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Mayda Hocevar

Causas políticas de la crisis venezolana fueron explicadas en Medellín

El pasado 17 de octubre tuvo lugar en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín el panel “Venezuela: derechos humanos y cooptación del Estado”, organizado por el Grupo de Investigación en Estudios Políticos de esa casa de estudios y el Grupo de Investigación Saber, Poder y Derecho de la Universidad de Antioquia. La actividad tuvo como objetivo visibilizar las causas políticas de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y que ha generado la mayor migración forzada de personas en la región.

Mayda Hočevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), y Víctor Mijares, internacionalista venezolano y docente de la Universidad de los Andes de Bogotá, fueron los dos panelistas del encuentro que se desarrolló durante la mañana en el auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos de la Universidad Pontificia Bolivariana y contó con la asistencia de profesores, investigadores y estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas.

El fin de esta actividad fue profundizar en las causas políticas de la crisis venezolana y su consecuente incidencia en Colombia y los demás países de la región. A juicio de los panelistas, estas causas permiten aumentar la comprensión política y jurídica sobre el origen de un sistema basado en dos pilares fundamentales: la destrucción de la institucionalidad democrática y la consolidación de redes de corrupción a través de la cooptación del Estado.

Destrucción de la institucionalidad democrática

Hočevar basó su presentación en mostrar las formas y los mecanismos a través de los cuales se ha destruido la institucionalidad democrática en Venezuela, que datan desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Específicamente, explicó a los presentes el sistema de Misiones creado por el oficialismo para arrebatar las funciones de las instituciones democráticas, así como la creación e imposición de organismos paralelos al servicio del partido de gobierno.

Como directora del ODH-ULA, Hočevar también dedicó parte de su presentación a explicar la situación actual de la libertad académica en el país, reseñando la creación y el funcionamiento del sistema paralelo universitario que desde el año 2003, a través de la Misión Sucre, impulsa el gobierno como política de Estado para disminuir y socavar la autonomía universitaria.

Cooptación para crear y consolidar redes de corrupción

Víctor Mijares, por su parte, explicó cómo funciona la cooptación en el Estado venezolano a través de la creación y el manejo de redes de corrupción que operan desde el seno del gobierno y cuyo alcance es transnacional. De acuerdo con Valenzuela y Yévenes (2015), la cooptación política es “una práctica que se origina desde las élites dirigentes de una nación, que buscan mantener el status quo o establishment de los regímenes imperantes a cambio de la entrega de beneficios, ya sea económicos o sociales”.

En este sentido, Mijares explicó el funcionamiento de las redes de corrupción creadas por el Estado venezolano en las que participan dirigentes políticos, militares y agentes del crimen organizado, así como otros gobiernos. Mijares ha orientado su línea de investigación más reciente específicamente hacia las relaciones de este tipo que hay entre Rusia y Venezuela. Actualmente lleva adelante el proyecto de investigación “Petroestados en la Política Mundial: Estrategias de Política Exterior y Seguridad”.

ODH-ULA: existe un patrón estatal de erosión contra libertad académica y autonomía universitaria

ODH-ULA

 

Preocupado por la violación sistemática de la libertad académica y la autonomía universitaria, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó un primer informe en el que se visibilizan las amenazas, ataques y violaciones de derechos que hace el gobierno venezolano en el ámbito del sistema de Educación Universitaria.

El informe intitulado “El pensamiento bajo amenaza”, documenta desde el año 2011 al 2017 las políticas, prácticas e imposición de normativas que restringen la libertad académica desde el año 2003, con la creación de la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela como sistema paralelo a las universidades, no sometido a principios de autonomía universitaria y libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, resaltó la metodología de investigación aplicada para el informe, el cual deja claro la política de erosión y ataque a las universidades, y en el que que se definieron los elementos que se refieren al disfrute del derecho a la educación.

Dijo que el Estado incumple las obligaciones que tiene con respecto al derecho a la educación desde la perspectiva de la autonomía universitaria y la libertad académica, vinculado a los derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de asociación y de manifestación.

Las políticas de acoso a las universidades y agresiones a esos derechos, así como contra la comunidad universitaria se reflejan en el informe, el cual expone el caso de la privación de libertad del estudiante Carlos Ramírez, llevado ilegalmente ante la justicia militar, así como la detención  de profesores y otros estudiantes.

También refiere especial atención al cierre de medios de comunicación universitarios y agresiones a periodistas que trabajan en dichos medios.

Política regresiva

 

En un tercer capítulo el informe visibiliza la represión indiscriminada, desproporcionada y el uso de la fuerza contra universitarios, lo que para el ODH-ULA es criminalización, hostigamiento, censura y actos de intimidación hacia actores de la comunidad universitaria.

La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, refirió que el informe concluye que existe realmente una política y una práctica estatal de erosión y ataques a las universidades con la creación de sistemas paralelos de institucionalidad, normas regresivas impuestas a través de legislaciones que restan competencias propias de la universidades y se las atribuyen a los ministerios.

Hocevar resaltó que el informe, único en el país y que abarca a todo el sistema universitario, fue producto del trabajo de una coalición de cátedras de derechos humanos de seis universidades venezolanas a las que les preocupa la degradación del disfrute del derecho a la educación.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, resaltó el carácter científico del informe del cual destacó deja claro que existe una política oficial que busca la destrucción de las universidades.

Bonucci  celebró el trabajo del ODH-ULA y exhortó al resto de las universidades del país a tener un observatorio de Derechos Humanos para que estudien y visibilicen las violaciones

El informe “El pensamiento bajo amenaza” será presentando en la audiencia que tiene Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la próxima semana en Uruguay.