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El mundo forestal está en crisis y los pueblos indígenas de la Amazonía están siendo criminalizados por enfrentarse a las fuerzas económicas que codician las riquezas naturales

A medida que el Sínodo para la Amazonía llega a su fin, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de los nueve países de la Cuenca Amazónica son conscientes de la necesidad de ser cautelosos al responder al resultado de las deliberaciones que prometen transformar el tratamiento de la sociedad hacia esta importante región del planeta y hacia los pueblos ancestrales.

El mundo forestal está en crisis y los pueblos indígenas de la Amazonía están siendo criminalizados y asesinados por enfrentarse a las poderosas fuerzas económicas que codician las riquezas naturales.

Cinco siglos después de que los misioneros llegaron de Europa con los colonizadores portugueses y españoles, el Papa Francisco convocó un evento destinado a abordar una crisis para la iglesia y para la humanidad. Y en un movimiento sin precedentes, invitó a los pueblos indígenas a participar en este debate de tres semanas que dará forma al futuro de la Iglesia en la Amazonía.

Entonces, el Sínodo para la Amazonía da razones para tener esperanza. Pero en los bosques, los pueblos permanecen en guerra, en defensa de la Amazonia.

A lo largo de las selvas tropicales de Latinoamérica, se lucha contra gobiernos que buscan convertir los ríos en represas, crear caminos de ruina a través de los bosques y convertirán las tierras en desiertos sin vida.

En Ecuador, los pueblos salieron a las calles para protestar por los esfuerzos por abrir las tierras a nuevas exploraciones petroleras. Por ejemplo, en Bolivia y Brasil, los bosques están en llamas. 

El mundo está despertando al rápido ritmo de destrucción de la Amazonía. Ha revelado las intenciones de las corporaciones, los inversores y los líderes nacionales que se comprometen voluntariamente a salvar los bosques y su gente, al tiempo que celebran contratos que destruirán los bosques.

En medio de este panorama, aparecen el Papa y su ejército de obispos y sacerdotes con la promesa de un modelo de desarrollo que pone en peligro a todo el planeta.

El Vaticano se une a la comunidad científica y a un creciente ejército de jóvenes para reconocer a los pueblos indígenas como fundamentales para conservar el planeta. 

El Papa y sus obispos saben que, para poner fin a la destrucción de los bosques, deben hacer que las demandas sean centrales en el texto que el Papa aprobará. Y eso guiará la implementación del plan de acción de la Iglesia.

Se ha advertido a los obispos que ellos solos no pueden salvar el Amazonas y que su ayuda es fundamental para continuar protegiendo los bosques.

Al describir los objetivos del Sínodo, los obispos se unieron a los científicos para celebrar las prácticas tradicionales para proteger los bosques y la biodiversidad, y como fuente de medicamentos y otros beneficios para la humanidad. Pero sin la  tierra, los humanos también desaparecerán, y también lo harán las prácticas que definen quiénes son.

Por lo tanto, es menester el apoyo a territorios ancestrales y que los derechos indígenas sean reconocidos y aplicados.

El papa Francisco invita a la humanidad a vivir una vida más simple y que recuerda que el mundo material no ha traído alegría. Su mensaje no es solo para la Amazonía, sino para toda la humanidad. En las ciudades más ricas del mundo hay personas sin hogar y familias, personas adictas a las drogas y al alcohol, y personas con un profundo anhelo por una vida espiritual, incluso cuando están rodeados de riquezas.

Gobiernos latinoamericanos firmaron pacto para preservar recursos de Amazonía

PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE SIETE PAÍSES SUDÁMERICANOS firmaron este viernes 6 de septiembre el ‘Pacto de Leticia por la Amazonía’, un acuerdo que tiene como finalidad coordinar esfuerzos para preservar los recursos de la zona selvática con mayor biodiversidad en el mundo, que se extiende a lo largo de los territorios de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.

El documento fue firmado en Colombia, durante una Cumbre express de Presidentes de la cuenca amazónica, y refleja el compromiso de los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana, en una jornada que destacó por la ausencia de Venezuela.

«Aquí estamos firmando un pacto donde coordinamos y trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Nos motiva a proteger la Amazonía para hacer trabajos de prevención y mitigación cuando se presentan riesgos como los incendios forestales», dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en un acto celebrado en el municipio Leticia, donde estuvo acompañado por presidentes y ministros de los países citados.

Los cuatro Presidentes presentes en Leticia, capital del departamento colombiano de Amazonas, Evo Morales, de Bolivia, Iván Duque, de Colombia, Lenin Moreno, de Ecuador, y Martín Vizcarra, de Perú, además de delegados de Surinam y Guyana, se comprometieron a poner en marcha soluciones a la región que aporta el 20% del agua dulce de todo el planeta. Y dada la presión exterior, parece que esta vez no podrán firmar una serie de compromisos para ignorarlos luego por completo.

La zona de Amazonía ha ganado espacio en la palestra pública en las últimas semanas debido a una serie de incendios de gran magnitud que están perjudicando el ecosistema de la selva.

Desde enero se han registrado más de 74.000 incendios según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil (INPE por sus siglas en portugués), el número más elevado en los últimos años.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios forestales el pasado 23 de agosto. Bolivia también inició esfuerzos para combatir los incendios y, dos semanas después, se han reducido de 8.000 a 753 los focos de fuego en la amazonía boliviana, según informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman.

Venezuela y la Guyana Francesa fueron las únicas naciones que no asistieron a la firma. Venezuela no fue invitada al evento.

El diario español El Mundo reseñó que la mayoría de los 16 puntos del pacto son poco concretos. «Es evidente que su ejecución dependerá de la voluntad política de los mandatarios de turno, así como de la ayuda exterior, dado que requieren ingentes recursos y se prolongarán en el tiempo», indicó el diario español.

Por otro parte, los mandatarios acordaron crear una Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales, la cual logre intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral del fuego, adoptar medidas de restauración y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales, entre otras acciones.

 

*Con información de El Mundo y Tal Cual Digital.
Venezuela tiene la mayor cantidad de minas ilegales en la selva amazónica

De los más de 2.500 yacimientos de oro, diamantes y coltán donde se practica minería ilegal en la selva amazónica latinoamericana, 1.899 están en Venezuela. Así lo establece el estudio ‘La Amazonía saqueada’, que fue publicado por el diario El Comercio de Perú y que permite evidenciar cómo se distribuye y en qué sitios se concentra esta actividad a lo largo del territorio amazónico, que se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados.

La investigación reúne los datos obtenidos en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela en una plataforma web construida por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), la cual inició el estudio en 2007 y reúne información proporcionada por los organismos estatales, análisis de imágenes satelitales y noticias publicadas en los medios de comunicación de los seis países hasta el 2017.

La lista de países mapeados con la mayor cantidad de puntos la lidera Venezuela, seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24). Según el estudio, en Colombia y en Bolivia la unidad de análisis correspondió a los ríos, por lo que la información no se cuantificó como puntos sino como áreas.

Más información en El Comercio.

Entre mafias y ecocidio: Los 3 grandes hallazgos de Arcominerodelorinoco.com

ArcoMinerodelOrinoco

 

Al sur del río Orinoco, en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados (mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba) en el estado Bolívar, yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamante y coltán reposan en las entrañas del Macizo Guayanés desde hace millones de años.

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico NacionalArco Minero del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su predecesor en el cargo, había anunciado al país en 2011.

La iniciativa de Maduro surge como un intento desesperado por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo. La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para el financiamiento del proyecto de minería a gran escala el gobierno venezolano aseguró haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero apenas 16 han formalizado convenios y se han creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco.

Los más directamente afectados son los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia. El proyecto avanza sin que se hayan elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Pero el intento de Maduro de sustituir la renta petrolera por la renta minera para paliar la profunda crisis económica y social que sufre Venezuela tiene un primer gran obstáculo: el tiempo. Transcurrido año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, los ingresos adicionales que el gobierno espera obtener de las minas siguen enterrados en el subsuelo. Y, mientras tanto, la industria petrolera se ha derrumbado el extremo de que la producción en 2017 disminuirá casi 10% en relación con el año anterior y se ubicará en niveles de hace 23 años, según cálculos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tres años de recesión sin precedentes han contraído la economía en 10%. Una inflación descontrolada(la más alta del mundo según algunas empresas consultoras) golpea a los venezolanos. La gente hace cola no sólo para comprar comida, sino para encontrarla en la basura. Los medicamentos esenciales escasean. El descontento popular se manifestó en las calles en un proceso insurreccional que sumó 121 muertos en un lapso de cuatro meses. La respuesta del Estado se concentra en la represión y en un cambio de las reglas del juego democrático a través de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que persiste en anular los contrapesos institucionales.

Arcominerodelorinoco.com es un especial realizado por Efecto Cocuyo en alianza con OCCRP y difundido por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos

Los reporteros visitaron el Arco Minero del Orinoco y constataron que, en vez de prosperidad, se ha incrementado el delito. La autoridad del Estado venezolano ha sido sustituida por la crueldad extrema de los grupos de delincuencia organizada -o pranes- enquistados en la zona, los cuales se benefician de la minería ilegal e imponen sus reglas a sangre y fuego. La deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera que se continúa desarrollando caóticamente causan estragos ambientales y violan el derecho a la tierra de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa supuestamente ecológica promovida por el gobierno.

Al día de hoy, el Arco Minero del Orinoco quedó reducido a una inviable promesa gubernamental de reinvertir la renta minera en beneficios para los sectores más empobrecidos de la población.

Algunos hallazgos:
1. Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

Humberto Martes lleva oro hasta en los dientes. Siete gruesas cadenas guindadas en el cuello que terminan en medallas, seis con las letras iniciales de su nombre y la séptima con el rostro de Jesucristo en alto relieve. En la muñeca de su mano izquierda un reloj dorado y en la derecha una gruesa pulsera que se une con una cadena a un triple anillo. Prendas parecidas luce el menor de sus 24 hijos, de apenas 11 meses de edad.

Martes es una especie de representante político del pranato -nombre por el que se conoce a quienes dirigen las bandas criminales en Venezuela- que, bajo la figura de sindicato, se ha consolidado en Las Claritas, la población aledaña al yacimiento  de oro Las Brisas-Las Cristinas, el más grande de Venezuela.

Se presenta como benefactor de la comunidad: “Yo atiendo bien a todo el mundo y los ayudo en lo que pueda. Por ejemplo, aquí todos los jueves se hace una buena sopa de pescado y se le da a todo el que llega”, dice Martes a las puertas de su residencia.

Y también habla de alguna de las funciones que ejerce: “Aquí todo el mundo tiene que contribuir para que nosotros podamos mantener el orden. Como tú has visto, yo no paro”, comenta en relación con las rondas que hace por Las Claritas para recaudar “la vacuna” que deben pagar todos los comerciantes del pueblo, especialmente los que compran oro.

El pranato de Las Claritas impone sus propias reglas, actúa impunemente, administra las minas como si fueran de su propiedad y las autoridades civiles y militares no interfieren en el imperio que ejerce en la zona.

Precisamente en Las Brisas-Las Cristinas, donde se supone que yacen más de diez millones de onzas de oro y 1,5 millardos de libras de cobre, el gobierno pretende desarrollar el proyecto más ambicioso del Arco Minero del Orinoco, a través de la empresa mixta Siembra Minera. El pranato emerge como un enorme escollo.

2. Las Brigadas Socialistas Mineras nacen intoxicadas con mercurio

Letra muerta. El decreto que prohíbe el uso del mercurio en la explotación del oro, que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro el 5 de agosto de 2016, es letra muerta para  los pequeños mineros del sector La Ramona, en El Callao.

“No hay cambios en la forma en que hemos trabajado desde siempre. Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”, aseguró Misael Reyes, en abril de 2017.

Alexis Chaurán, vocero de la Asociación de Mineros y Molineros Revolucionarios de La Ramona, agrega: “Nosotros seguimos trabajando de la manera tradicional, con mercurio. Si eliminamos el mercurio, ¿cómo extraemos el oro? El decreto de prohibición del mercurio no se ha cumplido, porque es el Estado el que tiene que ofrecer las alternativas. Y mientras tanto la pequeña minería no se va a paralizar. Si prohibimos el mercurio eliminamos la pequeña minería y 80% de los habitantes de El Callao viven de la pequeña minería”.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha insistido que el total de 3.932,10 kilogramos de oro supuestamente extraído del Arco Minero del Orinoco en los últimos 15 meses es un “oro limpio”, que no ha causado daños a las personas ni al ambiente.

Algunas comunidades indígenas han rechazado el uso del cianuro como alternativa al mercurio. En noviembre de 2016, los pemones de la localidad Araimatepuy, la más cercana al yacimiento de oro más grande del país (Las Brisas-Las Cristinas), lograron paralizar, con sus arcos y flechas, la construcción de la planta de cianuración Sarrapia, que promovió el gobierno.

3. BCV no registra oro extraído del Arco Minero del Orinoco

El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha reportado la extracción de un total de 3.932,10 kilogramos de oro del Arco Minero del Orinoco y su inmediata venta al Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el instituto emisor no registra esas transacciones.

En noviembre de 2016, el para entonces ministro Jorge Mirabal, le entregó al presidente Nicolás Maduro el primer lingote de oro, como parte de un cargamento de 400 kilogramos supuestamente producidos en el Arco Minero durante un lapso de 6 meses. Ello equivale al doble de la producción de oro en todo el año anterior. El Ministerio de Petróleo y Minería registra un descenso sostenido entre 2006 (14,76 toneladas) y 2015 (0,55 toneladas).

Otros 7 anuncios similares se hicieron durante la gestión de Jorge Arreaza (ahora canciller), quien reportó un total de 3.007,68 kilogramos de oro, valorado en 120 millones de dólares. Y más recientemente, el 31 de agosto de 2017, el actual ministro Víctor Cano anunció que la pequeña minería de Bolívar aportó otros 524,42 kilogramos de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela.

En abril de 2017, el BCV suspendió la publicación de estadísticas sobre compras internas de oro por mes. En todo caso, los registros del instituto emisor no coinciden con los anuncios realizados desde el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En noviembre de 2016 del BCV reportó 0,32 toneladas y en diciembre de ese año 0 toneladas. Respecto a 2017, el instituto emisor  informó que no hubo compras en enero, en febrero 0,02 toneladas, en marzo 0,01 y en abril 0,01.

Lea más en: Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro