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Venezuela a examen en la ONU por Carlos Nieto Palma

nacionesunidas

 

Nuevamente va a ser evaluada la situación de los derechos humanos en Venezuela por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta vez nos toca asistir el 1° de noviembre para someternos por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU). He tomado algunos documentos elaborados por la organización venezolana Civilis, que ha hecho una gran labor en empoderar a las organizaciones no gubernamentales venezolanas a participar en el EPU de Venezuela; igualmente he tomado algunos documentos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todo con el fin de que mis lectores estén bien enterados de la importancia de este Examen Periódico Universal (EPU).

El examen periódico universal (EPU) es un nuevo mecanismo de derechos humanos que estableció la Asamblea General en su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006 y elaboró el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 5/1, de 18 de junio de 2007. A través de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. Así, pues, el EPU es un mecanismo de cooperación basado en el diálogo interactivo entre cada Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo, cuya finalidad es complementar y no duplicar la labor de los órganos de tratados de derechos humanos.

El Examen Periódico Universal sigue un ciclo de cuatro años, con varias etapas, incluida la preparación de documentos en que se basa, el examen propiamente dicho y el seguimiento de las conclusiones y las recomendaciones producto del examen. Así, pues, está previsto que en cada etapa correspondiente del proceso de examen participen las organizaciones intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), así como representantes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), los defensores de los derechos humanos, las instituciones académicas y de investigación.

Los objetivos del examen son: 1) mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno; 2) cumplir con las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos que se planteen; 3) fortalecer la capacidad del Estado y la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento; 4) intercambiar las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados; 5) apoyar la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos, así como fomentar la plena cooperación y el compromiso con el Consejo de Derechos Humanos, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).

Venezuela fue examinada por primera vez el 7 de octubre de 2011 por 50 Estados que participaron en la sesión de diálogo interactivo. Otros 26 Estados consignaron sus recomendaciones de manera escrita. Durante la sesión, los Estados participantes consignaron 148 recomendaciones, de las cuales 95 (64%) fueron aceptadas y 53 (35,8%) no lo fueron. De las aceptadas, 75 (78,9%) se consideraron recomendaciones en implementación y 20 (21%) fueron nuevos compromisos a implementar. De las no aceptadas, 15 (28,3%) fueron diferidas para su revisión por parte del Estado venezolano hasta la adopción definitiva en marzo de 2012, y 38 (71,7%) fueron rechazadas. En la sesión de examen del primer ciclo del EPU de Venezuela participaron 47 Estados. En esa oportunidad los Estados elegidos para la troika del examen de Venezuela, un grupo de tres relatores que se encarga del examen de cada Estado, fueron Guatemala, Burkina Faso y República Checa. Para la sesión de examen del segundo ciclo de Venezuela, a efectuarse el 1° de noviembre de 2016, los Estados de la troika son México, Nigeria y Kirguistán.

Entre abril y diciembre de 2015, el Estado venezolano debió hacer una amplia consulta del informe nacional que se presentará al examen de Venezuela, pautado para el 1° de noviembre de 2016. Este requisito no se cumplió. La fecha límite para su envío es el 25 de julio de 2016. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, y la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos de Venezuela, ya enviamos nuestros informes entre el 1° y 24 de marzo de 2016.

Si se analizan los resultados del examen hecho a Venezuela en 2011, desde el punto de vista temático, durante la revisión de la situación del país los Estados dieron importancia a 29 temas. Entre ellos, la mayoría de las menciones, preguntas y recomendaciones se refirió a libertad de expresión, derechos de las personas privadas de libertad, derechos sociales en general, independencia del Poder Judicial, derechos de la mujer, derecho a la vida y la integridad personal, solicitudes de ratificación de protocolos y convenios internacionales, protección de los defensores y organizaciones de derechos humanos, la invitación abierta de representantes de los procedimientos especiales de los sistemas internacionales de protección y la cooperación internacional.

Es claro que la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado en todos los aspectos, por lo que este próximo Examen Periódico Universal (EPU) habrá muchos más temas y situaciones que sacar a relucir y ver cuál será la respuesta del Estado venezolano pretendiendo defender lo indefendible. Todos sabemos que vivimos una hora menguada en materia de derechos humanos y tengo la seguridad de que todo esto saldrá a relucir en Ginebra el próximo 1° de noviembre cuando se efectué el examen periódico universal.

Por ahora, las organizaciones no gubernamentales, imparciales y sin directrices ni compromisos de ningún tipo más allá del respeto y la defensa a los derechos humanos en Venezuela, tenemos un gran trabajo, hay que dar a conocer a los países miembros de la ONU que participaran en el EPU Venezuela 2016 la verdadera situación que se vive en Venezuela en materia de derechos humanos, darles a conocer los informes que las diversas organizaciones hemos presentado, para que estén al tanto de la realidad que aquí vivimos y no sean engañados con los informes que presentará el Estado venezolano que, con seguridad, estará lleno de vacíos y mentiras.

@cnietopalma

El Nacional 

Así contestó el Estado venezolano a las preguntas del examen en la ONU (VIDEO)

Maria Alesia Sosa Calcaño

(Con información de @Fanzinero)

La delegación del Estado venezolano en Ginebra, encabezada por el ministro de planificación Ricardo Menéndez, respondió a las preguntas que le hicieron los distintos comisionados de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Estado venezolano fue cuestionado de forma muy aguda, específicamente en temas de Salud y vivienda. También les preguntaron sobre el cumplimiento de las metas en seguridad social, empleo y condiciones laborales. El comité liderado por Menéndez, respondió sobre sus políticas económicas y sociales. Aseguraron que la corrupción es un tema fundamental para el Estado venezolano.

Fueron enfáticos en la defensa de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos indígenas.

Este es un examen periódico a cargo de un Comité de expertos independientes, creado por el Pacto para monitorear y contribuir a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los cuales los Estados parte se comprometen con la obligación de garantizar frente a la comunidad internacional.

En esta nota, puede leer las preguntas que hizo ONU al Estado de Venezuela: «ONU cuestionó al Estado venezolano por incumplimiento en salud y vivienda».

 

ONU cuestionó al Estado venezolano por incumplimiento en salud y vivienda

Captura de pantalla 2015-06-02 a las 12.14.51(Foto @Fanzinero)

@MariaAlesiaSosa

(Con información de Rafael Uzcátegui @Fanzinero)

El martes 2 de junio de 2015 continuó la sesión con los Comisionados de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Ginebra (Suiza), así lo confirmó el coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui. Luego de una reunión privada, se dio inició la sesión de la evaluación del Estado venezolano sobre el Pacto Internacional que defiende los mencionados derechos. Los comisionados hicieron preguntas concretas al Estado venezolano, específicamente sobre el sistema de salud, la dificultad para conseguir medicamentos, reclamaron la incapacidad que ha tenido el Gobierno para cumplir la meta de viviendas que ha prometido, y reclamaron que les preocupa que Venezuela no brinde garantías mínimas a las organizaciones de DD HH que funcionan en el país.

El ministro para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, fue el vocero por parte de Venezuela, mientras que diversas ONGs venezolanas participaron en la sesión.

Menéndez abrió la sesión hablando sobre la situación de Venezuela en 1998, los muertos de «El Caracazo» y las supuestas medidas neoliberales que tomaron los Gobiernos anteriores al de Hugo Chávez. Sobre el proyecto de Chávez dijo que no se trató de «un acuerdo de élites, sino la fundación de una democracia participativa con elecciones continuadas».

A través de su Twitter, Uzcátegui catalogó de «político» el discurso de Menéndez.

 

El ministro Menéndez comparó la situación de Venezuela antes y después de la llegada de la Revolución Bolivariana. «Se multiplicaron los derechos sociales», indicó. Agregó que en los últimos 15 años, la cifra de desempleo cayó de 15% en 1999, a 5,5% en 2014. Menéndez aseguró que el Gobierno ha creado más de 4.6 millones de empleos, en el marco de las políticas públicas aplicadas en 16 años. Sostuvo que esta cifra sobrepasa 60% de la ocupación formal en el país. También afirmó que la revolución ha graduado en 15 años 1.800.000 profesionales.

En su ponencia, el representante del Estado venezolano dijo que a pesar de «guerra económica, guarimbas y paro petrolero, el Gobierno ha garantizado los derechos sociales». Además comentó como un logro, que cada año se han incrementado los salarios en Venezuela. Mencionó que la inflación es de 60%. Sin embargo desde diciembre de 2014, el Banco Central de Venezuela no publica cifras.

Menéndez dijo que se ha «duplicado el consumo de carne de bovino y triplicado el de carne de pollo». Defendió también las políticas educativas de los gobiernos de Chávez y Maduro.

Posteriormente tomó la palabra Mikel Mancisidor, vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Mancisidor dijo que le interesaban los datos siguientes al año 2010 sobre el cumplimiento de PIDESC, en respuesta a las cifras que dio Menéndez.

«Nos preocupa la retirada de Venezuela de la Convención Americana de DDHH. Sería una fantástica noticia para los venezolanos que el Estado ratifique el protocolo facultativo del PIDESC», dijo el vicepresidente. Además indicó que el Estado venezolano no presentó cifras por género, y que eso lo echaron en falta. También dijo que le gustaría discutir sobre la independencia del poder judicial en Venezuela. «Queremos discutir sobre la Defensoría del Pueblo en Venezuela y los alegatos sobre su falta de independencia, declaró.

«Venezuela tiene posición baja con respecto a otros países sobre la lucha contra la corrupción. No hay información ni resultados», recalcó Mancisidor.

Comenzó la ronda de preguntas y el primer comisionado en preguntar fue Rodrigo Uprimny. «¿Hay enfoque de DDHH con principios transversales?» Puso como ejemplo la transparencia y rendición de cuentas. También cuestionó sobre si existen garantías por parte del Estado para el trabajo que realizan las organizaciones de DD HH.

El comisionado Bras Gomes de Portugal preguntó a Menéndez cómo hacen las actualizaciones de los sitios webs de los ministerios para que la información sea accesible a todos. Clement Atangana de Camerún, preguntó si hay procesos judiciales abiertos a funcionarios en Venezuela.

Mancisidor tomó otra vez la palabra para preguntar sobre las violaciones a derechos sindicales, específicamente sobre el asesinato de sindicalistas y trabajadores.

Una vez más Uprimny preguntó sobre las altas cifras de mortalidad materna en Venezuela. «¿Cuáles son las estrategias concretas para reducir la alta tasa?» Cuestionó también la falta de medicamentos: «En los últimos años hay escasez de medicamentos ¿Qué estrategias hará el Gobierno para enfrentar ese desabastecimiento?», dijo.

La comisionada Lydia Ravenberg, de Surinam, preguntó sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria pública en el país.

Por su parte, Ariranga Pillay, solicitó información sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela. «¿Qué medidas se han adoptado para disminuir crecimiento de la pobreza? Agregó que la Gran Misión Vivienda Venezuela no está cumpliendo sus metas » ¿Cómo van a asegurar la tenencia de las viviendas y que hayan materiales de construcción?»

También exigieron información sobre las limitaciones de acceso a contenidos por Internet. «¿Qué medidas toma el Estado para asegurar libertad de acceso», sentenció el comisionado Mancisidor.

Ante esta ronda de preguntas, el ministro Menéndez, dijo en cuatro minutos, que los ingresos del país han disminuido 60% en los últimos años. «A pesar de reducción de ingresos, se han mantenido y aumentado políticas sociales. Venezuela va a mantener siempre sus políticas sociales a favor del pueblo», sentenció.

Con la participación del ministro culminó la sesión.

Las respuestas sobre estos temas serán respondidas en la sesión este miércoles 3 de junio.

Estado venezolano rindió examen ante la ONU, pero el defensor del pueblo no asistió

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Hoy primero de junio de 2015, comenzó el examen ante la ONU que rinde el Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La primera sesión de esta evaluación, que se llevó a cabo en el Palacio Wilson de la ONU en Ginebra (Suiza), tomaron la palabra 25 Organizaciones No Gubernamentales, y se examinan seis países, entre los cuales están Chile y Venezuela por América Latina.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la venezolana Provea -una de las ONGs presentes- informó a través de su cuenta de Twitter que la Defensoría del Pueblo de Venezuela no envió un informe alternativo al examen, como sí lo hicieron otros países, como Kirguistán. La oficina que preside Tareck William Saab tampoco envió ningún representante a las sesiones donde intervenían las ONGs venezolanas.

La exposición de Venezuela comenzó cuando tomó la palabra Magdymar León, representante de la ONG Avesa, para denunciar la discriminación hacia mujeres venezolanas en su país y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela. A continuación puede ver su intervención:

También denunciaron la situación de Salud en Venezuela. Leila Swan, vocera de Human Rights Watch tomó la palabra para exponer las dificultades del derecho a la salud. Aquí puede ver el vídeo de Swan:

Marisabel Zambrano del Consejo Nacional en Defensa del Derecho a la Salud exigió acelerar la infraestructura hospitalaria, las leyes para partos humanizados y el control sobre el contrabando de medicamentos. Pidió también que se regulara la publicidad de comida chatarra. «En Venezuela pasamos de la desnutrición a la obesidad».

Rafael Uzcátegui, en nombre de Provea, denunció los comisionados que el contexto venezolano es desfavorable para los derechos que defiende el Pacto, entre otras cosas por la aguda crisis económica. También indicó que el Estado venezolano ha acentuado su «tendencia antidemocráticas y autoritaria expresadas en la negativa a un diálogo plural que incluya a todos los sectores de la sociedad». También dijo que hay «regresión de la inclusión social a pesar de los cuantiosos recursos invertidos». Uzcátegui reclamó que la gestión de Maduro ha sido cada vez más excluyente. «Más de 416 mil hogares se incorporaron a la pobreza hasta 2013», precisó.

La Federación Nacional de la Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), con Nancy Hernández como vocera, expuso los obstáculos al derecho a la educación en el país. A continuación su intervención completa:

Francisco Valencia de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), como presidente de esa ONG y como paciente trasplantado, denunció las dificultades que atraviesan los venezolanos para obtener los medicamentos que necesitan para controlar sus enfermedades crónicas o curar sus padecimientos.

Al culminar la sesión, Rafael Uzcátegui reportó que el Comité PIDESC tendría una reunión privada, y que las ONGs venezolanas se reunirían para seguir trabajando sobre sus temas.

Sobre el examen PIDESC de ONU

Este es un examen periódico a cargo de un comité de expertos independientes, creado por el Pacto para monitorear y contribuir a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los cuales, los estados se comprometen a garantizar frente a la comunidad internacional.

Entre estos derechos se encuentran: el derecho a la educación; el derecho a la salud y a la seguridad social; el derecho a un nivel de vida adecuado, libre de la pobreza y del hambre; el derecho al trabajo, a condiciones laborales equitativas y a la libertad sindical; los derechos ambientales; así como el derecho a la igualdad de hombres y mujeres, y a la no discriminación de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas en cárceles, personas LGBTI y personas con alguna condición de salud, entre otras, del pleno goce de estos derechos.

El examen se lleva a cabo en Ginebra (Suiza) y para realizarse el Comité sostendrá un diálogo con representantes del Estado venezolano sobre la base de una lista de cuestiones que preocupan a los expertos y a otros órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en materia de condiciones de pobreza, disponibilidad de atención médica, acceso y calidad de la educación, déficit de viviendas, escasez de alimentos, salario de los trabajadores y libertad sindical, embarazo adolescente y mortalidad materna, salud de los niños, niñas y adolescentes, desigualdades entre mujeres y hombres, transparencia y disponibilidad de información detallada sobre indicadores, medidas adoptadas y sus resultados.

Al examen, el Estado venezolano presentó su Tercer Informe Periódico en el año 2012 y respondió por escrito a las preguntas formuladas por el Comité en el 2015. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana, a las que Naciones Unidas reconoce como referentes fundamentales en la revisión de las respuestas del Estado, también plantearon sus preocupaciones al Comité mediante informes alternativos, y realizarán una labor de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que este órgano haga al Estado con carácter vinculante.

Entre las coaliciones y organizaciones se encuentran Foro por la Vida, Fenasopadres, Padres Organizados, Asamblea de Educación, Redhnna, Observatorio Venezolano de la Salud, Fundación Bengoa, Ciaal, Codevida, Provea, Fundación Aguaclara, Espacio Público, Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela Diversa, Cepaz, Avesa, Freya y Ghendu.

** Con información de Rafael Uzcátegui @Fanzinero**