Las Organizaciones No Gubernamentales Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Comunidanas, Grupo La Colina y Súmate rechazaron las últimas actuaciones del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) por considerarlas inconstitucionales y violatorias de la la Ley Orgánica del Poder Electoral. Entre esas acciones señalan el haber aprobado la toma de decisiones en esa instancia por mayoría simple, extender por una semana el período de postulaciones y permitir las inscripciones por Secretaría de las candidaturas de las actuales rectoras Tibisay Lucena y Sandra Oblitas.
Señalan que estas medidas han sido avaladas debido al control que posee el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en esta instancia. «Burlan el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional ante la Comisión de Cancilleres de Unasur y el Nuncio Apostólico de iniciar y no obstaculizar la renovación imparcial de los poderes públicos, como una contribución al diálogo nacional, el cual está suspendido hasta la fecha», aseguran.
Agregan que la ausencia de transparencia del CPE aumenta la desconfianza en el Poder Electoral, que según reciente encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es un reclamo no satisfecho de la sociedad venezolana. El estudio coincide en sus conclusiones con las recomendaciones de organizaciones internacionales, como el Centro Carter y el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad y profesionalismo del CNE para lograr equidad en las condiciones electorales, así como confianza en el Sistema Electoral.
En relación a la aprobación de decisiones por mayoría simple, las organizaciones insisten en que viola el espíritu de la Constitución que obliga a elegir los rectores electorales con dos terceras partes de los diputados y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) que estipula la elección de los miembros del Comité de Postulaciones por dos tercios de los 165 diputados.
Sobre la prórroga en el lapso de postulaciones para rectores recalcan que fue «injustificada» toda vez que durante el período inicial realizado del viernes 31 de octubre al jueves 13 de noviembre, ya se habían recibido 161 postulaciones, 6 veces más del mínimo de 27 candidatos requeridos según el numeral 4 del artículo 26 de la LOPE.
De la inscripción de las rectoras del CNE Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, apuntan que fueron postuladas a finales de la tarde del último día de la prórroga y sin acudir personalmente a entregar los recaudos, lo cual era una condición «sine qua non» para todos los aspirantes a rectores.
Exponen que al consentir este privilegio a las rectoras Lucena y Oblitas, para quienes además debe haber una evaluación previa de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 8 del LOPE; el Comité de Postulaciones violó sus propias condiciones establecidas en las convocatorias públicas y el artículo 21 de la Constitución que reza que «todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: No se permitirán discriminaciones (…) La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; (…) y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan…»
Reelección no es renovación
Las ONG afirman que el actual equipo rectoral del CNE no merece aprobación en su desempeño, por varias faltas graves cometidas entre las que destacan el haber retrasado 5 años la elección de Concejales Municipales que correspondía en 2009 y 1 año la de Alcaldes que debió efectuarse en 2012. Otros bemoles visto en su actuación, de acuerdo con lo expuesto por estas organizaciones, es no convocar a elección para llenar vacante de 1 Diputado del Estado Zulia (principal y suplente electos Alcaldes) desde 2013.
La lista de irregularidades que fueron cometidas por los actuales rectores sigue: no ha rendido cuentas públicas del ejercicio 2013, como mandan la Constitución y las leyes; en 2012 y 2013 realizó cambios en el Registro Electoral no permitidos legalmente, para favorecer a candidatos del PSUV; se plegó a la petición gubernamental de desconocer a los Alcaldes de los Municipios San Diego del Estado Carabobo y San Cristóbal del Estado Táchira y convocar de forma urgente elecciones para sustituirlos; se abstuvo de tomar medidas para evitar el ventajismo gubernamental en las campañas electorales, entre otras muchas irregularidades en su gestión.
Las ONG hacen un llamado a los ciudadanos a no perder la esperanza de lograr soluciones pacíficas y electorales a la grave crisis por la que atraviesa el país, destacan que la participación cívica, la contraloría pública y el voto masivo son las herramientas más eficaces para contener y superar «ventajismos e ilegalidades» y citan como ejemplo lo ocurrido recientemente con la derrota de los abusos en la repetición de las elecciones en los municipios San Diego en Carabobo y San Cristóbal en Táchira con la destitución de sus alcaldes.
Invitaron a los ciudadanos a estar pendientes del anuncio por el Comité de Postulaciones sobre el lapso de Objeciones a los Candidatos a rectores del CNE que no cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas en los artículos 296 de la Constitución y 9 de la LOPE, para presentar las razones que puedan tener con el fin de objetar la postulación de cualquiera de los 245 aspirantes, entre ellas las rectoras Lucena y Oblitas.
