El derecho a saber es clave para establecer diálogo democrático, afirma Moisés Sánchez, secretario de la Alianza Regional por la libre Expresión e Información que impulsa su aplicación en Venezuela, uno de los últimos países de América Latina donde no ha sido aprobada
@boonbar
Saber por qué la alcaldía del municipio donde vivimos dedica más presupuesto a carteles de propaganda que a reparar los huecos de las calle. O por qué hay tantos cortes de luz si el gobierno ha aprobado montos millonarios para mejorar el sistema eléctrico nacional. Son datos que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y que se podrían conocer a través de una ley de información pública, de la cual adolece un país de opacidad informativa como Venezuela.
En el marco del día mundial del saber, que se celebra el 28 de septiembre, fue lanzado en Venezuela el informe anual “Saber más” de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a cargo de su secretario ejecutivo Moisés Sánchez, que recoge la situación del derecho al acceso a la información pública en 19 países del continente durante la última década.
La escogencia de Venezuela para la presentación de este balance no fue antojadiza: junto con Cuba y Bolivia, son los últimos tres países de América que no cuentan con una ley de acceso a la información pública. “La tendencia mundial es que existan leyes de este tipo. Ha sido más difícil de implementar en naciones que enfrentan crisis democráticas”, observa Sánchez.
El secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información está consciente de que una ley de este tipo podría parecer secundaria en un contexto agobiado por la falta de alimentos o medicinas como es el venezolano. Pero subraya que este tipo de legislación es clave a la hora de establecer un diálogo democrático.
Uno de los grandes mitos sobre esta ley es creer que sólo le sirve a los periodistas. “Al contrario, su usuario más frecuente es el ciudadano común que quiere saber datos sobre vivienda, salud, educación y temas como la seguridad que están adquiriendo gran relevancia en países de Centroamérica y Venezuela”, considera Sánchez. “Se trata de una herramienta que mejora la calidad de vida de las personas porque permite acceder a datos relacionados con lo local, su municipio, la calidad de educación de sus hijos y exigir rendición de cuentas”.
Cambiar destinos
La ley de acceso a la información puede cambiar destinos. En Uruguay, por ejemplo, a partir de una solicitud de información se constató que 20% de los establecimientos educativos en el país sureño no cumplían con normas de seguridad contra incendios, lo que motivó reformas de normas para la construcción.
Se tiende a creer, advierte Sánchez, que una vez que se aprueba la ley de acceso a la información, habrá una primera arremetida que librará “la deuda histórica informativa” con la liberación masiva de datos que siempre se quisieron conocer: sueldos de funcionarios públicos, montos de proyectos, ejecución de contratos. “Pero nunca la demanda informativa es tan grande como se proyecta en un principio; la experiencia nos demuestra que no hay tales colas kilométricas pidiendo información”.
A través de la ley de acceso a la información, los ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas de los gobiernos, ilustra Sánchez. Así ocurrió en Costa Rica, donde se pidieron detalles sobre los viajes del presidente Juan Guillermo Solís que fueron considerados de interés público” por la Sala Constitucional del país centroamericano. En El Salvador la llamada Comisión de Información a través de la ley decidió hacer públicos los viajes del ex presidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua.
Lejos de limitar el ejercicio periodístico, esta ley democratiza el acceso a la fuente. En muchos casos, ha generado nuevas modalidades del periodismo al generar pautas a partir de los datos a los que permite acceder la legislación. Tal es el caso de la BBC, que cuenta con un departamento de investigación que se basa en el material obtenido mediante peticiones de información sobre organismos públicos.
América Latina de avanzada
El proceso que vive América Latina en cuanto al acceso a la información pública es el más avanzado del mundo, asegura Sánchez. “Tenemos los estándares más altos y leyes con mayor alcance”. Compara la situación regional con países de Europa, donde su repercusión es limitada. “No son sociedades tan transparentes como tiende a creer.”, agrega describiendo que en países como España, donde existe la ley desde hace dos años, las respuestas a ciertas solicitudes ha sido restrictiva. En Alemania no es posible conocer quienes son los beneficiarios de los subsidios del gobierno. Allí se aplica una sentencia de la constitución alemana que limita el acceso a esa información al considerar que afecta al derecho a la privacidad.
“El acceso a la información pública en América Latina se construye sobre una base de inspiración democrática y no sobre los fundamentos de privacidad como en Europa. En este continente queremos saber las remuneraciones públicas, cuánto cuestan los viajes de los presidentes, en qué se invierten los fondos públicos”, afirma Sánchez.
En Venezuela la aprobación de esta ley es tarea pendiente. Una comisión mixta de la Asamblea Nacional adelanta la discusión del proyecto que cuenta con el apoyo de la alianza regional por la transparencia informativa. Para Sánchez, “hay que hacer un esfuerzo en sensibilizar y educar a la población, como ocurre con países que salen de dictaduras férreas, donde la gente tiene que aprender a votar. La ciudadanía puede participar en las rendición de cuentas de los Estados mediante estas herramientas legislativas, lo cual a la larga impactará su calidad de vida”.
