BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal argentino pidió el viernes el embargo preventivo de los 4,6 millones de dólares contenidos en dos cajas de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández, en el marco de una causa por movimientos sospechosos de dinero y presunto lavado de activos.
La petición del fiscal Gerardo Pollicita al juez federal Julián Ercolini «alcanzaría también a dos cajas de ahorros en dólares y en pesos» a nombre de la joven de 26 años, indicó un comunicado del sitio oficial de la Procuraduría. El magistrado debe decidir si hace lugar al pedido.
Ambos activos se encuentran en una sucursal del Banco Galicia en esta capital donde la víspera fue encontrada la suma millonaria en efectivo en las cajas fuertes de la hija de Fernández durante un procedimiento ordenado por el juez Ercolini en el que estaban presentes los abogados de la joven.
Fotos de los fajos de billetes fueron reproducidas por todos los medios y se convirtieron en tendencia en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron a la hija de la expresidenta (2007-2015).
La joven había solicitado días atrás a la justicia que se abrieran las cajas argumentando que no era responsable de ningún delito.
Al salir al paso de la medida del fiscal, Kirchner afirmó el viernes en las redes sociales ser titular de las dos cajas y sostuvo que contienen el dinero proveniente de la sucesión de su padre, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, «y de la cesión de gananciales que efectuara mi madre, de acuerdo a la ley, y que consta en el expediente sucesorio».
«Solicité que las abran porque no tengo nada que ocultar … Todos los plazos fijos que originaron nuestras tenencias actuales fueron declarados por mis padres en todas y cada una de sus declaraciones juradas, tanto fiscales como ante la Oficina Anticorrupción», agregó.
Asimismo sostuvo que «los procedimientos judiciales que se vienen llevando a cabo contra mi familia violan todas las normas legales» y acusó a los medios de comunicación y gran parte de los políticos de sacar «denuncias contra Cristina (Fernández) de la galera para tapar su propia corrupción y la catástrofe económica y social del gobierno» del presidente Mauricio Macri.
Agregó que su familia decidió convertir a dólares ahorros en pesos y defendió la posibilidad de guardar «dinero legal» en cajas de seguridad.
Fernández sostuvo a su vez que la suma encontrada es la misma que había anunciado que estaba en poder de su hija en un escrito presentado ante la justicia días atrás.
El juez Ercolini investiga a Fernández, allegados y empresarios de la construcción en una causa que busca determinar el presunto lavado de activos.
El fiscal de la causa pretende determinar si los Kirchner resultaron beneficiados «de forma sistemática y coordinada» con los pagos que empresarios de la construcción favorecidos por el Estado habrían realizado a su favor mediante el falso alquiler de habitaciones en los hoteles que la exmandataria posee en la Patagonia.
Esa práctica «le habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido -en gran medida- a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario público», dijo el fiscal en su petición elevada al juez.
Sostuvo además que el pedido de embargo de los fondos hallados en las cajas de seguridad de la joven «se sustenta no solo en que la nombrada tendría una comprobada participación en el entramado societario que se habría utilizado para canalizar fondos de procedencia ilícita, sino que a ello se debe sumar que -cuanto menos- parte del dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado, en diferente carácter y circunstancia, sus progenitores».
La denuncia contra los Kirchner proviene de la diputada Margarita Stolbizer, quien pidió recientemente que se investiguen «movimientos sospechosos» en las cajas y las cuentas de la hija de la expresidenta.
Fernández afronta otras causas judiciales. En una de ellas fue procesada por supuesta administración fraudulenta en una causa sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central, delito que ella niega haber cometido.
