El siguiente gobierno no debe ser antimilitar por el hecho de que el actual es militarista. Todo lo contrario, son los militares los que deben demostrar su civilidad democrática en correspondencia a una sociedad que les confía en exclusividad las armas para ser guardianes del bien común. Armas que no son de ellos, ni de los policías, como las de cualquier matón que abusa del vecino desarmado, sino de la sociedad cuya vida garantizan y cuya confianza y gratitud ganan por sentirse seguros y liberados del asalto traidor.
Los militares no son extraterrestres, sus esposas e hijos sufren las mismas penurias del venezolano cuyo bolívar de ayer hoy vale menos de un real, con la locura de que un cartón de huevos o una lata de atún –cuando se consigue– cuesta más que 10.000 litros de gasolina. Serán unos centenares los altos militares que disfrutan de modo privilegiado y escandaloso de la apropiación privada del bien público de todos los venezolanos. Por las manos de una minoría corrupta han pasado más de 1 millón de millones de dólares, sin recibo ni obra realizada: enormes recursos públicos de pertenencia común, apropiados por unos pocos, en un “socialismo” al revés, que convierte lo público de todos en botín privado de unos pocos. Mientras decenas de miles de familias de militares honestos pasan penurias, por ejemplo, con un seguro de salud de pobre cobertura y con ingresos, que no alcanzan para las necesidades básicas de su vida.
Todo venezolano –también los militares– tiene derecho de soñar con una Venezuela mejor y a haberse ilusionado con un cambio que prometía el paraíso. Lo imperdonable sería aferrarse al error evidente y no querer contribuir a enderezar el disparate actual que tanto sufrimiento está produciendo a 30 millones de venezolanos, con excepción de una “cúpula podrida” en el privilegio mal habido. Está clara la falsedad de la propaganda oficial que contradice la dura y evidente realidad cotidiana. Causas del desastre: el estatismo en economía y la concentración anticonstitucional del poder, que ha fracasado aquí y en todos los países donde se ha intentado. En Cuba, luego de 65 años de dominio total, es evidente la incapacidad de producir prosperidad económica y vida civil digna en libertad con pluralidad de opiniones y de iniciativas. Décadas antes en decenas de países de otros continentes, el partido único convertido en “dictadura del proletariado” mostró su verdadera naturaleza de dictadura sobre la sociedad sometida a la penuria y al terror policial. Hoy es necesario hablar –también en los cuarteles– con plena libertad de ese hecho evidente, con ánimo de liberación, de superación y de unión.
Tenemos en nuestra América ejemplos de salidas razonables y pacíficas de dictaduras diversas. En Brasil luego de 20 años de dictadura (1964-1984); en Perú cuando Fujimori o años antes cuando Velasco Alvarado –luego de haber creído que la vía militarista era el camino para superar exclusiones seculares y agravios históricos contra el mundo indígena–; en Chile y Uruguay… Fueron los propios militares que obedeciendo a la población abrieron la transición hacia la democracia, sin enfrentamientos armados.
Hoy está claro lo que para muchos no lo era hace cinco años y no hay que recurrir a aventuras golpistas que siempre terminan mal, solo hay que defender la Constitución vigente y la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos. Coincide el clamor del país por un cambio con la próxima elección democrática (aunque amenazada) y con el papel no partidista exigido a los militares en nuestra Constitución. Como pocas veces antes, la República exige que se restablezca el monopolio legítimo de las armas, hoy violado por los grupos fuertemente armados que se hacen llamar “colectivos” y fueron indebidamente fomentados y protegidos desde el poder. Una república no es solo de civiles, sino que necesita de los militares civilistas garantes de la justicia, de las fronteras y de la paz desarmada de la población; sus armas nos permiten, a todos menos a los delincuentes, andar desarmados y tranquilos.
¿Qué pueden hacer los militares? Simplemente sacar las conclusiones de lo que ven sus ojos y su conciencia y defender decididamente el tránsito pacífico hacia la democracia social. Recordar su deber establecido en la Constitución: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación (…) En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328).
Las elecciones venideras son una gran oportunidad para iniciar un cambio a fondo de esta locura suicida.
Luis Ugalde
