Las autopsias practicadas a seis de los cuerpos arrojan como posible causa de muerte la intoxicación por ingesta de medicamentos. La portavoz de un colectivo de familiares de reos en el Centro Penitenciario de Centro Occidente afirma que las tensiones comenzaron la semana pasada con la llegada de un nuevo director. Edy Pérez, periodista del diario local La Prensa de Lara, comprobó —a las 8:30 pm del miércoles 26 de noviembre— 18 decesos en la cárcel, a los que se suman otras 4 muertes de trasladados a Tocorón.
Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure
Al menos 22 reclusos de la cárcel del Centro Penitenciario de Centro Occidente han sido confirmados como muertos hasta ayer miércoles 26 de noviembre. Dieciocho fallecieron en el estado Lara, mientras que otros 4 murieron luego de ser trasladados a la cárcel de Tocorón, en Aragua, tras la crisis en el penal —comúnmente conocido como cárcel de Uribana— en el estado Lara.
Un grupo de reclusos habría ingerido un cóctel que supuestamente contenía alcohol absoluto, agua oxigenada y píldoras que fueron sustraídas del área de Farmacia, aseguraron fuentes del Ministerio de Servicios Penitenciarios a periodistas locales.
Las autopsias practicadas a seis de los cuerpos arrojaron como posible muerte una intoxicación por ingesta de medicamentos. Los fallecidos también presentaban edema pulmonar extenso (acumulación de líquido en los pulmones por insuficiencia cardíaca) y congestión cerebral.
La mayoría de los cadáveres no han sido identificados. Una orden del Ministerio de Servicios Penitenciairos prohíbe que los familiares de reos ingresen a la morgue para reconocer los cadáveres. La identificación de los cuerpos se efectúa mediante fotografías, informó ayer miércoles (26/11/2014) la periodista Edy Pérez, del diario La Prensa de Lara.
Las tensiones de los últimos días entre reclusos y autoridades en el penal han escalado a otra nueva crisis, tras las agresiones que recibieron los reclusos en los últimos días y las manifestaciones de familiares que se congregaron en el exterior del centro para exigir el cese de la violencia y la destitución del nuevo director.
Familiares acusan al ministerio de envenenar a los reos
“El director llegó la semana pasada y a las 72 horas anunció un toque de queda y ordenó a los custodios que hicieran una requisa en el módulo 1, donde se encontraban cerca de 200 reclusos. Les tiraron todo a la basura: sábanas, ropa, zapatos y artículos personales. Los desnudaron, los golpearon salvajemente y los mantuvieron acostados boca abajo en el sol durante horas. Así fueron recorriendo uno por uno los 9 módulos”, relató Nayibe López, portavoz de un colectivo de familias con privados de libertad en Uribana.
Reclusos y familiares protestan desde el lunes por las agresiones y violaciones a derechos humanos en el penal, tras la llegada la semana pasada de Julio César Pérez, nuevo director designado por el ministerio que dirige la ex diputada del Psuv, Iris Varela.
Al menos 404 reclusos fueron trasladados durante la madrugada del miércoles al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), cuatro de estos reos también fallecieron, mientras que otros 13 se encuentran recluidos en el Hospital Central de Maracay con síntomas de intoxicación. Otros 300 reclusos fueron trasladados desde Uribana a la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).
La familiar de uno de los reclusos también acusó desde el exterior del penal a los funcionarios de la GNB y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios de envenenar a los reclusos.
Voceros de los internos anunciaron el lunes (24/11) el inicio de una huelga de hambre y difundieron un comunicado en el que se exigía la destitución inmediata del director de Uribana, Julio César Pérez, quien es señalado de tratos degradantes y violaciones a derechos humanos. En el documento, redactado en 10 peticiones, se pedía un pronunciamiento de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela y la actuación de los fiscales con competencia en Derechos Fundamentales.
También hicieron énfasis en el cese a maltrato físico, psicológico y moral a internos, custodios y personal administrativo del penal; así como la restitución de las visitas y mayor.
Exigencias:
1. Destitución inmediata del Director Julio Cesar Pérez.
2. Atención de la fiscal nacional de Derechos fundamentales.
3. Derechos intangibles como los son a la comunicación e información.
4. Mejoras en la alimentación.
5. Respeto al art. 46 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
6. No más maltrato físico, psicológico y moral a internos, custodios y personal administrativo.
7. Más apoyo a actividades deportivas culturales.
8. Respeto y Derecho a la visita
9. No más maltrato a los familiares
10. Pronunciamiento inmediato de la ministra en asuntos penitenciarios, Iris Varela, que responda si apoya al violador de derechos humanos Julio Cesar Pérez, pues él ratifica que actúa bajo órdenes de ella.
Reporteros fueron amenazados de muerte
Las agresiones dentro del penal se extendieron también al exterior. Agentes de la GNB amenazaron de muerte a los reporteros Edickson Durán y Abraham Palencia, reporteros gráficos del diario El Impulso y La Prensa; junto a Tomás Gaona, camarógrafo de Promar Televisión cuando cubrían el enfrentamiento entre la GNB y familiares que se habían congregado para conocer el paradero de sus familiares, reseña una alerta del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys – Venezuela)
Familiares y funcionarios castrenses se enfrentaron con piedras y bombas lacrimógenas, hechos que fueron captados por cada una de las cámaras de los reporteros que fueron amenazados por guardias nacionales y funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI).
Una funcionaria confiscó los equipos de trabajo de los periodistas y tomó algunas fotografías al carné del reportero gráfico de La Prensa, Abraham Palencia. La mujer removió luego removió la tarjeta de memoria de la cámara fotográfica y lo amenazó: “Si mañana sale publicada alguna foto te mando para el cielo”.
Nueva crisis
Los enfrentamientos entre agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo de reclusos se han extendido por más de tres días. Entre los lesionados se encuentra Raúl Emilio Baduel —hijo del general Raúl Isaías Baduel, preso en Ramo Verde— quien se encuentra detenido en Uribana por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Baduel recibió una golpiza en Uribana que le causó fractura en dos costillas, según informó su abogada Theresly Malavé.
