La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante una sesión extraordinaria convocada por el Parlamento para este jueves, 27 de agosto, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que la discusión se realizó para modificar el artículo 65 de esta ley, relacionado con el Comité de Postulaciones, el cual pasa a 23 miembros: 11 de la Asamblea Nacional y 12 de la sociedad civil.
“Nos planteamos una reforma bien puntual para subir de 21 a 23 miembros lo que tiene que ver con el Comité de Postulaciones y que se dé reinicio a todo el proceso de renovación de magistrados y seguir profundizando la transformación del sistema de justicia en Venezuela”, expresó Infante.
Asimismo, el parlamentario recordó que como resultado del diálogo entre la AN oficialista y el Parlamente electo en 2015, se acordó iniciar un proceso que “contribuya a la transformación del sistema de justicia”.
Por su parte, Luis Florido, diputado opositor, consideró que Venezuela no saldrá de la crisis “sin recuperar las instituciones del país”, considerando como positiva la ampliación del Comité de Postulaciones para permitir que haya más miembros de la sociedad civil. Sin embargo, acotó que el debate sobre la designación de magistrados “no puede ser una discusión solamente de los diputados, tiene que ser del país”.
“¿Dónde está el problema con la justicia venezolana? No solo en el TSJ que es la cabeza y es el que modela… la politización de la justicia. Y eso es precisamente de lo que tenemos de deslastrarnos. Magistrados que sean realmente independientes, probos, que tengan la bandera de Venezuela y no de un partido político. Ese avance tiene que tener claridad de objetivos y el objetivo principal es que Venezuela recupere su justicia, que desde hace mucho tiempo no tiene”, añadió Florido.
Hasta ahora, no se conocen otros artículos que vayan a ser reformados. Resta esperar a la segunda discusión de la ley, en la que se abordará el contenido de la reforma.
La AN chavista aprobó "por unanimidad" en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
La propuesta plantea modificar el artículo 65 de la ley y ampliar de 10 a 12 la cantidad de miembros de la sociedad civil que debe tener el Comité de Postulaciones… pic.twitter.com/Pwki5bHSBD
En una nota de prensa, Juan Miguel Matheus, miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, consideró que la aprobación de esta reforma de ley en primera discusión demuestra cómo el diálogo institucional genera transformaciones efectivas para el país y “es un primer paso para reconstruir la justicia venezolana”.
“Como resultado de nuestros esfuerzos, la sociedad civil venezolana está asumiendo un papel central en la construcción de la transición democrática del país”, señaló el parlamentario, quien hizo hincapié en que “en el corazón de la transición de Venezuela estará su sociedad civil”.
Matheus enfatizó que el nuevo procedimiento exigirá una evaluación rigurosa de cada aspirante al rol de magistrado, conforme a los requisitos de idoneidad, honorabilidad, trayectoria profesional y competencia jurídica contemplados en el artículo 263 de la Constitución. “Una justicia independiente comienza por una selección transparente de quienes tienen la responsabilidad de impartirla”, agregó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de seis horas de una audiencia oral y pública este miércoles 26 de agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo acordó pronunciarse en un lapso de diez días sobre la condena de 30 años impuesta al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano, quien se encuentra preso en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Tras ocho años de detención, Caguaripano y otros 22 acusados del asalto al Fuerte Paramacay, ubicado en el municipio Naguanagua de la entidad carabobeña, fueron sentenciados a la pena máxima el 19 de diciembre de 2025.
A continuación una claves sobre el caso:
–Ratificación o nulidad de la condena: El abogado Joel García expuso que regularmente la Corte de Apelaciones ratifica o anula la condena de un sentenciado. “Cuando anulan la sentencia deben repetir el juicio. También puede declarar parcialmente con lugar la apelación, es decir, que le quite unos delitos y les deje otros”, expresó el profesional del derecho.
–No había luz: La audiencia de este miércoles 26 estaba prevista para las 11 de la mañana, pero comenzó a las 3:45 de la tarde porque no había electricidad en la cárcel de Yare en el estado Miranda, donde se encuentra uno de los militares implicados en el caso. Terminó pasadas las 12 de la noche de este jueves 27 de agosto.
–Asedio: El expreso político Carlos Azuaje denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentaron a las afueras de los tribunales en el estado Carabobo para grabar y hostigar a quienes acompañaron a los familiares y abogados de los involucrados en el caso Paramacay.
–El castigo: Caguaripano y el resto de los involucrados en la causa del Fuerte Paramacay ocurrido en agosto de 2017, fueron condenados por delitos de rebelión y traición a la patria. De acuerdo a familiares, allegados, abogados y defensores de derechos humanos, el proceso ha estado plagado de irregularidades, vulneración del debido proceso, retardo procesal y violaciones a las garantías constitucionales.
–Denuncias de torturas: Descargas eléctricas, asfixia con bolsas, aislamiento prolongado, arrastre desnudo sobre piedras y golpes en todas partes del cuerpo han sido denunciados por familiares, abogados y organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares en 2018. Juan Bautista Caguaripano ha relatado en reiteradas oportunidades que las torturas han provocado secuelas físicas y emocionales en su hijo.
–Negada la amnistía: El juez tercero de Primera Instancia de Carabobo rechazó en febrero de este año la amnistía solicitada para Caguaripano amparados en la ley aprobada en la Asamblea Nacional y promovida por la propia presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. Familiares y abogados calificaron la decisión como discriminatoria contra los militares y violatoria al principio de legalidad. Para mediados de este mes, la organización Foro Penal Venezolano contabilizó un total de 163 militares presos.
–Cabello acusa a Ocariz de entregarlo: En su programa de los miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), Con el Mazo Dando, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, entregó a Caguaripano para congraciarse con el gobierno chavista. “Para estar en la buena con nosotros nos entregó a Caguaripano, nadie lo obligó, gustosamente lo entrego”, dijo Cabello
–Ocariz se defiende: El exalcalde calificó como una falacia lo dicho por el ministro Cabello en su programa. “A veces uno tiene que darle un parao (sic) y reiterar la verdad. Si lo dice Cabello obviamente es mentira. No importa cuando lo diga, siempre es mentira. Llevan años sosteniendo esta mentira para confundir a la gente y algunos se la compran. Ese dia (detención de Caguaripano) yo ni siquiera estaba en el país, nunca fui consultado sobre esa detención por la Policía de Sucre y tampoco llamé a nadie, ellos graban todo y no tienen prueba alguna. Y esta aclaratoria la hago por respeto a la familia Caguaripano”, dijo el dirigente político.
Otra vez la misma mentira en el programa de los miércoles… les dejo la respuesta que di en sept 2025 ante el mismo libreto en el mismo programa. Si lo dice Cabello obviamente es mentira No importa cuando lo diga, siempre es mentira pic.twitter.com/m4KMIr1lYx
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En Venezuela, la electricidad puede desaparecer durante horas y regresar convertida en otro problema. Una fluctuación puede quemar un electrodoméstico, un transformador puede permanecer días echando chispas o un tomacorriente puede convertirse en el punto de una descarga. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025reportó que 9 de cada 10 hogares sufren cortes recurrentes: 39 % los padece a diario durante varias horas, 35 % semanalmente y 15 % mensualmente.
Personas de Caracas, Zulia, Táchira, Lara y Mérida contaron a Runrun.es cómo las fallas eléctricas han cambiado su vida cotidiana. Sus experiencias ocurren en un contexto en el que, durante el segundo trimestre de 2026, las empresas manufactureras reportaron 214 horas sin electricidad de las 488 horas laborables del período, equivalentes a 44 % de su jornada. En Zulia, la interrupción llegó a 333 horas. Pese a los cortes, la manufactura privada creció 8,1 % durante el primer semestre, aunque perdió ritmo entre abril y junio.
Una descarga que cambió la rutina
Fabiola Pineda, de 23 años, habitante del municipio Chacao, en Caracas, no esperaba que acercarse a un tomacorriente pudiera terminar en una situación de peligro. Recuerda que una fluctuación eléctrica provocó que recibiera una descarga mientras estaba descalza.
La corriente hizo que quedara prácticamente pegada al tomacorriente. Su padre llegó rápidamente y logró ayudarla. Después del episodio fue sometida a exámenes médicos y le dijeron que estaba bien, pero la experiencia no terminó allí. Fabiola todavía recuerda el escalofrío y esa sensación extraña de sentir la corriente atravesando su cuerpo.
Desde entonces, la electricidad cambió dentro de su propia casa. Su familia comenzó a utilizar protectores para los equipos y ahora incluso los emplean cuando cargan dispositivos pequeños, como auriculares inalámbricos. Lo que antes era una acción rutinaria —conectar un aparato— ahora está acompañada por la duda de si la próxima fluctuación puede ser peligrosa.
“En Venezuela, estar en estas condiciones de tira y afloja con algo tan básico como el servicio eléctrico es agotador”, subraya.
Fabiola está a salvo, pero no ocurrió lo mismo con al menos 18 personas en Venezuela durante 2026, según lo reportado por El Pitazo el 21 de agosto que contabilizó que esos fallecimientos se produjeron por descargas, desprendimientos de cables de alta tensión y fluctuaciones de voltaje, incluida una niña de 10 años que murió en Zulia al intentar desconectar una lavadora.
El ingeniero Jorge Pérez, presidente de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV), explica que situaciones como la de Fabiola deberían poder detectarse y prevenirse antes de que una falla termine exponiendo físicamente a una persona: “Una red eléctrica segura no se mantiene reaccionando después de que ocurra una falla, se mantiene anticipándose a ella. El mantenimiento debe combinar prevención, inspección, diagnóstico, corrección y seguimiento continuo. En una red de distribución es indispensable inspeccionar postes, conductores, aisladores, transformadores, sistemas de puesta a tierra y protecciones, además de llevar registros que permitan identificar condiciones anormales antes de que se conviertan en una emergencia”.
Pérez sostiene que el mantenimiento no consiste solo en reparar equipos dañados, sino en gestionar el riesgo de manera permanente. Señala que en Venezuela se ha perdido capacidad para realizar mantenimiento preventivo y predictivo y que buena parte del personal quedó concentrado en atender contingencias. Esa transformación, advierte, ha llevado al sistema de una lógica de prevención a una cultura predominantemente correctiva: esperar a que algo falle para intervenir. Cuando ese patrón se mantiene, los riesgos se acumulan y pueden terminar afectando tanto a los trabajadores como a la población.
De acuerdo con la abogada independiente Mirna Quintana, una muerte causada por una falla eléctrica puede dejar de ser un simple accidente cuando el riesgo era conocido y podía prevenirse.
“No basta con demostrar que ocurrió una falla: hay que establecer qué sabía el Estado, desde cuándo lo sabía, qué debía hacer para evitar el daño y si tenía capacidad de hacerlo. Una denuncia previa, un reporte de la falla, una solicitud de reparación o evidencia de que una instalación llevaba tiempo en condiciones peligrosas pueden ser determinantes para demostrar una posible omisión estatal. Y si una persona debe exponerse a ese riesgo porque el servicio no responde, también pueden estar comprometidos su derecho a la integridad, a la seguridad y a recibir servicios públicos adecuados”.
Quintana explica que la Constitución reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado y que la Ley Orgánica de la Administración Pública contempla la obligación de reparar los daños atribuibles a su funcionamiento. Esto permite que los familiares de una persona fallecida reclamen una indemnización, siempre que logren demostrar el perjuicio y su vínculo con una falla u omisión estatal.
Entre el peligro y la interrupción cotidiana
Catalina Inciarte, de 30 años, quien vive en el sector El Marite de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, está acostumbrada a los apagones. En su zona, los cortes pueden prolongarse entre seis y ocho horas todos los días. Pero hubo una situación que le hizo mirar el sistema eléctrico de otra manera: el transformador ubicado en su cuadra permaneció durante cinco días echando chispas.
El olor a cable quemado se extendió por la calle y la respuesta de Corpoelec llegó al quinto día. Mientras tanto, Catalina continuaba viviendo debajo de una infraestructura que mostraba señales visibles de peligro.
Las fluctuaciones también han afectado su vivienda: ha tenido que cambiar dos veces un mismo tomacorriente porque explota y su nevera se ha dañado tres veces. La electricidad puede desaparecer durante horas, pero cuando vuelve tampoco existe la certeza de que llegue en condiciones seguras para los equipos.
“No hay tregua para nada”, resume Catalina.
En el sector San Benito, municipio Guásimos, Táchira, Andrea Guerrero, de 25 años, también organiza su vida alrededor de los horarios de los apagones. La electricidad puede irse desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde o desde las 5:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. Las interrupciones afectan incluso su alimentación porque utiliza una cocina eléctrica.
Andrea trabaja en una tienda de ropa. Cuando se va la electricidad, el establecimiento queda oscuro y los bombillos recargables apenas duran una hora. La falta de luz significa además perder clientes. Ha tenido que reparar electrodomésticos dañados por las fluctuaciones y una vez sintió una corriente eléctrica leve. No resultó herida, pero el episodio mostró cómo una falla que comienza afectando equipos puede terminar exponiendo físicamente a las personas.
El exconcejal del municipio Libertador del Distrito Capital e ingeniero industrial, Jesús Armas, señala que la confiabilidaddel sistema eléctrico depende de que exista mantenimiento antes de que aparezcan las fallas.
“Cuando tú enseñas para dar electricidad hay varias variables que tomas en cuenta. Una de esas es la confiabilidad, que es la capacidad del sistema de entregar el servicio. El primer mantenimiento es el preventivo, ese ocurre cuando se cambia una pieza porque cumple su vida útil y debería estar calculado a través de manuales de operaciones y luego está el mantenimiento correctivo y que este ocurre solo cuando hay una eventualidad. En Venezuela se perdieron ambas. Desde hace mucho tiempo el Sistema Eléctrico Nacional se repara luego de fallas mínimas, pero no se atiende el profundo deterioro y ahí se pierden los márgenes de seguridad”, dice.
Armas advierte que ese deterioro no se resuelve con medidas domésticas: “Todo equipo eléctriconecesita holgura para garantizar que no se rompa, ni aunque se usen protectores de cuidados domésticos porque los voltajes bajos y altos son sinónimo de peligro para todos, hasta para lo externo, que es la calle”.
Un poste que echaba chispas
Graciela Núñez, de 27 años, residente del sector Los Chorros, en Mérida comenta que durante una de las fluctuaciones recientes relacionadas con los problemas posteriores al doble terremoto del 24 de junio, el poste de su calle comenzó a echar chispas.
La escena la puso nerviosa. Los vecinos recomendaban encerrarse en sus casas y apagar los electrodomésticos mientras esperaban una respuesta de Corpoelec, a la que habían llamado. Según Graciela, tampoco tenían certeza de que la empresa acudiría, porque les dijeron que tendrían que pagar ellos mismos el trabajo.
La posibilidad de que una comunidad tuviera que asumir el costo de una reparación de una infraestructura que representaba un peligro le pareció indignante. El problema finalmente fue solucionado, pero aquel momento de pánico quedó en su memoria.
La preocupación tenía además un antecedente cercano. Su mamá, en ese entonces de 50 años, Reina Labarca, ya había sufrido un accidente al quemarse la mano mientras desconectaba un aire acondicionado de 220 voltios justo después de un bajón eléctrico.
“Se me eriza la piel cuando empieza el festín de fluctuaciones”, cuenta Graciela.
El sociólogo y activista en derechos humanos Rafael Uzcátegui considera que las fallas eléctricas terminan afectando derechos que van mucho más allá del acceso al servicio.
“Cuando una persona tiene que cambiar lo que come porque no puede refrigerar sus alimentos, reorganizar su trabajo según las horas en que tiene luz, dejar de utilizar determinados equipos o reorganizar toda su vida alrededor de una posible descarga o la ausencia del suministro eléctrico, ya no estamos hablando solamente de una falla de un servicio público, estamos hablando de que hay un impacto que se extiende a otros derechos como la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, la seguridad personal y en definitiva lo que los defensores de derechos humanos llamamos el derecho a una vida en condiciones dignas”, afirma.
Uzcátegui señala que esa adaptación cotidiana no debería convertirse en una forma de normalizar la precariedad o de liberar al Gobierno de su responsabilidad. Además, sostiene que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico reconoce el derecho de los usuarios a obtener un suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad, mientras que, en el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesvincula los servicios esenciales con el derecho a una vivienda adecuada, donde las personas puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.
Si no bajo el breaker, no estaría vivo
Francisco Gómez, de 32 años, quien vive en el municipio Crespo, en Lara, relata que su relación con las fallas eléctricas está marcada por un episodio que todavía recuerda como una situación en la que pudo haber muerto.
Hace algunos años, mientras se bañaba, una fluctuación provocó una falla en su aire acondicionado y el equipo estuvo a punto de explotar. Francisco vivía solo y recuerda, además del peligro, cuánto le había costado comprar ese aparato.
Todo ocurrió rápidamente: alcanzó a bajar el breaker de su vivienda y cree que esa decisión evitó que la situación terminara peor.
Desde entonces tomó precauciones que antes no tenía. Utiliza protectores eléctricos y, después de cada bajón, espera alrededor de media hora antes de volver a conectar los equipos. También considera que quienes pierden electrodomésticos y otros bienes por fallas del servicio deberían recibir algún tipo de indemnización por parte del Estado.
Francisco, que además realiza trabajos eléctricos, cuenta que tampoco se siente completamente seguro cuando debe intervenir una instalación. Sus vecinos han reportado situaciones en las que la electricidad llega con demasiada fuerza y otras en las que llega con bajo voltaje. Para él, ambos extremos representan un peligro. Por eso, cuando trabaja con electricidad, lo hace con nerviosismo y precaución.
“A la electricidad hayque tenerle respeto”, revela Francisco.
La electricidad como fuente permanente de inseguridad
Fabiola sobrevivió a la descarga que recibió de un tomacorriente; Catalina convivió durante cinco días con un transformador que echaba chispas; Andrea organiza su rutina alrededor de los apagones; Graciela todavía recuerda el poste que obligó a los vecinos a encerrarse y el accidente que sufrió su madre al desconectar un aire acondicionado; mientras que Francisco aún baja el breaker y espera antes de volver a conectar sus equipos. En todos estos casos aparece una misma consecuencia: la electricidad dejó de ser un servicio cotidiano y pasó a ser una fuente permanente de inseguridad.
Para la psicóloga Alexandra Torres, experienciascomo estas pueden modificar la percepción de seguridad y hacer que espacios o acciones cotidianas sean asociadas al peligro: “Estos relatos pueden generar una respuesta de estrés agudo porque el sistema de alarma del organismo queda activado después de percibir una amenaza real e inesperada. Clínicamente pueden aparecer hipervigilancia, ansiedad, sobresaltos, pensamientos recurrentes sobre lo ocurrido y conductas de evitación o control. No significa necesariamente que exista un trastorno, pero si estas respuestas persisten pueden interferir con la vida cotidiana y requerir atención psicológica. Por eso, un espacio que antes se percibía como seguro puede empezar a asociarse con peligro, incluso después de que físicamente ya no exista la amenaza”.
Torres sostiene que el cambio en las rutinas es una consecuencia relevante porque muestra cómo un evento puntual puede modificar la percepción de seguridad y la relación con actividades cotidianas. Las medidas de protección pueden ayudar a recuperar el control, pero cuando la preocupación se vuelve constante o desproporcionada, deja de ser solo una precaución y puede convertirse en una respuesta de ansiedad que merece atención.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Rafael José Quero Silvapasó de comandar un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto durante las protestas de 2013 y 2014 a convertirse, años después, en el centro de denuncias por violaciones de derechos humanos formuladas por sobrevivientes de aquella represión.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el pasado 26 de agosto que el exmilitar fue deportado a Venezuela el 19 de agosto por orden de un juez de inmigración. ICE lo había detenido en febrero de 2025 en Florida, después de determinar que había permanecido en territorio estadounidense más allá del tiempo autorizado por su visa.
De comandante en Lara a señalado por las víctimas
Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la GNB, con sede en Barquisimeto, estado Lara, durante las protestas antigubernamentales de 2013 y 2014.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, durante ese período estuvo involucrado y tuvo conocimiento del uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas contra manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro cometidas por funcionarios bajo su mando.
Las autoridades estadounidenses sostienen que en 2013 supervisó directamente las torturas de al menos 74 manifestantes. Entre los abusos denunciados figuran descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, además de amenazas de violación y otras formas de violencia física, psicológica y sexual.
Las acusaciones también aparecen en una demanda civil presentada en Estados Unidos por cinco venezolanos detenidos durante las protestas en Barquisimeto. Los demandantes sostienen que Quero Silva ordenó, autorizó y supervisó actos de tortura contra personas bajo custodia del Destacamento 47.
Una década después, sus víctimas lo reconocieron en una telenovela
El nombre de Quero Silva volvió a aparecer públicamente en 2018, cuando venezolanos residentes en Estados Unidos lo reconocieron como extra en la telenovela “Mi familia perfecta”, de Telemundo.
El caso llamó especialmente la atención porque algunas de las personas que lo identificaron aseguraban haber sido detenidas y torturadas bajo su mando años antes. BBC Mundo reconstruyó este episodio en marzo de 2026. El medio entrevistó a María Elena Uzcátegui, una de las cinco personas que demandaron al exmilitar, quien relató que Quero Silvaencabezó el allanamiento de su vivienda y su posterior detención en 2014.
Uzcátegui también describió las condiciones que enfrentó después de ser trasladada al Destacamento 47 y posteriormente a la cárcel de Uribana, donde permaneció varios meses. Según su testimonio, sufrió malos tratos, falta de alimentos y agua, privación de medicamentos y otras formas de violencia.
La investigación también señaló además que un juez de inmigración estadounidense había determinado en noviembre de 2025 que Quero Silva había participado en violaciones de derechos humanos en Venezuela y había ordenado su salida de Estados Unidos.
La demanda que buscaba llevarlo ante la justicia estadounidense
La deportación ocurre mientras las víctimas habían intentado mantener abierto otro camino judicial en Estados Unidos. Cinco venezolanos presentaron a finales de 2025 una demanda civil federal contra Quero Silva ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, amparados en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de Estados Unidos.
El proceso contó con el respaldo legal de Guernica 37, organización dedicada a casos de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos. Se reportó en marzo, de acuerdo con la codirectora de la organización, Almudena Bernabéu, que buscaban visibilizar la acción civil y no un proceso penal, debido a las particularidades del sistema judicial estadounidense.
Uno de los demandantes, Andrés Colmenárez, describió entonces el caso como el primero en el que un militar venezolano era llevado ante la justicia estadounidense por sus propias víctimas. La posibilidad de que Quero Silva fuera deportado había generado preocupación entre los demandantes y organizaciones defensoras de derechos humanos. Funpaz sostuvo que un retorno a Venezuela podía afectar la seguridad de víctimas y testigos y dificultar un eventual proceso de justicia.
Por qué fue deportado
La expulsión de Quero Silva tuvo una base migratoria. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el exmilitar ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami y permaneció en el país después de vencido el período autorizado de su admisión.
ICE lo arrestó el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida. Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su salida del país y el Departamento de Seguridad Nacional presentó su deportación como parte de la política estadounidense de impedir que personas vinculadas con persecución y violaciones graves de derechos humanos utilicen el territorio estadounidense como refugio.
Ahora, Quero Silva se encuentra nuevamente en Venezuela, más de una década después de las protestas en Lara que dieron origen a las acusaciones en su contra y mientras sus antiguos denunciantes han reclamado que las denuncias sean examinadas por lajusticia.
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A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio la vida dio un giro inesperado para miles de venezolanos. Apenas había empezado el partido de Brasil contra Escocia en el Mundial de Fútbol que a la postre ganó España y nadie vio venir un terremoto seguido de otro de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que acabaron con la vida de más de 6000 personas, de acuerdo a cifras oficiales.
Después de dos meses de la tragedia que dejó 86000 heridos y 17000 damnificados, la mayoría en el estado La Guaira, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) elaboró un informe donde hace un balance desde la perspectiva de DDHH y con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A continuación los puntos que desglosa este informe:
–Respuesta gubernamental: Provea expuso que constató la actuación descoordinada de los cuerpos de seguridad, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud, y escasa protección a las labores del personal de socorro, especialmente en La Guaira. Dijo que la comisión de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en labores de gestión de riesgos y control del orden público, entorpecieron el manejo de la crisis y encendieron las alarmas en vista de la actuación previa de estos organismos en tópicos relacionados con respeto a DDHH. Provea recordó que en el marco del deslave ocurrido en La Guaira en 1999, funcionarios de la DISIP (actual SEBIN) fueron responsables de la desaparición forzada de ciudadanos detenidos. “La excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis”, expone el comunicado. Provea indicó que el amplio despliegue de funcionarios públicos de seguridad probablemente obstaculizó las labores de socorro. La organización calificó como controversial la medida de militarizar La Guaira a fin de evitar el ingreso masivo y “desordenado de personas, vehículos y voluntarios sin coordinación con el Estado Mayor”. Provea indicó que haber instalado un punto de registro en el Poliedro de Caracas ralentizó y burocratizó las ayudas de la sociedad civil. La organización recordó que diez días después del doblete sísmico, Delcy Rodríguez sostuvo que las denuncias sobre falta de actuación inmediata por parte del Estado eran matrices creadas para politizar la situación, calificó de miserables las críticas por los retrasos en el auxilio.
Edificios sobre terrenos inestables: La organización expuso que el nivel de destrucción materializado en los OPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) de Misión Vivienda de La Guaira, se deben en gran medida a la falta de procesos de licitación adecuados y al estudio técnico de los terrenos donde se construyeron. Solamente en la Guaira hubo derrumbes en 10 desarrollos urbanísticos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Provea recordó que, sin mostrar evidencias al respecto, el arquitecto Farruco Sesto desmintió la información de que estos complejos se construyeron sobre terrenos sin estudio previo. “Esta falta de probidad y de experticia, pudiera generar sanciones penales y administrativas, no sólo contra los que desarrollaron los complejos habitacionales, sino también contra Ingeniería Municipal por facilitar los permisos para su construcción”.
Gente no capacitada: Provea también denunció que los estudios de habitabilidad de algunos inmuebles privados, los están realizando ingenieros, que no son forenses, es decir no tienen todos los conocimientos técnicos para determinar que el daño generado no compromete la estabilidad del edificio. “La falta de peritos especializados producto de la migración forzada o del desestimulo económico puede comprometer a largo plazo algunas de estas infraestructuras”, se lee en el informe.
Un paso hacia atrás: Provea expuso que luego de la tragedia, miles de personas, especialmente aquellas que ya estaban en situación de vulnerabilidad, fueron afectadas por la pérdida de garantías mínimas para sus derechos a la alimentación, salud, agua potable, educación, trabajo, vivienda, vestido y servicios públicos adecuados
Uso de fondos con opacidad: Provea también criticó el posible uso discrecional del Fondo “Venezuela Renace” y exigió procesos de auditoría para la asignación de fondos a beneficiarios para la reconstrucción de las viviendas. La organización expuso que experiencias pasadas como las del Fondo Chino, el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y el Fondo Único Social (FUS) dan indicios de un uso no transparente de los recursos de la nación.
Clases con propósito: La dirigente del Colegio de Profesores de Venezuela, Raquel Figueroa, sostuvo que un desastre como el doble terremoto exige ir mucho más allá de anunciar una fecha para la reincorporación a clases. “En este escenario, la escuela pasa a ser un tejido social vivo, un factor de protección y el espacio idóneo para recuperar la seguridad. Sin embargo, esto solo es posible si se comprende que la salud mental y emocional es el requisito previo para cualquier aprendizaje. Ante una catástrofe natural, las escuelas y los educadores se convierten en la primera línea de defensa de la salud mental y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes” , declaró Figueroa.
Retorno al trabajo de manera apropiada: Para Provea es perentorio que el regreso a las actividades laborales, especialmente en La Guaira, se haga de forma segura y cumpliendo con las normas de protección, salud, seguridad y bienestar establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). “Así como entender que los trabajadores pueden experimentar estrés y secuelas psicológicas, que pueden afectar su productividad”.
Cuidar la salud mental: Crisis de pánico, ansiedad extrema, irritabilidad y problemas severos de sueño son algunas de las patologías que puede enfrentar quien padeció los embates del doblete sísmico. Provea indicó que es probable que se registren problemas de salud en las personas que están realizando labores de rescate y remoción de escombros, así como en los refugios transitorios. “El Estado debe hacer un esfuerzo en garantizar los medicamentos de forma accesible. Es importante reconocer que muchas agencias de cooperación internacional están implementando la metodología ASH (Agua, Saneamiento e Higiene) para atender a las personas”, se desprende del informe.
Recomendaciones
– Garantizar la seguridad: Provea exhortó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a preservar la vida e integridad de todas las personas que están acudiendo a labores de rescate, asistencia y documentación en las zonas afectadas, además de investigar a los funcionarios de los organismos de seguridad que puedan incurrir en agresiones contra la población civil.
–Transparencia y licitaciones: La organización precisó que el proceso de reconstrucción y elaboración de viviendas para los afectados, deben realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, donde se establecen procedimientos para elegir contratistas, bienes y servicios. “Aunque existe un estado de emergencia por el evento sísmico, el mismo no es un Estado de Excepción”.
–Créditos para viviendas: Para Provea es necesario que se diseñen estrategias en el sector bancario para disminuir el encaje legal y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a la vivienda. “Así como la disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas”.
–Investigación imparcial: El informe de Provea dice que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público están obligados a investigar las responsabilidades penales y administrativas individuales con relación a los encargados de construir las OPPE. Asimismo deben escudriñar entre los ingenieros municipales en los estados afectados, quienes facilitaron la construcción de inmuebles en terrenos inestables, contrariando lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
–Momento de civiles: Para Provea es un error haber nombrado como Autoridad Única para atender la catástrofe al Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Ernesto Sulbarán Quintero. “Cuando la práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para trabajar en este tipo de emergencias. Aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia abre un período de incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral con Venezuela, marcada por tensiones políticas, una frontera atravesada por economías ilícitas y la presencia de grupos armados.
A propósito del tema, Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, habló en El Debate de SEMANA sobre el manejo que se le dará a la frontera, especialmente en lo relacionado con la criminalidad que afecta a los dos países.
El funcionario dejó claro que no hay que “ocultar la realidad” que allí se vive, ya que son varios los delitos que se cometen en esta zona, que además cuenta con presencia de grupos armados.
“Estamos recibiendo una situación difícil de país. La inseguridad no solo es en la frontera, también es en las calles de Bogotá, en el campo colombiano. Es una tristeza ver la extorsión como está”, dijo.
El embajador afirmó que el jefe de Estado tiene este tema como prioridad y, por lo mismo, intenta encabezar siempre esta política y estar al tanto de ella a cada minuto.
Además, resaltó al ministro de Defensa, Jorge Mora. “Él es de la frontera, es de Norte de Santander y eso nos va a dar una ventaja estratégica para tratar de mejorar esa situación”, expresó.
En ese sentido, insistió en que una de las convicciones que tiene actualmente el Gobierno es generar siempre las mejores condiciones para los ciudadanos, lo que empieza por garantizar una buena seguridad.
“Sin seguridad no hay negocios, no solamente en la frontera, sino en ninguna parte. La seguridad tiene que ser física, jurídica y tener la tranquilidad de que nunca se va a estar en este tipo de situaciones”, añadió.
Por otra parte, el embajador reiteró la necesidad de que exista un trabajo conjunto con las autoridades venezolanas para, de esta forma, obtener los mejores resultados para los dos países.
Por lo mismo, habló de “unidad” y de la importancia de mantener una frontera abierta para beneficio de ambas naciones. “Démonos la oportunidad de soñar y de pensar distinto”, finalizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este miércoles, 26 de agosto, fue localizado el cuerpo de Keiber Quintero en Higuerote, estado Miranda, cuatro días después de ser arrastrado junto a su madre por una corriente de agua durante las fuertes lluvias registradas en Caracas el pasado fin de semana.
De acuerdo con información aportada por el periodista de sucesos Román Camacho, Quintero se desplazaba en motocicleta junto a su madre, Keylin Quintero González, por las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, cuando ambos cayeron al sistema de drenajes.
Desde entonces, equipos de prevención, rescate y gestión de riesgos desplegaron operativos de búsqueda en alcantarillas, quebradas y cauces relacionados con el sistema de drenaje de la zona. El cuerpo de Keylin Quintero González fue hallado el domingo 26 de agosto.
Faltan por rescatar
A cuatro días de las torrenciales lluvias, varias personas siguen desaparecidas. Entre ellas: Zuleika Morillo, quien fue arrastrada por la corriente en el estado Aragua, en el sector La Gavilana (municipio José Félix Ribas, cerca de La Victoria).
Richard Borges y María Alejandra Mijares, pareja arrastrada por la crecida de la quebrada El Alambique en Valle Alto (Los Teques, municipio Guaicaipuro, Miranda).
Las lluvias también afectaron más de 150 viviendas, dejaron decenas de vehículos arrastrados y generaron heridos, sobre todo en la autopista Valle-Coche.
Con información de EC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La libertad de expresión en Venezuela continúa condicionada por un ecosistema informativo sometido a presiones políticas y económicas. A esto se suma una transformación de las audiencias que obliga a los medios independientes a replantear cómo producen, distribuyen y sostienen su trabajo.
El tema fue abordado este miércoles 26 de agosto durante un Espacio Runrunes, moderado por Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, y con la participación de Andrés Cañizález, director de Medianálisis y periodista e investigador académico. Ambos analizaron los obstáculos que enfrenta la prensa venezolana y las condiciones necesarias para que pueda recuperar espacios en el debate público.
Medios atrapados entre restricciones y nuevas plataformas
Blanco comentó que los medios independientes enfrentan una presión que va más allá de la relación con el poder político. A las restricciones y dificultades presupuestarias se suman el avance de la inteligencia artificial y el crecimiento de los creadores de contenido, que compiten por la atención de las mismas audiencias.
Cañizález coincidió en que el ecosistema informativo se ha fragmentado. Existen múltiples voces y audiencias fidelizadas que siguen la actualidad desde distintos espacios, mientras los medios tradicionales han perdido parte del terreno que anteriormente concentraban.
Esta transformación plantea además un problema de sostenibilidad. El periodista señaló que los proyectos independientes necesitan encontrar modelos que les permitan mantenerse en el tiempo, en un contexto donde el mercado laboral para los periodistas también es precario.
Formar periodistas para un ecosistema distinto
Ante ese panorama, Cañizález destacó la necesidad de fortalecer la formación de los nuevos periodistas y de establecer mecanismos de tutoría que permitan transmitir experiencia entre generaciones.
El intercambio entre periodistas veteranos y jóvenes, dijo, es fundamental para afrontar los cambios del oficio y marcar nuevas pautas dentro de la profesión. La relación con las audiencias también requiere una revisión. Cañizález planteó que los medios deben preguntarse qué quieren sus públicos y cómo llegar tanto a quienes mantienen hábitos tradicionales como a quienes consumen información mediante formatos digitales.
El desafío es mayor porque una parte de las audiencias no tiene el hábito de leer. Por ello, el periodismo independiente debe buscar nuevas maneras de conectar con ellas sin perder su función informativa.
La unión como estrategia de supervivencia
Cañizález consideró que la experiencia de la Alianza Rebelde Investiga demuestra la importancia de establecer alianzas entre medios. A su juicio, ese modelo puede ser replicado como una forma de enfrentar las restricciones y evitar que los proyectos periodísticos trabajen de manera aislada.
También llamó a construir un frente común para exigir la eliminación de obstáculos al financiamiento internacional. La sostenibilidad, explicó, no depende únicamente de la fidelidad de las audiencias, sino también de las condiciones legales y económicas en las que operan los medios.
Blanco había señalado que incluso los medios tradicionales han sufrido las consecuencias de este deterioro, lo que evidencia que la crisis atraviesa a buena parte del ecosistema periodístico venezolano.
La discusión sobre las condiciones para ejercer el periodismo también está vinculada con el escenario político. Cañizález afirmó que, según lo planteado, en septiembre podría instalarse una mesa para discutir garantías relacionadas con la libertad de expresión. Sin embargo, sostuvo que no será posible reconstruir un espacio de diálogo genuino mientras no exista un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en esta materia.
El periodista recordó además el caso de una colega detenida después de acudir acreditada como periodista a un evento de interés público. Para Cañizález, situaciones como esta muestran que las condiciones para ejercer la profesión todavía distan de estar normalizadas. En ese contexto, consideró que cualquier proceso electoral volverá indispensable la presencia de medios capaces de cubrirlo y fiscalizar a los actores políticos.
“Solo en las elecciones próximas se sabrá si realmente habrá libertad de expresión”, afirmó Cañizález.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
