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Asdrúbal Aguiar

El futuro

Henrique Salas Römer entrega a las generaciones del presente y el porvenir, de modo especial a las venezolanas, su legado de observaciones y experiencias. 

Aún recuerda mi generación la advertencia que nos hace en la hora previa a las elecciones presidenciales de 1998. Decía que uno u otro – él o Hugo Chávez, pasajeros del mismo tren de la historia y de dos generaciones concurrentes – marcarían con su huella al país y los efectos se verían a 15 años plazo. Casualmente, coincidieron con la muerte del último y su herencia de destrucción. Hoy mejor se comprende tal predicción, a la luz de la obra escrita por aquél, El futuro tiene su historia, que se califica por sí misma. 

El autor, formado en la Universidad de Yale, analiza los hitos y procesos históricos transcurridos por el mundo. Les ancla en 1899 y desanda en 2019, mirando hacia el futuro con propósitos pedagógicos: evitar que el tren de la historia nos deje varados en la estación, como piezas de desecho.

En el tren de la historia, que hace y construye historia en un momento dado, siempre viajan dos generaciones que la marcan, cada una ocupando 15 años y ambas sumando 30 años con sus experiencias e interacciones; correspondiéndole a la mayor bajarse en la siguiente estación para que suba otra, y así sucesivamente.

Conservo en la memoria mi encuentro de Roma, en 1993, con Giulio Andreotti, varias veces Primer Ministro y centro de la vida política de Italia desde 1946. Él fallece como Senador a vida en 2013. Le pregunto por la persecución que sufre junto a Bettino Craxi, veinte años menor que él, también ex primer ministro y líder del partido socialista. Sin rodeos y sin pensarlos dos veces, el titán de la democracia cristiana me responde:

“Bettino y yo caminábamos sobre la línea férrea, muy distraídos, muy animados. No nos percatamos que venía el tren de la historia. Nos pasó por encima”.

Salas Römer es cabalmente orteguiano. Sigue al ícono de la ilustración hispana que fuera José Ortega y Gasset, de quien copia el método de las generaciones y lo traslada para su análisis en tiempos de globalización. 

A la generación venezolana que insurge en 2007 le toca trillar hoy con su precedente. Y el caso – esto lo afirmó yo, no lo dice Henrique, sólo sigo sus pasos – es que, en nuestro caso, la actuante en 1989, cuando se agota la República civil de partidos y que echa dientes una década atrás, no abandona sus asientos. Mantiene congestionado y detenido el tren de Venezuela, que probablemente llegue con retraso a su siguiente escala.

¿Es esto un sino y algo fatal, como parece y propio de nosotros, me pregunto? 

Venezuela ingresa al siglo XIX en 1830, con 30 años de retardo, de manos de José Antonio Páez. Lo hace al siglo XX una vez muerto Juan Vicente Gómez, en 1935. El tren de ahora nos ha devuelto al siglo XIX y quiera Dios que podamos retomar nuestra senda hacia el futuro, a más tardar, el 2030. 

Estados Unidos hace aparición en la escena mundial, 110 años atrás. Vive la Gran Depresión 30 años después, e inicia su carrera espacial 30 años más tarde, en 1959. Es este el hito, justamente, en el que finalmente nace nuestra república civil y civilizada, ajena a la república de las armas. 

La realidad que forja el Pacto de Puntofijo la trabajan, 30 años antes, los miembros de la generación de 1928. Se sostiene 30 años hasta 1989, último escalón del sistema de partidos democráticos, pero acaudillados, que nos rige hasta ese momento. Después, como lo dice Salas Römer, mirando hacia afuera y adentro, ocurre el Gran Vacío, que se cierra este año, pasados 30 años.

1989 fue el aldabonazo, en lo global y con efectos domésticos en Venezuela. Cae el Muro de Berlín, se diluyen las tensiones entre el Este y el Oeste, e ingresa la Humanidad, es lo central, a una Era distinta, a algo más que una etapa – un cambio de época como lo refiere Carlos A. Montaner. Llega el tiempo del tiempo con su velocidad agonal, para diluir el significado de la geografía que aún ocupan las cárceles de ciudadanía que son los actuales Estados. Ha lugar, en el vacío de coyuntura, a manifestaciones de “neofundamentalismo” que se aprecian, primero en Alemania, luego en Caracas con los “bolivarianos”. 

Si leemos la obra de Salas Römer constataremos, entonces, que no se trata de “incidentalismo”, menos de conjuras o miserias políticas – que si las hubo y las refiere este – que fuesen las determinantes en la cuestión venezolana.

Estamos “ya” en 2019. Las migraciones cambian la faz de una Europa que renuncia a sus raíces cristianas y se repiten en las Américas; se impone el vértigo, sea en las comunicaciones con el 5G, sea con el tren bala chino de 350 km. por hora o el avión, como lo recuerda Henrique, que cruzará el Atlántico antes de que un pasajero se mueva desde el aeropuerto Kennedy hasta la Gran Manzana. El Oriente – ex Oriente lux – pone su mirada en el Occidente, mientras éste – ex Oriente lex – permanece distraído en su estación y camina sobre los rieles del tren que anuncia su llegada. Ojalá no le ocurra lo mismo que al Onorevole Andreotti.

Quiera Dios que las generaciones del presente, las venezolanas, hagan un alto en su diario narcisismo digital en modo de cumplir con la otra máxima de Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote: “Sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro del bosque”.

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Quo vadis, Venezuela, por Asdrúbal Aguiar

Así como es fácil observar que cada treinta años se cierra un ciclo político en Venezuela, destructor de paradigmas, podemos suponer que en el 2019 habrá de concluir el período de incertidumbre que se inicia en 1989. Allí fenece la república civil de partidos, forjada treinta años antes, en 1958.

Pero es audacia de ignorantes querer fijarle contenidos anticipados a lo que habrá de ocurrir. Más lo es intentar responder hacia dónde vamos los venezolanos, hasta que no hayamos definido un camino apropiado y compartido, de unidad en la pluralidad, y sobre todo eficaz para labrarnos el destino al que aspiramos todos.

Deambulamos por los caminos varios, en un ir y venir propio de desorientados o jugadores de azar, atrapados entre agentes de viajes, amos de casinos, comerciantes de baratijas, a los que sólo importan sus ventas e intereses.
Pedro, sobre la Via Appia, le pregunta al Mesías Quo Vadis, Domine. Este le responde con Verdad, pues es Ser y Esencia plenos y en plenitud: Roman vado iterum crucifigi, ¡voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo!
Sabía bien el Maestro que, si Pedro no se daba la vuelta y retomaba su destino superando los miedos, quedaría crucificada la Iglesia naciente.

A la pregunta Quo Vadis, Venezuela, susceptible de formulársele a quienes tomaron la vía de Oslo-Barbados o ahora la de la Casa Amarilla con Pedros impostores y de circunstancia, mi respuesta sería, dudando: ¡Van hacia Miraflores, crucificando una vez más a los venezolanos ¡

Solo una falta de memoria imperdonable – aquí sí – explica que al término del primer recorrido – Oslo/Barbados – y al que sigue el otro, se digan algunos, para justificarse, que al menos quedó en evidencia la mala fe de Nicolás Maduro y su asociación criminal transnacional.

La pregunta, entonces, no sería Quo Vadis, sino ¿cuántas veces más debemos probarnos y probarle a los otros, el espíritu zorruno y ladino de interlocutores de tan amoral trayectoria?

José Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote recuerda que “la misión de los árboles patentes es hacer latente el resto de ellos, y sólo cuando nos damos perfecta cuenta de que el paisaje visible está ocultando otros paisajes invisibles nos sentimos dentro del bosque”.

He optado, al efecto, por la metodología que describo en mi más reciente libro sobre Calidad de la democracia. Reza así: “Sólo el texto de una obra permite ordenar el reparto de los actores – en el caso, los actores de la democracia – para que, al margen de sus actuaciones respectivas [las individuales], todos a uno logren armonía de conjunto y un desenlace [exitoso] a la trama. Y para que, al término, ganen todos con la satisfacción emocionada del auditorio que los mira, que también es participe central de la obra”.

“El público que observa desde la galería – agrego – puede captar en los actores de escena discursos distintos e inconexos, que pueden corresponder o no a los niveles distintos y las variantes de los diálogos planteados; más lo cierto es que a lo largo de la obra y al término, no la pueden desconocer quienes ocupan las butacas del teatro y ya han pagado su abono con el sufrimiento o la expectativa. Luego del clímax de la obra, donde todo es aparente confusión, sucesivamente se han de resolver los conflictos entre los personajes de la trama”.

El caso es que varias obras se escenifican, juntas, en el «teatro de la democracia», domiciliado en Venezuela. Mientras, otra, la real, avanza oculta entre bastidores. Aquellas, las primeras, distraen y confunden, chocan entre sí y se neutralizan ante un público fastidiado, decepcionado, y la última hace de las suyas, empuja su actuación hacia un desenlace fatal.

Los títulos de las primeras son populares: “Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”; otro, que lo debemos al genial dramaturgo José Ignacio Cabrujas, “Caja de gatos”, o encuentro entre socialistas en Barbados; el último y desdoroso, “La Casa Amarilla o aquí no pasa nada”.

En el escenario se empujan los actores de éstas queriendo mostrar cada uno su mejor talante, con narrativas improvisadas e imaginarias, y tras el telón se representa, en efecto, una tragedia con otro diálogo cerrado: “El señor de los cielos secuestra a Venezuela”.

Ella canibaliza al cuerpo de la nación y lo posee con violencia, lo deja sin territorio. Expulsa a sus hijos, huérfanos, y les anula la autonomía de la voluntad, les infesta con drogas y crímenes y adormece con sus dineros. En cada representación, durante cada noche, mata al Estado y al pueblo venezolano lo crucifica.

Hete aquí lo importante y la enseñanza.

Hace pocos días se presenta en el teatro un ilustre visitante, el embajador venezolano Gustavo Tarre Briceño, quien aprovecha el intermedio e invoca al TIAR gritando ¡Alerta! Advierte que se recrean dramas a la vez y hacen tráfico las ilusiones, cuando en la parte trasera “El señor de los cielos” prepara su culmen magistral, la voladura de todo el teatro con su audiencia.

Si me preguntasen y aquí termino, Quo vadis, respondería que voy a la parte oculta del escenario para reclamar se le clausure y con ella a la tragedia de muerte y traiciones que procura el Vellocino de Oro, emulando a la Medea de Eurípides.

Luego volveré a mi butaca, conjurado el peligro, y presenciaré, ahora sí, el drama de la libertad, con sus resoluciones varias y por hacer. No sé de su final, puede ser novedoso.

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Sin expresión libre no hay política, menos democracia por Asdrúbal Aguiar

DESDE EL 2000 PARTICIPO de las asambleas y trabajos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), arraigado en una añeja convicción, obra de mi experiencia personal, desde cuando friso apenas los 22 años y dirijo la agencia de noticias IPS en Caracas.

Recibo mí carné nacional de periodista por la ONAPED en 1971, tachada por la izquierdista AVP – no existía el colegio – como reducto de la derecha mediática. Era natural la divisoria maniquea. El clima de la bipolaridad internacional dominaba. Pero aprendí que donde media la censura o la autocensura a la libre expresión y al debate de las ideas, mueren las posibilidades de la política y la democracia, cediendo la razón de ser de la vida humana.

La relación de la prensa con el poder y quienes lo ejercen – sobran ejemplos en Venezuela, hasta 1998 – es muy dura y conflictiva. Quiérase o no el periodismo tiene por norte inexcusable controlar y escrutar al mismo poder y denunciar a quienes abusan, en sede de la opinión pública, más allá de los ámbitos de la representación popular.

Los políticos – también lo fui – demandan, machaconamente, neutralidad y veracidad en los comunicadores; casi les exigen enajenarse como personas – ser carpinteros de la noticia – o sustituir a los jueces, únicos capaces de declarar la “verdad judicial”, con base a pruebas controvertidas que, al caso, siempre las revisan sus superiores.

Con la instalación de la mordaza a los medios y su perversa cultura modeladora de los hábitos políticos por Hugo Chávez, se acusa de mentirosos a los periodistas. Se descalifica sistemáticamente su oficio, generalizándose, por empeñado éste en matar a la democracia, fracturándole su columna vertebral: Están tarifados, sirven a la oligarquía, ¿cuánto te pagan o para que medio trabajas?, es la afirmación, la pregunta obstinada del mismo Chávez ante quien le interpela y denuncia actos de corrupción en su gobierno, como el celebérrimo Plan Bolívar 2000.     

El ser humano, agente y destinatario de la información, medra afectado por el fenómeno corriente de la sobreabundancia informativa, que es cierto y acaso causa desinformación en los desprevenidos. Ello impide o dificulta, dada la misma velocidad que tiene lugar en la generación de las informaciones por razones de la deriva digital y del sentido de oportunidad en espacios comunicacionales cada vez más competitivos, una construcción de visiones racionales sobre el momento.

Somos presas del dilema que cita con propiedad Pierre Bordieu sobre “la relación entre el pensamiento y la velocidad”. El receptor de la información tiene poco tiempo “para hacer una pausa y pensar dos veces antes de emitir un juicio”. Se trata, sin embargo, de un problema o fenómeno cuyo origen no reside ni en el medio ni en el periodista sino en el comportamiento sedentario o lerdo del receptor de la información, o en la gravedad de la circunstancia que aquél y éste observan, recogen de distintas fuentes, y tienen el deber de trasladar al público, oportunamente, sin dilación que implique censura y traición moral del oficio.  

La premisa ética no es, pues, la de informar con exactitud y verdad: «El periodista debe informar con fidelidad acerca de los hechos cuyo conocimiento haya procurado diligentemente y con ánimo de confirmación», tal y como lo dispone el célebre fallo judicial New York Times vs. Sullivan, de vigencia en las Américas.

Thomas Jefferson, en discurso que pronuncia en 4 de marzo de 1805 para inaugurar su segundo mandato presidencial, recuerda que es el juicio público o del público el que “corregirá los falsos razonamientos y opiniones después de escuchar por entero a todas las partes”; de donde vale el planteamiento kantiano en cuanto a que es sólo la libre confrontación de las opiniones, incluso de las más duras y acres, la única que permite al término ponderar los contenidos de la verdad.

La fuente y, si posible, la pluralidad de fuentes sobre los hechos o los motivos que dan origen a una información valen a falta de elementos inmediatos, fácticos o documentales de convicción; ya que, de otra manera, la información perdería su valor y significado, derivando en una suerte de autopsia, que es más propia para los médicos forenses de la historia. Piénsese, por un momento, en los desafíos que se le plantean y obligan al “periodismo de soluciones o de servicio”, agudamente comentado por Hugo Aznar en su libro sobre Ética de la comunicación y nuevos retos sociales.

Cabría preguntarse, así las cosas, si por la falta de probanzas pueden omitirse u obviarse, éticamente, informaciones rectamente obtenidas, que no estén fundadas en la mala fe o en el desprecio abierto por la verdad y de las que dependa la sucesión o no de un hecho fatal y perjudicial para la colectividad y para su vida institucional o democrática.

 “Hay falta de veracidad, cuando no se corresponden los hechos y circunstancias difundidas, con los elementos esenciales de la realidad”, dicen los jueces al servicio de la revolución en Venezuela. Los otros, demócratas, convienen en lo sustantivo, a saber, que el ser humano vive constreñido por la Verdad y la persigue; pero ni es ni posee como humano a la Verdad en sí misma y mal puede o mal puede pedírsele, de suyo, que la transmita. Debe perseguirla, sólo eso, con diligencia y buena fe.

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Los tiempos en política, por Asdrúbal Aguiar

TENGO FIJA EN MI MEMORIA LA CONVERSACIÓN QUE SOSTUVE, en 1993, con Giulio Andreotti, siete veces primer ministro de Italia, senador a vida, quien marca con su vida y a yerro candente la política de su patria desde la Segunda Gran Guerra, hasta su muerte en 2013, a los 94 años.

Amigo del fundador de la democracia cristiana, Alcides De Gásperi, junta su experiencia como hombre de Estado con su devota catolicidad: “la vida no me exige, la religión sí y yo soy religioso”, afirmaba.

Su influencia fue tanta que era imposible excluirlo de cualquier polémica, infamante o no, sobre las cuestiones italianas. La opinión pública europea e incluso mundial le llama, según sus facetas distintas y los odios que inevitablemente le concita el haber ejercido el poder durante mucho tiempo, como Papa negro, Belcebú, la esfinge, el jorobado, el Divo Giulio. Lo cierto es que es un titán, un acabado hombre de Estado, manual viviente y referente contemporáneo del pensamiento maquiavélico si no fuese por su recia adhesión al Decálogo.

Le pregunto sobre sus horas amargas – la prensa le acusa de haber tenido vínculos con la mafia – que a la sazón comparte con su adversario, otro ícono de la política romana, menor que él, Bettino Craxi, líder del Partido Socialista, exilado en Túnez, donde fallece en 2000. Me responde mirando hacia la ventana de su despacho en Piazza San Lorenzo in Lucina:

  • Conversábamos distraídos sobre la ferrovía. No nos percatamos que se aproximaba, a toda velocidad, el tren de la historia.

El quehacer en política tiene sus momentos útiles, sus oportunidades, sus instantes de pertinencia que no se repiten y contrastan con la impertinencia, la imprudencia, la inoportunidad, la importunidad de quienes no calzan como líderes, y acaso sirven como candidatos sempiternos. El tiempo dilapidado, que es el tiempo de la ciudad, no del político, en efecto, deja a la vera buenas intenciones y “cadáveres insepultos”. Así llama Rómulo Betancourt, por cierto, a Jóvito Villalba, cadáver insepulto, pues no corona en el poder como sí lo hacen tanto él como Rafael Caldera, miembros con Jóvito – el más locuaz y tribuno de fuste – de las generaciones universitarias de 1928 y 1936.

Hugo Chávez tuvo su minuto luminoso y captó la oportunidad, no la dejó pasar. Su “por ahora”, cuando apenas frisa 37 años, en 1992, explota como lava ardiente y calcina a las varias generaciones que le preceden. Provoca un tsunami que lo empuja hasta el Palacio de Miraflores siete años después, en 1999.

Juan Guaidó corona en el poder, así sea como interino, a los 35 años, por obra de un accidente, es verdad. Asciende a la presidencia de la Asamblea Nacional, cuerpo colegiado al que se debe y le fija restricciones, pero también se labra su instante propio, su momentum, el 23 de enero de este año. Se la juega en el teatro de la democracia, en la calle, en tiempos de oprobio dictatorial. Desplaza a quienes le preceden – paga hoy el costo – y amalgama hasta a quienes, en otra circunstancia, no se le hubiesen aproximado. Su por ahora – el “juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo” – es el que le gana el reconocimiento interno e internacional a lo que ya era, de pleno Derecho, dos semanas atrás: presidente encargado de Venezuela.

En veinte años de forcejeo, de estiras y encojes, todos a uno de los referentes de la oposición democrática venezolana han esperado se les traslade la llama que Prometeo le roba a los Dioses. Ninguno lo logra, aún. Nicolás Maduro la secuestra como causahabiente impuesto. Diosdado Cabello, entre tanto, rumia su amargura. Por obra de la Constitución y como presidente de Asamblea Nacional es el presidente encargado de Venezuela para el 10 de enero de 2013, ante la ausencia del presidente electo, moribundo o por haber entregado su alma al diablo. Pero pierde su instante, lo abandona el tren del destino y se declara como alzado irredento al igual que el Mocho, José Manuel Hernández, quien le colea la presidencia Ignacio Andrade, a finales del siglo XIX.

El azar, el empeño sostenido, la disposición de una narrativa o mito movilizador que contagie, la tarea sistemática, el saber sumar y no restar tantos ayudan, y mucho, cuando se mira el poder y se entiende que es huidizo, más el democrático. Al término lo logran o lo sostienen sólo quienes aprenden el arte de administrar los tiempos y el tiempo para sus decisiones.

Llegar más temprano al andén o pasada la hora no le asegura al pasajero que subirá al próximo vagón del tren. Ha de estar alerta, en el minuto preciso, con su carga ordenada. No es la política, pues, una profesión para los agiotistas o nigromantes, tampoco se reduce al desesperado y ciego apaleo, hacia todos los lados, de una piñata infantil.

El tiempo que pasa no regresa, es agua de río que corre hacia su desembocadura.

Los instantes, en suma, se le hacen magros al cese de la usurpación en Venezuela, en cuyo defecto no habrá gobierno de transición, menos elecciones libres, que no sean las amañadas por quienes se bastan a sí con el disfrute de una noche de casino.

Andreotti abusa del tiempo. Sus generosos momentos de gloria, sublimes para Occidente, son aplastados por un ferrocarril intransigente, la audiencia. Luego de sus representaciones memorables, al término, cansada, fastidiada, decide mirarlo como “el amo de las sombras”. Pero ejerce el poder a cabalidad, y sabe que desgasta, pero sabe más que “desgasta, especialmente, a quien no lo tiene”.

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A propósito de Oslo, por Asdrúbal Aguiar

ESTOY CURADO CONTRA LOS FANATISMOS. He aprendido a discernir entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios; a la que no se llega sin transitar por la primera, hecha de caídas, de dudas, entre traiciones y deslealtades, a puñetazos. Como tampoco la alcanza quien cree que esta, como verdad de la especie caída, es un absoluto, sin remedio ni corrección posibles.

Dos posturas de vida inevitablemente dividen a los seres humanos: varón o varona como nos llama la primera Biblia en español, de 1600. Una predica al hombre como lobo del hombre y asume que todo comportamiento es válido para sortear las adversidades o satisfacer necesidades primarias. La razón le sirve como instrumento, pero sólo para asegurar los logros del instinto. Otra, a la que adhiero, considera a la razón como necesaria para hurgar sobre los hechos, pero asímismo para iluminarlos con los principios de la moral universal. Estos procuran la ordenación civilizada y proscriben toda acción que atente contra la dignidad de la persona, como la que la trata como si fuese una ficha de juego sobre los tableros del azar cotidiano o de la política.

Papa Ratzinger, el Emérito, oportunamente recuerda que ni siquiera los ilustrados racionalistas durante la revolución francesa se atreven a aceptar que todo comportamiento es legítimo en la ciudad del hombre libre. Entienden que los seres humanos están sujetos a límites éticos, incluso suponiendo que Dios ha muerto: La coherencia existencial, el respeto hacia los otros, el ponderar lo bueno y enmendar el daño injusto, son máximas de humanidad inexcusables.

La cuestión viene al caso, pues más allá del encuentro en Oslo entre los emisarios del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los del usurpador Nicolás Maduro, las suspicacias y controversias muchas que ha suscitado tienen su origen en la consideración anterior.

Vaclav Havel negocia con la satrapía comunista que azota a su patria, Checoeslovaquia, exigiendo se acaten las reglas de la decencia humana: No comparte la mesa con ningún responsable directo de los sufrimientos de su pueblo. Se deslinda del mal absoluto, aun admitiendo que no puede exorcizarlo.<

El Grupo de Lima, cabe decirlo, se debate aún entre el ser y el no ser, atrapado por las realidades netas, víctima del progresismo contemporáneo, de la civilización del descarte, y trabajando con aquellas a conveniencia. Antes que orientar desorienta a sus observadores.

En 2017 propone una “negociación creíble y de buena fe” para resolver nuestra crisis. Apuesta por “un acuerdo negociado entre ambas partes”: la oposición democrática y el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que ya es reconocidamente criminal para el mundo.

En 2018 prende las alarmas ante las elecciones ilegítimas que este realiza y le insta a no prorrogarse en el poder. Insiste, sin embargo, en resolver la cuestión “a través de una salida pacífica y negociada” entre partes equivalentes.

Hasta aquí todo en orden, en línea con la perspectiva maquiavélica dominante, ajena a los escrutinios morales.

El caso es que llegado el 2019 obvia referirse a las negociaciones. Se expresa en neutro sobre “iniciativas políticas y diplomáticas” que permitan restablecer la democracia a través de un “nuevo proceso electoral” con “garantías democráticas”.

El 23 de enero, aísla a Maduro y reconoce a Guaidó como presidente interino. Declara, para lo sucesivo, sobre un “proceso de transición democrática” que habrá de conducir “en el más breve plazo” a unas “nuevas elecciones”, con “garantías y estándares internacionales”, conjurando, al efecto, todo diálogo: El 4 de febrero, justamente, acusa al régimen usurpador por haber manipulado “los diálogos” para sostenerse en el poder.

La salida de Maduro se entiende para el 25 de febrero, entonces, como la condición indispensable para el restablecimiento de un clima que conduzca hacia unas elecciones libres. Mas el Grupo se contradice en su narrativa innovadora al demandar la ayuda del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, encabezado por un criminal, siendo que el 4 de enero ha reclamado reconocer al TSJ en el exilio.

Lo central, a todo evento, es que sitúa a Maduro como la cabeza de la “violencia criminal”. Es el mal absoluto. No cabe darle tregua. Se trata de alcanzar, esta vez, la liquidación del Estado criminal que, al caso, es realidad dura, cruda y muda en 2017.

El 3 de mayo, por ende, denuncia “la protección del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia” y atentan “contra la vida e integridad del presidente Iván Duque”. Sin embargo, exhorta a Rusia, China, Cuba y Turquía – socios del usurpador criminal y cómplices de sus crímenes – para que ayuden al Grupo en sus esfuerzos para el “cese de la usurpación”. Acepta “que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela”.

El 18 de mayo, por si fuese poco, llama “presidente de Venezuela” al criminal usurpador.

El problema, por lo visto, no es Oslo. Tampoco negociar la salida de un régimen narco-genocida como el venezolano. Es, por ejemplo, la carga que, sin respeto por su dignidad, le hemos montado sobre los hombros al presidente Duque. Obviamos que asume el poder en Colombia a partir de un argumento que rechaza la paridad de trato entre el terrorismo y la civilidad, obra de los acuerdos de paz mediados por Noruega, con escala previa en La Habana.

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La hora de la madurez, por Asdrúbal Aguiar

ESCRIBO A MENUDO SOBRE la destrucción de la república y la ruptura del tejido de la nación en Venezuela, resumiendo su circunstancia. Y destaco su urgencia de patria, “donde el pueblo es libre como debe serlo”, diría Miguel J. Sanz, uno de nuestros padres fundadores.

Agrego hoy que no muere la soberanía, fuente de la democracia y su legitimidad, cuando sus diputados son secuestrados; pues soberano es el pueblo, incluso hecho hilachas. Mientras resuene la voz de algún venezolano, adentro o afuera, como hijo de la patria lo que “le toca es ser propicio a ella”.

En 1810, a falta de Fernando VII y dada su traición nos dimos una Junta. Al caer la Primera República, traicionado Francisco de Miranda por los suyos, la empresa de la independencia no cede. Y cuando las espadas de la libertad pretenden conservar el poder a costa de nuestra libertad, José Antonio Páez nos da una república. La dibujan, por su encargo, los representantes del pueblo, los ilustrados sin armas. A las armas les exige respetar a la soberanía, al propio pueblo.

En ese ese ir y venir, como es propio de la historia humana y consecuencia de sus miserias, salvo para quienes la reducen a causas y efectos, nos hemos movido los venezolanos a lo largo de los años.

Nuestra república civil se inaugura mediante un pacto tácito con el mundo militar. En el trabajan con denuedo, primero, en 1958, el presidente y profesor Edgar Sanabria, quien sucede a la cabeza de la Junta de Gobierno al almirante Wolfgang Larrazábal. Luego, Ramón J. Velásquez, secretario del presidente Rómulo Betancourt desde 1959, pues este es refractario a los militares por el desenlace de los sucesos del 18 de octubre de 1945.

Velásquez logra le apoyen y le ayuda la circunstancia, la ocupación preferente de los hombres de armas en la defensa del país ante la agresión armada de los cubanos. Y llegada la pacificación, venidos los perdones y las amnistías, que los inaugura Raúl Leoni y concluye como esfuerzo Rafael Caldera, a partir de 1969, el desafío es ingente: ¿Qué hacer con los militares, para bien y para mal nuestros árbitros históricos, en tiempos de ruptura institucional?

Se les ocupa, así, en su formación democrática e incorpora al desarrollo nacional, como lo prescribe la Constitución de 1961. Se les hace universitarios, se les facilitan los grados y posgrados en las universidades civiles, incluidas las extranjeras. Hasta se les cruza en su formación, como paso previo al generalato, con el mundo civil y empresarial, en el ámbito de los Altos Estudios.

La fractura que sufre el mundo militar en 1992 no es, pues, peccata minuta. Que sean más de seiscientos los oficiales superiores y subalternos “universitarios” quienes la provocan, representa un grave traspiés para la nación, dada su historia.

Eso lo entiende a cabalidad Carlos Andrés Pérez. Luego de evaluar a fondo el asunto se empeña en la reunificación afectiva y efectiva de los militares, a contrapelo de algunos de sus colaboradores civiles. Decide la política de perdones e inicia los célebres sobreseimientos. Dicta decretos y restablece su comando alrededor del mundo castrense. Pudo alzarse y no lo hizo, por ser un demócrata cabal. Paradójicamente, lo tumban los civiles.

Velásquez, que viene de atrás, que conoce bien y en sus entrañas nuestro dilema existencial, sostiene el proceso pacificador y los sobreseimientos. Los faltantes se los pasa a Rafael Caldera, advirtiéndole del otro golpe que, no obstante, cocina ahora el Alto Mando. Y con firmeza y sin desplantes este alcanza a revertirlo – es parte junto a Betancourt de la escuela de Puntofijo – y se gana, inevitablemente, el odio de los relegados. La república se sostiene.

Caldera cierra la política de pacificación – prometida por los candidatos que compiten junto a él y debatida por el Congreso electo de 1993 – con un detalle que lo separa de sus antecesores: A los comandantes del 4F les quita el uniforme y les aleja del comando militar.

Siendo el presidente más débil de la democracia, atrapado por el vendaval de la crisis financiera venida de atrás, tampoco lo tumban los militares. Pérez, Velásquez y Caldera, cumplen, como estadistas, con Venezuela.

¿Que eran árbitros los militares? Sí, desde siempre. ¿Qué fue el precio que nos impuso Simón Bolívar desde 1819? Es una verdad como la catedral. Tanto que, para designar a Velásquez como presidente provisional, una vez salido Pérez, los diputados los consultan. Aquellos rechazan el nombre de Carlos Delgado Chapellín. El diálogo entre el poder civil y Fuerte Tiuna es, como antes, la constante.

Faltaría explicar lo que sólo puede entenderse leyendo a J.B. Vico: “il corso e ricorso” de la historia, que es elíptica, a saber, que son los civiles y sus élites los que ungen a un exmilitar como candidato – en las encuestas el último hasta febrero de 1998 – y es el pueblo mayoritario, en ejercicio de su soberanía, que no le pertenece a ningún gobernante ni le da licencia para escoger a sucesores, quien lo hace mandatario.

La cuestión es que el arbitraje de los militares los ha llevado hasta el secuestro actual de la soberanía. Y lo crucial es saber cómo se forja un diálogo leal y creíble entre los universitarios de uniforme y los del parlamento, para restablecer los equilibrios perdidos. Las amnistías de éstos ya no les bastan como en el pasado.

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Las premisas de la nación venezolana, por Asdrúbal Aguiar

EN ORDEN A LOS PRINCIPIOS QUE PERFILAN A VENEZUELA como nación y no los anulan las circunstancias de la usurpación que hoy sufre, es de recordar que el Acta del Ayuntamiento de Caracas que proclama su emancipación, el 19 de abril de 1810, hacer constar que quienes la suscriben, en primer término, el renunciante Capital General Vicente de Emparan, reivindican los “derechos de la soberanía… conforme a los mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España…”.

Inhábil y comprometida como se encuentra la Junta Suprema de Gobierno que deja instalada en Madrid el rey Fernando, en 1808, una vez como viaja a Bayona el 10 de abril, luego del levantamiento del 2 de mayo contra los invasores franceses las provincias españolas se abrogan, cada una de ellas, el ejercicio de la soberanía en atención al vacío de poder creado. Establecen juntas locales, un “conglomerado de ciudades-estado y provincias autónomas gobernadas por juntas de notables”.

Aun admitiéndose que no hay homogeneidad entre tales Juntas soberanas, destacan dos justificaciones de interés común para la valoración del camino que recorre la Junta de Caracas. Los murcianos, en proclama de 20 de junio de 1808, se preguntan por las abdicaciones de los monarcas y concluyen: ¿Las abdicaciones han sido voluntarias? Y aun cuando lo fueran, ¿los Reinos son acaso fincas libres, que se dispone de ellos sin la voluntad general legítimamente congregada?”.

A juicio de los actores del 19 de abril, “el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad […] de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia constitución primitiva de la España, y a las máximas que ha ensenado y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida”.

“Entre los pueblos y el jefe de su Gobierno hay un mutuo contrato al cual, si contraviene alguna de las partes contratantes puede la otra separarse justamente. No es necesario manifestar la verdad de esta proposición –explican los integrantes de la Junta caraqueña– analizando menudamente los principios de este establecimiento social y sólo basta dar un recuerdo sobre la antigua Constitución española, sobre la fórmula del memorable y sagrado juramento de Aragón y, lo que, es más, sobre la de aquél con que los Centrales recibieron la investidura de representantes y jefes de la nación el 25 de septiembre de 1808”.

“Vínculos más estrechos –continúa el relato– ligaban a la nación con el anterior gobierno y todos se rompieron cuando, abandonada de sus autoridades, se rescató a sí misma de las manos de un usurpador extranjero y empezó a existir de nuevo”.

Dos conceptos presiden, así, a la Primera República de Venezuela durante su gestación: el de la patria y el de libertad. “La Patria no es el Rey, el Gobierno o la Constitución; estos no son más que el modo en que ella existe. La Patria es la congregación de hombres que viven bajo un mismo gobierno, sujetos a las mismas leyes y siguiendo los mismos usos y costumbres”, afirman los integrantes de la Junta.

“La Patria, pues, es un todo, cada ciudadano es su parte integrante, y como tal comete un crimen en considerarse un momento separado de ella. El hombre de bien no debe temer otro daño ni desear otra utilidad, que lo que perjudique o favorezca a su patria a quien es deudor de todo cuanto tiene”, finalizan.

En cuanto a la libertad, la Junta Gubernativa de Caracas la aprecia como “el derecho que tiene el ciudadano de hacer todo aquello que no le prohíben la religión, la moral y las leyes de su país. Toda obediencia que pase de estos límites es una esclavitud; pero la facultad ilimitada de hacer todo cuanto le pidan sus pasiones las más desordenadas, no es libertad, sino un abuso monstruoso que jamás ha existido en ningún estado que se considere al hombre”.

No cabe duda en cuanto la inspiración escolástica de tal declaración, que no es extraña al pensamiento liberal dominante, también expresado desde España por los constituyentes de Cádiz de 1812.

Reivindican para sí los abrilistas caraqueños el darle forma al ejercicio de la soberanía nacional a través de voto de todos los hombres libres de su distrito capitular. Y como testimonio de su primera vivencia democrática realizan la elección de doscientos treinta representantes para integrar el congreso electoral que logra reunirse el 8 de noviembre de 1810 y a fin de elegir, a su vez y en segundo grado, los diputados de dicho partido capitular que han de hacer parte del Congreso Nacional previsto a constituirse en las Provincias de Venezuela; “los primeros representantes de la América Meridional y … el Nuevo Mundo”.

En el acta que recoge tan significativo testimonio – nuestra partida de nacimiento – se dejan constancia de los valores que la presiden: la libertad civil, la seguridad individual, la dulce fraternidad, el sentimiento de nuestra propia fortuna, el vivo deseo de perpetuar nuestra felicidad.

Soberanía del pueblo, autonomías políticas para la participación, amor y lealtad a la patria, libertad responsable, democracia de representación, son, en suma, los ejes que nos dan especificidad como discípulos de la cultura occidental e hispana, macerados a lo largo de 5 siglos.

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El Estatuto para la transición, por Asdrúbal Aguiar

EL ESTATUTO PARA LA transición, sancionado el 5 de febrero de 2019, ordena un proceso acaso ideal pero inevitable, prudente y complejo por las adversidades presentes.

Venezuela es un territorio militarmente intervenido por cubanos y rusos. Se encuentra bajo dominio de organizaciones terroristas, criminales, y paramilitares, que se dedican al negocio de la droga, del oro, los diamantes, las armas y el lavado de dineros ensangrentados.

Hablar de los 30.000 miembros de los CDR’s cubanos instalados, o del control por el ELN del sur de Venezuela o de las FARC en la frontera occidental, o de militantes de Hezbollak en el Zulia e Isla de Margarita, es moneda de curso corriente.

Podría creerse que dicho Estatuto nace de la falta de un presidente electo de la república el 10 de enero de 2019 y al considerarse que Nicolás Maduro Moros cesa en su mandato el día anterior sin ser reelecto, y después lo usurpa. “Carece de legitimidad”, afirma la OEA. Las elecciones de mayo anterior “son inexistentes”, concluye la Asamblea Nacional.

Lo cierto es que, mucho antes, el 10 de mayo de 2016, es declarada la “ruptura del orden constitucional y democrático”, cuando Maduro le confisca sus competencias contraloras al parlamento.

Lo que es más relevante es que el 13 de octubre del mismo año anuncia este un Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, prefigurando la apertura de una transición en el país. Desconoce la validez de todos los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contrarían los valores, principios y garantías democráticos y lesionan los derechos fundamentales – en una suerte de aplicación del artículo 350 – y le encomienda a su Junta Directiva, “liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto”.

El día 23, eleva la escala. Invoca el artículo 333 de la Constitución en su Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela, reiterándose en “la ruptura del orden constitucional” y señalando “la existencia de un golpe de Estado continuado”. Pide el auxilio de la comunidad internacional y se dispone a “determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República”.

El 13 de diciembre, en hilo con lo anterior, pronuncia la responsabilidad política de Maduro e instruye solicitar su antejuicio de mérito por “acciones encaminadas a la destrucción de la forma política republicana que se ha dado a la Nación”; seguido a lo cual, el 9 de enero de 2017, antes de ratificar que se guiará por el artículo 333 para la “restitución del orden constitucional”, declara que ha abandonado “las funciones constitucionales inherentes al cargo de Presidente de la República”. Le abre espacio, así, a la aplicación de los artículos 232 y 233 de la Constitución, conducentes a su remoción.

El 5 de abril de 2017 rechaza el golpe de Estado sistemático y declara que su lucha es, tanto como ahora, por “el respeto de las atribuciones constitucionales de la Asamblea y su ejercicio” y la “realización de elecciones oportunas y libres”.

El desconocimiento de la legitimidad de Maduro, el anclaje del proceso de transición en sede parlamentaria, el reclamo de elecciones presidenciales anticipadas, son, en esencia, los ejes de la construcción política final, tal y como se evidencia del Acuerdo que “como vocera del pueblo soberano” adopta la Asamblea Nacional el 30 de mayo de 2017 y tiene como destinataria a la misma comunidad internacional.

La transición se elabora contrastando con la experiencia, consciente la Asamblea de que, al cabo, ha de volver a su fuente, a la soberanía popular. Aquélla, es verdad, se ha expresado como “vocera del pueblo soberano” el 30 de mayo, pero llegado el 5 de julio de 2017 ordena realizar una Consulta Popular para darle vida y contenido cierto al rescate por los ciudadanos de la vida constitucional, según al artículo 333.

El 16 de julio, el pueblo con su voto rechaza la constituyente dictatorial convocada; exige de la Fuerza Armada defender a la Constitución y respaldar las decisiones de la Asamblea; y manda “la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional”.

La mesa queda servida, a la espera de sus comensales.

El 13 de noviembre de 2018, pasado un año, llega la oportunidad. La estrategia, cuyos particulares quedarán definidos luego en el Estatuto para la Transición, se completa.

“Apelar a la comunidad internacional para que, ante esta tragedia sin precedentes, con claras repercusiones regionales, sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela, constatar la creciente ilegitimidad del régimen …, y mantener … la presión legítima sobre el mismo. Todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, … , que debemos alcanzar urgente y preferiblemente tras una solución política que conlleve una transición ordenada”, reza el acuerdo.

El país se ha curado de improvisaciones. No debe tener paciencia, pero si conciencia. Salvarnos como nación es lo primero, luego volver a la república.

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