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Sentencia de 18 años ubica a sobrinos Flores en ranking de capos más peligrosos

InSight Crime

LA CONDENA DE 18 AÑOS DE PRISIÓN a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela no es complaciente y en lugar de ser representativo de la justicia pudiera ser una respuesta política del gobierno de Estados Unidos a la conducta “antidemocrática” de Nicolás Maduro.

El juez Paul Crotty, de la Corte Federal de Manhattan, anunció su decisión de condenar a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del Presidente Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel después de más de un año de espera y luego de descartar la condena de 30 años solicitada por la Fiscalía de Nueva York.

La decisión, que en Venezuela fue considerada benévola, se basó en que no había ninguna prueba de que los acusados hubieran distribuido drogas en Estados Unidos, según explicó el juez.

“En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas… La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad… la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”, publicó Runrun.es.

Los “narcosobrinos” fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) cuando intentaban concretar una negociación para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a territorio estadounidense. Durante la investigación, la Fiscalía de Nueva York presentó documentos judiciales que vinculaban a los sobrinos del presidente Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues planeaban recibir cocaína de este grupo.

Declaraciones de testigos y documentos de la Fiscalía también relacionan a los “narcosobrinos” con traficantes de drogas en Honduras. Además durante la investigación se descubrieron evidencias que vinculaban a Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores con bandas criminales y otros delitos en Venezuela. Se trata de los homicidios de dos hombres pertenecientes a las mafias carcelarias (pranes) y a megabandas (organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión y el microtráfico de drogas).

Durante el caso de los “narcosobrinos” también surgieron algunas grabaciones y otros elementos difundidos por algunos medios internacionales que mostraban la presunta complicidad de funcionarios del gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas.  Se refirieron al control del Cartel de Los Soles, supuestamente liderado por el expresidente del congreso Diosdado Cabello, sobre el tráfico de drogas desde Venezuela, y también y los presuntos nexos del vicepresidente Tareck El Aissami en actividades criminales. Sin embargo, no hubo mayores investigaciones sobre estas revelaciones.

Análisis InSight Crime

La página especializada Insight Crime analizó la condena a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y aunque pudiera parecer compasiva -luego de demostrarse su relación con grupos de crimen organizado, el uso ventajoso de su poder político familiar para facilitar el tráfico de drogas y la intención de introducir drogas en Estados Unidos- en realidad la sentencia de 18 años de prisión es muy similar a las condenas recientes de poderosos criminales de la región, que han sido juzgados en Estados Unidos.

Los hermanos Luis Alonso y Miguel Valle Valle de Honduras, señalados de introducir mensualmente 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fueron condenados a 23 años de prisión. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, recibió 24 años de pena, luego de declararse culpable de conspirar para introducir grandes cantidades de droga a ese país. También Marlon Francesco Monroy, conocido como “El Fantasma”, fue sentenciado en 2017 a 21 años y nueve meses de prisión en EEUU.

Otros dos poderosos capos colombianos también recibieron sentencias que fueron consideradas reducidas en comparación con los crímenes que habían cometido. Una Corte de Nueva York sentenció a nueve años de prisión a Luis Enrique Calle Serna, uno de los líderes de Los Rastrojos, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerada una de las más grandes organizaciones de narcotraficantes del mundo, fue condenado a solo 15 años y 10 meses de prisión por una Corte del Distrito de Columbia. Luego de una negociación con las autoridades de Estados Unidos, su responsabilidad en matanzas y violaciones de derechos humanos en su país no fue considerada en su sentencia.

Todas estas condenas tienen en común que los acusados se declararon culpables, se entregaron a las autoridades o negociaron acuerdos para suministrar información al gobierno de Estados Unidos. Al parecer los “narcosobrinos” no se ofrecieron como colaboradores, ni negociaron sus sentencias a cambio de suministrar información, así que su condena de 18 años podría ser un reflejo de eso.

Por otra parte, la condena a los “narcosobrinos” puede ser otra respuesta del gobierno de Donald Trump a las acciones “antidemocráticas” que han venido denunciado por parte del presidente de Nicolás Maduro. En varias oportunidades se llegó a plantear que desde Estados Unidos intentaron utilizar esta sentencia como una carta para negociar la salida del presidente Maduro del poder y obligarlo a flexibilizar algunas medidas, como el encarcelamiento de líderes políticos de oposición.

La decisión del juez Crotty, que había sido postergada en al menos tres oportunidades, se conoció el 14 de diciembre, cuatro días después de que el partido del presidente Maduro arrasara en las elecciones municipales, al ganar 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa. Se trata de la tercera victoria electoral consecutiva del mandatario en 2017, luego de triunfar en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones de gobernadores, todas obtenidas bajo la sospecha del fraude y en medio de un ambiente de protestas ciudadanas por falta de comida, medicamentos y una creciente inflación.

La ironía no se limita a la Casa Blanca. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a Maduro y a una docena de funcionarios del Estado venezolano por violación de derechos humanos y conductas que atentaban contra la democracia. Además calificó a Nicolás Maduro de “dictador”. Sin embargo, estas medidas no parecen haber afectado al régimen del sucesor de Hugo Chávez, quien en los últimos cinco meses se ha fortalecido en el poder y ha radicalizado su modelo.

La condena de 18 años de prisión sobre los sobrinos de su esposa tampoco generó ninguna preocupación en el mandatario de Venezuela. Días antes del anuncio de sentencia, previsto para el 14 de diciembre, Maduro mantuvo su conducta retadora. El mandatario, ahora fortalecido políticamente, amenazó a la oposición con no permitirles participar en las elecciones presidenciales de 2018 si no exigían al gobierno de Estados Unidos que retire las sanciones en su contra.

Ningún funcionario del gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre la sentencia, tampoco los medios de comunicación oficiales han difundido la información.

Un juez suspende la aplicación de la reforma migratoria de Obama

ReformaMigratoria

 

La batalla migratoria se recrudece en Estados Unidos: un juez federal ha suspendido temporalmente las medidas ejecutivas ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados. La Casa Blanca no ha tardado en reaccionar y ha anunciado este martes que el Gobierno apelará el fallo, puesto que considera que Obama ha actuado “dentro de su autoridad legal”.

“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará dicha decisión”, ha agregado el portavoz de Obama, Josh Earnest, en un comunicado. No está claro sin embargo cuándo se presentará la apelación, que deberá ser atendida la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans.

Pese a que la lucha legal no ha hecho más que comenzar, la decisión del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas -el Estado que ha encabezado la demanda- paraliza por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar. Este miércoles se abría el plazo para extender la Acción Diferida para jóvenes llegados en la infancia (DACA), el popular programa que desde 2012 le ha permitido a más de medio millón de jóvenes indocumentados frenar su deportación y obtener un permiso temporal de trabajo. A este paso le debía seguir, en los próximos meses, el inicio de un nuevo programa para conceder permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como DAPA, un plan que estaba previsto que empezara a implementarse en mayo.

En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados contra las acciones ejecutivas argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, hecho por el cual ha concedido “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta “una orden ulterior de este tribunal”.

“Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella”, ha subrayado Hanen, que dice coincidir con los demandantes en que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción “virtualmente irreversible”. Según un análisis del instituto demoscópico Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados que se podrían beneficiar de las medidas de Obama, 2,3 millones de personas, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.

El magistrado, conocido por otras resoluciones críticas con la política migratoria, considera que la Administración no ha llevado a cabo los procedimientos básicos exigibles para aplicar el plan migratorio. Además, le reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración ilegal, según detalla The New York Times. En esa línea, apoya la queja de los Estados en relación con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigración irregular.

La base de la demanda era la convicción de los Estados que la presentaron de que con las medidas migratorias Obama había “sobrepasado” los poderes que tiene como presidente y fallado así en su obligación en garantizar que las leyes son cumplidas. El gobernador de Texas -que fue quien presentó la demanda el año pasado, cuando todavía era el fiscal general de ese Estado- Greg Abbott, ha saludado la decisión judicial. “El presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de EE UU en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisión de Hanen le pone freno”, ha señalado en un comunicado.

Pese al revés, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuarán trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor.

“Esta no es más que la primera ronda de un largo proceso legal”, ha señalado Apolonio Morales, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).

“Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta demanda sin fundamentos que no hace más que malgastar dinero de los contribuyentes, priva de derechos a trabajadores inmigrantes y sus familias y le priva a los Estados de ingresos muy necesitados”, ha añadido.

Para Lupe López, de la Alliance for Citizenship, la demanda presentada por los 26 Estados no es más que una “táctica para provocar miedo” impulsada por fiscales y gobernadores antiinmigrantes que pretenden “ahuyentar a los inmigrantes que podrían solicitar” las medidas ejecutivas, pero que no tendrá éxito, ha sostenido. “Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta odiosa demanda”, ha coincidido con las otras organizaciones.

“No estamos de acuerdo con la decisión de la corte y creemos que un tribunal superior va a reafirmar la legitimidad de las medidas (de Obama), al igual que incontables expertos legales que afirman que el presidente tiene autoridad para actuar”, ha declarado también Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones hispanas más influyentes de EE UU.

La vía legal no es más que uno de los caminos tomados por los que se oponen a las acciones migratorias dictadas por Obama en noviembre, frustrado por la negativa del Congreso a aprobar una reforma migratoria que propusiera una solución para los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.

La oposición republicana, que domina las dos cámaras del Congreso desde enero, ha tratado también de revertir las medidas presionando mediante la retirada de fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Este ministerio es el único que no ha conseguido financiación hasta finales del año fiscal, sino que se quedará sin recursos a partir del 27 de febrero, a menos que los congresistas aprueben una nueva partida de dinero. Algo que hasta ahora no ha funcionado por los intentos republicanos de incluir en ella medidas para revertir las acciones ejecutivas migratorias, hecho tajantemente rechazado por los legisladores demócratas.

El fallo judicial de Texas le ha servido al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, para reclamarle a los demócratas que cedan en esta batalla legislativa. “Ojalá que los demócratas del Senado que afirman que se oponen a esta extralimitación ejecutiva permitan ahora que el Senado empiece a debatir una propuesta de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional”, ha dicho.