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Cuarenta por ciento del territorio nacional tiene acceso solo a medios oficialistas, para informarse de cuanto acontece en el país. La población está totalmente desinformada. Si acaso, consigue información a través de las redes sociales, que sabemos tienen un alcance limitado.

Esta fue una de las conclusiones de la exposición presentada por Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, en el Club Nacional de Prensa (NPC), en Washington DC, al cual asistió este lunes en compañía de Carlos Pérez Barriga, editor jefe del diario El Universo, de Ecuador.

El evento, titulado Los riesgos de hacer periodismo en America Latina, fue organizado por el propio club, con patrocinio del Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas, con sede en la capital norteamericana. El moderador de esta conferencia fue el periodista John Donnelly, presidente del Comité de Libertad de Expresión del NPC.

Otero y Pérez Barriga hablaron de las peculiaridades de los ataques a la libertad de prensa tanto en Venezuela como en Ecuador y destacaron la tendencia existente en América Latina a copiar el modelo venezolano, que ha buscado mecanismos legales y extrajudiciales para asfixiar a la prensa independiente, incluso con la instrumentación de nuevas leyes que le otorguen legalidad, mas no legitimidad, a la censura.

“El régimen que tenemos en Venezuela,” dijo Miguel Henrique Otero, “ha arrinconado al periodismo independiente, dentro de una estrategia que han llamado el Plan de la Patria, que tiene entre sus componentes desde agresiones físicas a periodistas hasta la compra de medios por gente afecta al oficialismo”.

El presidente editor de El Nacional enumeró los elementos de esta estrategia: Mas de 1.400 denuncias de agresiones físicas a periodistas y medios; crecimiento de radios y televisoras estatales en manos oficialistas (mas de la mitad); mas de 250 horas en menos de un ano de cadenas presidenciales por radio y televisión; la aprobación de leyes contrarias y limitantes a la libertad de expresión, en un Congreso dominado por el Ejecutivo; tribunales controlados por el gobierno a través de 90% de jueces provisorios; publicidad oficial sólo para medios amigos del régimen; acoso por medio de la oficina de impuestos; controles a través de la permisología de funcionamiento de las empresas (ambiente, precios, importaciones); campañas de desprestigio a medios y periodistas; compra de medios; restricción a la importación de papel, y control del ciberespacio.

Carlos Pérez Barriga, por su parte, denunció la aplicación de una ley de comunicaciones, aprobada hace año y medio en el Ecuador, y la adquisición progresiva de medios por parte del gobierno, para reducir paulatinamente la existencia de información independiente.

El editor ecuatoriano hizo un llamado a los ciudadanos latinoamericanos a que tomen conciencia de la falsedad del mensaje populista, que presenta en principio a los candidatos a gobernantes como ciudadanos comunes, que cuando llegan al poder instauran un régimen autoritario limitante de las libertades para perpetuarse como gobernantes.

Ambos editores reconocieron que ser editor en las condiciones que se presentan hoy en algunos países de América Latina hace complicado a las empresas de medios sobrevivir, bajo condiciones de un constante acoso legal, personal, y en el caso de los medios impresos, de circulación sin crecimiento, puesto que hasta se imponen restricciones a la consecución de papel.

“Nos mantenemos y pretendemos continuar por encima de todo como medios informativos independientes, porque consideramos que somos un activo de la sociedad, a la cual no debemos abandonar,” dijo Pérez Barriga.