Vía El Universal
El Foro Penal informó, a través de un comunicado, que para finales de noviembre se espera que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas haga públicas sus consideraciones y recomendaciones para Venezuela, luego de la audiencia efectuada ayer, en la que se increpó al Gobierno por su accionar en materia de derechos humanos.
El Director Ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, consideró que la delegación del Estado Venezolano respondió «parcial y evasivamente» a los cuestionamientos realizados ayer por los Comisionados del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
Entre las respuestas que más polémica causaron se destaca la exposición de María Mercedes Berthe, Directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, quien se limitó a decirle al Comité que se «despreocuparan» por la situación relacionada con los malos tratos y particularmente con la violación sexual sufrida supuestamente por María Lourdes Afiuni, ya que ella nunca denunció tal situación y probablemente lo que se comentó en un libro ( del periodista Francisco Olivares) era solo a los efectos de incrementar ventas.
En cuanto a los casos de supuestas torturas en 2013 y 2014, el caso de Marvinia Jimenez quedó a la espera de la clarificación por parte de la delegación del Estado, lo cual harán en las próximas 48 horas, ello en cuanto a por qué la funcionaria responsable no ha sido detenida a pesar de existir orden de captura.
El caso de Leopoldo López, Ceballos, Scarano y Luchese fue justificado por la representación de la Fiscalía indicando que estos ciudadanos se encontraban en buenas condiciones enseñando fotografías y afirmando que tenían comodidades diversas.
La Directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía recomendó a los Comisionados que no se dejaran engañar por las ONGs que buscan manipular la verdad. Indicó que solo ha habido 2 casos de denuncias de torturas, en contraste con los 138 casos presentados por el Foro Penal Venezolano. En vista de este señalamiento, tres comisionados requirieron el compromiso de la delegación del Estado venezolano que no se tomaran represalias contra las ONGs de Derechos Humanos. A este requerimiento la delegación del Estado venezolano respondió que nunca ha reprmido ONGs de Derechos Humanos y aseguró que no lo hará en el futuro.
En cuanto a la falta de realización de exámenes médico forenses en muchos casos de detenidos en las protestas de 2014, la Fiscalía señaló que sí fueron realizados dichos exámenes. Según Alfredo Romero, «ello discrepa con casos presentados por el Foro Penal Venezolano, como el de Marco Aurelio Coello, donde el examen se realizó muchos después, perdiéndose así la evidencia, a pesar de que la denuncia fue presentada ante el tribunal».
El Director Ejecutivo del Foro Penal indicó que «los Comisionados dejaron claro lo que hemos señalado constantemente: Sobretodo, en los casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes la actuación de las instituciones no puede paralizarse a la espera de una denuncia de la víctima, quien siempre estará atemorizada. Cuando se trata de estos casos, son los funcionarios del Estado los que cometen los crímenes por su posición de poder. Siempre la víctima está sometida al poder del funcionario y no puede pretender la Fiscalía que la misma víctima sometida denuncie libremente»
En cuanto al tema del hacinamiento en las prisiones venezolanas, la delegación del Estado venezolano indicó que no existe hacinamiento, lo cual discrepa con los reportes de las ONGs, según los Comisionados.
La delegación del Estado venezolano, a pesar de la insistencia de los Comisionados no respondió cuándo específicamente invitaría al territorio venezolano a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, en cuanto a la pregunta que ratificó la Comisionada Felice Gaer sobre la existencia de testimonios de «Patriotas Cooperantes» que sirven para enjuiciar a personas y que pudieran estar viciados de nulidad, la delegación del Estado venezolano se limitó a no responder
