un sacrificio que compromete a los gobiernos e instituciones sociales a reconocer y rendir homenaje ante esta generosa entrega.

Catástrofe laboral planetaria

Ahora bien, hay otro escenario tan letal como el primero y que amenaza con la condición de vida de miles de millones de seres humanos en el mundo. Y es que, según la OIT, el 50 % de la población activa del planeta con trabajos informales está amenazada de perder su única fuente de sustento. Tómese en cuenta que la población universal de 7300 millones de personas contiene una población económica activa de 3500 millones de trabajadores, de los cuales 1600 millones se ubican en la población informal. 

Si a esto añadimos las proyecciones de pérdidas de empleos formales, que oscilan según las consultoras entre 400 y 665 millones, estamos ante una catástrofe universal que amenazaría incluso el mantenimiento del orden global y la existencia de la humanidad.

Estas cifras observan una concreción hasta junio de 2020, como son los casos de los EE. UU., donde se han perdido 35 millones de empleos; en América del Sur, 47 millones; en América Central, 12 millones. En el caso específico de los migrantes venezolanos ubicados en la región andina (Colombia, Ecuador, Perú, y más allá en Chile), el 42 % ha perdido sus empleos. Y ya sabemos que el 90 % de ellos se localiza en la economía informal.

Esta debacle del empleo global ha tenido respuesta gubernamental eficaz dependiendo de sus capacidades. En el caso de Europa, la UE con Alemania y Ángela Merkel a la cabeza, ha promovido planes de reconstrucción de la economía a nivel continental que ya comienzan a dar sus frutos. Aun así la economía caerá en 8 % para 2020. Pero ello no impedirá que millones de trabajadores reciban puntualmente su cheque semanal de subsidio, igualmente las empresas donde estos laboran.

En EE. UU. Donald Trump igualmente ha subsidiado el desempleo y al empresariado, como también ha anunciado, esta primera semana de julio, el rescate de 5 millones de empleos formales. Mientras implementa al mismo tiempo severas restricciones de entrada y deportación a la inmigración laboral, que contribuye notablemente a la producción nacional.

Perspectivas sombrías en Latinoamérica

El panorama es sombrío para América Latina, la región de menor crecimiento económico en el planeta antes de la pandemia. 

Los gobernantes de LATAM vieron con estupor el desarrollo de la COVID-19 en otros continentes. Sin embargo, no se prepararon adecuadamente para el chaparrón que hoy amenaza, incluso, con superar el impacto letal observado en Europa.

Aun así, los gobiernos de Chile, Perú, Brasil, Argentina, México, que registran las cifras más agudas en contagios y fallecidos, presentan a pesar del tiempo perdido políticas económicas de recuperación del trabajo formal e informal.

El régimen politiza la pandemia

Otro rumbo es el que percibimos en Venezuela, cuyos gobernantes dan mayor importancia a la politización de la pandemia. Tratan la tragedia en un escenario de confrontación permanente con “el imperio” y con la oposición política. Incluso culpan a la comunidad internacional de los impactos crecientes de la COVID-19 en el país.

Todo ello, en lugar de promover políticas de reactivación económica que oxigenen el alicaído empleo formal e informal, que genera la hambruna generalizada de la población.

Muchos preguntan por cifras cuando en realidad no hay datos certeros por la opacidad informativa del régimen. Lo que se puede identificar es una población activa impactada por la diáspora y reducida en aproximadamente a 10 millones de personas. Ello, en un contexto de cierre de industrias que a inicios de 2020 se ubicaba en 3500 empresas sobrevivientes, las cuales producen a un 20 % de su capacidad.

Esa relación se observa igualmente en los diferentes sectores de la economía: transporte, comercio, servicios, empresas básicas, lo que presume que pudieran perderse este año alrededor de 2 millones de puestos de empleo formales y una disminución mayor al 50 % de la población informal.

Ante la incertidumbre y el colapso de la economía, observamos cómo las fronteras entre el empleo formal y el informal se difuminan. Una realidad dramática donde el trabajador formal debe operar en la informalidad para subsistir y percibir un ingreso que le permita alimentar a su grupo familiar. Ese que padece una pesadilla sin luz, sin comida, sin dinero, sin medios de comunicación y entretenimiento, sin internet. En definitiva, sin futuro.

En resumen, estamos en el ojo del huracán ante un régimen cruel e insensato, que no reconoce el drama que fulmina a millones de venezolanos. Y que solo le ofrece como alternativa unas elecciones parlamentarias controladas desde su origen por el aparato policial y militar del Estado, promovidas con mucho dinero gubernamental que debiera realmente dedicarse a atender la población amenazada por la pandemia.

* Movimiento Laborista

 

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Discrepancias entre partidos fracturó la MUD en el estado Zulia

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Los miembros Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Zulia designaron a Gustavo Ruiz como nuevo coordinador regional, desconociendo Emerson Blanchard, coordinador nombrado por los de Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) en la región.

Blanchard resultó electo en diciembre de 2016 por votación y no por consenso y con las papeletas de 11 partidos de la llamada “alternativa democrática”; además no contó con el voto de Primero Justicia ni Voluntad Popular. A partir de ese momento, ambas organizaciones se distanciaron de la MUD-Zulia.

Este viernes, en una concentración hecha en un hotel de Maracaibo, PJ y VP anunciaron que Gustavo Ruiz, anterior contendor de Blanchard, era el nuevo coordinador de la MUD en el Zulia.

A la proclama se sumaron 14 partidos más entre los que están: Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emergente, Copei, Vente Venezuela, Vanguardia Popular, Bandera Roja, Movimiento Laborista, Va Palante, Visión Venezuela, Progreso y Muévete.

Rafael Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, manifestó que en sintonía con la MUD y su nueva forma de orientarse, en el Zulia también buscaron cambios en la dirección.

“Hemos dicho en varias oportunidades que teníamos una discrepancia en la forma de hacer política y cómo se legitimó la mesa, ahora, esa mayoría que tenía la discrepancia y que es la mayoría del Estado, efectivamente, también manifiesta la posibilidad de tener su forma de coordinar”, manifestó.

Ramírez descartó que el nombramiento de una nueva coordinación de la MUD regional obedeciera a las aspiraciones públicas de Manuel Rosales a la Gobernación del Zulia.