LOS RECIENTES EVENTOS EN VENEZUELA muestran que celebrar elecciones sin tomar en cuenta las condiciones de integridad de las mismas puede derivar en altos niveles de conflictividad e inestabilidad política. A estas alturas del siglo XXI sabemos que la democracia es mucho más que elecciones, pero sin elecciones auténticamente libres, justas y competitivas no hay democracia.
La crisis venezolana se inició como resultado del irrespeto al resultado de la elección parlamentaria de 2015. Desde que se supo el resultado de esa elección el Gobierno desconoció el poder de la Asamblea Nacional, al tiempo que fue minando de manera sistemática la integridad de las elecciones en Venezuela. Luego de las elecciones de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Tibisay Lucena, ha destruido la confianza en el voto, cerrando los mecanismos institucionales para que el Gobierno rinda cuentas por su mal desempeño e impidiendo que los ciudadanos puedan elegir de manera libre el gobierno de su preferencia.
En este contexto, la crisis política que vive Venezuela va a requerir una elección en el mediano plazo, que permita pasar de un gobierno de transición a uno electo popularmente, para lo cual es necesario iniciar los cambios importantes en la gestión de las elecciones en Venezuela. De hecho, una de las soluciones propuestas por la Unión Europea es la celebración de elecciones presidenciales a la brevedad posible, por lo que una reflexión sobre las cosas urgentes que se deberían poner en marcha se hace necesaria.
Desde mi punto de vista, para llevar adelante unas elecciones aceptablemente competitivas en Venezuela se requieren 11 cambios político-institucionales orientados a la recuperación de la confianza de los venezolanos hacia su sistema electoral:
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Nombramiento de nuevos rectores: al día de hoy ninguno de los rectores del Consejo Nacional Electoral ha sido designado siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. De hecho, los rectores han sido designados por un Tribunal Supremo de Justicia cooptado por el Gobierno, con el propósito de evadir la reinstitucionalización del Poder Electoral. En este sentido, una de las primeras tareas que debe acometer la Asamblea Nacional es iniciar la convocatoria a la sociedad civil para la confirmación del Comité de Postulaciones en la que se evalúe el perfil de los posibles nuevos rectores.
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Cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales: si bien es cierto que la CRBV y la LOPRE tienen defectos importantes en lo relativo al diseño del sistema electoral venezolano, para una posible elección presidencial sería suficiente que se cumpla estrictamente la Ley. Eso supone que un CNE apegado a derecho, el cual garantiza el cumplimiento de las regulaciones existentes, sanciona a quienes violan la ley y no toma decisiones parcializadas a favor de una de las partes.
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Despartidización de los Organismos Electorales Subalternos: la gran mayoría de las oficinas regionales y municipales del Consejo Nacional Electoral están en manos de miembros del PSUV, por lo que es imprescindible sustituir a esos funcionarios por personas provenientes de la sociedad civil capaces de aplicar la ley de manera equitativa.
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Rehabilitación de partidos políticos y candidatos: entre 2016 y 2018 el Consejo Nacional Electoral ha llevado a cabo procedimientos administrativos orientados a la ilegalización de los partidos políticos. Bajo la excusa de que los partidos deben renovar sus nóminas, el Consejo Nacional Electoral ha cambiado de manera profunda el sistema de partidos, prohibiendo la postulación de candidatos a la mayoría de los partidos políticos opositores, al tiempo que ha cerrado la posibilidad de inscripción a nuevas organizaciones partidistas. Al mismo tiempo, el CNE ha procedido a inhabilitar a líderes opositores bajo la excusa de que es una orden de la Contraloría General de la República, contraviniendo la norma constitucional en la que es necesario que haya una condena judicial firme. En este orden de ideas, las nuevas autoridades electorales deberán revertir las inhabilitaciones de los partidos políticos y restituir el derecho a optar a cargos de elección popular a quienes han sido injustamente privados del mismo.
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Neutralidad de la administración pública: cualquiera sea la composición política de un posible gobierno de transición, una de las tareas más importantes en el contexto electoral es la despartidización de los diferentes niveles de la administración pública. Garantizar que los funcionarios y organismos públicos estén al servicio de los ciudadanos en lugar de ser oficinas del partido de Gobierno (a cualquier nivel) que hacen campaña con los recursos públicos. Es necesario que se castigue a los funcionarios públicos que usan recursos del Estado para fines partidistas.
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Reducir la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral: colocar en manos de civiles la logística de la distribución del material electoral, reduciendo el rol de la Fuerza Armada a su custodia en aquellos lugares donde la fuerza civil se vea superada para garantizar que las elecciones se den en paz y tranquilidad.
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Equidad en el acceso al sistema de medios públicos: garantizar que el sistema de medios públicos sea neutral y ofrezca cobertura equitativa a todos los partidos y candidatos participantes en una posible elección presidencial.
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Supresión de toda forma de coacción el día de la elección: en los últimos años dos malas prácticas electorales han supuesto la coacción de los electores. Por un lado, los puntos de información en las afueras de los centros de votación, los cuales distorsionan el proceso electoral, no solo porque es una forma de hacer campaña el día de la elección sino porque han servido para coaccionar a los electores mediante el registro de su participación y orientación del voto. Por otro lado, prohibición de toda forma de voto asistido salvo en los casos que dicta la ley. El voto asistido ha sido utilizado para violar el secreto del voto mediante la supervisión del sufragio de cientos de ciudadanos, sobre todo en lugares en donde el PSUV ha tomado control del centro de votación con la anuencia de los miembros de mesa, miembros del Plan República y funcionarios del CNE.
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Control del gasto en campañas: desde 1999 se prohibió constitucionalmente el financiamiento de los partidos políticos, eso supone que los partidos y candidatos deben buscar dinero en el sector privado para poder realizar sus actividades políticas. Si bien es cierto que un esquema mixto sería lo ideal, reformar la Constitución no es prioridad para la transición. En este sentido, se debe fiscalizar de manera muy cercana el origen de los fondos de las campañas electorales, al tiempo que se establecen topes de gastos. Así mismo, es necesario cumplir la prohibición del uso recursos públicos, planes y programas sociales para hacer propaganda electoral, al tiempo que se sancione con todo el peso de la Ley a cualquier funcionario que utilice su cargo para favorecer a una parcialidad política.
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Apertura y depuración del Registro Electoral: si bien depurar el Registro Electoral es una tarea muy compleja, se hace necesaria una revisión mínima del mismo con el fin de comprobar la veracidad de algunos de sus datos. Una forma de hacer esto es auditando las direcciones de los votantes inscritos e identificando anomalías estadísticas. Por otra parte, es necesario abrir el Registro Electoral para la inscripción de los jóvenes, al tiempo que se hace necesario simplificar el Registro Electoral de los ciudadanos que viven en el exterior (independientemente de su estatus migratorio). También se deben buscar fórmulas que faciliten el ejercicio del voto a los emigrados desde sus lugares de residencia.
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Observación Electoral Internacional Calificada: el nuevo CNE debe derogar el Reglamento en materia de observación nacional electoral y acompañamiento internacional electoral, el cual limita el trabajo de los observadores nacionales y prohíbe la entrada de organizaciones de observación internacional especializadas como la ONU, OEA o la Unión Europea. La credibilidad de la elección va a depender, en gran medida, de su transparencia, y eso solo es posible brindando un amplio margen de acción a las organizaciones de observación electoral doméstica, así como la invitación, con suficiente tiempo, a los observadores internacionales para que puedan desarrollar la metodología internacionalmente acordada para evaluar si las elecciones fueron libres justas y competitivas.
Estos once elementos, si bien no serían suficientes para tener las condiciones de integridad electoral ideales, darían la posibilidad de tener unas elecciones creíbles y competitivas en el mediano plazo. Es importante señalar que muchas de las deficiencias del sistema electoral venezolano no provienen de los elementos técnicos y jurídicos existentes, sino de la voluntad de los miembros del actual CNE de cumplir con lo establecido en la norma y permitir un mayor involucramiento de los partidos y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones electorales. Es por eso que uno de los grandes responsables de la crisis política actual son las rectoras del CNE, cuyo trabajo ha sido despojar al venezolano del poder de su voto.
@juanchotrak
* El autor es sociólogo (UCAB), consultor e investigador sobre política y opinión pública. Máster en Ciencia Política y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos. Excoordinador de Investigación del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.
