«crónico y alarmante»

Dos Policías Nacionales Bolivarianos (PNB) fueron aprehendidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la madrugada del sábado en el municipio Libertador por haber secuestrado a dos comerciantes. Otros 13 funcionarios del cuerpo de seguridad implicados en el crimen fueron identificados y poseen orden de detención.

De acuerdo a información policial, Adriana Luna, de 34 años y su esposo Henry Mariño, de 36, ambos comerciantes, fueron secuestrados el viernes 1 de diciembre. La hermana de la víctima, Lindsay Luna, denunció el hecho tras recibir una llamada telefónica de parte de los secuestradores, quienes exigían 5000 dólares como rescate.

Análisis telefónicos e investigaciones de campo llevaron al Cicpc a identificar a los 15 oficiales de la PNB implicados en el caso. Durante la madrugada del sábado, en la Av. Lecuna, fueron aprehendidos el oficial supervisor Michael Lozada y el oficial agregado Daniel Prieto, quienes actuaban como cobradores.

En el procedimiento incautaron 150 dólares, un televisor y un equipo de sonido que pertenecían a las víctimas del secuestro, así como dos armas de fuego con cargadores y municiones que eran de los PNB.

Los treces PNB que colaboraron en el secuestro fueron identificados son: los oficiales supervisores Johan Pineda, Reinaldo Vargas; el oficial jefe Daniel Gutiérrez; y los oficiales agregados Hernie Flames, Robert Escalona, Johaan Rivas, Jose Silva, Williams Tovar, Johan Brito, Jesus Puente, Kevin Moreno, y los oficiales Ronald España y Jonathan Gonzalez.

El director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, calificó como “crónico y alarmante” el problema de inanición que afrontan los privados de libertad recluidos en los diferentes cuerpos de seguridad en Venezuela, debido a la crisis alimentaria que atraviesa el país, la cual en los últimos meses ha generado el fallecimiento de quienes, tras las rejas, esperan su traslado a un centro penitenciario.

“La mala administración de justicia por parte del Gobierno Nacional le está costando la vida a los procesados y también a sus familiares. Ya no solamente trasladaron el problema a las policías, donde el irrespeto de la orden de un juez, por parte del Ministerio de Prisiones, genera un inhumano hacinamiento, sino que también el improvisar que nuestros calabozos sean cárceles propicia que las familias tengan que sufrir para alimentar a sus seres queridos. Muchos no tienen la suerte de tener quien les lleve el alimento y entonces fallecen, debido a lo que les ocasiona la desnutrición a sus cuerpos”, citó.

Asimismo, declaró que en todas las sedes de la Policía de Miranda donde tienen Salas de Guarda y Custodia han notado lo que produce la mala alimentación en los aprehendidos, por lo que han implementado ciertas medidas para evitar hechos que lamentar.

“Recientemente, logramos una medida humanitaria para un recluido que padecía de Tuberculosis, antes que perdiera la vida. También hemos cambiado de sede a privados de libertad para que los familiares puedan trasladarse a llevarles comida. En otros casos, hicimos contacto con comerciantes para que, cuando tengan la disponibilidad, obsequien alimentos para los aprehendidos, ya que solo al 30% de quienes están tras las rejas en nuestro organismo, les llega algo para comer”, dijo.

Para Guzmán es vital acelerar los procesos judiciales, ya que hay casos de personas con más de cuatro años detenidos. A su juicio la mayoría de los juicios son lentos y el Ejecutivo Nacional en lugar de despoblar los calabozos policiales, hace una mala adaptación de la ley, que convierte las sedes de los cuerpos de seguridad en cárceles, ya que no otorgan oportunamente los cupos para que los detenidos sean trasladados a las penitenciarías correspondientes.

Criticó que por la indolencia de quienes administran las políticas de estado ocurran muertes que se pueden evitar y ante las cuales no haya siquiera un pronunciamiento oficial, en particular sobre la violación de los Derechos Humanos de los aprehendidos y sobre lo que genera la mala alimentación en los privados de libertad.

“La política correcta sobre un delincuente que es atrapado es reeducarlo y brindarle las herramientas para hacer de él o de ella alguien productivo, es buscar su talento para que sea una persona exitosa. En cambio, nuestro sistema lo pervierte al sumergirlo en espacios en los que nadie se regenera y en donde, sin que culmine su juicio, está condenado a extinguirse, incluso, producto del hambre”, concluyó el jefe policial.