militarización

 

La ONG Laboratorio de Paz emitió un comunicado en el que alerta sobre las consecuencias Estado de Excepción y de Emergencia Económica, La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) y la resolución donde se establece el “Régimen Laboral Transitorio” al considerar que violan la constitución e imponen una suspensión de las garantías constitucionales para diferentes derechos humanos. Hacen énfasis en varios artículos de la GMAS y la resolución y afirman que estas medidas representan un nuevo paso en la «progresiva militarización» de la sociedad venezolana. Le piden a los poderes públicos y a la sociedad civil en general pronunciarse al respecto.

 

A continuación el comunicado completo:

Para el Laboratorio de Paz las recientes decisiones del Ejecutivo Nacional, la militarización del sector de producción y distribución de alimentos, así como la fuerza laboral del sector público y privado del país, suspende garantías constitucionales para diferentes derechos humanos, en el contexto del Estado de Excepción y Emergencia Económica.

El pasado 11 de julio de 2016, a través de la Gaceta Oficial nro. 40.941, se publicó el Decreto nro. 2.367, mediante el cual el Presidente de la República Nicolás Maduro, en el Marco del decreto 2.323 del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, crea la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS).

En sus considerandos se insiste en la “Guerra Económica” donde la crisis en materia alimentaria y de salud sería producto de las agresiones de actores económicos y políticos adversos al proyecto bolivariano. Apelando a la “seguridad de la nación” y “Desarrollo Integral de la Patria”, se insiste en la lógica “enemigo-amigo” para justificar el traspaso del Sistema Productivo y de Distribución Nacional de alimentos y medicamentos al control absoluto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al “Poder Popular” representado en los Comités Locales de Abastecimientos y Producción Social (CLAP), organizaciones con preocupantes sesgos ideológicos y partidistas, redefiniendo la denominada Unión Cívico Militar.

Esta nueva GMAS no solo abarca al sector alimentación en sus fases de producción y distribución; sino que también afecta al sector farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar. De esta manera se subordina a la supervisión militar las garantías, acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.  

Con base en el artículo 2 la GMAS, bajo la tutela del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, tendrá la función de mejorar la eficiencia del sector intervenido y para ello se transformará el modelo de producción y distribución de todas las áreas comprometidas.

Consideramos importante alertar los riesgos del numeral 3, artículo 2, que establece que la GMAS podrá: “Precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras que vienen ejecutándose contra el sistema agroproductivo nacional e industrial, el de abastecimiento de alimentos, fármacos y productos para la higiene personal y aseo del hogar”.  Es preocupante su carácter amplio, dejando abierta la posibilidad que militares y civiles ejerzan acciones de control, que podrían ir desde un llamado de atención, acciones judiciales, privativas de la libertad o de otra índole incluyendo la fuerza letal, contra cualquier acción que sin reglamento ni protocolo en materia de DDHH pueda ser calificada de “desestabilizadora”.

En su artículo 4, establece que mediante resoluciones el Comando para el Abastecimiento Soberano (CPAS), respecto  a los rubros agroalimentario, de producción y distribución de fármacos, productos de higiene personal y aseo del hogar y los rubros asociados a estos podrá dictar medidas especiales, directrices y regulaciones, siendo la reciente Resolución 9855 la primera de ellas.

Aparecida en Gaceta el pasado viernes 22 de julio se crea un “Régimen Laboral Transitorio” cuya resolución primera establece el carácter “obligatorio y estratégico” para todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas de disponer e insertar trabajadores/as en las diferentes áreas productivas que contribuyan con el reimpulso del sector agroalimentario. La resolución tercera declara que las entidades de trabajo están obligadas a “cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo” y proporcionar los trabajadore/as requeridos a la entidad de trabajo solicitante.

La resolución sexta establece que el trabajador/a no está obligado a prestar servicio en la entidad originaria pero no expresa la no obligatoriedad del trabajador con la requirente. Por tanto es necesario alertar que este carácter obligatorio, mediante el cual un trabajador es trasladado de su lugar del trabajo donde voluntariamente estableció una relación laboral  a otro de manera no voluntaria es contrario al artículo 87 de la Constitución de la República de Venezuela (CRBV) que consagra la “libertad de trabajo” sometida solo a las restricciones que establezca la ley. La libertad de trabajo implica el derecho de toda persona a realizar cualquier actividad socio productiva que sea lícita y  que nadie puede ser forzado u obligado a trabajar en contra de su voluntad. La imposición de relaciones laborales no voluntarias implica una relación forzada de trabajo. La CRBV es clara al establecer en su artículo 89 que toda medida o acto del patrono contrario a la misma es nulo.

La Ley del Estatuto de la Función Pública establece que la comisión de servicio objeto de medidas especiales, sin embargo debe ser concertado entre las partes y para un destino con igual o mayor rango. Siendo una medida “obligatoria” la norma no establece sanciones para las empresas que no colaboren o los trabajadores que se nieguen a ser trasladados, por lo que podrían imponerse de manera arbitraria, violando derechos humanos.  

En conclusión, la resolución 9855, impone una suspensión de garantías en materia laboral contrario a la CRBV y las leyes. Bajo los criterios de guerra,  emergencia económica, seguridad y defensa,  los derechos pasan a un segundo plano.

Por tanto:

– Reiteramos que el decreto 2.323, coloca al margen de la constitución al gobierno nacional y genera una alteración del Estado Democrático y de Derecho perturbando el necesario equilibrio e independencia entre los poderes.

– Alertamos que los Decretos 2.323 y 2.367, así como de la resolución 9855,  son contrarios a la CRBV y representan  un nuevo paso en la progresiva militarización de la sociedad venezolana colocando al Poder Civil bajo el control del Estamento Militar.

– Insistimos que ni siquiera en Estado de Excepción, los derechos fundamentales se derogan y toda facultad “extraordinaria”  no implica su ejercicio de manera absoluta e ilimitada. Deben estar reguladas por la CRBV, la Ley y por los compromisos internacionales en materia de DDHH

– Exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia a declarar la inconstitucionalidad de los Decretos 2.323 y 2.367, así como de la resolución 9855; al Defensor del Pueblo a expresar de manera clara las incompatibilidades en materia de derechos humanos contentivas en los mismo y a todas las organizaciones de sociedad civil, comunidades y pueblos indígenas, a estar alertas y denunciar la conculcación de  derechos fundamentales.

 

Pocas veces se ha visto un caso como la colonización cubana en Venezuela. Una isla paupérrima, que desde tiempos de Fulgencio Batista es el burdel del Caribe –la prostitución se consolidó en la dictadura castrista como sector estratégico de su economía– y en menos de dos décadas, terminó controlando todo el poder político y económico en Venezuela. Ahora que Raúl Castro ha reconocido que su gobierno pasa por “tensiones” y “circunstancias adversas” provocadas, entre otros factores, por la grave crisis de Venezuela, que ha reducido en casi 40% los envíos de petróleo a la isla y por eso merma significativamente el negocio redondo de vender petróleo venezolano en el mercado mundial, como no llega completa la mesada de 100.000 barriles diarios y la revolución chavista-madurista está a punto de quiebre, los proxenetas cubanos tratan de salvar el botín y jugarse el todo por el todo para seguir con la ubre que los ha mantenido durante 17 años. Es tal la desesperación que están pensando en volver a las antiguas andanzas, cuando la búsqueda de divisas la hacían de la manera que fuera, como el tráfico de drogas, justificado como legítimo porque era una actividad contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Así que no debe extrañar que en este mismo momento, para aliviar al pueblo cubano de un nuevo “período especial”, se esté fraguando un proceso de entrega  a la narcoguerrilla de las FARC de las zonas mineras de los estados Bolívar, Amazonas y Apure por el tráfico de drogas, con el visto bueno de Raúl, que sabe mucho de negocios porque es su especialidad.

De cuclillas

Militarizar toda la economía venezolana no es sino la fase final de la colonización cubana. El autogolpe se ha consumado con el nombramiento de un virrey militar que toma el control a través de un parapeto como la Gran Misión Abastecimiento Seguro, presidido por el general en jefe Vladimir Padrino López, cuya difundida imagen de cuclillas ante Fidel Castro –que no se puede borrar por ignominiosa– representa todo el poder cubano aplastando la soberanía nacional. Con el nombramiento del ministro de la Defensa en una especie de primer ministro que no figura en nuestra Constitución, los cubanos dejan claro que no permitirán que continúen feudos dentro del país sin subordinación al régimen de Castro. Mientras tanto, para efectos de la comunidad internacional, Nicolás Maduro seguirá servil dando la cara como presidente civil. La designación de Padrino como “hombre fuerte” significa, además, una baja para los poderosos hermanos Cabello, que acusan la pérdida del control de los bolipuertos y el manejo del Seniat-Simadi. También hay que destacar el flanco abierto por el general mayor Clíver Alcalá, exigiendo la realización del referendo revocatorio, una situación letal para el régimen, aunque cambió de tono una vez que asumió el mando absoluto el general Padrino, a quien reconoce como “la referencia ética más importante que tiene el gobierno”. Ante la inexorable debacle, queda ver lo qué hará el ala civil del chavismo, abrumadoramente corrupta y temerosa, encabezada por Aristóbulo Istúriz, un vicepresidente defenestrado, quien luego del sorpresivo autogolpe sin vaselina abordó el airbus presidencial para ir a un mitin en Margarita y ejercer así el simbolismo de un poder, cuando no se tiene.  Es con esta facción civil del chavismo con quienes unos pocos inescrupulosos carcamanes que hacen vida en la MUD se prestan a dar oxígeno al régimen, promoviendo un diálogo falso a cambio de un pacto de convivencia hasta 2019, pues la inevitable caída del régimen de los Castro en Venezuela les permitirá preparar proyectos políticos propios. ¡No volverán!

@AliasMalula

El Nacional

 

En un informe secreto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) elaborado en el marco del plan “Abastecimiento Soberano”, se cataloga como crítico el nivel de desabastecimiento de bienes y servicios existentes en el país, incluyendo los de primera necesidad, lo cual ha “venido afectando la manera considerable el bienestar y calidad de vida de las familias y hogares de los venezolanos y venezolanas”.

 

 

Por esa razón, y amparándose en el decreto 2.323 que declara el estado de excepción y de emergencia económica, se encomienda al Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (GAES) Portuguesa la “misión” de conducir “operaciones militares conjuntas de control, seguimiento y fiscalización a todo el proceso de transformación agroalimentaria e industrial, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios asociados a la agroindustria”.

 

 

Según indica el informe, a partir del martes 19 de julio de 2016, el GAES Portuguesa “ejercerá el control militar conjunto de los silos, plantas y rutas de distribución, así como contendrá todo tipo de actividad que favorezcan las actividades de contrabando, en la empresa ANCA-SILOS “Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas”.

ANCA es una empresa que se fundó en 1945 y en el 2000 adquirió una planta de recepción y almacenamiento de grano con capacidad para el 25% del maíz que se consume a nivel nacional. Actualmente cuenta con tres plantas destinadas al secado y almacenaje de rubros de girasol, sorgo y maíz (blanco y amarillo).

 

 

La ejecución de la “misión” consta de cinco fases: la primera, llamada “preparatoria”, la cual empezó el lunes 18 de julio con la recepción de la orden de operaciones; la segunda fase, denominada “despliegue inicial lineal”, arrancó el martes 19 de julio y busca el despliegue del equipo que controlará la empresa ANCA; la tercera fase se llama “despliegue radical” y comenzará el 25 de julio con el propósito de continuar el despliegue del equipo que controlará las operaciones; la cuarta fase será de “control, apoyo, seguimiento, fiscalización y contención”; esta fase empezó el lunes 18 de julio y seguirá “hasta nueva orden”.

La quinta y última fase se denomina “redespliegue nacional”, la cual comenzará el lunes 8 de agosto y estará orientada “a la globalidad del proceso de distribución de alimentos a los distintos niveles de comercialización, incluyendo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El documento destaca que la “misión” no sólo abarca la militarización de la empresa, sino el control de las rutas de transporte de carga que entra y sale de ANCA con la finalidad de “romper los patrones o rutinas de inspección que pudieran existir, así como para evitar la familiaridad del personal militar con el personal responsable por la distribución de alimentos”.

 

Expertos nacionales e internacionales debatieron el jueves 14 de julio en el foro “¿Democratización? La Dinámica del Cambio Político en Venezuela”, acerca de la necesidad de buscar acuerdos a través de procesos de negociación para encontrar solución a los problemas del país.

En el evento organizado por el Centro de Estudio Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) participaron tres especialistas internacionales: José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral de México durante la transición mexicana; Sergio Bitar, político e intelectual chileno, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia; y Abraham Lowenthal, primer director general de América del Centro Woodrow Wilson y fundador de Diálogo Interamericano, experto en transiciones democráticas.

Los tres coincidieron en que la principal característica de los procesos de transición de sistemas autoritarios hacia una mayor democracia es la movilización de la sociedad y una dinámica de negociación entre las distintas fuerzas políticas.

Woldenberg afirmó que el estudio de distintas experiencias demuestra que los cambios políticos que dejan atrás sistemas autoritarios “son procesos donde la movilización social y la negociación se conjugaron de manera virtuosa. Las negociaciones entre las fuerzas políticas no hubiesen ocurrido sin las protestas que, a su vez, se caracterizaron por ser pacíficas y dirigidas por una oposición que siempre tuvo como norte impulsar reformas para garantizar pluralidad política y participación”.

Lowenthal destacó que el estudio de nueve casos de transición en distintos países señala que “se trató de procesos donde fue clave la participación de distintos sectores de sociedad, los sindicatos, la Iglesia y el liderazgo político. En todos hubo el reto de cómo unificar las fuerzas de oposición y marginar a quienes podían descarrilar el proceso y, al mismo tiempo, inducir a las fuerzas del orden autoritario a aceptar los cambios”.

Bitar indicó que “no hay transición sin negociación” y refiriéndose a Venezuela explicó que es vital alcanzar acuerdos que permitan enfrentar la crisis económica que no desaparecería con un simple cambio de gobierno: “Se necesita un piso para que la economía pueda estabilizarse en un contexto donde habría que avanzar hacia una economía post petróleo. Para eso es necesario un diálogo importante”.

Woldenberg plantea que Venezuela es un régimen híbrido que combina una Constitución democrática con prácticas autoritarias y en este sentido “tiene puntos de similitud con regímenes como el mexicano donde fue fundamental plantear la necesidad de la imparcialidad de órganos y procedimientos electorales, condiciones equitativas en cuanto al financiamiento de los partidos políticos y acceso a los medios masivos de comunicación. Además, se evaluó la fórmula de traducción de votos a escaños”.

“Por fortuna en Venezuela no se ha clausurado la vía electoral. Si se tuviera una normativa y una práctica electoral que llenara los requisitos de transparencia, participación, estoy convencido de que el mundo de la representación política sería otro y creo que allí hay una veta a explorar”, dijo Woldenberg.

Los venezolanos frente a la democracia: entre la ilusión y el pragmatismo

El foro también contó con la participación de Daniel Fermín, sociólogo e investigador del Centro de Estudio Políticos de la UCAB, quien indicó que en el momento actual que vive Venezuela es necesario tener en cuenta que “las transiciones no dependen únicamente de acuerdos de élites, aunque estos sean necesarios, la movilización de la sociedad también es importante y la experiencia demuestra que debe tratarse de una movilización no violenta”.

Fermín, quien apuntó que la efectividad de la movilización pacífica de la población es 60% más efectiva que los métodos violentos, confronta el argumento de que no es posible enfrentar un régimen autoritario con métodos democráticos. “Es posible y es más efectivo porque esos cambios tienden a ser duraderos. Cuando los cambios se producen de manera violenta quedan resquemores y lo que se logra en términos de democratización se revierte muy fácilmente”

Juan Manuel Trak, coordinador del Proyecto Integridad Electoral Venezuela del CEP-UCAB, abordó un tema medular: ¿cuán demócratas son los venezolanos? La respuesta partió de una investigación realizada en 2014, que reveló que los venezolanos sentían poco respeto por las instituciones y manifestaban un bajo nivel de tolerancia a las diferencias políticas.

“Para los venezolanos, la democracia es vista como una vía para alcanzar la satisfacción de necesidades materiales; así que cualquier proceso de democratización debe pasar por el fortalecimiento de la efectividad las instituciones”, afirma Trak.

El historiador Ysrrael Camero afirmó que el Gobierno se ha tornado más autoritario “al no contar con el liderazgo carismático de Hugo Chávez, el fracaso socioeconómico, la pérdida del orden público y el derrumbe de la popularidad. Venezuela está en una encrucijada: hay unas fuerzas que promueven a la democratización, pero también hay fuerzas que tienden a la autocratización”.

La historiadora y profesora de la UCV, Margarita López Maya, denominó como “ilusión de la democracia” el período en el cual la renta petrolera permitió complacer a todos los sectores sociales sin necesidad de hacer sacrificios ni establecer consensos reales. Explicó que la crisis actual requiere que los distintos sectores de la sociedad tomen conciencia de que ya no hay renta petrolera para tapar las divergencias y por tanto todos tienen que hacer sacrificios para tener una sociedad más justa y con más libertades.

“Cuando uno está desesperado se aferra a cualquier mesías”, apunta López Maya a propósito de la progresiva militarización de la política nacional. “La democracia tiene su precio: o se compra la democracia o se compra otra cosa. Ya tenemos una experiencia lamentable encima y algo tenemos que aprender de ella; ya tuvimos una crisis similar y salimos buscando un líder carismático; ¿ahora vamos a salir a buscar otro líder igual a ver si nos repite la historia?”.

Ronald Balza, economista, destacó las debilidades que podría enfrentar el país al momento de iniciar una transición que implique cambios en el modelo actual. “Hay grupos vulnerables que dependen del mantenimiento de los controles. Por otro lado habría que plantearse que tras el desmontaje de, por ejemplo, el control de precios, posiblemente la oferta no responda rápidamente por la quiebra de empresas y la falta de inversión que ha habido en los últimos años”.

Entre la audiencia se encontraba el abogado y político Eduardo Fernández. Afirmó que no es posible tener un régimen democrático sin consenso. “Donde no hay diálogo no hay democracia. Aquí hay una creciente militarización y la formación militar es incompatible con la democracia; los militares son formados en el arte de dar y recibir órdenes y la democracia no es eso sino dialogar, promover consensos, entendimientos y tolerancia”.

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, s.j. José Virtuoso, explicó que este tipo de encuentros impulsan la búsqueda de fórmulas para “institucionalizar nuestra democracia, crear canales efectivos para la participación a través de reformas electorales, compaginar la democratización con la inclusión y devolver a los civiles a un papel preponderante en la sociedad”.

 

Tucupita amaneció militarizada luego de protestas

Tucupita amaneció este jueves militarizada «de extremo a extremo», informó Larissa González, diputada por Delta Amacuro.

 

La capital de Delta Amacuro está llena de funcionarios luego de que ayer ocurrieran una serie de protestas que causaron intentos de saqueo.(El Nacional)

 

Ramos Allup: En cualquier momento TSJ publicará sentencia para ordenar recoger nuevamente las firmas

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que en cualquier momento la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicará una sentencia para que se devuelvan los trámites del revocatorio y se lleve a cabo otra vez la recolección del 1% de las firmas.

 

Añadió que la resolución será emitida por el magistrado Luis Damiani Bustillos. (El Nacional)

 

Cesta criolla de petróleo cerró a la baja y terminó la semana en $39,75

Para la semana del 27 de junio al 01 de julio, la cesta venezolana bajó 0,41 centavos de dólar, según informó el ministerio de Petróleo y Minería

El precio del crudo venezolano bajó esta semana 0,41 centavos de dólar, en comparación con la semana anterior cuando cerró en $40,16.

 

Para la semana del 27 de junio al 01 de julio de 2016, la cesta criolla se ubicó en 39,75 dólares. (El Mundo)

 

Leonel Fernández pide cautela a la OEA antes de invocar la Carta Democrática

El ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández reclamó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) una «cierta cautela» para invocar la Carta Democrática Interamericana.

 

Expresó que debe quedar claro «para qué» se invoca la Carta. Este instrumento legal, aprobado por la OEA en el año 2001, pretende salvaguardar la democracia de sus Estados miembros y, según su artículo 20, cuando se «produzca una alteración del orden constitucional» cualquier Estado o su secretario general podrá convocar el Consejo Permanente del organismo «para realizar una apreciación colectiva de la situación».(El Nacional)

 

El Vaticano espera que el Gobierno y la MUD se sienten a dialogar

El Vaticano apuesta porque se concrete el diálogo entre el Gobierno y la oposición. “Nosotros esperamos que se puedan sentar en la misma mesa para el bien común del país”, dijo ayer Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, en su visita a Maracaibo, publica La Verdad.

 

La situación venezolana la conoce el papa Francisco, aseguró el representante diplomático de la Santa Sede en Venezuela. “El Papa está muy cercano al pueblo de Venezuela, sigue los acontecimientos. Su deseo es contribuir como sea posible a una situación de paz, de reconciliación, de resolución de los problemas de la gente. Su interés es el interés del pueblo de venezolano. Nosotros no hablamos de política, hablamos es del pueblo, porque es el pueblo el que es parte de la familia de la Iglesia”.(La Patilla)

 

Desde tempranas horas de la mañana, vehículos antimotines de la GNB y PNB rodean los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Avenida Avenida Boyacá, conocida popularmente como la Cota Mil, y otras zonas de la ciudad capital.

Según reportes, las unidades llegaron a la sede principal del TSJ, en el centro de la ciudad, aproximadamente desde la 6:00 de la mañana. Usuarios de la red social twitter también reportaron varias tanquetas antimotines estacionadas frente a la UCV por el lado de Plaza Venezuela. De acuerdo con Marino Alvarado, activista de derechos humanos, son nueve en total.

También se supo que hay 5 puntos de control de la Guardia del Pueblo entre la Plaza Miranda y el Nuevo Circo. Estarían cerrando los accesos que van hacia la Asamblea Nacional y hacia la iglesia Santa Teresa.

Sobre la militarización, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, se preguntó «qué miedo tiene Nicolás Maduro y cúpula a que exijamos que respeten la Constitución!»

Para este miércoles está planificada una marcha hacia la Corte segunda Contencioso Administrativo del TSJ en la avenida Venezuela, frente al Impres, detrás del Centro Comercial Lido en El Rosal. Para mañana jueves está pautada otra movilización desde la Plaza del Rectorado de la UCV hasta el Ministerio de Educación.

 

Antimotin GN y PNB en alrededores del TSJ #Caracas 6:00am pic.twitter.com/OLY4FItmlL

— Jorge Luis López (@JorgeLopezVP) 25 de mayo de 2016

 

650 am Nueve tranquetas antimotines se encuentran estacionadas frente a la UCV por plaza Venezuela — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) 25 de mayo de 2016

 

Parte de los vehículos anti motin @UCV_Noticias @BomberosUCV pic.twitter.com/x8pVMN2vzb

— antonio jose carrill (@blackshark1203) 25 de mayo de 2016

 

#25May #ATENTOS CARACAS GNB en los alrededores de la #UCV. pic.twitter.com/lvJDTShPWD — Cesar. (@SandovalMCesar) 25 de mayo de 2016

 

Fuerte cola en la #CotaMil por culillo gubernamental pic.twitter.com/xGRNX9PoUQ

— rocamoreno (@rocamoreno) 25 de mayo de 2016

 

#GNB Despliegue militar en la #CotaMil #Caracas #FelizMiercoles @JRodriguezVTV @kchikmo @cienfuegos20 @VTVcanal8 pic.twitter.com/0kqUkmIvOa — Jenifer Gil OmañaΨ (@jennygilo) 25 de mayo de 2016

Militarización de varias zonas de ntra Ccs,que miedo tiene @nicolasmaduro y cúpula a que exijamos que respeten la Constitución!

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 25 de mayo de 2016

Usuarios de Twitter reportan la presencia de alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en varios accesos a la Cota Mil desde tempranas horas de la mañana.

Entre los puntos tomados por los efectivos de seguridad destaca la rampa de acceso de Maripérez, La Florida y El Marqués.

Se desconoce el motivo del operativo:

#Militarizada Recibo reportes de militarización en Caracas: Cota Mil (Min Educación), Los Teques, Maripérez #10May pic.twitter.com/fSH47frUYZ

— Vanessa C. Moreno L. (@MoreLosada24) 10 de mayo de 2016

A esta hora [10:19 am] hay fuerte presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la Cota Mil, Caracas. pic.twitter.com/7vk1hW9DUV — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) 10 de mayo de 2016

Militarizada Cota Mil, Cota 905, Los Teques entre otros. pic.twitter.com/6NzVlxzw0O — RCTV.net (@RCTVenlinea) 10 de mayo de 2016

 

Lenta circulación en la Cota Mil por diversas alcabalas luego de la toma de la arteria vial. pic.twitter.com/uyFA01Vq7y

— RCTV.net (@RCTVenlinea) 10 de mayo de 2016

 

@trafficMIRANDA Tráfico en la Cota Mil sentido La Urbina es hasta la entrada al Márquez, full GNB, luego libre pic.twitter.com/2ZzpGaxt37 — Miralí R. (@anmirali) 10 de mayo de 2016

 

Cota mil militarizada 12:37 pic.twitter.com/z2fdpxhUuB — deborah truchsess (@latruchablue) 10 de mayo de 2016

Fuerte presencia de efectivos de la GNB en la Cota Mil La Florida también se encuentra militarizada pic.twitter.com/W5A6Fzxdxy @unidadvenezuela

— Julio A.Magdaleno G. (@juliomagdaleno) 10 de mayo de 2016

 

El comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, descartó este miércoles, 27 de abril, militarización o algún toque de queda en Maracaibo, al ser consultado por PANORAMA.

«Eso está descartado.  Vamos a desplegar es un plan especial de patrullaje», enfatizó Reverol.

Precisó que de los 3.500 funcionarios desplegados en la región, un 50% se concentrará en Maracaibo.

El comandante de la GNB está en el Zulia para activar la Comisión para evaluar el sistema eléctrico, ante las fallas presentadas desde el domingo pasado.

En este sentido, Reverol dijo que tienen «una lista de 300 empresas que no tienen planta eléctrica y que deben auto generar su propia electricidad».

Por su parte,  el gobernador Arias señaló que «serán los organismos competentes los que determinen las responsabilidades penales a los responsables de los hechos de violencia». 

«Esto es premeditado,  inducido, el ataque al Palacio o al Cuartel Libertador donde lanzaron piedras esta mañana», afirmó.

Sobre los racionamiento de luz,  enfatizó que «tenemos la sequía más grande de los últimos 50 años.  No hay comprensión de los dirigentes políticos».

Confió que “saldremos de esta situación,  va a llover pronto,  sobre los ríos,  los embalses,  Dios nos va a ayudar».

En cuanto a los dobles cortes de electricidad en el día,  Arias señaló que tiene reportes al respecto y están analizando esa situación.  «Estamos en coordinación con Corpoelec para que se informe lo más que se pueda si hay algún cambio de horario.  Para eso activamos hoy la Comisión para tratar todos estos asuntos».