ASOSABER

Con la finalidad de garantizar el derecho a la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, doce organizaciones de la sociedad civil solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) información acerca del número de Fiscales Electorales desplegado para el proceso electoral del 20 de mayo, según el ámbito de cada evento: Circunscripción Nacional, Circunscripciones Regionales y Municipales.

Además, requirieron del ente comicial los medios de contacto de los funcionarios mencionados, «con el objetivo de coadyuvar con el proceso de Fiscalización Electoral y establecer de ser posible, un cronograma de divulgación del contenido del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales» (Lopre).

La divulgación del contenido de la Lopre se realizaría en las comunidades, «de conformidad con las atribuciones reglamentarias conferidas en el artículo 232 numeral 5 del referido instrumento de rango sub-legal».

Las organizaciones dirigieron la solicitud al rector Luis Emilio Rondón, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, señalándole que es deber del Estado facilitar las condiciones más favorables para la participación del pueblo.

Firmaron la solicitud: Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Voto Joven, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Foro Hatillano, Caracas Ciudad Plural, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Red Org. Baruta, Asosaber, Somos Ciudadanos, La Urbina Activa, Dale Letra y Minas.

Este lunes 18 de julio de 2016, diversas activistas y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA), FUNDANA, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos  de la Mujer, Voces Vitales de Venezuela, y ASOSABER, introdujeron un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuestas del Estado venezolano frente a la aguda crisis de salud, la cual tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres.

En el documento introducido, señalaron que la grave crisis de salud por la que atraviesa Venezuela afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad, el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a no morir por causas relacionadas con el VIH/SIDA, ante las cuales el Estado venezolano está obligado a actuar en virtud de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres.

Citaron como ejemplo cómo la escasez de anticonceptivos y condones afecta el derecho a la autonomía reproductiva en virtud del cual las mujeres pueden decidir libre y responsablemente cuántos hijos o hijas tener y cuándo. La escasez de preservativos, por su parte, incluyendo la escasez de condones femeninos, implica un riesgo para las mujeres y la población en general, de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

El artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dispone que el Estado debe garantizar asistencia y protección integral a la maternidad, explicaron las organización y a su juicio, no está ocurriendo dada la grave escasez de insumos médicos y medicamentos básicos como vitaminas para mujeres embarazadas, y el colapso de la infraestructura de salud.

Otros de los temas ante los cuales exigieron la acción del Estado venezolano son el aumento de las ya altas tasas de embarazo adolescente (la más alta de América Latina), y las consecuencias de salud como bajo peso al nacer, desnutrición y otros, exacerbados por la crisis; la aguda escasez de medicinas, insumos médicos y atención oportunas para el cáncer de mama; y la ausencia de datos e información sobre la relación entre el virus del Zika y las mujeres embarazadas en riesgo de tener bebés con microcefalia.

Mediante este documento, las organizaciones y activistas firmantes se suman a la causa interpuesta el pasado 23 de mayo de 2016 por las organizaciones PROVEA, CEPAZ, Codevida, Acción Solidaria, SenosSalud, Funcamama, Convite y Transparencia Venezuela ante la Sala Constitucional del TSJ demandando la protección del derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.

*Con información de Nota de Prensa