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La Justicia de Brasil niega dos habeas corpus y mantiene a Lula en la cárcel

LA SEGUNDA SALA DE LA Corte Suprema de Brasil negó este martes dos «habeas corpus» intentados por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien seguirá en la prisión en la que está encarcelado desde abril de 2018.

Aunque habían sido retirados de su agenda para este martes, la Segunda Sala acordó juzgar dos recursos que intentaban liberar al exmandatario. Uno por supuestos vicios en el juicio de tercera instancia y otro por sospechas contra el exjuez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, quien le halló culpable de corrupción.

La primera acción juzgada era una apelación contra una decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que en tercera instancia negó a mediados del año pasado la libertad del exmandatario.

Según cuatro de los cinco magistrados de la sala, la decisión tomada en su momento por el Supremo Tribunal de Justicia no violó el marco legal, como sostenía la defensa de Lula.

Aún así, los jueces todavía debían decidir sobre otro «habeas corpus» presentado por la defensa del exmandatario, en el que se solicitaba revisar el proceso bajo la sospecha de que el entonces juez Sergio Moro había tenido un comportamiento «parcial» y ajeno al Estado de Derecho.

Este segundo recurso comenzó a ser juzgado a fines del año pasado pero la sesión fue suspendida porque el juez Gilmar Mendes, uno de los miembros de la Segunda Sala, solicitó más tiempo para analizar el caso.

Para ese momento, ya se habían pronunciado por negar el «habeas corpus» los jueces Carmen Lucia Antunes y Edson Fachin, pero al ser retomada la audiencia este martes, Mendes fue favorable al recurso.

Esa posición fue seguida también por el juez Ricardo Lewandowski, pero el último en votar, el magistrado Celso de Melo, también negó la acción intentada por la defensa, con lo que Lula seguirá en la cárcel por una ajustada decisión de tres votos frente a dos.

La decisión de los magistrados, además de dejar a Lula en prisión, postergó para el segundo semestre el debate sobre la conducta del exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien dictó la condena del exmandatario.

Las dudas sobre la forma en que Moro realizó el juicio contra Lula aumentaron en las últimas semanas, cuando surgieron mensajes que el exmagistrado intercambió durante el proceso con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó al exmandatario a prisión.

La Segunda Sala, sin embargo, juzgó un recurso anterior, que acusa a Moro de «parcial» y dice que esa tesis se «demostró» el año pasado, con el nombramiento del exjuez como ministro en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y principal antagonista político de Lula.

Los mensajes que complican el caso fueron intercambiados en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram y pueden sugerir que Moro dirigió de alguna manera las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la ley.

Moro ha negado con vehemencia la «autenticidad» de esos mensajes, que fueron obtenidos por el portal The Intercept con un «hacker» anónimo, y ha afirmado que su actuación como juez estuvo fuera de toda sospecha.

Gobierno de Brasil tiene 30 días para decidir sobre petición de cierre de frontera con Venezuela

La Corte Suprema de Brasil le dio este martes un plazo de 30 días al Gobierno brasileño para que se pronuncie sobre la petición en la que el estado de Roraima solicitó el cierre de la frontera con Venezuela ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado desde el país vecino.

El plazo fue establecido por la magistrada Rosa Weber, que será la instructora en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la demanda presentada por la gobernadora de Roraima, Suely Campos.

Hasta ahora tanto el presidente brasileño, Michel Temer, como su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, han dicho que no ven motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes venezolanos que huyen de la “crisis humanitaria” en su país.

Weber, sin embargo, instó al Gobierno a que defienda sus argumentos en la respuesta que tiene que presentar ante la Corte Suprema a la exigencia del gobierno regional de Roraima.

La magistrada también determinó que en ese mismo plazo de 30 días ambas partes se pronuncien sobre una posible conciliación amigable para superar el asunto.

Weber alegó que el diálogo y la cooperación institucional son “imprescindibles” para solucionar los conflictos entre el gobierno federal y las unidades federativas y que en este tipo de disputas la Justicia tiene que actuar con “cautela”.

La gobernadora de Roraima, estado que en los últimos meses ha recibido a miles de inmigrantes venezolanos, alega que esa administración no puede soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos.

Igualmente argumenta que, sin ayuda financiera y ante el aumento descontrolado del flujo migratorio, el estado más pobre de Brasil no tiene condiciones de ofrecerle a todos los inmigrantes venezolanos los servicios obligatorios como salud y educación.

Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50.000 venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10 % de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320.000 habitantes.

Ante este panorama, Temer reconoció el pasado 15 de febrero en un decreto la “situación de vulnerabilidad” en Roraima e impulsó, con carácter de urgencia, una serie de medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes del vecino país.

Pero el gobierno de Roraima alega que esta ayuda es insuficiente y que no llegó a tiempo.

Policía Brasil apunta a políticos en nueva fase de escándalo Petrobras

Petrobras

 

La policía brasileña llevó a cabo el martes los primeros allanamientos contra legisladores sospechados de haber aceptado sobornos en un escándalo de corrupción que tiene en su centro a la petrolera estatal Petrobras.

La policía incautó lujosos vehículos, entre ellos un Ferrari rojo, un Porsche negro y un Lamborghini gris, de la casa del actual senador y ex presidente Fernando Collor de Mello, según un testigo de Reuters.

La operación, que consistió en 53 allanamientos durante el día, fue ordenada a fin de evitar que se destruya o elimine la evidencia, según comunicados de la policía y fiscales federales.

La policía no dió los nombres de los que están siendo investigados, pero confirmó que las operaciones fueron ordenadas por la Corte Suprema de Brasil, la más alta autoridad judicial del país y la única que puede ordenar una investigación penal a políticos que cumplen mandato.

Collor de Mello, a quien durante su mandato presidencial se le inició juicio político en 1992 por presunta corrupción y posteriormente renunció, dijo en Twitter que la operación fue «invasiva» y «arbitraria» y que sólo pretendía intimidar a potenciales testigos.

Según la prensa brasileña, los senadores Ciro Nogueira y Fernando Bezerra y el legislador Eduardo da Fonte figuran entre los políticos involucrados en las operaciones del martes.

La policía también allanó una estación de televisión donde Collor de Mello es accionista mayoritario.

Desde marzo del año pasado, la investigación ha permitido la detención de ex ejecutivos de Petrobras y de algunos de los magnates de la construcción más poderosos de Brasil, acusados de arreglar contratos a cambio de sobornos. En total, 34 legisladores y un vicegobernador están siendo indagados.

El escándalo de sobornos ha paralizado los planes de infraestructura de Petrobras y socavó la posición política de la presidenta Dilma Rousseff, en momentos en que la economía tambalea.

El comunicado de la policía dijo que las operaciones del martes se están llevando a cabo en el Distrito Federal y en seis estados: Bahía, Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Río de Janeiro y Sao Paulo.

En un comunicado, el senador Bezerra «reiteró» su confianza en las autoridades y dijo que está listo para dar cualquier información solicitada. Los esfuerzos por contactar a Nogueira y da Fonte no fueron exitosos.