AL MENOS 30 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES expresaron su rechazo a los continuos ataques contra las universidades y estudiantes y a la más reciente acusación contra el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci Rossini, a quien colocan como chivo expiatorio.
Un grupo de al menos 90 universitarios entre estudiantes y profesores afectos al Gobierno Nacional, presentaron ante la Contraloría General de la República en Caracas, la denuncia formal para iniciar una investigación por corrupción contra
Lo anterior se hizo con la anuencia de instituciones públicas como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, así como del gobierno regional del Estado Mérida. Bonucci Rossini señaló que esas acciones buscan apartarlo de la lucha en las calles.
A continuación texto completo del comunicado:
La denuncia introducida el pasado 20 de Abril ante la Contraloría General de la República por un grupo de estudiantes afectos al gobierno con el apoyo público y notorio de instituciones gubernamentales como el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, así como del gobierno regional del Estado Mérida, no tiene otro objetivo que el de lograr la destitución del Rector de la Universidad de Los Andes Mario Bonucci Rossini y estigmatizar la lucha de los universitarios, buscando anular toda voz crítica que se levante en defensa de la institucionalidad democrática, los valores republicanos y la autonomía universitaria.
Es importante tener presente que desde el año 2010 se han venido recrudeciendo los ataques a las libertades universitarias por parte del gobierno nacional, mediante prácticas y políticas que no pueden ser calificadas sino como autoritarias, discriminatorias y represivas.
Mediante el Plan Socialista de la Patria y los viceministerios del MPPEUCT el gobierno nacional se ha trazado como objetivo el adoctrinamiento y sometimiento de las universidades autónomas a un pensamiento único, con el fin de anular su esencia plural y crítica, e intervenirlas por la vía de los hechos.
Este proyecto de adoctrinamiento se ha traducido, en la práctica, en el encarcelamiento, la persecución, la represión e incluso la muerte de universitarios por el mero hecho de protestar o de cuestionar las políticas y gestión gubernamentales. La anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, interpeló en diversas oportunidades a los rectores de las Universidades Autónomas y solicitó, en noviembre del 2015, la intervención de las mismas.
En los últimos 2 años un sistema de justicia al servicio del Ejecutivo Nacional ha declarado procedentes más de 10 recursos en contra de la Universidad de Los Andes mientras que 169 denuncias introducidas por esta Universidad desde el 2011 no han obtenido ninguna respuesta por parte del aparato de justicia.
El Rector Mario Bonucci Rossini ha sido objeto de acusaciones sistemáticas por parte de los máximos representantes del Ejecutivo regional. El pasado mes de marzo el Secretario General de la Gobernación de Mérida responsabilizó, sin presentar prueba alguna, al Rector por la violencia en la ciudad, mientras que el Gobernador del Estado ha declarado pública y reiteradamente señalamientos y acusaciones, de igual forma sin prueba, en contra del profesor Mario Bonucci Rossini. El primer mandatario regional se ha referido al Rector en múltiples ocasiones empleando un lenguaje estigmatizante y soez honrando poco o nada la majestad del cargo que ocupa. Recientemente el Edificio Central del Rectorado, considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad, fue vandalizado con grafitis a favor del PSUV y panfletos en contra del Rector.
Por su parte, la web del MPPEUCT ha divulgado noticias panfletarias en las que se incluyen señalamientos del tipo: “la derecha rectoral atenta contra la paz universitaria”; y, “el rector forma parte del plan nacional que obedece a planes imperiales y nosotros como militantes de la Revolución lo repudiamos”.
La denuncia infundada de un grupo de estudiantes en contra el Rector de la ULA pidiendo su destitución se enmarca dentro de estas prácticas de sometimiento y destrucción de la Universidad Autónoma y el pensamiento crítico y no tiene otro objetivo que el de crear un escenario para la intervención de la universidad, enmascarando, bajo una pretendida legalidad, un hecho de fuerza impuesto por un gobierno que se ha caracterizado por violar sostenidamente la autonomía universitaria y destruir la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
24 de Abril de 2017
Suscriben:
Acceso a la Justicia
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz –FUNPAZ
Asociación Civil María Estrella de la Mañana
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, seccional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Aula Abierta Venezuela
Cátedra Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental “Lisando Alvarado”
Catedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel Briceño Monzillo”
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Animación Juvenil
Coalición Clima21
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Capítulo Mérida
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía – CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
EXCUBITUS derechos humanos
Fundación CELTA
Fundación Aguaclara
Grupo de Investigaciones sobre Lógica y Filosofía del Lenguaje – GISLOFIL
Justicia Venezolana
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Organización Justicia Venezolana
Red Andina de Derechos Humanos – RADAR
Red Ara
Sociedad HominisIura (SOHI)
Una Ventana a la Libertad
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