El hambre de divisas como motivación para ley - Runrun
El hambre de divisas como motivación para ley
De aprobarse en segunda discusión en la Asamblea Nacional chavista, la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras obligará a todo contribuyente que use divisas a pagar una alícuota entre 2 y 8%
La implementación de esta regla desembocaría en la informalización de transacciones en moneda extranjera para que estas no sean pechadas 
Gobierno persigue ampliar su espectro de recaudación y aprovechar la dolarización de facto  

Desde el dueño de un bodegón hasta el pensionado que recibe remesas de sus hijos provenientes del extranjero tendrán que pagar un impuesto por emplear divisas en Venezuela, si la Asamblea Nacional chavista aprueba en segunda discusión la reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras.

El pasado 20 de enero de 2022, el hemiciclo vinculado al madurismo avaló en primera discusión la reforma a la ley que persigue captar tributos de todo ente o persona que use moneda extranjera y  criptoactivos diferentes al Petro. El porcentaje abarcaría un rango de entre 2 y 8% e incluso podría extenderse hasta 20% en el caso de las grandes empresas.

El diputado de la AN, Ramón Lobo, sostuvo que la ley busca “rescatar la confianza en el bolívar, porque todas las transacciones que se están dando en la economía nacional no son gravadas y eso genera que el bolívar tenga una desventaja en cuanto a la moneda extranjera”.   

A juicio de Juan Carlos Castillo, miembro de la directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la reforma a la ley de impuesto tiene una motivación eminentemente recaudatoria. 

“El objetivo es aprovechar la dolarización, el empleo de las divisas para incrementar la recaudación tributaria, esto beneficia al Estado y perjudica a la colectividad porque al final se incrementa el monto a pagar de los productos y servicios”, sostuvo. 

Castillo sentenció que, a la postre, quien cargará con las mayores consecuencias de esta reforma será el consumidor final “porque es el último eslabón de la cadena y el cuello de botella de las operaciones”. 

Por su parte, José Javier García, abogado y contador, enfatizó que es contraproducente establecer un tributo adicional en este momento, especialmente cuando se había empezado a notar un leve despegue económico. 

“Eso generaría un incremento de los costos que obligatoriamente va a ver reflejado en el precio del producto final”, dijo. 

García sentenció que las divisas en el país pasaron a jugar un rol fundamental cuando en 2018 se eliminó la ley de ilícitos cambiarios y posteriormente se acentuó el uso después del apagón en marzo de 2019

Hay ciudades de Venezuela donde más del 90% de las transacciones se realizan en moneda extranjera, eso ha permitido que la economía tenga cierto reacomodo”.

De acuerdo a Castillo, la implementación de este impuesto pudiera echar por tierra el poco avance que se ha tenido en materia financiera.  

“Que una persona maneje moneda extranjera en Venezuela no significa que tenga un gran patrimonio, alguien que vaya a comprar medicinas con un billete de 20 dólares que le mandaron del extranjero y que deba pagar 0,5 $ o 1,6 $ más no genera una utilidad que justifique ese monto adicional”, sumó.

García sostuvo que el impuesto estará dirigido a personas naturales y jurídicas por pagos realizados en divisas (excepto el Petro) dentro del sistema local, sin intermediación de corresponsales extranjeros e incluso sin que exista mediación de instituciones como el pago en efectivo.  

El abogado argumentó que, aunque la reforma de ley no especifica cómo se aplicará este impuesto, en teoría los establecimientos comerciales y los propios individuos podrían ser objeto de esta medida, porque las empresas se verían en la necesidad de cobrarlo al último eslabón de la cadena: el usuario que requiere de un proyecto o servicio.  

Mercado negro a la vista 

Para García, la implementación de este tributo pudiese desembocar en el crecimiento de un mercado negro en el empleo de divisas.  

“El establecimiento de una alícuota pudiera conllevar a una mayor informalidad de las transacciones en divisas y que estas no empiecen a ser registradas en los libros contables”. 

Aunque la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo sin mayor registro fiscal, la reforma a la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 29 de enero de 2020 prevé una alícuota adicional para los grandes contribuyentes entre el 5 y el 25% de las operaciones cuando el pago sea en divisas o criptomonedas distintas al Petro. 

Castillo aseveró que es complicado incentivar el empleo del bolívar porque la gente se acostumbró a usar una moneda fuerte en detrimento de una débil y consigue en el dólar cierta protección a su patrimonio.   

Lo que resulta un contrasentido es que el gobierno pretenda incentivar el uso del bolívar encareciendo el uso de la moneda extranjera, la gente no va a dejar de usar el dólar”. 

García expuso que el gobierno está buscando por todos los flancos beneficiarse de la dolarización transaccional. “Lo vemos en los precios de los pasaportes anclados al Petro y a la tasa del Banco Central de Venezuela, las tarifas que entraron en vigencia con la ley de notarías y registros e impuestos municipales”. 

De llegar a cristalizarse la reforma tributaria propuesta por la AN, el abogado tiene dudas de cómo entraría en funcionamiento. “¿Cómo se materializaba la contribución de ese tributo? ¿Tengo que hacer una declaración o es la empresa la que tiene que llevar un libro contable? Hay muchas interrogantes en torno a esto”. 

García expuso que lo conveniente en estos casos es consultarle a la población y a expertos en la materia. “El artículo 211 de la Constitución Nacional dice que debe consultarse a los ciudadanos de la sociedad organizada cuando se vayan a hacer este tipo de reformas y creo que es fundamental que se acuda a especialistas por medio de estudios científicos”. 

Lo que se debe hacer

Cuando especialistas esperaban que en el seno del gobierno nacional se estuviese discutiendo medidas en materia económica como la reactivación del crédito, la AN empezó el año con un proyecto de reforma a un impuesto que significará un mayor desembolso de dinero para la población.    

“Hay que generar confianza con una política fiscal sostenida, lo cual no existe hoy en día”, dijo García. 

Castillo agregó que la responsabilidad del Ejecutivo es la aplicación de políticas económicas coherentes, reducir la producción de dinero inorgánico, reactivar los créditos y microcréditos e impulsar la inversión extranjera

“Lo que corresponde al gobierno es favorecer las transacciones en divisas, no gravar con otros tributos estas transacciones. Es innecesario agregar mayor presión a los contribuyentes en este contexto de devastación económica en la que vivimos”.