educación superior

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, en representación de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, fijó la posición de la institución a rechazar la sentencia del presupuesto nacional aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), haciendo público el apoyo de los rectores a la Asamblea Nacional.

“La asociación de rectores universitarios  fija la posición de las 21 universidades públicas y privadas sobre la sentencia del TSJ que atenta contra la Carta Magna, por transgredir las normas constitucionales excediendo la autoridad que le fue otorgada y limitando el ejercicio del Poder Legislativo. Por lo tanto la asociación respalda las actuaciones del Parlamento dentro del marco de la ley”, indicó la rectora.

Durante el programa A Tiempo de Unión Radio, García advirtió sobre la difícil situación por la que pasan las universidades destacando que del presupuesto que éstas solicitan, reciben alrededor de 30 por ciento.

“Del presupuesto que se solicita, recibimos 30 y pico por ciento, del cual el 80 es para pagar los salarios y para los funcionarios y la prudencia estudiantil. Ustedes pueden sacar la cuenta de cuánto es lo que queda. Es una situación muy difícil que necesita del concurso de toda la comunidad, cada una cumpliendo su rol. El de la universidad y de la asociación de rectores, es defender la constitución de las actuaciones del Tribunal y defender el presupuesto necesario para poder funcionar”, aseguró García.

Rectores de las universidades privada del país se reunieron este lunes en la Universidad Metropolitana con la finalidad de ratificar la autonomía financiera de estas casas de estudios.

En este sentido, el rector de la Unimet, Benjamín Scharifker, señaló la necesidad de que se cumpla lo previsto en la Ley de Universidades, “que es que son los propios consejos universitarios los que establecen las matrículas universitarias en atención a lo que son las necesidades de financiamiento de cada una de ellas”.

Asimismo, Scharifker indicó que los mecanismos de control del Estado “deben existir para velar que efectivamente esas matrículas atiendan las necesidades de las diferentes instituciones, pero no para pasar por encima de lo que las leyes y la propia Constitución establecen, que es que las universidades tienen autonomía económica y financiera”.

El rector de la Unimet calificó como una necesidad el ajuste de las matrículas estudiantiles con el fin de lograr equilibrar los costos con las fuentes de ingreso de las universidades.

“Si se cercena el derecho de las universidades de gestión privada a ajustar las matrículas eso significaría su cierre y cerca de medio millón de estudiantes que cursan estudios en ellas estarían viendo violados sus derechos constitucionales”, alertó Scharifker.  

Juan Pedro Pereira, rector de la Universidad Yacambú, manifestó que las universidades privadas vienen arrastrando desde hace varios años un déficit en los presupuestos de mantenimiento de las plantas físicas de las diferentes instituciones.

Precisó que “en el caso de la Universidad Yacambú, el 77% de los ingresos se va en cubrir nóminas, quedando solo un 23% para cubrir el resto de las necesidades de esta casa de estudios”.    

Por su parte, el rector de la universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Edgar Ortiz, añadió que en estos momentos las universidades privadas se encuentran subsidiando alrededor del 50% de la matrícula estudiantil debido al incremento galopante de la inflación. “Los incrementos salariales y los costos de los servicios nos afectan muy por encima de las matrículas establecidas por nuestras casa de estudios”, dijo.

Ortiz resaltó la importancia de las universidades de gestión privada para el desarrollo del país. “25 universidades privadas existentes en Venezuela albergan hoy en día más de 340 mil estudiantes de pregrado y postgrado. En ellas trabajan alrededor de 80 mil profesores y empleados administrativos y obreros. Estamos graduando anualmente más de 40 mil jóvenes que aportarán conocimiento, cultura y desarrollo científico y gerencial a la nación”.

“Solo pedimos que se nos permita actuar como organizaciones competitivas que puedan seguir dando calidad y ofreciendo oportunidades de estudio a los venezolanos”, señaló.

*Con información de nota de prensa

En Runrunes te presentamos un resumen del día a día de algunos de los candidatos de cara al 6 de diciembre. En esta oportunidad,  Miguel Pizarro visitó el Barrio Unión y Tomás Guanipa estuvo en san Martín junto a dirigentes universitarios.

A continuación, el resumen:

Miguel Pizarro: “Juntos somos más fuertes que el aparato del Estado”

Desde la Vuelta del Beso hasta La Línea, Barrio Unión recibió la visita de Miguel Pizarro, diputado y candidato a la Asamblea Nacional por Petare. Acompañado de cientos de vecinos, concejales y miembros de todos los partidos de la Unidad, el parlamentario recorrió las calles de la comunidad y compartió con sus habitantes ideas y propuestas para lograr un cambio en Venezuela.

“Ustedes, cada uno de ustedes, es protagonista del cambio; cada casa que tocamos, cada puerta que nos abren, cada persona que nos saluda desde su balcón o desde sus ventanas, no es solo un compromiso electoral, es un compromiso de vida”, afirmó en la actividad.

De igual forma, hizo referencia a las arbitrariedades que ha enfrentado la Unidad de cara a las elecciones legislativas de este año: “Los que queremos cambio somos mayoría y juntos somos más fuertes que el aparato del Estado y que todos los abusos del poder”.

Tomás Guanipa: Desde la AN lucharemos por un presupuesto justo para las universidades

Desde el Barrio La Coromoto en la Avenida San Martín de Caracas, el Diputado y candidato a la reelección por el Distrito Capital, Tomás Guanipa recibió el apoyo del movimiento estudiantil y se comprometió a luchar desde el parlamento para lograr un presupuesto justo y digno para las Universidades venezolanas.

Tomás Guanipa estuvo acompañado por los dirigentes universitarios, Jorge Arellano (Presidente FCU- ULA), Jorge Jiménez (Consejero Universitario ULA), Jorge Márquez Gaspar (Presidente Adjunto FCU- UCV),  Michelle Girod (Consejero Universitaria UCV), Armando Alves (Consejero Facultad UCV), Jesús Valerio (Presidente FCE- USB), entre otros dirigentes universitarios.

El Secretario General Nacional de Primero Justicia afirmó que “vamos a comprometernos en la AN por un presupuesto justo para las universidades, para que nuestros estudiantes tengan comedores y puedan alimentarse, para que tengan laboratorios donde poder hacer investigación, para que tengan transportes y para que los profesores y trabajadores puedan tener salarios dignos”.

“No es posible que un profesor que tenga 30 años formando al futuro del país, formando al talento de la patria, este ganando un sueldo muchas veces inferior al sueldo mínimo. Eso es producto de un gobierno que ha atacado de forma absolutamente injustificada a las universidades del país”, sentenció el Dirigente Nacional Justiciero.

Ya aburre eso de quejarse del CNE, que siempre voltea hacia otro lado, por los usos y abusos del poder central en las campañas electorales.  Aquí hacemos elecciones más contra el árbitro que con él, sobran los  ejemplos.

El oportunismo es el ejercicio de la viveza en la política, es decir de la ausencia de propuestas. El ejecutivo puso esta vez la mira electoral  en el ingreso a la Educación Superior, sin preocuparse por cometer una de las mayores estafas a la juventud que en los anales de la politiquería se registre: el Sistema Nacional de Ingreso (SIN), una mescolanza improvisada e inauditable de mecanismos de selección que  disminuye la importancia del saber en pro de la fidelidad partidaria.

El CNU, excediendo las fronteras de su área de competencia, es la mampara institucional que oculta la incorporación masiva de nuevos electores en las universidades donde se eligen autoridades y centros de estudiantes, con la intensión posterior de controlarlas desde adentro y el deseo primario de mostrar una falaz solución, de claro corte comicial, a la insatisfecha demanda.  El CNU propone políticas y el ingreso lo deciden las universidades, eso está claro en la Ley; pero, “siguiendo a Tsypras” como dijo Maduro, todo vale para mantenerse en el poder.  Se usa al Estado a su antojo para que el PSUV siga gobernando, la socialdictadura definida por Demetrio Boersner .

La oferta nacional es de 250 mil cupos y la demanda de 400 mil, muchos provienen de la Misión Ribas, una buena propuesta reducida a chapuza por la demagogia. La prueba de admisión como único mecanismo es reduccionista, mas hay sabiduría en la Ley cuando deja que las soluciones surjan del debate nacional y no de esta estafa que entierra la calidad en la tumba de la cantidad, calidad que también ha de ser debatida porque la Educación es un ente dinámico, cambiante y, en consecuencia, democrático. La imposición de programas cerrados dio al traste con la UBV a nombre de la fidelidad a esa partida de corruptos que controlan al PSUV. De lo ridículo a lo estúpido va la argumentación que busca sustentarse sobre un supuesto tráfico de cupos para desestabilizar toda la enseñanza universitaria. El ministro Fernández solo conoce la universidad como alumno, tal vez no entienda lo que significa tener que meter cientos de estudiantes en un aula, sin dotación suficiente en las bibliotecas y sin materiales en los laboratorios.  Su tarea es mostrar cifras para las parlamentarias.

Las universidades están agotando todos los recursos legales para protegerse, pero temo que lo electoral se impondrá. Habrá que exigirle a la Sala Constitucional del TSJ que respete la Constitución, ya que en su resolución ni siquiera la cita, se reduce a obedecer lo de arriba aplastando a la Universidad. Negarse a aceptar mandatos contra la CRBV es un camino expedito, pese al riesgo de darle al gobierno la buscada excusa para barrer con la Autonomía. Es un momento para decisiones difíciles, doctrinarias, de principios.  ¡Viva la Universidad!

@rricardorios1