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BCV y Mintur difundirán información sobre el nuevo cono monetario

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ramón Lobo, se reunió este lunes con la ministra para el Turismo, Marleny Contreras, con el objeto de establecer un plan conjunto para difundir información sobre el Bolívar Soberano.

El encuentro, que se celebró en los espacios de la cartera de Turismo, forma parte de las acciones que emprende el titular del Instituto, con el fin de masificar la información generada desde el BCV, respecto a la reconversión monetaria, reseñó una nota de prensa. (El Mundo)

 

Gobierno evalúa mecanismos de pago de Pdvsa en Petro

El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, anunció que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) S.A anuncio que se encuentran evaluando la posibilidad de hacer transacciones comerciales a través de la criptomoneda venezolana el “Petro”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, escribió que “ministro Manuel Quevedo en reunión de trabajo revisó junto a integrantes de la Superintendencia de los Criptoactivos los avances para la implementación del Petro como forma de pago de sus entes Pdvsa y Petroquímica de Venezuela (Pequiven)”. Así lo reseñó Unión Radio. (Descifrado)

Guerra: “Tipo de cambio no oficial llegó a Bs. 530.000 por dólar”

La tendencia alcista del dólar no oficial se mostró en el mercado local con una agresiva depreciación de la moneda interna, lo cual fue alertado por economistas a través de declaraciones a medios de comunicación y desde sus cuentas en la red social Twitter. La disminución en la oferta de divisas y la mayor inyección de dinero impactaron notablemente hoy en el mercado paralelo.

Desde las primeras horas de este martes, el economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra alertó sobre el comportamiento calificándolo como una “agresiva depreciación alimentada por la impresión de dinero del Banco Central de Venezuela”.

Posterior al mediodía la información del exdirector del ente emisor venezolano hablaba de “un caos con el tipo de cambio paralelo. La inacción del gobierno está causando estragos. En el desespero muchos importadores están comprando el dólar a Bs. 530.000. Es decir, Bs 530.000.000 por un dólar. La hiperinflación no los va a cobrar”, advirtió a través de la red social. (Descifrado)

Los productos básicos aumentaron casi 100 veces más en menos de un año

El precio de la Canasta Alimentaria Familiar de febrero de 2018, se ubicó en 37.517.912,13 bolívares, aumentando Bs. 13.115.145,03 que corresponde al 53,7% con respecto al mes de enero del presente año y 5.536% si se compara con febrero de 2017.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Cendas, se requieren más de 95 salarios mínimos (392.646,46 bolívares) para poder adquirir todos los productos de la canasta, referida a una familia de cinco miembros, lo que se traduce en 1.250.597,07 bolívares al día, más de tres salarios mínimos diarios.  Todos los rubros de la canasta alimentaria, más de 2o, aumentaron de precio.

Pero el alto costo de los productos no fue y es el único problema que afecta a los venezolanos pues diecinueve de ellos presentaron problemas de escasez, entre esos, la  leche,   margarina,  azúcar, aceite de maíz,  arroz, harina de trigo, pastas,  salsa de tomate, harina de maíz, café, mayonesa, pan, queso amarillo,  en sí, el 32,75% de los 58 productos que contiene la canasta. (El Cooperante)

Panamá suspendió operaciones de aerolíneas venezolanas

Panamá anunció este martes la suspensión a partir del próximo 25 de abril y por 90 días prorrogables de las operaciones en el país de las aerolíneas venezolanas, en el marco de una crisis diplomática bilateral que incluye ya el retiro de los respectivos embajadores.

Las aerolíneas suspendidas son “Aeropostal Alas De Venezuela, S.A., Avior Airlines, Consorcio Venezolano De Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa), Línea Aérea De Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aéreas De Venezuela, S.A. (Ravsa), Santa Bárbara Airlines, Turpial Airlines, C.A.” dijo un comunicado de la Presidencia.

El gobierno venezolano suspendió desde el pasado viernes y por 90 días prorrogables los vuelos de la aerolínea panameña Copa desde y hacia Venezuela, como parte de las medidas que congelan las relaciones comerciales y económicas con un grupo de funcionarios, incluido el presidente Juan Carlos Varela, y 46 empresas panameñas.

Esa fue la reacción de Caracas a la publicación el pasado 28 de marzo por parte de Panamá de una lista de 55 personas venezolanas políticamente expuestas, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, consideradas de “alto riesgo” de blanqueo de capitales.

La resolución que suspende las operaciones de las aerolíneas venezolanas en Panamá anunciada este martes está sustentada “en la ley de retorsión y en virtud del principio de reciprocidad que rige las relaciones internacionales”, dijo el Ejecutivo de Varela.

Quedan así paralizadas por 90 días prorrogables “todas las actividades de transporte aéreo, de pasajeros y carga de las líneas aéreas venezolanas que operan en Panamá”.

La medida “entrará en vigencia a partir del 25 de abril de 2018”, y se aplica con base a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que faculta al Consejo de Gabinete a proponer y optar por medidas recíprocas para salvaguardar los intereses económicos y comerciales de la República de Panamá, aseguró el gobierno. (Banca y Negocios)

Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #11Dic

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Este lunes 11 de diciembre es feriado bancario

Este lunes 11 de diciembre será feriado bancario, según el cronograma establecido por la Superintendencia de Bancos (Sudeban), por celebrarse el Día de la Inmaculada Concepción.

En este día los usuarios podrán acceder a la mayoría de los servicios y transacciones que ofrece la banca, como consultas, retiros, depósitos y pagos, a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por Internet.

Además, algunas instituciones bancarias mantienen taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en centros comerciales. (Últimas Noticias)

BDV planea incorporarse al sistema billetera móvil del Carnet de la Patria

Luego de que el Banco de Venezuela (BDV) presentara el servicio PagoClave, que permitirá a personas naturales realizar pagos y transferencias por mensajería de texto, el presidente de la entidad bancaria, José Javier Morales anunció que se incorporarán próximamente al sistema billetera móvil del Carnet de la Patria.

“Estamos en fase de prueba para poner en marcha esta herramienta que simplificará la compra de los rubros básicos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción”, aseveró.

Asimismo, Morales anunció que la institución avanza en el proceso de expansión de BiopagoBDV en todo el territorio nacional. “A final de este año estimamos llegar a 2 mil establecimientos afiliados a este sistema que blinda y simplifica las operaciones de nuestros clientes y usuarios”, precisó.

Con este sistema, el BDV materializa una de las principales bondades del proyecto Peer to peer (P2P), que los usuarios puedan realizar transferencias con un teléfono celular básico.

Como primera fase, se podrán realizar pagos y transferencias entre clientes del BDV. “Con PagoClave revolucionamos el pago electrónico en Venezuela y brindamos servicios de calidad para nuestro pueblo”, manifestó.

De esta forma, el Banco de Venezuela apuesta a la innovación tecnológica para blindar las transacciones de sus clientes y garantizar un servicio eficiente que permita avanzar en la construcción de la banca inclusiva. (Últimas Noticias)

BCV ha recibido en 2017 6,5 Tn de oro de pequeños mineros

 El Banco Central de Venezuela (BCV), durante 2017, ha recibido 6.551,01 kilogramos (6,5 toneladas) de oro, procedentes del Arco Minero del Orinoco (AMO), en el estado Bolívar.

Esta semana el ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Víctor Cano, trasladó por vía aérea una nueva entrega de mineral aurífero a la sede del instituto emisor, en Caracas, contentivo de 558,96 kilogramos. Explicó el funcionario que se trata del décimo tercer despacho del año. (El Universal)

ALAV: Están operativas 25% de las aeronaves nacionales

Uno de los indicios que refleja la crisis que atraviesa el transporte aéreo en Venezuela es  el hecho de que las compañías nacionales solo tienen operativas 25% de sus aeronaves, informó Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV).

Entre los problemas que atraviesa el sector dijo que “figuran las pocas frecuencias de vuelos, los precios de los boletos regulados  y lo recaudado  por concepto de vuelos no alcanza para pagar los costos”.

Sobre los vuelos internacionales, señaló que actualmente hay 97 frecuencias semanales cuando en 2016 eran 127 y hace 5 años se ubicaban en 350 durante el mismo período. (El Universal)

Clorox estima producir 100 mil cajas de desinfectantes por mes en el 2018

La empresa Clorox de Venezuela se ha establecido como meta para el 2018 producir 100 mil cajas de desinfectantes por mes en el 2018, informó el ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias.

El ministro, explicó que esto lo esperan lograr gracias a una alianza comercial con la empresa privada JDG Suministro C.A en la adquisición de materia prima.

Arias precisó que la empresa se mantiene en negociaciones con proveedores nacionales para concretar alianzas en el suministro de la materia prima. (Globovisión)

Turkish Airlines y Mintur coordinan nuevos vuelos entre Turquía y Venezuela

La ministra de Turismo, Marlenys Contreras, sostuvo un encuentro con representantes de la aerolínea Turkish Airlines, en el que coordinaron temas relacionados con la conectividad entre Turquía y Venezuela, a fin de abrir nuevas rutas comerciales entre los dos países, con aviones con tecnología de punta que llegarán al país.

La reunión de la titular del Ministerio de Turismo (Mintur) con empresarios de Turquía sirvió para abordar tópicos de interés con fines de incrementar el turismo receptivo y la calidad de servicio.

La aerolínea turca participó en la XII edición de la Feria Internacional de Turismo en Venezuela (Fitven 2017), que se realizó recientemente, donde esta empresa de Turquía mostró un vistoso stand con toda su oferta de servicios.

El público que asistió observó en el Pabellón Internacional del Complejo Ferial Hugo Chávez, del hotel Venetur de Margarita, el trabajo que viene realizando esta aerolínea.

En la recién culminada Feria Internacional del Turismo 2017, concretaron intenciones de negocios, donde se acordaron 700 citas con prestadores de servicios, a través de las cuales se estima una inversión de 9 millones de dólares para el próximo año.

Promover el Turismo. Como parte de los intercambios que se propiciaron durante la Fitven 2017, las nuevas alianzas entre aerolíneas rusas y turcas, buscan promover el turismo internacional. Así lo dio a conocer el viceministro de Turismo Internacional, Alí Padrón, quien resaltó la promoción de Venezuela como país multidestino. (El Mundo)

Consejos de trabajadores amenazan a las empresas

Una nueva amenaza se cierne sobre los sindicatos y las empresas con la imposición de los consejos productivos de trabajadores, decretados en noviembre 2016, y que un año después recibieron un nuevo impulso en un acto celebrado en Fuerte Tiuna. “El gobierno deja abiertamente a los militares el control de las empresas y la abolición de los sindicatos como defensores de los trabajadores y la democracia”, alertó Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato.

Indicó que los consejos de trabajadores son modelos del corporativismo laboral de las dictaduras fascistas de Francisco Franco y Benito Mussolini en España e Italia, respectivamente.

Destacó que es muy grave que el presidente Nicolás Maduro designara como jefes de los comités al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al vicepresidente Tareck el Aissami, con la tarea de elevar la producción de 700 empresas industriales y agroindustriales. Barrios insiste que la materia laboral es competencia civil y que es ilegal la injerencia de los militares en las empresas y los sindicatos. (El Nacional)

Hoy instalan observatorio que regirá política del petro

Para hoy está previsto que el Ejecutivo Nacional instale el Observatorio de Blockchain para regir políticas del Petro.

“El día lunes estaremos instalando el Observatorio Nacional del Blockchain, que se encargará de regir las políticas principales para el diseño de la criptomoneda”, anunció a  tarvés de VTV el  encargado de la Superintendencia de la Criptomoneda de Venezuela, Carlos Vargas.

El Superintendente explicó que, con la nueva moneda, Venezuela se convierte en vitrina del mundo y es una muestra de cómo la nación  “ha decidido deslastrarse de los controles de los grandes grupos económicos a nivel mundial”. (El Universal)

El bitcoin alcanza los 18.000 dólares en su debut en el mercado de futuros

El bitcoin, la controvertida reina de las monedas virtuales, hizo el domingo un debut triunfal en el mercado financiero internacional, superando sin dificultad los 18.000 dólares por unidad e incrementado la inquietud de algunos inversores ante el riesgo de una burbuja.

Bajo el símbolo “XBT” y con un precio de 15.000 dólares, uno de los primeros productos financieros que permiten apostar sobre la cotización futura de esta moneda virtual salió hacia las 23H00 GMT al Chicago board options exchange (Cboe), una de las dos plataformas de negociación de este tipo de contratos en Estados Unidos.

Comenzó con volatilidad y un fuerte tráfico que hizo inaccesible la página web de Cboe durante los primeros veinte minutos. El operador bursátil aseguró sin embargo que las operaciones no se vieron afectadas y cerrarán su primera jornada este lunes hacia las 21H15 GMT. (La Patilla)

Sundde verificó aceptación del bono Niño Jesús en comercios del territorio nacional

Desde tempranas horas de este sábado la fuerza fiscalizadora de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) se desplegó en más de cuatro mil establecimientos aproximadamente de todo el territorio nacional para notificar el cumplimiento de aceptar como método de pago el boleto de la tickera de Bono de Niño Jesús asignado por el Gobierno Nacional a través del Carnet de la Patria.

En el abordaje se visitaron establecimientos de ventas de alimentos, textil y calzado a quienes se les informó la validez del boleto como método de pago, para evitar incurrir en ilícitos como el Boicot (Artículo 53), Condicionamiento de venta (Artículo 56) y Trato discriminatorio (Artículo 47 #7).

Los operativos continuarán ejecutándose en el país a fin de dar cumplimiento con la normativa, y los ciudadanos favorecidos con este beneficio cuenten con las navidades felices como lo ha mencionado el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro cuya meta es de cuatro millones de jefas de hogares. (Últimas Noticias)

A un año de su eliminación billete de Bs 100 aún es el de mayor circulación

En diciembre de 2016 el gobernante Nicolás Maduro tomó por sorpresa al país cuando decidió sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Afirmó que la medida serviría para acabar con el contrabando del papel moneda y combatir el dólar paralelo. Pero lo que hizo fue desencadenar una serie de protestas afuera de los bancos y saqueos a comercios que dejaron varios heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

Después de todos los destrozos ocasionados por la medida gubernamental, Maduro dio una prórroga para la circulación del billete de 100 bolívares, y desde entonces la ha renovado nueve veces. Las decisiones han llevado a los venezolanos a catalogar el papel marrón como el inmortal. (El Nacional)

El costo de preparación de una hallaca aumentó 3.946% en solo un año

Fue la semana pasado cuando los consumidores comenzaron a manifestar un mayor interés en la preparación de las hallacas para Navidad y Año Nuevo, pero ese entusiasmo decae con la constante y extrema alza de los precios de los ingredientes. Tomando como referencia de 2 recetas distintas para la elaboración de 50 hallacas, cada unidad cuesta 48.000 y 65.288 bolívares dentro de un gasto total de 2.400.080 y 3.264.380 bolívares, respectivamente.

Entre diciembre de 2016 y de este año el costo promedio de una hallaca se disparó 3.946%, al subir de 1.400 a 56.644 bolívares. Si se compara con los 20.600 bolívares promedio que costaba a comienzos de noviembre con el monto actual el alza fue de 175%.

Comerciantes de los mercados municipales de Quinta Crespo y Chacao, carnicerías, fruterías y automercados del este y centro de Caracas contaron que hay más afluencia de consumidores comparado con el mes pasado y esperan una mayor presencia de clientes en la medida en que se acerca el 24 de diciembre.

“Cuando la gente ve los precios de los productos compra menos o no compra, pero no podemos hacer nada porque los proveedores nos aumentan los precios a diario”, contó el dueño de un puesto de carne en Quinta Crespo. Mientras tanto, una religiosa manifestaba: “Estos precios no tienen nada de benditos”.

María Ribas, ama de casa, narró: “Prepararé hallacas vegetarianas que igualmente son caras pero menos costosas que cuando llevan carne y gallina. Solo las comeremos en las cenas de Navidad y Año Nuevo”.

Antonia González, también ama de casa, explicó que las hallacas serán más pequeñas este año y con menos porción de guiso y adornos. Ella tenía la intención de adquirir aceitunas rellenas, pero cambió para las que tienen semilla: “Colocaré solo una como adorno y menos pasas, pimentón, cebolla y alcaparras”.

Pese a que son una familia numerosa que hace años se reparte el gasto y los aportes de los ingredientes en la preparación de 100 o más hallacas, los Rodríguez harán bollitos igual que el año pasado. “Con esos precios no hay presupuesto que aguante y hay que pensar en los otros elementos de las cenas”, expresó la señora Teresa, jefe del grupo familiar.

Los consumidores consultados coincidieron en que la mayoría de los precios de los productos son “para poner el grito en el cielo”, pero sostienen que los incrementos más escandalosos son los ingredientes “exóticos”. El kilo de las aceitunas con hueso y rellenas subió en un año 24.900% y 16.567% al pasar de 3.000 y 4.800 a 600.000 y 800.000 bolívares.

En el mismo período, las pasas se incrementaron de 3.000 y 4.100 a 750.000 y 780.000 bolívares el kilo, respectivamente, lo que equivale a un alza de 22.074%. El kilogramo de almendras aumentó 20.733%, al pasar de 12.000 a 2 millones y 3 millones de bolívares en los mercados de Quinta Crespo y Chacao.

Ante los precios tan elevados comerciantes y consumidores aplican la ironía. “Señora pase y tome asiento porque se va a desmayar con el precio de las almendras”, expresó una dependiente de un puesto en el mercado de Chacao. La cliente respondió: “No se preocupe, yo ya tengo un marcapasos”.

96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales
El 16 de abril de 2015, la presidencia de Inparques emitió la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15, la cual otorgó, “en combo”, los siguientes permisos: la Autorización para la Ocupación del Territorio y la Afectación de Recursos Naturales para la remodelación del teleférico Mukumbarí
Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto

 

@GitiW

“LEGALMENTE, NO PODÍAN MOVER NI UNA PIEDRA”, sentencia un miembro del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques quien pide mantener su nombre en resguardo. No obstante, las movieron. Esa era “la orden de Caracas”. Para cuando la presidencia de Inparques finalmente emitió los permisos, la remodelación que comenzó en 2011 tenía 96% de adelanto. “Hoy lo que queda es hacer un post mortem de una obra que realizó una empresa del Estado al margen de la ley”, lamenta el trabajador.

Esa empresa es Venezolana de Teleférico C.A., creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado. La preside desde junio de 2015 el general de división José Gregorio Rojas Sarubbi; quien sucedió a Lorena Lisset Parada Medina, en el cargo desde octubre de 2014, que a su vez relevó a José Gregorio Martínez Dávalos, ingeniero que estuvo al frente de Ventel desde su creación y que en 2014 pasó a ser el gerente general del Sistema Teleférico Mukumbarí.

Fue justamente Martínez Dávalos quien el 8 de julio de 2015 les notificó al director regional Mérida-Trujillo-Barinas (Inparques) y al superintendente del Parque Sierra Nevada, que desde Caracas había llegado la aprobación ambiental que la obra debió recibir antes de levantar la primera piedra.

“Reciba un cordial y caluroso saludo del equipo de trabajo que conforma el Sistema Teleférico de Mérida, deseándole el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones”,  se lee en el encabezado de la comunicación.   

 

 

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Martínez Dávalos aludía a la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15 que emitió la entonces presidenta de Inparques, María Isabella Godoy Peña, el 16 de abril de 2015. En el documento de 21 páginas se otorgan, por partida doble y por vía de excepción, tanto la Autorización para la Ocupación del Territorio (AOT) como la Autorización para la Afectación de los Recursos Naturales (AARN) para la ejecución del Proyecto “Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida”.

 

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La doble aprobación que otorgó la funcionaria, quien actualmente se desempeña como viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, no solo contraviene el artículo 129 de la Constitución, el cual señala que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”; y la disposición legal prevista en el Decreto 1.257 del año 1996, norma que describe los pasos administrativos para llevar a cabo una obra susceptible de degradar el ambiente, sino que además carece de sentido al estar redactada en futuro, como si el documento no tuviera cuatro años de retraso y la obra no llevara, para ese entonces, 96% de avance.

 

 

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Entre el deber ser y lo que fue

“¿Con qué seriedad se puede considerar el trabajo de un organismo público que después de cuatro años de estar desarrollándose un proyecto que está bajo su jurisdicción, viene y autoriza a posteriori lo que ya está hecho. Es tratar de legalizar algo que es ilegal”, afirma el representante del Sunep-Inparques.

El funcionario agrega que “la aprobación la mandaron desde Caracas porque dijeron que en Mérida había muchos obstáculos”. Describe que entre esos “obstáculos” estaban las reiteradas observaciones que los miembros regionales del Instituto ambiental hicieron a los documentos que presentó Ventel para solicitar las aprobaciones correspondientes.

 

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El primero de esos documentos es el denominado “Términos de Referencia”, el cual precede a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Tiene fecha del 22 de febrero de 2011 y recibió respuesta por parte de Inparques el 30 de marzo del mismo año.

Los funcionarios adscritos a la región Mérida-Barinas-Trujillo de Inparques que analizaron la descripción del proyecto; los objetivos; la justificación y el alcance del mismo, llegaron a la conclusión de que el documento “no ofrecía suficiente información para decidir acertadamente la aprobación de los Términos de Referencia propuestos”. Hicieron, además, 30 observaciones y notaron diversas inconsistencias en torno a la escala final del proyecto.

 

 

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El documento de Términos de Referencia fue eventualmente aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente el 10 de agosto de 2011. El siguiente paso, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizada originalmente por Ventel en septiembre de 2011, recibió 25 observaciones por parte del equipo regional de Inparques debido, nuevamente, a la poca información suministrada por la empresa estatal.

 

 

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Sin la aprobación del EIA Ventel no podía dar inicio a la obra, sin embargo, a finales de 2011 la Agencia Venezolana de Noticias refirió que la remodelación tenía 40% de adelanto.

 

 

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De acuerdo con la Providencia Aprobatoria, Ventel remitió a Inparques los siete tomos del EIA definitivo el 8 de septiembre de 2014. Para entonces, la obra había alcanzado 90% de avance, según AVN. La carencia de los permisos que requiere la ley no les impidió avanzar en la remodelación, en parte por la importancia que el presidente Chávez le había conferido al proyecto y, por otro lado, debido a la cantidad de empresas involucradas en el mismo.

 

 

Si bien la obra estaba en manos de Ventel y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cartera que pasó durante la ejecución del proyecto de manos de Alejandro Fleming a Andrés Izarra y finalmente a Marleny Contreras, la empresa estatal no era la única involucrada en la remodelación.  

Lea también: Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del Teleférico de Mérida

El proyecto requirió el concurso de la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH, que ya ha desarrollado varias obras en Venezuela como el Cabletren Bolivariano de Petare; el Metrocable de San Agustín y de Mariche; el Trolcable de Mérida, y actualmente trabaja en el Teleférico de Macuto; y el de al menos otras 13 empresas, entre ellas, Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción C.A., Pentech Ingenieros 05, C.A. Metallizing C.A., PDI Gerencia e Ingeniería, S.A.; y las agrupadas en torno al Consorcio de Altura: Pial, C.A., Capi, C.A., Constructora Biankini, C.A., Briroca Inversiones, C.A., Celectran, C.A., Taller Chama y Mantenimiento Industrial C.A.

Las violaciones a las leyes ambientales no son los únicos cuestionamientos que se le han hecho a la remodelación del teleférico de Mérida. En septiembre de 2016, un trabajo de investigación de Runrun.es, basado en una auditoría que realizó la Contraloría General de la República sobre la remodelación del Sistema Teleférico Mukumbarí, reveló una serie de irregularidades en la obra, a saber, la presunta duplicación de pagos -lo cual incrementó los costos de la obra en más de 85%-, pago en exceso, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción.

“Esta obra no se puede parar”

Un experto ambiental que trabajó durante cuatro años en el proyecto y declara bajo condición de anonimato, describe que el mismo mutó sobre la marcha y las obras tuvieron dos momentos: el primero fue la modernización y el otro la construcción del nuevo sistema: “Ventel migró de una remodelación más bien cosmética a un nuevo sistema; cuando se cambió de un proyecto a otro debió cambiar el Estudio de Impacto Ambiental ya que en el primer caso se afectaban solo 98 hectáreas y en el segundo 237. En esa fase se incluyeron muchos emprendimientos asociados al teleférico que no estaban planificados originalmente”.

Al preguntarle acerca del rol que jugaron el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e Inparques, dijo que después de que el Ministerio aprobó los Términos de Referencia delegó todo en manos de Inparques; “pero Inparques levantaba documentos para notificar las irregularidades ambientales y no pasaba nada”.

El experto relata que debido a la envergadura de la obra se conformaron varios equipos ambientales. “El líder era el equipo de Pdvsa-Pentech, pero la gerencia de Ventel también tenía gente a cargo; además estaba el equipo ambiental del Consorcio de Altura y el de Inparques. Aquello eran órdenes y contraórdenes, cada equipo levantaba sus informes para cubrirse las espaldas, otros simplemente miraban para otro lado”, dijo.

“¿Quién mandaba?, me da pena decirlo, pero no mandaba nadie. Yo trataba de hacer mi trabajo y cada profesional que trabajó allí trató de salvar su propia responsabilidad pero pasaban tantas cosas; quien tenía que dar la pauta era la gente de Pdvsa porque a ellos los contrataron para supervisar toda la obra; ellos supervisaban pero eso parecía más bien como la policía: llegaban y decían muéstrame qué has hecho; dónde está el equipo; etc; pero cuando les hacías las observaciones las ignoraban; a los técnicos ambientales les impedían subir en el teleférico para hacer las inspecciones, nos decían que no teníamos prioridad. Así era como se trabajaba”, dijo.

“¿Parar la obra? Ni hablar. Decían que se trataba de un proyecto del Estado que ya tenía dinero asignado y por ende no se podía parar. Cuando señalabas algo te decían que ese era un proyecto que no tenía enemigos ni detractores; que nadie los iba a estar molestando. El detalle está en que como el proyecto mutaba a cada rato, el EIA no tenía sentido. El Estudio tenía que ser aprobado previamente; ese es el deber ser: primero se elabora el proyecto y con esa base se realiza el EIA; el Estudio lo hicieron de manera paralela y por eso tardaron tanto (3 años) en presentarlo”, agregó el ambientalista.  

Y aun así, el EIA definitivo no contempló algunos trabajos que se están acometiendo en la actualidad, situación que viola nuevamente las disposiciones legales ya que no es posible realizar acciones cuyo impacto no haya sido previsto en el Estudio. Ese es el caso del déficit en el suministro eléctrico. En la página 78 del Estudio de Impacto Ambiental que elaboró la empresa Proconsult se especifica que: “Se ha considerado innecesaria la incorporación de nuevas fuentes de energía, por lo que se continuará con las fuentes actuales provenientes de la subestación Mérida I”.

 

 

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Las fallas en el suministro eléctrico han sido reiteradas y el 27 de noviembre de 2016 fue titular de prensa que el vagón en el que viajaba un equipo de reporteros de medios comunitarios y del portal Aporrea, quedó suspendido en pleno descenso desde la estación Pico Espejo por aproximadamente 1 hora, tras presentarse una interrupción en el servicio eléctrico. La nota de Aporrea reseñó que no era la primera vez que ocurría un evento similar.

Igualmente, en el EIA se previó que el sistema de aguas servidas fuera completamente autónomo, y en la actualidad, fuentes cercanas a la obra confirman que las plantas de tratamiento no están funcionando, situación cuyas consecuencias a nivel de contaminación ambiental son de especial consideración debido a que el Parque Nacional Sierra Nevada y el Parque Nacional Páramo de la Culata son áreas protegidas que proveen de servicios ambientales, fundamentalmente agua, a la población de Mérida.

 

 

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Otro experto ambientalista que trabajó en la obra, quien pide mantener su nombre en reserva, describe que durante el proceso constructivo se montó un campamento para alojar más de 240 obreros en las inmediaciones de la Estación La Aguada. “Allí se instaló el restaurante que brindaba la comida a todos los obreros del Consorcio de Altura y Doppelmayr. Para manejar los efluentes de aguas grises y negras se instaló una planta de tratamiento que funcionó muy mal durante casi dos años, generando un gran impacto sobre un área de dos hectáreas”.

 

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Efectos de las aguas servidas sobre la vegetación: “Mataba lo que tocaba”

“La imagen con la manguera muestra lo que los vertidos de la planta de tratamiento le hacían a la vegetación, en clara demostración de que esta no depuraba las aguas negras. Mataba lo que tocaba. Fue en el tercer año cuando hicieron 4 pozos sépticos en serie y redirigieron hacia ellos las aguas servidas, en una zona donde hay varios manantiales que tributan aguas abajo en dirección a la quebrada La Fría”, explica el experto.

Posteriormente se adquirió una nueva planta de tratamiento que se apoyó en los mismos pozos sépticos para verter los efluentes, supuestamente ya tratados. Sin embargo, el ambientalista apunta que “no valoraron que estos ya habían saturado el subsuelo y la absorción sería muy lenta, ya que los suelos de páramo son muy densos para que el agua de lluvia se retenga y baje lentamente, nutriendo a las selvas nubladas durante el verano y alimentando con regularidad las nacientes de agua que emanan de los páramos. Inparques, ciertamente, protestó a nivel de funcionarios locales, pero nada se solventó en su momento y todo aguardó a la instalación de las nuevas plantas de tratamiento que presentan fallas en todas las estaciones y no aguantarían una inspección ni una auditoría ambiental”.

Legalizando lo ilegal

 El abogado ambientalista Lucas Riestra explica que “las leyes y la Constitución no hacen excepciones; las leyes son iguales para todos, indistintamente de si es el Estado el que ejecuta la obra. No tiene ningún sentido otorgar un permiso cuatro años tarde cuando el mal ya está hecho; con ese acto administrativo buscaron legalizar lo ilegal ya que la obra no había cumplido con los trámites; si el EIA no estaba aprobado no le podían haber dado la Autorización para la Ocupación del Territorio; tampoco podían otorgarle la Afectación de los Recursos Naturales, mucho menos conceder ambos permisos en un mismo acto y tratar de legalizar las dos faltas como quien mata dos pájaros con un solo tiro”.

La Ley Penal del Ambiente, vigente desde 2012, detalla cuáles son las responsabilidades que enfrentan las personas naturales y jurídicas que cometan delitos ambientales.

 

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Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente, vigente desde 2006, indica en sus artículos 109 y 125 que los actos administrativos contrarios a la ley son nulos y que los funcionarios públicos a cargo del control ambiental que estén involucrados enfrentarán responsabilidades civiles, penales y administrativas por dichos actos.

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“¿Qué queda por hacer? El proceso natural en vista de que se ha cometido un ilícito ambiental que puede rayar en las características de delito, es enviar el expediente a la Fiscalía, eso lo puede hacer desde un particular afectado hasta los miembros de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional”, explica al abogado ambientalista.

De los ilícitos existentes, a los que vienen en camino

A más de seis meses de la inauguración de la obra y a dos de su puesta en marcha, ambientalistas que trabajaron en el proyecto coinciden en que pese al cúmulo de irregularidades ambientales identificadas, las mismas no constituyen un caso de catástrofe ambiental. No obstante, confirman que los técnicos ambientales no han podido acceder al terreno para levantar los informes finales que den cuenta de las “no conformidades”, es decir, elaborar un listado detallado con todas las violaciones ambientales y las medidas mitigantes que no se implementaron.

Otro de los técnicos ambientales que trabajó en la remodelación agrega que  “lo más nocivo es lo que no se hizo, las medidas que no se tomaron. Había un conjunto de medidas mitigantes y compensatorias que no se cumplieron: donde había que sembrar vegetación, la maleza creció y lo tapó todo; en los paisajismos sembraron un tipo de grama que no tiene vinculación con la vegetación específica de la zona y en áreas boscosas talaron árboles ilegalmente; la chatarra que había que recoger quedó escondida dentro del monte y eso generará daños a largo plazo; toda esa basura que quedó por la zona y que la vegetación cubrió aún se puede recoger pero no lo han hecho; la situación del impacto vial en los alrededores de la estación Barinitas es grave y no han implementado las medidas que propusieron en el EIA. Casi todas las medidas para mitigar o corregir los impactos ambientales implicaban la paralización de la obra, por eso muy pocas se aplicaron”.

 

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Nieve cubre desechos tras remodelación del teleférico de Mérida

Las denuncias sobre los ilícitos ambientales no son nuevas. El grupo ecologista Ecotatuy, con base en Mérida, ha realizado un seguimiento sistemático al avance de la obra y ha denunciado en su portal numerosas irregularidades cometidas durante la remodelación.

 

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Imágenes recopiladas por el grupo Ecotatuy

Y los ilícitos siguen. Un oficio que suscribe la Dirección General Sectorial de Parques Nacional, a cargo de la funcionaria Elitany Raga, enviado al presidente de Ventel el 10 de agosto de 2016, da cuenta de un total de 21 adecuaciones y ampliaciones de la oferta turística que se ofrece en Mukumbarí, y de la “incorporación de nuevos emprendimientos” que está impulsando Ventel. El documento confirma que ya hay “compromisos suscritos en diversas mesas técnicas sostenidas entre ambas instituciones” para llevar a cabo las propuestas, alguna de las cuales violan las normativas ambientales existentes.

 

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Un experto ambiental que analizó el documento dijo: “¿Cómo es posible que Inparques llegue a acuerdos sobre actividades ilegales; hasta dónde puede llegar la impunidad y el desprecio por las normas?”. El ambientalista se refiere específicamente a propuestas como la “1c” para crear una ruta de bicicletas hacia el bosque de Los Coloraditos y La Pueblita, punto en el que Inparques nota: “Se requiere el aval de la comunidad”.  

“En el primer caso se trata de un camino de recuas o de herradura que comunica con la población de Los Nevados; en el segundo, desde hace muchos años solo se usa con fines de excursionismo y uso peatonal. Ninguno tiene características de caminos carreteros por lo que autorizar esas rutas entrarían en contradicción con el artículo 46, numeral 5, del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada”.

Dicha norma regula específicamente el uso de bicicletas: “a) El uso de las bicicletas estará restringido a los caminos carreteros, exclusivamente”. En el caso del camino que va desde la estación Loma Redonda a La Pueblita, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso establece en el artículo 39, que “solo se permite el paso sin posibilidades de acampamiento por estar parcialmente dentro de la Zona de Protección Integral”, que es la categoría de zonificación más restrictiva.

Respecto al hecho de querer incorporar a la comunidad en la aprobación de una actividad ilegal, el ambientalista se pregunta: “Ante un posible procedimiento sancionatorio,  ¿buscan blindar con un manto de interés social y de desarrollo comunitario lo que saben que está en contravención a las normas?; ¿están haciendo cómplice a la comunidad?”.

El abogado ambientalista Lucas Riestra, quien además se desempeña como profesor universitario, no puede evitar contrastar la actuación actual de las autoridades ambientales con el desempeño que solían demostrar los funcionarios del Ministerio del Ambiente e Inparques: “No eran perfectos, de acuerdo, pero eran mucho más exigentes y preparados; claro que se cometieron irregularidades pero también es cierto que los funcionarios eran más celosos en el cumplimiento de su deber; la prioridad no estaba en la obra sino en cumplir con el deber como funcionario y no otorgar autorizaciones que no cumplieran con los requisitos”.  

“Este y muchos otros casos demuestran que no solo se permitió la degradación del ambiente sino que se horadó el respeto a la ley, y eso que la mayoría de las leyes ambientales vigentes fueron creadas en este régimen. Queda claro que la norma está bien hasta el punto en que obstaculiza los planes del Estado; el objetivo era remodelar el teleférico e hicieron lo que hizo falta a nivel administrativo para lograrlo”, concluye el abogado.

Al final del post mortem, solo queda una pregunta por responder: ¿Cubrirá el manto de la impunidad los ilícitos ambientales cometidos en la remodelación del Teleférico de Mérida, tal y como la maleza cubrió los desechos que dejaron desperdigados?

 

 

*

 

Provea, en su informe 2015 sobre el Derecho a un Ambiente Sano (avalado en el artículo 127 de la Constitución), permite constatar que el caso del teleférico de Mérida no es una excepción. “El decaimiento absoluto de la gestión ambiental caracterizó 2015, evidenciando una gestión con poca sensibilidad por la protección del medio ambiente (…); se han promovido distintos proyectos de infraestructura u obras civiles tales como ampliaciones de tramos de autopistas, teleféricos, parques temáticos, que aún no se esclarecen sus propósitos; para citar algunos ejemplos: el Parque Chávez, el puente entre La Carlota y el Parque del Este, en Caracas, entre otros, sin los debidos estudios de impacto”, dice la ONG. El informe de Provea evalúa la construcción del Teleférico de Macuto cuya ejecución está a cargo de la señalada empresa austríaca y parece adolecer de los mismos males que signaron la remodelación del teleférico de Mérida: “Importantes impactos ambientales se producen en el proceso de construcción del teleférico Macuto dentro del Parque Nacional Waraira Repano. Se viene ejecutando sin Autorización de Afectación de Recursos Naturales, sin Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado y sin supervisión de los funcionarios de Inparques, a quienes sus jefes no les permiten hacer presencia. La obra que debe ser sometida a investigación penal ambiental está bajo responsabilidad del Ministerio de Turismo (Mintur), institución que contrató a la empresa europea Doppelmayr (…). Hasta la fecha el impacto, sin que se tengan las autorizaciones, incluye incendios forestales, tala de árboles y modificación de la topografía con maquinarias, generación de altos volúmenes de material y sedimentación en las cuencas de cursos de agua que drenan hacia la costa del estado Vargas, como el río San José”.

 

(*) Para la realización de este reportaje, Runrun.es solicitó por escrito entrevistas al ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva; a la actual presidenta de Inparques, Angélica Romero; y su predecesora en el cargo y actual viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, María Isabella Godoy. Al momento de la publicación de este reportaje ninguno de los funcionarios había respondido.

Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del Teleférico de Mérida
Un informe de la Contraloría General de la República sobre la remodelación del Sistema Teleférico Mukumbarí revela una serie de irregularidades en la obra: presunta duplicación de pagos, “pagos en exceso”, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción
La totalidad de la obra estaba cubierta en 2 contratos suscritos entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Venezolana de Teleférico, C.A. con la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH. No obstante, se firmaron 12 contratos adicionales por conceptos similares lo que abultó 85 % los costos
A seis años del inicio de la obra, el informe preliminar concluye que las debilidades en el mecanismo de control administrativo del proyecto trajeron como consecuencia el “menoscabo del patrimonio público”

 

@GitiW

EN MUJUMBARÍ -VOZ INDÍGENA QUE SIGNIFICA allá donde duerme el sol-, la Contraloría General de la República no pegó un ojo. Eso lo refleja el informe preliminar que este organismo le entregó a Venezolana de Teleférico, C.A. (Ventel, C.A.) en julio de 2016, tras la realización de una auditoría en la que evaluó las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de las obras de remodelación del teleférico de Mérida, entre el 1ero de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.

Los hallazgos de la CGR se conocen casi seis años después de iniciadas las obras de remodelación del teleférico más largo, alto y moderno del mundo. De acuerdo con el documento, las cinco principales irregularidades identificadas tras la revisión de 14 contratos son la falta de soportes en los contratos, presunta duplicación de pagos, pago en exceso, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de las obras.

El informe preliminar de 24 páginas fue entregado en el despacho del presidente de Ventel, C.A., el general de división José Gregorio Rojas, un mes antes de la inauguración mediática del Sistema Teleférico Mukumbarí realizada el 29 de abril, fecha en la que se anunció la culminación de las obras más no se abrieron las instalaciones que aún están en fase precomercial.

 

 

Runrun.es tuvo acceso exclusivo al informe preliminar cuya realización estuvo a cargo de la Dirección de Control del Sector Industrial, Producción y Comercio, dependencia de la CGR que tomó una muestra selectiva de 14 contrataciones suscritas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (en ese momento a cargo de Alejandro Antonio Fleming Cabrera), Ventel, C.A. -empresa creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado-, y otras empresas en las áreas de: componentes electromecánicos de la obra; componente de obra civil; servicio de asesoramiento; inspección y mantenimiento.

La Contraloría revisó no solamente aspectos administrativos sino que además realizó inspecciones in situ para verificar el estado de los bienes recibidos y el avance de las obras, después de todo, el propósito del proyecto era lograr que el teleférico de Mérida fuera el más moderno, seguro y confiable del mundo, en otras palabras, “una vitrina de promoción turística internacional (…), un ascensor de lujo que diera entrada a las más bellas montañas venezolanas”, según declara el documento.

¿Qué revisó y qué omitió la Contraloría General de la República?

El ente responsable de velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público aclara que no evaluó el proceso de selección y contratación de las empresas para la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, toda vez que las obras relativas a este proyecto se encuentran enmarcadas en el cumplimiento del Convenio de Cooperación Económica, Comercial, Industrial y de Tecnología entre Venezuela y Austria.

Dicho acuerdo binacional fue suscrito entre ambos países el 15 de diciembre de 2006 y se publicó en la Gaceta Oficial N. 38.637. Sobre esa base, la empresa de origen austríaco, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, ha desarrollado varios proyectos en Venezuela como el Cabletren Bolivariano de Petare; el Metrocable de San Agustín y de Mariche; el Trolcable de Mérida, y actualmente trabaja en el Teleférico de Macuto. La remodelación del teleférico de Mérida, que comenzó en 2010, también se enmarca dentro de este acuerdo binacional.

La CGR detalla que el financiamiento para la ejecución del proyecto provino de dos vías: el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), entes adscritos al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Entre ambos organismos la cantidad aprobada fue de €99.036.160,00 equivalente a 3.259.073.832,70 Bs. El documento también describe las cinco irregularidades identificadas en la realización de la obra.

 

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1. Falta de soportes

De la muestra de 14 contratos analizados por la CGR, en 5 casos “se evidenció que se hace referencia a anexos y soportes (acuerdos en mesa de trabajo, minutas, presupuestos, acuerdos, ofertas técnicas y de servicio, entre otros) que forman parte integrante e inseparable de los contratos. No obstante, estos contratos no contenían tales soportes”, cita el informe preliminar.

En el documento se explica que “estas omisiones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno”, según las cuales todas las transacciones, operaciones presupuestarias y administrativas deben estar respaldadas con suficiente documentación, como mínimo, se requiere que los contratos para la ejecución de obras tengan los planos, normas de construcción, memoria descriptiva, lista de equipos y presupuesto original de la obra.

Con respecto a este punto, la Contraloría concluye que “debilidades en los mecanismos de control interno” adoptados por los encargados del área administrativa, quienes debían verificar la existencia de documentos esenciales para la conformación completa de los compromisos, limitaron la adecuada conformación de los expedientes de cada compromiso adquirido.   

2. Presunta duplicación de pagos

La CGR destaca que la contratista, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, estaba obligada con Mintur y Ventel C.A. mediante la firma de 2 contratos a pagar todos los materiales, útiles de trabajo, equipos de transporte, fuerza eléctrica, neumáticos; planos finales; hospedaje del personal y las pruebas de buen funcionamiento. El primero de esos contratos data del 26 abril de 2010 y cubre el suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para la recuperación y modernización de cuatro teleféricos en serie; así como la construcción y adecuación de las obras civiles para modernizar las cinco estaciones: Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo.

El segundo, del 25 de marzo de 2011, se denomina “Contrato IPC Suma Global” y cubre la ingeniería, procura y construcción de las obras civiles. Ambos contratos suman 900.282.363,20 Bs -equivalente a €167.857.025,10 al cambio de entonces (6,02 Bs/€)-. La CGR constató que entre ambos se cubría la realización de la obra en su totalidad, sin embargo, se suscribieron 12 contratos adicionales por conceptos similares -en un párrafo dice que se trata de los mismos compromisos y obligaciones-, contemplados en los dos contratos descritos. 

 

Contraer esos 12 compromisos adicionales para proveer bienes y servicios que ya estaban contemplados en los contratos con Doppelmayr de 2010 y 2011 elevó los costos de la obra 85,8 %. La CGR sostiene en el informe preliminar que esta situación obedeció a “una inobservancia parcial de las obligaciones contractuales originalmente contraídas, así como a las debilidades en el control y seguimiento oportuno por parte de la unidad usuaria de Ventel, C.A. como dependencia encargada de la administración de los dos (2) contratos iniciales”. 

Abogados expertos en el área administrativa que pudieron revisar el documento de la CGR, explican que “las contrataciones públicas se rigen por un marco legal muy detallado justamente porque involucran el dinero del pueblo. El rol de la Contraloría es verificar que se hayan cumplido todas las normas que dispone la Ley de Contrataciones Públicas. En este caso, el informe enfatiza que hay daño al patrimonio público porque se pagó dos veces por un mismo bien o servicio”. Y en algunos casos, hasta tres veces. Pese a que los dos contratos firmados entre Mintur, Ventel y Doppelmayr incluían los costos de la ingeniería, procura y construcción de la obra; Ventel contrató en 2011 a Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción S.A. para un “servicio integral de consultoría durante la ejecución del proyecto” que incluía la ingeniería conceptual, básica y de detalle.

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Adicionalmente, en 2014 Ventel contrató directamente a Pentech Ingenieros 05, C.A. -empresa multinacional dedicada a proyectos de ingeniería, procura y construcción basada en Madrid y con presencia en siete países-, para realizar el “soporte técnico de forma integral en la gestión de la gerencia del proyecto (…)”.

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No obstante, registros en la página web de Pentech Ingenieros 05, C.A. dan cuenta de que la empresa ya venía trabajando en las obras del teleférico de Mérida desde 2011. Su cliente, en ese entonces, era PDVSA Ingeniería y Construcción S.A.

 

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Fuentes cercanas a la obra aseguran que la presencia de PDVSA Ingeniería y Construcción S.A. en el proyecto fue mínima y que el personal asignado carecía de la capacidad y experiencia requeridos para la dificultad del proyecto, razón por la cual tanto ellos como Ventel, C.A. contrataron a Pentech Ingenieros 05, C.A., cuyo personal en Venezuela cuenta con amplia experiencia en obras de gran envergadura.

De cuando llovieron piedras (y euros) sobre Mérida

Andinistas que desde hace años fungen como guías turísticos en la zona aún recuerdan la época en la que llovieron piedras sobre sus cabezas. No provenían de ningún deslave sino de la carga -arena, cemento u otros materiales-, transportados por un helicóptero suizo mandado a traer especialmente desde el viejo continente para llevar materiales a la obra en construcción.

El Super Puma de la empresa Heliswiss, valorado en €15 millones, no solo sorprendió a los lugareños por lo inusual y riesgoso de ver sobrevolar un helicóptero de carga sobre sus cabezas, sino que también llamó la atención de la Contraloría que halló un pago por €11.180.000 por el alquiler de la aeronave, es decir, el Estado pagó por el servicio de alquiler 74,5 % del valor del helicóptero nuevo. Además, la contratación del helicóptero de carga se hizo en base a un estimado de 5.000 toneladas de materiales, sin embargo, el informe de la CGR señala que al final solo transportó 2.735,58 toneladas. Adicionalmente, la auditoría recoge que la contratista estaba autorizada para utilizar gratuitamente el teleférico de carga existente para transportar los materiales.

 

heliswiss Video y captura tomados de la página del puerto de Rotterdam que reseña el transporte del helicóptero

Entonces, ¿por qué se alquiló un helicóptero si había un teleférico de carga disponible? Fuentes cercanas a la obra señalan que la contratista argumentó que el uso del helicóptero agilizaría el traslado de los materiales, sin embargo, la aeronave estuvo inactiva durante varios meses ya que los materiales que debía transportar no estaban disponibles. En la auditoría de la CGR se destaca que Doppelmayr estaba obligada a garantizar el transporte de los equipos al lugar de su instalación y debía asumir cualquier costo adicional que requiriese para tal fin, de manera que, aun en el caso de haber requerido el helicóptero, el costo debía cubrirlo la contratista austríaca encargada de la obra y no el Estado. En ese apartado, la CGR concluye que el uso de la aeronave obedeció a “fallas en los mecanismos de planificación y coordinación en la ejecución de los trabajos aplicados por las autoridades competentes de Ventel C.A. conjuntamente con la empresa Doppelmayr Seilbahnen GMBH”.

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Frente a los indicios de duplicación de pagos, la CGR dice: “Lo descrito anteriormente trae como consecuencia el menoscabo del patrimonio público del ente y por consiguiente de la República (…)”. Más adelante agrega: “Se comprometió desde el punto de vista financiero los recursos presupuestarios sobre obligaciones que estaban suscritas con anterioridad, lo cual menoscaba los principios de economía y uniformidad que deben regir en la Administración Pública”.

3. Pago en exceso

La historia del alquiler del helicóptero no terminó allí. El apartado 3404 del informe preliminar da cuenta de que el entonces presidente de Ventel C.A., José Gregorio Martínez Dávalos, le solicitó al presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) el pago de una factura para cubrir el anticipo de 20% del contrato CJ-044-13 -alquiler de la aeronave-, por un monto de €2.236.000. Sin embargo, “se constató que el Fonden, S.A. efectuó el desembolso por un monto de €2.497.996,56”, es decir, €261.996,56 más de lo solicitado por Ventel, “según consta en la instrucción de desembolso N. DPE-05103-2013 de fecha 03-12-2013”. Para ese entonces Simón Alejandro Zerpa Delgado fungía como secretario ejecutivo del Fonden y cumplía las funciones de Temir Porras, quien había sido removido de la presidencia.

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La Contraloría concluye que “esta situación obedece a fallas de control interno por parte de los entes encargados de llevar a cabo la supervisión y seguimiento del proyecto en Ventel C.A. así como de los desembolsos emitidos a la contratista por el Fonden, S.A. determinándose un pago en exceso (…); lo que repercute desfavorablemente en la disponibilidad presupuestaria y financiera asignada y aprobada a Ventel, C.A. al realizar pagos que no estaban previstos”. En efecto, la Ley de Contrataciones Públicas de 2008 -vigente durante la firma del contrato-, explica en el artículo 95 las responsabilidades de Ventel C.A. como parte contratante de la obra:   ley-de-contrataciones-publicas-2008-a

4. Incumplimiento de tiempos de entrega

Prometido para 2012, luego para junio de 2014 y finalmente inaugurado -más no abierto al público- en abril de 2016, la auditoría de la CGR no pasó por alto el retraso en la entrega de la obra. “¿Por qué se tardó tanto el proyecto? Una de las razones era financiera: la contratista comenzó los trabajos después de recibir el pago completo del anticipo, proceso que demoró unos siete meses. Otra causa fue jurídica: el cronograma no se cumplía y no había una justificación por parte de la contratista, tampoco había sanción porque el contrato original no incluyó una cláusula que penalizara los retrasos; esa previsión se incluyó en un addendum cuando faltaba menos del 10 % de ejecución”, refieren fuentes que participaron en la obra. Esta omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente en 2008, el cual estipula que las prórrogas deben estar plenamente justificadas:   ley-de-contrataciones-publicas-2008-b Sobre el retraso, la Contraloría dice que “la empresa contratista no cumplió con los tiempos previstos en los cronogramas de ejecución referidos a las estaciones: La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo, establecido en el Addendum N. 4 de fecha 30 de marzo de 2015 del contrato signado con el N. CJ-099-11 de fecha 27 de marzo de 2011”. “No se tomaron las previsiones necesarias para incluir en la planificación de la ejecución de la obra, todas aquellas circunstancias que inciden directamente en el cumplimiento efectivo del tiempo establecido para su culminación, tales como: la garantía en la procura de los materiales, contratación de personal suficiente para la ejecución de los trabajos y entrega definitiva de la ingeniería de detalle; lo que trae como consecuencia que la comunidad merideña y el pueblo venezolano en general no disfruten de los beneficios que genera una obra de esta magnitud”, dice la CGR.

A cinco meses de la inauguración mediática del teleférico de Mérida, el pueblo venezolano en general todavía no ha tenido acceso a las instalaciones. Sin embargo, unos pocos afortunados sí han logrado disfrutar el ascenso a las bellas montañas e incluso han cumplido el sueño de realizar su propuesta de matrimonio en la Laguna de los Espejos gracias a sus conexiones con el poder chavista. Eso deja entrever el agradecimiento que el manager del grupo Los Cadillacs y del cantante Omar Acedo, Ronald Magallanes, hace en su cuenta de Instagram.

 

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¿Qué ha retrasado el pleno funcionamiento del Sistema Teleférico Mukumbarí? Personas vinculadas a la obra refieren dos razones: “la primera es que el funcionamiento de todo el sistema requiere de una alimentación estable de energía que actualmente no está garantizada. No se blindó desde el principio el suministro eléctrico y eso limita el funcionamiento de todo el sistema, tanto el de los ascensores como el interno en las estaciones. Si prendes los aires en una estación no hay energía para la calefacción en otra… es así de lamentable”.

La segunda razón obedece a la logística misma del funcionamiento del Sistema Teleférico Mukumbarí. “No se trata de un tema de cuánto van a costar las entradas, la obra nunca estuvo concebida para recuperar la inversión; los recursos vendrían gracias al incremento del turismo en la región. De hecho, con el inicio de las obras la economía merideña repuntó. El problema que tienen es que no hay recursos para sostener una operación que amerita contratar, al menos, a 180 personas para trabajar en las instalaciones. ¿Se volverá al modelo previo de manejo vía concesión privada? Veremos…”, acotan expertos que estuvieron relacionados con el proyecto.  

5. Fallas en la calidad de las obras

Contraviniendo lo establecido en las normas Covenin 1750-87 y 2000-28, las cuales establecen los criterios, requisitos y acciones mínimas que deben considerarse en el proyecto y construcción de edificaciones que se ejecuten en el territorio nacional, la auditoría in situ de la CGR encontró las siguientes fallas en la calidad de la obra:

    • Colocación de láminas tipo Galvalume calibre 24 en un área del techo de la estación Barinitas, pese a que las especificaciones técnicas indicadas en los planos describen láminas Luvitec L-200 de calibre 22.

 

 

 

    • Levantamiento en las zonas de solapes de las láminas, así como ondulaciones, oxidación y corrosión en algunas áreas.

 

 

 

    • Separación de 1,50 metros entre las correas del techo aunque en las especificaciones técnicas se establece una distancia máxima de 1,40 metros.

 

 

 

    • Uso de tornillos en sectores del techo de la estación Barinitas para fijar las láminas.

 

El cambio a un material que es 30% más ligero no solo afectó el cumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas en los planos, cosa que ya es grave, sino que además trajo como consecuencia el deterioro del área. Las láminas especificadas originalmente tenían una vida útil mayor y no ameritaban perforación, pero el cambio requirió el uso de tornillos e implicó la perforación de las mismas produciendo filtraciones y oxidación. De esa situación surgen dos preguntas: ¿por qué Doppelmayr alteró arbitrariamente lo dispuesto en los planos? y ¿por qué el cliente, Ventel, C.A., no reclamó y exigió el cumplimiento de las especificaciones técnicas? A veces daba la impresión de que el gerente de la obra era empleado de Doppelmayr más que de Ventel”, comentó uno de los trabajadores de la empresa estatal sobre la actitud de su compañero. Pese a que la obra contaba con tres empresas a cargo de la gerencia del proyecto, el informe preliminar de la Contraloría determina que la causa de tales fallas fue la falta de “supervisión y fiscalización efectiva de los trabajos en todas sus fases por parte de Ventel, C.A.”.

La suerte de pertenecer al Consorcio de Altura R.S

remodelacion-del-teleferico-de-merida De izquierda a derecha: personal de PDVSA IC, Doppelmayr Seilbahnen GMBH, Mintur, Ventel, C.A. y Pentech Ingenieros 05, C.A.

Lo que comenzó como un proyecto entre dos partes, a saber Ventel y Doppelmayr, terminó siendo una verdadera madeja que conecta, al menos, a 13 empresas. Cuatro de ellas firmaron contratos directamente con Ventel, C.A., estas son: Doppelmayr Seilbahnen GMBH, Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción C.A., Pentech Ingenieros 05, C.A. y Metallizing C.A., el resto derivan del contrato privado firmado entre F&S Consulting C.A. -delegada de Doppelmayr en Venezuela para la ejecución de las obras-, y el Consorcio de Altura R.S.

 

 

Sobre el Consorcio de Altura R.S. es poco lo que se sabe y de acuerdo con expertos en Administración Pública consultados, esa pudo haber sido la intención al crearlo ya que la figura jurídica del consorcio hace más difícil determinar cuántas y cuáles empresas forman parte del mismo.

“El Consorcio de Altura se creó en 2011 para realizar los trabajos de remodelación de las cinco estaciones; congregó a varias empresas merideñas que a su vez contrataron a empresas más pequeñas para trabajos puntuales. La idea desde el punto de vista administrativo era que el Consorcio presentara una sola factura a F&S Consulting C.A. en lugar de que ésta contratara a cada empresa por separado”, explican fuentes del proyecto.

Registros oficiales públicos permitieron a Runrun.es identificar siete empresas que tuvieron la suerte de ser convocadas a formar parte del Consorcio: Pial, C.A., Capi, C.A., Constructora Biankini, C.A., Briroca Inversiones, C.A., Celectran, C.A., Taller Chama y Mantenimiento Industrial C.A.

Lo de la suerte de integrar el Consorcio de Altura es literal. Al menos así lo demuestra el Tribunal Supremo de Justicia en su expediente Nº 2014-1027 X-2014-000044 en el cual decide sobre la demanda que una de las empresas del Consorcio -CABEZAS PICÓN C.A. (CAPI)- interpuso ante esa instancia contra el acto administrativo N° 0002l del 14 de enero de 2014, dictado por la Dirección General del Servicio Nacional de Contrataciones, organismo que en virtud del artículo 139 de la Ley de Contrataciones Públicas la inhabilitó para contratar con el Estado, pese a que para esa fecha CAPI, C.A. había ganado un sorteo para realizar las obras en la estación Loma Redonda.

 

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Aunque no fue posible determinar si la asignación de cada empresa se realizó mediante el mismo método azaroso, expertos en el área administrativa consultados aseguran que esa práctica vulneró los principios de la Administración Pública que dictan que las obras deben asignarse a las empresas en función de su capacidad y demás requisitos que establece la ley, y no como consecuencia de una lotería.  

Y lo que faltó por auditar

A los hallazgos que presenta la Contraloría General de la República hay que sumarle las denuncias que desde hace años han recogido medios locales y portales digitales sobre el impacto de la obra en la comunidad y en el medio ambiente. Un trabajo de investigación publicado en 2012 en el portal LaClase.Info da cuenta de lo siguiente:

“La reconstrucción del Teleférico ha generado toneladas de escombros. Gran parte del material a instalar está siendo depositado a todo lo largo del sistema, agrediendo el equilibrio ambiental. A través de un recorrido por el área se pueden observar grandes piezas mecánicas que descansan sobre el frágil suelo paramero y su delicado frailejón. En las adyacencias de la estación La Aguada se construyó un campamento para más de 250 trabajadores con el propósito de que éstos pernocten durante toda la semana en el lugar. Esto ha causado una gran afectación en el parque debido en primer lugar a la remoción de la capa vegetal en una extensa área. El propio campamento genera gran cantidad de desechos humanos y de productos químicos de limpieza que el frágil ecosistema deberá soportar. A posteriori, en el lugar se instaló también una planta de tratamiento de aguas, pero esta medida ha resultado insuficiente. Durante un recorrido, el equipo de Laclase.info pudo verificar que las aguas negras del campamento van a parar directamente al parque debido a que el gran volumen de éstas agota la capacidad del artesanal sistema de filtrado recién instalado”.

Lea también: 96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales

El texto refiere que las denuncias fueron llevadas tanto al Ministerio del Ambiente como a Inparques. “El equipo de Laclase.info (…) obtuvo por respuesta que los funcionarios de estas entidades estatales están obligados a callar “por tratarse de una obra que rendirá frutos políticos” con miras a las elecciones presidenciales de octubre, aunque lesione gravemente el ambiente. “Órdenes de Caracas”, es una de las frases más escuchadas en los diálogos entablados con estos funcionarios”.

Andinistas consultados por Runrun.es coinciden en que la obra traerá muchos beneficios a nivel de turismo, pero lamentan el impacto ecológico del proyecto: “La gente viene a Mérida por el teleférico y el impacto económico va a ser positivo. Comunidades adyacentes, como es el caso de Los Nevados, se beneficiaron pues se hizo un remozamiento de plazas y carreteras que le dan acceso, ahora, a nivel ambiental hay mucho que analizar porque las empresas no recogieron muchos desperdicios. En mis recorridos he visto baterías en pleno camino entre La Aguada y Loma Redonda… o se les cayeron o las dejaron botadas… supongo que esperan que la naturaleza las cubra”.

En Mukumbarí dormirá el sol, pero quienes diariamente recorren la zona y quienes conocen las normas y buenas prácticas de la Administración Pública parecen estar bien espabilados.

 

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El presidente de Ventel, C.A. -José Gregorio Rojas Sarubbi-, tenía 10 días para responder al informe preliminar de la Contraloría. Runrun.es solicitó, personalmente y por escrito, entrevistas con Rojas Sarubbi y con el gerente del Sistema Teleférico Mukumbarí,  José Gregorio Martínez, para conocer su versión sobre los hallazgos de la auditoría. Al cierre de este trabajo, no se había recibido respuesta del presidente de Ventel. A través de un contacto telefónico, Martínez manifestó su disposición a declarar si obtenía la autorización de su superior en la empresa estatal. 

Igualmente se solicitó una entrevista con el representante de F&S Consulting, C.A. -delegada de Doppelmayr Seilbahnen GMBH en Venezuela-, Juan Manuel Fayen, para conocer la posición de la contratista; tampoco respondió.

 

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Runrun.es acudió a la Contraloría General de la República y pudo conocer que tanto el Director General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, Wolfgang Líaz; como el Director de Control del Sector Industrial, Producción y Comercio, José Gregorio Hernández –ambos gerentes jefes del departamento que realizó la auditoría– no se encontraban en sus cargos desde principios de agosto de 2016. Fuentes extraoficiales apuntan que el primero habría renunciado y el segundo salió por jubilación.

 

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Las 10 noticias más importantes a esta hora de la tarde

FirmasRevocatorio

 

Cabello: No habrá diálogo porque no se realizará el revocatorio

El primer vicepresidente del Partido Socialismo Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró que no habrá diálogo porque “no hay manera de que haya referendo revocatorio ni este año, ni en el 2017”.

 

“No aceptaremos chantaje, si ustedes dicen que no habrá diálogo sin revocatorio, pues no habrá ni lo uno, ni lo otro”

El diputado encabeza este martes una movilización en apoyo a la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro en el estado Trujillo.

 

En este sentido, aseveró que desde la Asamblea Nacional los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conspiran para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia.

 

“Atacan a nuestro pueblo porque hace 117 años decidió ser libre, soberano e independiente, si fuésemos sumisos al imperio no nos atacarían, pero no llegamos aquí a rendirle pleitesía al imperio (…) nosotros no nos quedamos en nuestras casas salimos a defender nuestra patria”.

Cabello, instó a sus seguidores a seguir los consejos del fallecido presidente Hugo Chávez. “No se rindan, vamos a la batalla a defender la revolución”.

 

“Si quieren calle, vayan a la calle, para que nos consigan (…) Si cometen la locura que alugnos van a tomar las armas contra la República, tengan la certeza que también tomaremos las armas, no nos dejaremos”, concluyó.  (Globovisión)

 

Álvarez: En Venezuela hace falta un proceso de convivencia de poderes

Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Venezuela en dicho organismo, Bernardo Álvarez, indicó este martes que en el país “el dialogo es la única solución posible para atender los problemas (…) Los actores tiene que hacer que ese diálogo sea posible”.

Criticó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “no impulse la idea del diálogo y se haya aliado a sectores muy radicales de la oposición venezolana que están en contra del diálogo. Es una irresponsabilidad política”.

 

“El señor Almagro tiene una histeria en el tratamiento del caso de Venezuela”, opinó Álvarez en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión. “La Carta Democrática no está activada como él lo dice. En el Consejo Permanente de la OEA se presentó el informe de Almagro sobre Venezuela, donde solo se escuchó y se tomó nota. No se concluyó nada”, agregó.

 

Asimismo, aseguró que la OEA ha tenido una participación como corresponde en apoyar un diálogo en Venezuela. “Hay que darle tiempo al diálogo para que comience”. (El Universal)

 

Borges: Invitación formal al Vaticano debe hacerla el Gobierno

El jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvo que efectivamente el Vaticano no ha sido invitado formalmente como mediador de un posible diálogo y señaló que la convocatoria debe hacerla el Gobierno Nacional.

 

Entrevistado en el Parlamento, antes de comenzar la sesión de este martes, el dirigente de Primero Justicia señaló que han conversado con los expresidentes José Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, así como con Ernesto Samper sobre la inclusión del Vaticano en el proceso de conversación entre el Gobierno y la oposición.

 

Borges también indicó que el diálogo debe darse en el marco de la Constitución. A su juicio, éste es necesario, pero con respeto a las leyes y a los demás.

 

Amazonas y marchas. Por otra parte, Borges informo que este jueves 28 de julio se reincorporarán los diputados del estado Amazonas a la Asamblea Nacional.

 

La cuenta oficial en Twitter de la AN difundió la información. “La decisión tomada es que el jueves se incorporen los diputados de Amazonas”, destacó Borges. (Últimas Noticias)

 

Vicepresidente Istúriz anunció otro posible aumento de sueldo

El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró este martes que el Ejecutivo nacional podría anunciar un nuevo incremento de salario adicional a los dos que ya se han decretado este año.

 

“Tenemos que ir actualizando el salario y ajustándolo en la medida en que vayamos siendo golpeados por la inflación (…) Hemos tenido dos aumentos de salario en el año, y nadie se sorprenda si viene otro, podría ocurrir. Podría venir lo que significa el bono alimentario, dos veces el bono alimentario se ha aumentado y el salario. Desde el punto de vista tributario se exceptuó al que gana hasta 50 mil bolívares, eso dejó que nos ingresaran más de 37 mil millones de bolívares, pero ahí estamos”, recalcó.

 

Durante el consejo de economía que se realiza cada martes, Istúriz insistió en que debe mantenerse una dualidad cambiaria, y descartó la unificación por el momento.

 

“El nuevo régimen cambiario ha sido muy discutido, porque hay gente que cree que debemos tener un solo cambio, nosotros sostenemos que tenemos que tener, por ahora, un dólar protegido para abordar el problema de la alimentación y el problema de los medicamentos, y tener un dólar flotante. Claro, lo que nos ha dificultado más es la falta de divisas, porque si nosotros incluyéramos al mercado unas cuantas divisas, por supuesto que estaríamos en mejores condiciones de golpear al dólar paralelo, esa es la verdad, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, no con lo que deseamos”, subrayó. (El Mundo)

 

Arriban al país 530 toneladas de alimento para camarones

Este martes llegaron al Puerto de Maracaibo 530 toneladas de alimento balanceado para camarones. El ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario junto al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hicieron el anuncio a través de un pase por Venezolana de Televisión.

 

“Todos los sacos de alimento contienen 25 kilos cada uno”, apuntó el ministro de Pesca y Acuicultura, al tiempo que señaló que este arribo de alimentos para camarones se da “en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano”.

 

Belisario mencionó que se está reimpulsando la capacidad camaronera para que “Venezuela vuelva a entrar en los mercados asiáticos, europeos y de todo el mundo”, para obtener un importante ingreso de divisas.

 

Por su parte, Arias Cárdenas explicó que el Puerto se está reactivando. “Tenemos esta buena noticia, esta alianza con el sector productivo, para exportar y traer divisas al Zulia”, aseguró. De igual forma, indicó que estos son logros gracias al convenio de las empresas privadas junto al gobierno nacional.  (El Mundo)

 

Mintur autoriza a prestadores de servicios turísticos el cobro en dólares

El Ministerio para el Turismo ya hizo oficiales las normas que los prestadores de servicios turísticos deberán seguir para esta temporada vacacional, bajo  la resolución 019 en la Gaceta Oficial publicada el  22 de julio de 2016, en la que se les permitirá cobrar en dólares a los turistas extranjeros.

 

El reglamento establece el trámite y los deberes que tendrán que cumplir los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, agencias de viajes  y transporte turístico.

 

El documento también reza que los prestadores deben tener actualizado su Registro Turístico Nacional, licencia de Turismo vigente o credencial provisional, para poder ejercer su actividad de forma legal e igualmente estar solvente con la contribución de pago Especial de Turismo.

 

Por otro lado, se hace oficial la creación de el “Patrón Nacional de Prestadores Turísticos para realizar operaciones en divisas”, que incluye los siguientes operadores:

 

 

Prestadores de servicios de alojamiento de mínimo 4 estrellas.

Prestadores de servicios de alojamiento que estén ubicados en sitios de interés turísticos debidamente declaradas.

Prestadores de servicios de alojamiento, independientemente de su categorización y ubicación.

Prestadores de servicios de transporte turístico.

Red de hoteles Venetur

Agencias de viajes y turismos que facturen y cobren en divisas a turistas receptivos.  (El Nacional)

 

Exigieron distribución de alimentos en Monagas

Habitantes del sector Simón Bolívar, ubicado en la parroquia San Vicente de Maturín, cerraron la vía ayer lunes para exigir suministro de alimentos.

 

Alberto Véliz, uno de los más de doscientos residentes del lugar, explicó que los vecinos tomaron la medida por cuanto se ven afectados por la situación que cada día se agudiza más. “Decidimos tomar las calles porque es la única forma que nos tomen en cuenta. Llevamos tres meses esperando el Clap y no podemos seguir así. Nuestros niños se están desnutriendo”, expresó.

 

Señalaron que la bolsa de los Clap, la están esperando desde hace tres meses, beneficio que lamentablemente no les ha llegado. Además, señalaron que cuando por casualidad consiguen alguno de los rubros que están desaparecidos, se encuentran extremadamente costosos, inalcanzables para sus bolsillos.

 

La Guardia Nacional y la Policía del estado Monagas intentaron mediar con los protestantes que trancaron la vía a las 6:00 de la mañana, sin embargo, hasta después de las diez de la mañana, todavía se negaban a remover los palos, cauchos y otros objetos que fueron colocados  para impedir el paso de los vehículos.  “La escasez nos tiene asfixiados”, agregó Héctor Brito. (El Universal)

 

Presentada en la Corte Penal Internacional la sistematización de la tortura en Venezuela

La Directora Ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció en la Corte Penal Internacional la sistematización de las Torturas en Venezuela de los ultimos 14 años.

 

La intención fue demostrar que la Tortura, así como los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes son y han sido, política de Estado, para intimidar y para castigar a opositores y manifestantes en general, para obtener confesión e incriminar a personas, partidos políticos y líderes de la sociedad civil o realizarlas como castigos ejemplarizantes que sirven para reprimir la acción de los ciudadanos.

 

Los Organismos de Seguridad han, no solo sistematizado las Torturas y Tratos Crueles sino que las han sofisticado para supuestamente y según los mismos funcionarios que la practican “no dejar huellas”. Los métodos que todos han copiado son por ejemplo golpes y puntapies en todo el cuerpo, uso de schok eléctricos, asfixia con bolsas plásticas que incluso están impregnadas de gases tóxicos, torturas sexuales como desnudamientos, intentos de violación, amenazas de violación, amenazas de muerte, posiciones inhumanas por largos periodos de tiempo, aislamiento, disparos a quema ropa con perdigones para causar más daño fisico a la victima entre otras.

 

El Sebin, el CICPC, la DGCIM, la PNB y la FANB (GN y Ejército) tienen el mayor numero de casos. Luego están algunas policías regionales y custodios de las cárceles comunes en los distintos estados del país. (La Patilla)

 

Paraguay no participará en reunión del Mercosur el sábado

Paraguay  endureció este martes su posición contra Venezuela anunciando que no participará el próximo sábado en Montevideo de la reunión Grupo Mercado Común, del Mercosur. El gobierno de Paraguay criticó el hecho de que Uruguay resolvió, aparentemente, entregar la presidencia temporal del bloque aduanero regional, argumentando que Venezuela está sumida en una crisis política, económica y social.

“Queremos que Venezuela encuentre la vía más conveniente para la solución a los problemas internos; no queremos inmiscuirnos, pero sí creemos y estamos convencidos de la existencia de principios y valores democráticos que todos debemos respetar”, dijo el canciller Eladio Loizaga en conferencia de prensa.

Loizaga agregó: “Uruguay debería continuar ejerciendo la presidencia temporal hasta que Venezuela cambie su situación”.

Los miembros plenos del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

(El Nacional)