CUANDO ESTA MAÑANA EL ACTUAL Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, señalaba que los interventores de bancos, aseguradoras y casas de bolsa no eran empleados públicos lanzaba solo la primera de una serie de declaraciones que habrán de tener lugar desde el gobierno rojo para distanciarse de la detención del interventor de UnoValores detenido en Miami acusado de extorsión.
Hoy también la jueza federal, Andrea Simonton, dispuso la detención del interventor Ramos De la Rosa, de 61 años, interventor de la CNV, en una prisión del centro de Miami hasta que se le presenten formalmente cargos en otra audiencia a celebrarse el próximo 8 de noviembre.
El caso de Ramos y su extorsión al venezolano Tomás Vázquez, propietario de la financiera Unovalores, “a cambio de escribir y presentar en la CNV un informe positivo” sobre su compañía, que había pasado a control del Estado es apenas el primero que se conoce de otros varios sucedidos pero que no han sido denunciados ante el temor de banqueros, corredores y empresarios exilados “sin permiso o estatus definido” en territorio estadounidense de que el FBI los detenga por el solo hecho de contactarlos pues muchos tienen Alerta Roja en Interpol pidiendo su prisión y devolución a Venezuela.
Con la afirmación del Superintendente Sánchez lo que se quiere es “despegar del gobierno a esos interventores a los que se les ha permitido asignarse sueldos multimillonarios, carros, choferes, asistentes y gastos de representación sin límite”.
Todos han sido aprobados no solo por Sánchez sino por los ministros del área, entre ellos el capo de las finanzas, Jorge Giordani.
Mucho de estos interventores y sus familiares vienen de ocupar cargos públicos y para ello han demostrado ser de absoluta confianza del régimen.
