CorteIDH

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio «anuló» hoy la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de retirar al país de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

«Estos actos violan directamente la Constitución y los derechos garantizados en esa Constitución a todos los venezolanos», aseguró en rueda de prensa en Miami la magistrada Cioly Zambrano al anunciar la anulación.

Zambrano precisó que el planteamiento del Gobierno de Maduro es inconstitucional y viola además las normas de tratados multilaterales.

Según el TSJ «legítimo» (como se autodenomina), el presidente Maduro carece de la autoridad constitucional para anular compromisos internacionales que son competencia exclusiva de la Asamblea Nacional puesto que son decisiones que involucran al Estado.

El TSJ en el exilio, conformado por magistrados elegidos por la Asamblea Nacional de mayoría opositora surgida de las elecciones de 2015, busca garantizar con la anulación el respecto de los derechos humanos a los venezolanos.

De esta forma, que los ciudadanos en su país puedan denunciar ante la CorteIDH si hay violaciones a esos derechos.

En abril pasado, Venezuela dio el paso histórico de ser el primer país en solicitar la salida de la OEA, aunque no será efectiva hasta 2019, después de las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.

La representante venezolana en la OEA Carmen Velásquez fue la encargada de entregar al secretario general del organismo, Luis Almagro, la misiva con la que su Gobierno denuncia la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948.

El TSJ en el exilio consta de 33 magistrados, de los cuales 30 están exiliados.

Desde octubre pasado estos jueces elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado celebran sesiones en Washington en la sede de la OEA.

La oposición manifestó este lunes su satisfacción por la sentencia que emitió hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que condena a Venezuela por diversas violaciones en el cierre del canal de televisión RCTV en 2007 y le ordena restablecer la concesión de la frecuencia.

«RCTV regresará a la pantalla de los venezolanos! Que cada quien elija el medio por el cual quiera informarse!», tuiteó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.

Por su parte, la líder del movimiento opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, también usó su cuenta de Twitter para expresar: «Ganó #RCTV!!! El régimen NO tiene excusa; debe acatar la decisión de la CIDH. El mundo entero exige respeto».

En otro mensaje, Machado también comentó: «El régimen aceptó competir y perdió, ahora pretenderá desconocer el resultado?? CIDH ha sido contundente: #RCTV GANÓ».

Lilian Tintori, esposa del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, también festejó el fallo a favor de restablecimiento de la señal de RCTV.

«La #CIDH lo ha dicho, el Estado debe darle nuevamente la concesión a @RCTVenlinea. Este es un espaldarazo a la Libertad de Expresión!», dijo Tintori en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Mitzy Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, manifestó su satisfacción por la medida al señalar que «RCTV es patrimonio de todos los venezolanos, somos sus accionistas «afectivos» y esas hoy valen mas que nunca!».

La esposa de Ledezma usó la cuenta de Twitter del alcalde para celebrar el fallo y por esa vía también escribió: «Que vuelva el Observador Venezolano, queremos disfrutar de ‘Radio Rochela’, que recuperen su trabajo miles de artistas venezolanos!», dijo al recordar producciones emblemáticas de RCTV.

La CorteIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Costa Rica, hizo público el fallo este lunes, luego de notificarlo a las partes involucradas.

Los jueces determinaron que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión, el deber de no discriminación, el derecho al debido proceso, al de un plazo razonable en un contencioso y el derecho a ser oído de los propietarios y trabajadores de RCTV.

«El Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares», indica la sentencia.

La demanda acusó al Estado de no renovar la concesión debido a que RCTV no quiso variar su línea editorial crítica del Gobierno, mientras este adujo razones técnicas.

 

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Raad Al Husein, expresó hoy su preocupación por la «resistencia» de algunos países del continente al sistema formado por la CIDH y la CorteIDH, y acordó aumentar los mecanismos de cooperación con esos órganos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado firmaron hoy una declaración conjunta de colaboración para «fortalecer la colaboración entre los sistemas universal y regional de derechos humanos», informó el primero de esos organismos en un comunicado.

Durante la ceremonia para firmar la declaración, Al Husein expresó su «firme respaldo» a la Comisión Interamericana, un órgano autónomo que, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), hace parte del sistema de derechos humanos del continente, vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Nos preocupa que algunos países muestren cierta resistencia hacia el sistema regional de derechos humanos», afirmó el alto comisionado de la ONU en la ceremonia, según la CIDH.

«Alentamos a todos los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad de apoyar a la Comisión Interamericana, mediante el cumplimiento de sus decisiones y el aporte de financiamiento adecuado», añadió Al Husein.

Países como Ecuador, Venezuela y Brasil mantienen tensiones con la CIDH debido a algunas de sus decisiones o a lo que consideran un patrón de conducta sesgado en su contra, mientras que la República Dominicana está evaluando su reconocimiento de la CorteIDH a raíz de una reciente decisión de su Tribunal Constitucional.

Además, once países del continente no reconocen la competencia de la CorteIDH, porque no han ratificado o han denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, que proporciona el sustento jurídico a ese tribunal; mientras que la OEA y la CIDH no reciben las aportaciones financieras suficientes para su actividad.

 

Alianza pro derechos humanos

La nueva declaración de colaboración entre la ONU y la CIDH contó con la firma de Al Husein, la presidenta de la Comisión, Tracy Robinson, y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

«Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) enfrentan desafíos similares. Nuestra alianza, por lo tanto, es crítica para fortalecer nuestro rol en asistir a los estados en cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y a las víctimas en el goce de sus derechos», señaló Robinson, según el comunicado.

La CIDH se comprometió a seguir «en contacto cercano» con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU mediante «acciones conjuntas, consultas e intercambio de información regular y colaboración en el desarrollo normativo».

Algunas de esas acciones conjuntas se centrarán «en los derechos humanos en el ámbito económico y de desarrollo, así como la violencia e inseguridad que afectan a muchos países de la región», según la Comisión.