Los elegidos para ocupar 15 cargos al Tribunal Supremo de Justicia serán dados a conocer el 20 de diciembre, según prometió el diputado (Psuv) Elvis Amoroso, quien además preside el Comité de Postulaciones Judiciales. Especialistas critican la falta de transparencia del proceso y denuncian vicios y ventajismo del Psuv. Runrunes publicó durante una semana un archivo Open Data en el que recibió información y pistas sobre los candidatos. A continuación se muestran los datos aportados que pudieron comprobarse
EL PRÓXIMO 20 DE DICIEMBRE DE 2014, mientras el país entero se prepare para celebrar las festividades de Navidad y Año Nuevo, en la Asamblea Nacional se debatirá la elección de 15 nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. El proceso, que se inició el 5 de noviembre con la recepción de documentos, habrá concluido en apenas un mes y 15 días, sin contar la elección de integrantes al Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ).
El equipo de investigación de Runrunes publicó un archivo Open Data, que durante una semana permitió a los ciudadanos compartir información y aportar pistas sobre quiénes son 48 (11,2%) aspirantes de 425. También puso a disposición del público una dirección de correo electrónico (opendata@runrun.es) para la recepción de denuncias y datos sobre los inscritos ante el CPJ. Toda esta información, recibida de manera anónima, fue evaluada y verificada para construir un pequeño perfil de los candidatos.
Entre los aspirantes se destacan abogados, funcionarios y jueces; algunos, incluso han adelantado opiniones y ventilado en redes sociales sus preferencias político partidistas. Resaltan también funcionarios públicos que militan en el Psuv y fieles discípulos de la autodenominada “revolución bolivariana”; magistrados suplentes —entre ellos uno que toca cuatro, canta folclore y hasta tiene 3 discos grabados— abogados que se declaran “chavistas, maduristas y cabellistas”, antiguos aliados del defenestrado magistrado Eladio Aponte Aponte —prófugo de la justicia— y fiscales que persiguieron a disidentes. También están los que pudieran reunir credenciales para obtener los cargos.
En la lista figuran algunos jueces con antecedentes penales, que han sido destituidos con procesos disciplinarios y hasta una exjueza que se declaró abiertamente militante de un partido de oposición en su cuenta en Facebook y que vitoreó por Henrique Capriles Radonski, en las pasadas elecciones presidenciales. Todos quieren una toga y un cargo de magistrado en el TSJ. En total, 16 aspirantes fueron impugnados hasta el 04/12/2014.
La única Sala que no recibirá un nuevo integrante es la Sala Constitucional, después de que el TSJ otorgara, con sentencia de por medio, el carácter de titulares a magistrados suplentes, pese a que esto contraviene lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Toda una paradoja.
Vicios y ventajismo
Los nuevos magistrados estarán en el máximo Tribunal por un período de 12 años y tendrán en sus manos las decisiones judiciales más importantes del país. Abogados y especialistas han cuestionado la transparencia de todo el proceso. La falta de equidad en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales —órgano asesor del Poder Legislativo para la selección y designación— es tan solo uno de los vicios que restan legalidad al proceso.
“La mayoría de los diputados que integran este Comité pertenece al partido de Gobierno. Los representantes de la sociedad civil están vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Es obvio que las objeciones e impugnaciones no serán atendidas de manera objetiva, y que la selección tampoco se hará legal”, advierte el especialista en Derecho Constitucional, José Vicente Haro.
“Nos preocupa que no se postularon ni los mejores, ni los más aptos”, resume Gerardo Fernández, también especialista en Derecho Constitucional. De hecho, el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) extendió siete días el período de inscripción y recepción de credenciales previsto desde el inicio del proceso. Una fuente vinculada al Poder Judicial afirma que la primera lista que se obtuvo de 245 aspirantes al cierre establecido (12/11/2014) no fue bien vista por los miembros del CPJ, razón por la cual se tomó la decisión de ampliar el lapso y así permitir el ingreso de más candidatos.
Vea a continuación los perfiles de algunos de los aspirantes:
Elías Reinaldo Álvarez Leal. Fue juez séptimo de juicio en el Circuito Judicial de Caracas. También fue juez titular del juzgado de primera instancia penal. Trabajó en el Banco Industrial de Venezuela y fue docente de la Universidad Santa María. Se postuló también como rector al Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Consejo Comunal La Manguera. Álvarez Leal decidió la permanencia en prisión de Luis Carrera Almoina, mientras se desarrolla un 2do juicio en su contra por la presunta autoría de maltratos físicos y psicológicos infringidos a Linda Loaiza López. También estuvo a cargo del juicio contra tres miembros de Súmate: María Corina Machado, Alejandro Plaz y Ricardo Estévez. La entonces Fiscal Sexta del MP acusó por los delitos de conspiración para destruir de forma violenta el sistema político venezolano y pidió privativa para los acusados. Álvarez Leal separó el expediente de Luis Enrique Palacios para iniciarle un proceso aparte y suspendió el proceso hasta el martes 14/02/2006. Llevó el tercer juicio (después de ser diferido y suspendido en otra) del Caso Kennedy. Decidió la medida cautelar de prohibición de salida del país de los máximos representantes del Banco Industrial de Venezuela por presunta comisión de delitos de peculado de uso y distracción de fondo. La investigación del MP inició luego de que Luis Quiaro, presidente del BIV no notificara a la superintendencia Nacional de Bancos la operación de bonos por una inversión que supera los 50 millones de dólares. Dictó sentencia contra el abogado Tulio Álvarez en el juicio por delitos de difamación en una demanda interpuesta por el diputado William Lara (Psuv). Álvarez fue condenado a dos años y tres meses de prisión y denunció además que la decisión del juez Elías Álvarez estuvo plagada de vicios procesales y violaciones a derechos fundamentales. Argumentó que el juez declaró a sus abogados defensores que estaba “presionado desde muy arriba” y que confesó que lo único que podía conseguir era “una decisión tan radicalmente mala que no tuviese otro remedio la Corte de Apelaciones que revocarla”.
Luciano Amaro Figueredo. Fue juez titular del Juzgado Superior Contencioso Tributario del estado Lara hasta 2006. Trabajó también en el Metro de Caracas hasta 2010. Está divorciado.
Paúl Aponte Rueda. Egresado de La Universidad del Zulia (LUZ), además es teólogo y desempeñó el cargo de jefe del departamento de Derecho Procesal en esa casa de estudios. Aponte Rueda ocupó la vacante dejada por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien fue presidente de la Sala Penal y huyó del país luego de que se le destituyera por su presunta vinculación con el narcotraficante Walid Makled. Está vinculado al Psuv y reconoció en una entrevista al diario La Verdad en 2012 que “un juez que no tenga posición política no puede ser juez, porque con la posición política se consolidan las ideas y principios”. Fue impugnada ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
José Dionisio Benaventa Mirabal.
Es actualmente magistrado suplente de la Sala de Constitucional del TSJ. Trabajó en la Contraloría del Municipio Carlos Arvelo de Carabobo (en manos del PSUV) hasta el 2014. Suscribió la decisión del TSJ en la sentencia sobre la continuidad administrativa del gobierno del expresidente Hugo Chávez. La decisión fue sustentada en el argumento de que no existía una falta temporal o absoluta del Jefe de Estado, aún cuando Chávez, reelecto el 7 de octubre de 2012, se había ausentado del país el 8 de diciembre del mismo año para tratarse de cáncer en La Habana, Cuba. La decisión permitía la juramentación “cuando cese la causa sobrevenida” que motivó su salida del país. En su cuenta en Twitter se declara chavista y expresa su apego a la “revolución bolivariana”. Tiene cuenta en la red social Facebook en el que comparte videos
<blockquote class=»twitter-tweet» lang=»es»><p>HugoChavezComoSerSuperiorSupoElMomentoDePartirFisicamenteParaLuegoVolverAContinuarSuLuchaJusticieraYUniversalConvertidoEnMuchos. (J.D.B.M).</p>— jose benaventa (@josedbenaventa) <a href=»https://twitter.com/josedbenaventa/status/312702874117353472″>marzo 15, 2013</a></blockquote>
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<blockquote class=»twitter-tweet» lang=»es»><p>@chavezcandangaMiSolidaridadPorTanGrandePérdidaFísicaPeroGanamosUnaPatriaUnPuebloUnPensamientoSocialistaBolivarianoYUnAmorChavistaVivaChavez</p>— jose benaventa (@josedbenaventa) <a href=»https://twitter.com/josedbenaventa/status/309295433337929729″>marzo 6, 2013</a></blockquote>
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Gimi Bittar Mardelly. Trabajó en la Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Anzoátegui hasta 2010, según consta en el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). Fue denunciado por estudiantes de la Universidad de Santa María, en el Núcleo Oriente, por conducta indebida y supuesto cobro a los estudiantes para cambiar las calificaciones. También hubo alegatos de maltrato a estudiantes y conducta despótica.
Lieska del Valle Boadas de González.
Ex Síndico Procurador del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta durante la gestión del PSUV. Trabajó en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de la cual egresó en 2014. Fue secretaria de la Junta Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Nueva Esparta. También fue representante del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (2011).
Maryori Esperanza Borges de Pereira. Ex jueza accidental del Juzgado Superior Civil del estado Miranda. Se postuló como magistrada al TSJ y fue preseleccionada. Trabajó en la empresa Congente, C. A. (actualmente suspendida del Registro Nacional de Contratistas) que ofrece asesoría en Recursos Humanos y provee personal calificado a empresas. Entre los clientes de esta empresa están Movistar, CocaCola, Pdvsa, Fondo Común, Langecor y Cantv.
Nelson Antonio Bravo Materano. Ex juez temporal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo en el estado Trujillo (2013). Ha desempeñado varios cargos como juez en la entidad. El juez Bravo Materano ha abierto dos perfiles en la red social Facebook (1 y 2). En uno de ellos ha compartido fotos de la apertura del Año Judicial en 2014 y también ha publicado videos de la campaña electoral del ex presidente Hugo Chávez (Chávez Corazón del Pueblo) interpretado por Hany Kauam, Los Cadillacs y Omar Enrique.
José Mercedes Cabello Granado.
Egresó de la Universidad Santa María. Trabajó en el Consejo Nacional Electoral hasta 2005. También se postuló como rectora del CNE con el apoyo del Sindicato de Trabajadores que Prestan Servicio a las Instituciones Públicas y Privadas Educacionales del estado Carabobo. En 2010 se inscribió para el cargo de magistrado al TSJ. Está vinculado por consanguinidad al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.[/accordion]
Mónica Maylen Chávez Pérez.
Egresó de la Universidad Santa María (1988). Fue Magistrada Suplente de la Sala Político Administrativa. Posee en su perfil en Facebook fotos del ex presidente Hugo Chávez. Durante seis años fue Notaria Segunda en el estado Aragua. Fue designada en el Juzgado Superior Tercero del estado Aragua. Fuentes indican que es pieza clave del partido Redes y refieren que es amiga cercana al Defensor del Pueblo de Aragua, también aspirante a Magistrado y quien posee una cuenta en Twitter (@NencyVillalobos) desde donde se declara chavista.
René Alberto Degraves. Egresó de La Universidad del Zulia (LUZ). Trabajó en la Superintendencia de Bancos hasta 1995. Fue Magistrado Suplente de la Sala Constitucional (2010). También trabajó como asesor de la Procuraduría General de la República (2000-2001). También estuvo en FOGADE. Una fuente cercana al Poder Judicial precisa que fue asistente del magistrado Francisco Carrasquero López, vicepresidente de la Sala Constitucional y ex rector del Consejo Nacional Electoral. En la red social Twitter se declara “Humanista, socialista y agnóstico”. En su cuenta en Facebook también se declara cercano al partido de gobierno.
Rafael Ángel García González. Egresó de la Universidad de Los Andes (1986). Ha sido juez de Control y de Juicio en el estado Portuguesa.
Valentina Godoy Estaba. Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Fue juez 8va de Control del Área Metropolitana de Caracas. Fue señalada por la ex jueza María del Carmen La Riva Ron de presuntamente pertenecer a una tribu judicial que “imponía jueces y amañaba expedientes”. Tiene cuenta en la red social Facebook, y es militante del partido Acción Democrática. En su perfil ha publicado fotografías en las que le ve vistiendo camisetas de la organización y mostrando su preferencia por el dirigente y excandidato presidencial por la oposición Henrique Capriles Radonski. Su candidatura fue impugnada ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
Elsa Janet Gómez Moreno. Ingresó al Poder Judicial en el 2003. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional del TSJ. En agosto de 2013 recibió el título de doctora en Seguridad de la Nación. Se convirtió en la primera mujer civil en recibir ese grado académico. En 2013 la Sala Constitucional determinó que Gómez Moreno incurrió en “error inexcusable” en un juicio contra el general Víctor Cruz Weffer, exdirector del Plan Bolívar 2000 y Fondur acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esta Sala pidió al Tribunal Disciplinario iniciar un proceso en su contra.
Doris Coromoto González. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional del TSJ. Trabajó en el Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte hasta 2011. Posee fotos del expresidente Hugo Chávez en su perfil en Facebook.
Rafael Arcángel González Arias. Trabaja en el Ministerio Público desde 2011.
Yhosmar Dinorah González de Delgado. Esta jueza determinó que la expresión “hijo de puta” no es difamatoria. De esta manera desestimó la demanda interpuesta por Miguel Henrique Otero, presidente director del diario El Nacional, contra Mario Silva, ex conductor del espacio La Hojilla de VTV. La jueza también exoneró de responsabilidad penal a Mario Silva y no admitió las grabaciones del programa presentada por los demandantes en las que se observa a Silva tildar de “hijo de puta” a Otero porque las grabaciones no estaban certificadas por CONATEL. Mario Silva reiteró en el juicio que se refería al editor de El Nacional como “hijo de puta”. Además sus abogados defensores esgrimieron que Otero Silva no tenía legitimidad para demandar porque la agraviada había sido María Teresa Castillo y solo a ella correspondía ejercer acciones judiciales en defensa de su reputación. La jueza Yhosmar Dinorah González también fue la encargada de abrir el debate oral y público en el juicio contra el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (Voluntad Popular).
Carmen Belén Guarata Alfaro. Juez Rectora y Ex presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Sucre. También fue juez de la Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta y titular de la Corte de Apelaciones con competencia en LOPNA del estado Anzoátegui. En 2008 fue imputada por presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y acto arbitrario. La causa fue sobreseída ese mismo año.
Elsa Dolores Hernández Garcí a.
Juez Rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo. También fue juez de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo.
Yanina Beatriz Karabín de Díaz.
Actualmente magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ. Fue presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Lara. Su hermano, Luis Karabín, fue subdirector del CICPC y también exdirector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Karabín de Díaz ingresó al TSJ tras el deceso de la magistrada Ninoska Queipo. Fue cercana al exmagistrado Eladio Aponte Aponte hasta su destitución y salida del país. Fue impugnada ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
José Jesús Jiménez Loyo.
En 2009 defendió a la dirigente chavista Lina Ron y a los integrantes del Colectivo La Piedrita, del 23 de Enero. Fue representante legal, ex diputada por el Psuv y hoy ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Su hija, Yeliz del Valle Jiménez, fue jueza titular del Juzgado 23 de Juicio de Caracas y resultó destituida por el Tribunal Disciplinario Judicial. Jiménez Loyo es abiertamente militante del partido de gobierno. Eliminó el viernes 14 de noviembre su cuenta en la red social Twitter (@jos_loyo) en la que se declaraba “revolucionario, chavista, madurista y cabellista”. En varios tuits se refería al partido de oposición Primero Justicia como “la franquicia amarilla” y hacía referencias homofóbicas sobre sus integrantes. También enaltecía el fallido golpe de Estado de 1992 y tildaba a la oposición de “fascista y terrorista”. En un tuit publicado el 10 de octubre de 2014 señaló: “El presidente maduro es el líder (sic) del proceso bolivariano por legado del cmdte eterno y hay que obedecerlo para bien”.
Bettys del Valle Luna Aguilera.
Egresó de la Universidad Santa María (1987) Fue Juez Rectora del Poder Judicial en el estado Nueva Esparta. También fue magistrada suplente de la Sala de Casación Social del TSJ (2010). Está ingresada desde 2011 en el IVSS como trabajadora de la Dirección Administrativa Regional del estado Nueva Esparta.
Luis Felipe Mejía Blanco. Egresó de la Universidad de los Andes (1986). Fue Juez Primero de Control del estado Vargas (hizo suplencia en 2007) y también desempeñó funciones como juez de la Corte de Apelaciones de Vargas (accidental). Es profesor de la UNEFA y conductor de YVKE Mundial. Aparece registrado en el IVSS como empleado de una empresa denominada Transporte Pesado Supercarga (2014). Fue asistente del actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, cuando estaba en el cargo de Vicepresidente de la República en 2002. También fue asistente de Jorge Luis García Carneiro, ex jefe de la Tercera División de Infantería del Ejército durante las interpelaciones de la Asamblea Nacional posteriores al golpe de Estado de 2002. García Carneiro es actualmente gobernador del estado Vargas por el Psuv.
Danilo Antonio Mojica Monsalvo. Fue trabajador de Central Madeirense hasta 1989. Ex juez de Primera Instancia del estado Lara. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Fermín Toro y la Universidad Yacambú. Tiene postgrado en Derecho Constitucional Comparativo. Fue destituido como juez en 1999. Fue expresidente de la Asociación de Jueces y Defensores Públicos del estado Lara. Ha escrito los siguientes libros: Responsabilidad penal del ebrio, Problemática de la embriaguez como causa de inimputabilidad en el Código Penal venezolano, Manual de beneficios en el proceso penal venezolano, Introducción al derecho: enfoque de actualidad.
César Augusto Montoya.
Egresó de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Altos Estudios Europeos (Ginebra, Suiza). Ha sido profesor en la Universidad Santa María hasta 1994, según consta en el IVSS, y actualmente dicta clases en la Universidad José María Vargas. Es autor de 24 libros jurídicos, entre ellos: Modelos de Escritos Judiciales, El amparo constitucional en Venezuela, El ABC de la prueba, El proceso ordinario de casación civil e invalidación. También es autor de un artículo que titula: “Para que no se pueda abusar del poder es necesario que el poder detenga al poder”.
Maikel José Moreno Pérez.
Fue funcionario de la extinta DISIP. Ex juez 34 de Control de Caracas y presidente de la Sala 7 de Apelaciones de Caracas. Fue destituido en 2007. Dictó privativa de libertad contra Iván Simonovis. Asumió también la defensa del concejal Richard Peñalver, uno de los cuatro acusados de haber disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002. Asimismo, autorizó la detención de Simonovis, a quien la Fiscalía investigaba por los mismos hechos, contraviniento el precepto que reza que una persona no puede ser juez y parte. La defensa de Simonovis lo acusó ante el TSJ por forjar actas y documentos procesales. La Sala Penal del TSJ desestimó esta demanda. Moreno también aparece mencionado en las actas de entrevista de los amigos del Fiscal Danilo Anderson que contaron de la repartición del dinero extraído de la caja fuerte del fiscal la misma noche de su muerte. El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray lo mencionó en 2007 como supuesto integrante de la Banda de los Enanos, una tribu judicial conformada por jueces y fiscales que manipulaba juicios y sentencias. Su destitución como presidente de la Sala 7 de Apelaciones estuvo sustentada en el desacato de una decisión de la Sala Constitucional del TSJ. La Sala ordenó el procesamiento de Moreno y otros dos jueces por haber dejado en libertad a los acusados por el asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt. Después de su destitución fue enviado por el entonces Canciller y hoy presidente de la República, Nicolás Maduro, a la embajada de Venezuela en Roma.
Gilberto Alfredo Landaeta Gordon. Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Fue el Fiscal 8vo del Ministerio Público con competencia plena que presentó, en agosto de 2005, las pruebas anticipadas con las declaraciones altisonantes del testigo “estrella”, Giovanny Vásquez de Armas, en el caso del asesinato del Fiscal Danilo Anderson. De esa entrevista a Vásquez se conocieron varias versiones, en las que involucraba a personas de la oposición en la supuesta autoría intelectual del crimen. En las actas hay varias incongruencias, de horas, días y de “entradas” y “salidas” de personajes de esas listas de supuestos responsables. Todas las actas fueron firmadas por Landaeta Gordon, a quien Vásquez decía conocer. El Ministerio Público lo destituyó de su cargo y además lo acusó por abuso de autoridad y uso indebido de arma de fuego.
Rubén Darío Garcilazo Cabello. Es Mayor de la Aviación. Fue Juez Titular del Tribunal Militar Segundo de Primera Instancia, que conoció el caso de los 88 presuntos paramilitares que fueron detenidos en la finca Daktari, en El Hatillo, estado Miranda en mayo de 2004. Lo que en principio se dio a conocer como un complot para asesinar al presidente Hugo Chávez resultó en la detención y enjuiciamiento de funcionarios militares. Dirigentes de oposición denunciaron que el caso era un montaje y pasaron a llamarlo como el caso de “Los Paracachitos”. El general Ovidio Poggioli —imputado en este caso— lo denunció ante la Comisión Judicial del TSJ. Garcilazo también atendió el juicio contra el general Francisco Usón Ramírez, condenado luego a cinco años y seis meses por sus declaraciones en un programa de la periodista Marta Colomina. La sentencia contra Usón Ramírez fue invalidada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además decidió que el Estado venezolano debía indemnizarlo con 100 mil dólares. Garcilazo Cabello pasó de la justicia militar a ordinaria, después de que Eladio Aponte Aponte hiciera lo mismo desde titular de la Fiscalía Militar, a magistrado del TSJ.
Emerson Luis Moro Pérez. Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Juez del estado Miranda. Juez Titular del municipio Carrizal del estado Miranda.
Renee Moros Broccoli.
Egresó de la Universidad Santa María. Jueza de la Corte con Competencias en Delitos de Violencia Contra la Mujer. Trabajó también en el despacho Barreto, Oteyza, Romero Trejo Azpúrua (abogados) como asociada hasta 1996. Es actualmente Jueza de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ha participado como ponente en disertaciones y charlas sobre violencia de género. En 2009 fue secuestrada junto al juez Nataniel Ramón Gorrín cuando circulaba en una avenida de Altamira, en Chacao, a bordo de una camioneta de lujo. Ambos fueron liberados en la avenida Victoria después de cancelar una suma de 200 mil bolívares. En la negociación habría intervenido una magistrada del TSJ encargada de negociar con los secuestradores. Entró muy joven al TSJ y se formó de la mano de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León.
Úrsula María Mujica Colmenárez.
Egresó de la Universidad de Carabobo en 1995. Fue magistrada suplente de la Sala de Casación Penal del TSJ en 2013. Ha desempeñado funciones como Fiscal Superior del Ministerio Público en Cojedes y Amazonas. Ha sido profesora de pregrado y dictado las cátedras de pensamiento bolivariano (Misión Sucre, UNELLEZ). Una fuente afirma que Mujica Colmenarez fue guerrillera durante los años 60 y 70. En su perfil en el TSJ coloca: “Participación en el 4 de Febrero de 1992, en la Insurrección Cívico Militar que enmarcó el despertar de un pueblo que tomó su dignidad”.
Esaúl José Olivar Linares.
Ex fiscal militar y ex juez. Se graduó de abogado cuando era cabo primero de la GNB. Durante su paso por la Academia Militar fue asistente de Aponte, quien lo nombró fiscal cuando alcanzó la titularidad de la Fiscalía General Militar. Olivar fue quien emprendió acusaciones en tribunales militares contra civiles, entre los que estuvo la abogada Elinor Montes, recordada por ser sometida en video por la GNB durante una marcha en la avenida Libertador en 2004. Olivar también inició un proceso judicial contra la periodista Patricia Poleo —hoy exiliada— por incitación a la rebelión y difamación contra la Fuerza Armada Nacional. La defensa del general de división Enrique Medina Gómez, enjuiciado por los delitos de rebelión y conspiración tras el golpe de Estado de abril de 2002, lo denunció ante el Juzgado Militar Primero de Juicio por omisiones y violación al debido proceso. Por este caso resultó amonestado y sustituido. Ya como titular del Tribunal 46 de Caracas dictó orden de aprehensión contra el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, por el cierre de VTV. Sin embargo, Olivar llenó titulares cuando lo destituyeron por haber firmado la medida cautelar que le devolvía la libertad a Milagros De Armas, acusada como autora intelectual del asesinato de la estudiante de Sociología de la Ucab, Andreína Gómez Guevara, ocurrido en mayo de 2007. Olivar negó en 2012 toda vinculación con Aponte. Al ser consultado para un trabajo en Últimas Noticias, afirmó: “No hubo ninguna vinculación. Existió una relación profesional… Fui victima de este sujeto. Él me sacó del tribunal cuando yo dicté la libertad a la ciudadana Milagros De Armas”. Fue integrante del Frente Amplio de Militares Revolucionarios e invitado frecuente en VTV. Tiene cuenta en la red social Twitter (@esaulolivar) en la que se declara fiel seguidor de Hugo Chávez y del presidente de la República, Nicolás Maduro. En su último tuit, publicado el 4 de marzo de este año, expresa:
<blockquote class=»twitter-tweet» lang=»es»><p>FARMIRA la reserva activa Chavez Vive y el presidente Maduro estamos rodilla en tierra en defensa de la patria <a href=»https://twitter.com/gestionperfecta»>@gestionperfecta</a></p>— Esaul Olivar (@esaulolivar) <a href=»https://twitter.com/esaulolivar/status/441019286878818305″>marzo 5, 2014</a></blockquote>
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Alejandro Jesús Rebolledo.
Fue Juez 45 de Control de Caracas. Es abogado penalista, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de postgrado de la UCV y magíster en Derecho Penal y en Criminalística. Es director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados. También es especialista y conferencista internacional sobre prevención de de lavado de dinero, legitimación de capitales, narcotráfico y terrorismo; y es el creador de las conferencias internacionales que se realizan cada año sobre lavado de dinero. Fundó el Instituto de Altos Estudios Profesionales y es autor de varias obras jurídicas, como «Prevención y control de legitimación de capitales». Fue el juez que sentenció a Joao De Gouveia, por el asesinato de varios manifestantes en la Plaza Altamira, durante el paro petrolero de 2002. De Gouveia recibió una condena máxima de 29 años y 11 meses. La misma pena dictó contra el «descuartizador de El Paraíso» (2001). También condenó a los pistoleros de Puente Llaguno. Rebolledo denunció en 2002 al diputado Luis Tascón (MVR) ante el Tribunal Supremo de Justicia por presiones durante la investigación que el Tribunal 45 de Control llevaba sobre el caso de Puente Llaguno.
Samer Rican Selma.
Egresó de la Universidad Santa María (1987). Juez de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Ex Fiscal del Ministerio Público del estado Aragua hasta 1997. Ex profesor de la Universidad Bicentenaria de Aragua hasta 1998. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Santa María. Profesor de Criminalística en la extinta IUPOLC y de Derecho Penal en la Universidad Rómulo Gallegos. También fue magistrado suplente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el 2000 y profesor de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Richani declaró sin lugar la apelación que introdujeron en 2004 Rocío San Miguel y dos compañeras de trabajo después de ser despedidas del Consejo Nacional de Fronteras (CNF). San Miguel era asesora jurídica del CNF hasta marzo de 2004. Argumentó que fue despedida por apoyar el Referendo Revocatorio Presidencial. La causa fue sobreseída y después apelada por las afectadas. El periodista José Rafael Ramírez lo vincula a la Banda de los Enanos, y también cercano al entonces Canciller y hoy presidente de la República, Nicolás Maduro.
Rosa Isabel Reyes Rebolledo.
Jueza Coordinadora del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Segunda Conjueza de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Fue impugnada ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
Luisa Rincón Flores.
Exrectora de La Universidad del Zulia (LUZ). Juez rectora del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
Jesús Rivero Álvarez.
Egresó de la Universidad Católica Andrés Bello (1984). Trabajó el Consejo de la Judicatura desde 2006. Ex juez penal del estado Trujillo desde 2006. Posee una cuenta en la red social Facebook, en la que ventila sus preferencias políticas y admiración por el expresidente de la República, Hugo Chávez.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Fue ministra del Despacho de Presidencia en 2006 y ministra de Comunicación e Información. Aparece registrada en el IVSS como personal de Servicio Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es hija de Jorge Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, que murió en custodia de la antigua policía política DISIP en julio de 1976. Su hermano, también llamado Jorge Rodríguez, fue rector del Consejo Nacional Electoral y es el actual alcalde del municipio Libertador. Ambos pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Durante la gestión de Delcy Rodríguez al frente del ministerio de Comunicación e Información se concretaron los traspasos accionarios de la Cadena Capriles, conglomerado que edita tres diarios en el país; y del diario El Universal. Los nuevos propietarios de ambas empresas son hasta ahora desconocidos y se sospecha que estén vinculados al Gobierno. También se consolidó la salida del aire del canal colombiano NTN24 y las amenazas a los medios internacionales como CNN, El País de España, Clarín de Argentina, entre otros.
Félix Miguel Roque Rivero.
Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en el Tribunal Supremo de Justicia. Una fuente refiere que ingresó al Poder Judicial como supuesto “operador político” en el despacho de la magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, Carmen Zuleta Merchán, donde “se encargaba de los asuntos políticos que manejaba el despacho”. También precisa: “Fue removido del cargo luego de la muerte de Escarr. Él apareció como invitado en VTV ofreciendo unas declaraciones sin la autorización de la magistrada y por eso lo sacaron del despacho. Eso ocurrió el día después de la muerte de Escarrá. Es cercano a la magistrada Luisa Estella Morales, entonces presidenta del TSJ, quien lo mantuvo en el Centro de Información Documental”. Roque Rivero también es invitado frecuente en VTV. Ha aparecido en el programa La Hojilla, y sustentó la argumentación del Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión que versaba sobre la continuidad en el gobierno del presidente Hugo Chávez, después de que se ausentó para tratarse en La Habana. También es columnista de Aporrea.
Mirna Mas y Rubi Sposito.
Egresó de la Universidad Central de Venezuela (1971). Fue jueza de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del estado Nueva Esparta. También ocupó funciones como Juez Civil y Contencioso Administrativo del estado Anzoátegui.
Linda Fernanda Silva.
Egresó de la Universidad Santa María (1992). Jueza de la Corte de Apelaciones del estado Anzoátegui. También fue presidenta del Circuito Judicial del estado Anzoátegui. Fue la jueza que inició el proceso contra los 26 funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), dos del CICPC y la Policía de Caracas, involucrados en la masacre de Kennedy. En 2005 fue destituida.
Octavio José Sisco Ricciardi.
Egresó de la Universidad Santa María (1985). Fue magistrado suplente de la Sala de Casación Social del TSJ. En 2004 fue propuesto por el entonces diputado William Lara (MVR) como magistrado a la Sala Político Administrativa. Resultó electo Juez Principal de esta Sala con 101 votos favorables. También se le designó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ (1999-2000). Ocupó el cargo de consultor jurídico del Ministerio de Educación y Deportes (2002-2005). Escribe en el portal de tendencia oficialista Aporrea. Uno de sus últimos artículos lo dedico al actual alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma (El mayor descaro de Ledezma). Fue ponente de la sentencia N. 409, dictada por la Sala Político Administrativa el 2 de abril de 2008, en el caso de Ángel Navas, en la cual se resolvió la demanda de daños y perjuicios incoada contra la República a consecuencia de una reclusión ilegítima por un lapso de 5 años. La sentencia acordó como indemnización que la República pagara una publicación a título de una indemnización por daño moral, de un desagravio público en una página indeterminada que se divulgara por una sola vez, en los diarios Últimas Noticias y Panorama, cuyo texto igualmente se difundirá por intermedio del referido Ministerio, en el horario estelar de los informativos de Radio Nacional de Venezuela (RNV), Televisora Venezolana Social (TVES) y Venezolana de Televisión (VTV) por tres días consecutivos, para lo cual se dispone de 10 días continuos para cumplir esta orden.
Mariely Valdez González. Fue viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Nency José Villalobos.
Es el actual Defensor del Pueblo del estado Aragua. En su cuenta en Twitter ventila su militancia político partidista. Además se declara chavista. Uno de sus tuits publicados en esta red social decía: “#RodillaEnTierraConNicolasMaduro consolidemos la paz como expresión sincera del legado del comandante chavez”.
Yraima de Jesús Zapata. Ex abogada de la Procuraduría General de la República.
Ana Cecilia Zulueta Rodríguez. Egresó de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en la Procuraduría General de la República hasta que una queja formal por malos tratos dio lugar a que la sacaran del cargo. Sucedió lo mismo en la SUDEBAN, donde el superintendente debió sacarla por quejas reiteradas en su contra. Es cercana a la magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ, Evelin Marrero.
