La Asamblea Nacional inició la primera sesión del período legislativo 2015 para elegir a la nueva junta directiva que regirá la labor parlamentaria por un año.

La elección y juramentación de la Junta Directiva, que se realiza cada 5 de enero o el día hábil inmediato, se basa en lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debates del parlamento.

Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ninguno de esos títulos, sin embargo, revela por completo su condición: es, junto al presidente Nicolás Maduro, el hombre de mayor peso político dentro del chavismo. Ambos flanqueaban a Chávez, uno a la izquierda y otro a la dereche, la noche del 8 de diciembre de 2012, cuando el fallecido gobernante dirigió su última alocución pública, en la que le pidió a sus seguidores que votaran por Maduro, en caso de que le ocurriera algo, tal como sucedió tres meses despues. A Cabello también le asignó la responsabilidad de continuar la llamada revolución bolivariana.  “Me dijo: ¡Dale, Diosdado!”, recordó el propio Cabello en febrero de 2014, en una entrevista transmitida por la Agencia Venezolana de Noticias.

“Soy un chavista radical”. Así se define Cabello. Oficia como evangelizador de un credo, aunque no debe ser visto como un predicador. Es habitual, por ejemplo, que le pida a los militantes de la revolución repasar qué hicieron durante el día para parecerse más al extinto líder. Si alguien encuentra un dilema ante el cual deban tomar una decisión, les da un consejo: “Piensen lo que hubiese hecho Chávez en la misma situación y hagan eso”. Los seguidores de Cabello lo consideran un dirigente displinado, un organizador habilidoso y un político implacable con sus rivales. Los detractores lo caracterizan como uno de los rostros de talante más autoritario y menos democrático involucrados con el proyecto político de Chávez.

La ecuación que describe el poder de Cabello incluye la conducción con mano de hierro del Poder Legislativo dentro del cual ha llegado a decretar de manera unilateral la pérdida de la inmunidad parlamentaria de diputados opositores o a decidir la suspensión temporal de los pagos de sueldo y de los derechos de palabra de colegas que lo adversan. Ocupa el cargo que le garantiza la cúspide del principal aparato partidista  del socialismo y funge igualmente como jefe nacional de más de 13.000 Unidades Bolívar-Chávez, estructuras de base que funcionan como maquinaria electoral en tiempos de campaña, como tejido organizativo que reúne a militantes y movimientos sociales chavistas y como barrera de contención ante lo que se advierta como amenaza para la estabilidad política.

Cabello también estudió con los oficiales graduados en la promoción Tomás Montilla del Ejécito en 1987: muchos de ellos ascendieron al generalato en 2012 y permanecerán en las posiciones más altas de las fuerzas terrestres, al menos, por un lustro. El presidente de la Asamblea Nacional tampoco ha negado amistades con líderes de grupos civiles radicales –como la fallecida Lina Ron– que se han confesado armados para la defensa de la llamada revolución bolivariana. También le atribuyen poder económico. Una voz idéntica a la de Mario Silva, ex conductor del programa La Hojilla, que se transmitía en Venezolana de Televisión, fue captada en una grabación que se filtró a la prensa y que registró el momento cuando esa misma voz daba un reporte de inteligencia a un oficial cubano sobre el tema: en la conversación se señala que el militar retirado lidera grupos que han prosperado al amparo de la corrupción y del aprovechamiento del control cambiario para beneficio de empresas fantasmas. Cabello –quien no cuestionó la veracidad de la grabación y dijo que Silva daba sus opiniones– ha patentado una frase para defenderse de las acusaciones que lo presentan como el verdadero jefe de compañías reales o ficticias: “Todas esas empresas que dicen que son mías, que las tome el pueblo, no me importa”.

Formación de cuartel y 4-F

Cabello –nacido en 1963 en el pueblo de El Furrial, Monagas– se enroló en el Ejército a los 19 años de edad y ahí comenzó la carrera que lo catalputó a lo más alto de las instituciones del Estado.  En sus años de adolescente, militó en Bandera Roja, una organización de izquierda radical que actúaba al margen de la ley, entre otras cosas, porque reivindicaba la lucha armada como una alternativa para transformar el sistema político. Egresó de la Academia Militar con el grado de subteniente y ocupó el segundo lugar de su promoción. Conoció en los cuarteles a Chávez, quien lo captó para el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que finalmente ejecutó un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, en ese momento, Cabello ostentaba la jerarquía de teniente.

Él mismo ha relatado qué hizo el día del alzamiento. Le correspondió gestionar las comunicaciones de los insurrectos, pero las antenas que serían usadas para ese propósito fallaron. Fue entonces cuando decidió recorrer Caracas, vestido de civil, aunque con la insignia tricolor de los rebeldes, en un Ford Montecarlo. Estuvo en el palacio de Miraflores y luego se desplazó al Batallón Pepe Alemán de Quinta Crespo para verificar por qué las tropas no se habían movilizado. Ahí fue detenido y golpeado luego de un tiroteo. Fingió estar muerto para sobrevivir al ataque: logró salvar la vida, pero fue enviado a prisión por 22 meses.

Un cuadro de confianza

Apenas una década después de esa madrugada, Cabello ya estaba en la cúspide. Ya no era el teniente que formaba parte de un levantamiento frustrado, sino el vicepresidente ejecutivo, el número dos del gobierno, a quien incluso le tocó ejercer interinamente y por apenas horas la Presidencia de la República en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, cuando Chávez fue derrocado por dos días. Cabello se fue a la clandestinidad y fue juramentado el día 13 en el Palacio de Miraflores como jefe de Estado provisional, en momentos en que el gobierno de facto hizo aguas y las fuerzas que respaldaban al mandatario despuesto restituyeron el orden. A él le correspondió autorizar el envío de un comando militar a la isla de La Orchila, donde Chávez aún permanecía en custodia de los rebeldes.

Cabello tuvo un ascenso meteórico en los 10 años que precedieron ese momento. Retirado del Ejército, se ganaba la vida gracias a una firma propia que era contratada por clientes gubernamentales como el Ministerio de Educación para hacer trabajos de telecomunicación, área en la que se graduó como ingeniero en el Instituto Universitario de la Fuerza Armada Nacional. Cabello retornó después a su origen: fue uno de los colaboradores más cercanos de Chávez cuando éste recorría el país como candidato presidencial y líder del Movimiento V República, creado en 1997, como plataforma electoral a elecciones presidenciales que Chávez ganó en diciembre de 1998. El líder del 4-F se encontraba de gira en Maturín cuando la esposa de Cabello lo convenció de que debía encontrarse de nuevo con Chávez, cosa que finalmente hizo.

De Conatel al palacio

Entre 1999 y 2002 fue director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones –en la cual dejó una impronta de gerente eficiente al liderar la reforma de la ley que regula a ese sector de la economía–; titular de la Secretaría de la Presidencia –en la que le correspondió organizar los Círculos Bolivarianos, propuesta de organización popular,  actualmente casi en desuso, que fue blanco de acusaciones, entre otras cosas,  porque se utilizó en la represión de opositores–, posteriormente fue designado vicepresidente ejecutivo de la República. Semanas después del golpe de Estado, se convirtió en ministro de Relaciones Interiores y Justicia, allí le correspondió lidiar con las réplicas del terromoto político que se desató a raíz de la crisis de abril de 2002.

La carrera de Cabello en el gabinete de Chávez dio un giro al ser designado como ministro de Infraestructura entre 2003 y 2004. A esa institución –que cambió  el nombre por el de Ministerio de Obras Públicas y Vivienda– regresó en el período 2008-2010. En ellas manejó presupuestos millonarios del Estado para grandes proyectos clave como el segundo puente sobre el río Orinoco, culminado finalmente en 2006.

Su gestión motivó recriminaciones públicas de Chávez que han quedado registradas en videos. En uno de las más recordados, el presidente le pregunta por qué hay retraso en la ejecución de la carretera Gamelotal-Buría en el estado Lara y por qué hay aparentes sobreprecios en los cálculos de la inversión. “¿No será que hay allí un exceso, Diosdado?”, interroga Chávez antes de pedir celeridad y una revisión minuciosa del presupuesto solicitado.

Entre sus dos pasantías en el ministerio, Cabello fue gobernador de Miranda, un estado estratégico en el país por su ubicación geográfica y peso electoral. Cuando se postuló para su reeelección en 2008 se enfrentó a Henrique Capriles Radonski, quien era alcalde de Baruta. Cabello fue derrotado, lo que se consideró como un gran traspié y como una obvia señal de rechazo a la gestión de uno de los delfines del presidente. Ya en marzo de ese año se había medido en un termómetro: las elecciones internas para constituir la primera directiva provisional del PSUV. En ese momento, otros 16 dirigentes obtuvieron más votos y quedó en un puesto de suplente, del cual fue rescatado por Chávez.

Cabello y su entorno han sido denunciados por supuestos manejos irregulares de fondos públicos y por la creación de redes de corrupción. El equipo de Capriles Radonski remitió a principios de 2009 un paquete de 17 casos a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

Entre ellas se incluyó, por ejemplo, el cobro millonario por la remodelación de un sanitario de la gobernación mirandina. También el acuerdo de compra de vehículos para los Bomberos de Miranda al Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa) sin que mediara una licitación. En ese entonces, el presidente del organismo de atención a los militares era Ramón Rafael Campos Cabello, primo hermano del mandatario regional. En tanto que el director del Despacho del gobernador que participó en la negociación fue Luis Alfredo Campos Cabello, también primo hermano de Cabello. Las causas, sin embargo, han sido desestimadas por las instituciones de justicia, que “no han encontrado méritos” para imponer sanción alguna.

El difunto diputado Luis Tascón presentó en febrero de 2008 ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional otra denuncia por el supuesto sobreprecio en la compra de unidades de transporte hechas por José David Cabello, hermano de Diosdado, quien también ocupó el cargo de ministro de Infraestructura. Diosdado Cabello defendió a su hermano en ese momento y acusó de conspirador a Tascón, quien fue declarado entonces como un parlamentario que se había  “autoexcluido” del PSUV luego de haber presentado el expediente. Tascón acuñó el término “derecha endógena” para referirse a dirigentes del chavismo que habían logrado prosperar gracias a los presuntos negocios ilícitos. Asociaba con ese grupo a Cabello, quien siempre ha manifestado que no teme que las autoridades lo investiguen “porque tampoco tiene nada que ocultar al resto del país”.

Carrera parlamentaria

Cabello obtuvo una curul en la Asamblea Nacional en octubre de 2010 luego de postularse como diputado por Monagas. En enero de 2011, fue designado presidente del Poder Legislativo en reemplazo de Fernando Soto Rojas. Faltaba casi un semestre para que Chávez anunciara, en una cadena de radio y televisión emitida desde La Habana, Cuba, que padecía de cáncer. La variable de la enfermedad y la muerte del jefe del Estado ha estado ligada a las principales acciones de Cabello en el Parlamento.

Un ejemplo de ello ocurrió en las últimas semanas de 2012. El dirigente expresó que se negaría a asumir la presidencia interina de Venezuela si Chávez –quien había obtenido la reelección en octubre de ese año, pero permanecía en Cuba en grave estado de salud– no se presentaba a tomar posesión y juramentarse ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2013, como lo establecía la Carta Magna. Cabello se expresó en contra de esa posibilidad incluso antes de que el Tribunal Supremo de Justicia resolviera el asunto con una controversial decisión que declaraba que el jefe del Estado no requería de una nueva toma de posesión y que podía cumplir el requisito de la juramentación ante el Poder Judicial más allá de la fecha señalada en la norma constitucional.

Hubo opositores y abogados que insistían en que la ausencia presidencial configuraba una falta absoluta y que por tanto le correspondía al titular de la Asamblea Nacional asumir la presidencia de la República y convocar a elecciones en un lapso menor a 30 días. Esa opción fue calificada por Cabello como “un golpe de Estado”, sus palabras parecían contradecir lo dicho por Chávez el 8 de diciembre cuando dejó claro que si no podía terminar el mandato, debía comenzar un nuevo período constitucional mediante la realización de nuevas elecciones presidenciales, en las que pidió a sus seguidores votar por Maduro, tal como ocurrió después.

Tales comicios se celebraron el 14 de abril de 2013 y constituyeron un muy cerrado proceso en el que se declaró ganador a Maduro con una diferencia de poco más de 1% de los votos. Capriles Radonski, gobernador de Miranda y candidato derrotado, dijo que “sólo con trampa pudieron vencerlo” y que el nuevo jefe de Estado “era ilegítimo”. Cabello llevó esa discusión política dentro del Parlamento con acciones que fueron tachadas de antidemocráticas: prohibió temporalmente el derecho de palabra a todo diputado que no reconociera la legitimidad de Maduro y ordenó, entre otras cosas, la congelación del pago de los sueldos –según declaró entonces– para obligarlos a reconocer la institucionalidad venezolana.

La sesión del 5 de mayo de 2013 terminó en una golpiza. El diputado Pedro Carreño, del PSUV, propuso la prolongación del veto a los opositores con la venia de Cabello. La protesta de los parlamentarios afectados consistió en usar artefactos sonoros para impedir el trabajo, ante lo cual hubo una reacción violenta de los representantes socialistas. Dos de los que llevaron la peor parte fueron María Corina Machado, diputada independiente por la Mesa de la Unidad Democrática, a quien le fracturaron la nariz y su colega Julio Borges, de Primero Justicia, cuyo rostro mostró señales evidentes de la agresión. Los hechos no fueron transmitidos por la televisora oficial de la asamblea (ANTV), pero se divulgaron gracias a videos que fueron tomados en el hemiciclo.

Cabello condenó los hechos de violencia, pero advirtió que obedecían a una  acción planificada por la oposición: “Lamentamos que al diputado Borges le haya ocurrido eso, pero que sea la víctima no quiere decir que no haya sido el provocador”. En el interín, el presidente del Poder Legislativo lideró los procesos para desconocer la inmunidad parlamentaria de María Aranguren, electa por Monagas, y de Richard Mardo, electo por Aragua, a quienes se les acusó de irregularidades y corrupción. Los afectados insistieron en que eran blanco de acciones políticas para que el oficialismo se hiciera con la mayoría en el parlamento. Cosa que finalmente ocurrió.

A raíz de los sucesos de febrero y marzo de 2014, marcados por una ola de protestas, cierres de calles, disturbios y acciones represivas del gobierno dejaron más de 30 muertes en el país, Cabello describió los hechos como “un intento de golpe de Estado de la derecha facista”. En ese contexto declaró unilateralmente la pérdida de la inmunidad parlamentaria de la diputada independiente, María Corina Machado, a quien el gobierno de Panamá le extendió la posibilidad de ser embajadora alterna de ese país ante la Organización de Estados Americanos, con el propósito de denunciar ante esa instancia la violación a los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas del orden público y ofrecer una versión distinta a la del gobierno.

Cabello aludió que al aceptar la oferta panameña la diputada se había separado automáticamente de su cargo, al violentar preceptos constitucionales, que le prohiben a los diputados aceptar honores y cargos de otros países sin la autorización de la Asamblea Nacional. Machado argumentó que la acción representaba un ataque a la voluntad de quienes la eligieron y que la Carta Magna solo establecía que la  muerte, la renuncia, la revocatoria del mandato por vía de un referéndum o la sentencia firme de un tribunal podía traducirse en la pérdida del fuero parlamentario. Cabello, además, asumió la conducción de la Comisión de la Verdad que se creó en el Parlamento –bajo cuestionamientos opositores– cuyo objetivo consistía en establecer responsabilidades por los crímenes cometidos en la crisis de febrero y marzo de 2014. Su posición, sin embargo, estaba lejos de ser neutral: siempre insistió en que todas las muertes eran responsabilidad de quienes adversaban a Maduro, más allá de la evidencia que comprometía a agentes del orden y a civiles armados, simpatizantes del gobierno, en parte de los delitos cometidos.

Después de ese episodio, el 28 de marzo de este año, el presidente de la organización The Human Right Foundation, Thor Halvorssen, introdujo una demanda en un tribunal de Florida en contra de los directivos de la empresa contratista del sector eléctrico Derwick, Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau López. En el proceso también incluyó al empresario Francisco D’Agostino, yerno del banquero Víctor Vargas. En el documento, Halvorssen señala que los directivos de la compañía habrían pagado una comisión de $50 millones a Cabello a través de Banesco Panamá, para obtener un contrato. Tanto Derwick como la entidad bancaria negaron la vinculación con el presidente de la AN.

El 7 de mayo, en una sesión del Parlamento venezolano, Cabello anunció que Estados Unidos le suspedió la visa para poder ingresar a ese país, después de una denuncia que hiciera un presunto desertor de la fuerza aérea venezolana. “Un señor que desertó de aquí de Venezuela, de la Fuerza Aérea, le dijo al gobierno de EEUU sobre una supuesta entrega de dólares en la India a Osama bin Laden”.

El 13 de noviembre de 2014, Cabello tildó de “falta de respeto” al embajador colombiano en Venezuela, Luis Eladio Pérez, por declaraciones que emitió sobre el asesinato del diputado chavista, Robert Serra. Pérez cuestionó la nacionalidad colombiana de los presuntos asesinos, tal como informaron las autoridades venezolanas días después de la muerte.