La indignación de algunos personeros del régimen rojo rojito contra el filósofo Noam Chomsky, otrora aliado de Chávez -y recipiente de la promoción presidencial cuando en aquel discurso ante la Asamblea General de la ONU el venezolano colocó su libro “Hegemonía o Supervivencia” en la lista de los más vendidos en Amazon.com- por solicitar la libertad de la jueza María Lourdes Afiuni y acusar al presidente venezolano de amasar demasiado poder y asaltar la democracia de su país, alcanzó su máxima expresión en la persona de la doble agente y doble cedulada, la gringa venezolana Eva Golinger, ahora coinvertida en directora de la edición en inglés del diario oficial Correo del Orinoco.
Utilizando un artículo firmado hace meses por un magistrado afecto al partido de gobierno y quien tuviera a su cargo el discurso oficial de apertura del Año Judicial la gringuita merideña reproduce mentiras y manipulaciones del magistrado, sin fundamento ni pruebas, en torno a la supuesta corrupción de la jueza detenida tras haber librado la boleta de excarcelación del banquero Eligio Cedeño en un procedimiento totalmente apegado a la ley. A la Jueza Afiuni la han investigado hasta la saciedad sin haberle podido comprobar ninguna irregularidad.
Por eso, ante el ataque de Chomsky, admirado por la Golinger y toda la izquierda gringa, la directora del pasquín en inglés que reparten en las islas de habla inglesa y en las embajadas y consulados en los Estados Unidos se vale de un obsecuente y mentiroso escrito del magistrado “socialista” Fernando Vegas.
Hechos ampliamente ignorados en la denuncia de Chomsky sobre la criminalización de las “víctimas del autoritarismo” de Chávez
Algunos hechos sobre el caso de la jueza Afiuni
Fernando Vegas Torrealba por | Correo del Orinoco Internacional | 08 de julio 2011
Algunos de mis amigos en los EE.UU. y a nivel internacional han tenido algunas preocupaciones sobre acontecimientos recientes en Venezuela. Aquí en Venezuela, sin embargo, parece que puede haber algo de desinformación, algo común, por supuesto, en los medios de comunicación. Una de estas cuestiones es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue acusada de corrupción y encarcelada por sus acciones ilegales y el abuso de su poder judicial. A pesar de que el gobierno de EE.UU. y otras organizaciones internacionales “defensoras de los derechos humanos”, afirman que Venezuela tiene un terrible problema en la corrupción judicial, sin embargo, cuando las autoridades actúan en contra de tal malestar, entonces acusan al gobierno de “tomar medidas enérgicas contra la disidencia” o de ser “autoritario”.
Irónicamente, la juez Afiuni ha afirmado que es inocente y que es una presa política del presidente Chávez.
Afiuni estaba juzgando a un financiero llamado Eligio Cedeño quien estuvo involucrado en varios casos de corrupción. Inicialmente fue acusado de malversación de millones de dólares de las instituciones bancarias, esencialmente robando el dinero de los clientes. Otro cargo era que él y un cómplice engañaron a CADIVI, la oficina de control de divisas, por una supuesta compra de computadoras por un valor de casi $ 30 millones, pero sólo para traer los recipientes vacíos para el país. El cómplice del financista fue arrestado en Panamá hace más de dos años y medio y después de ser entregado a las autoridades de Venezuela, confesó todo el plan. Sus abogados postergaron el juicio con maniobras legales, hasta hace unos 18 meses, cuando la juez Afiuni se acercó el Sr. Cedeño fuera de los tribunales y lo acompañó con otros dos empleados de su corte hasta el estacionamiento interno de los jueces, donde Cedeño subió a una moto que se había dejado en el estacionamiento por instrucciones de Afiuni.
Luego Afiuni regresó a la sala para escribir la sentencia con la decisión de liberar a Cedeño y luego se sentó y dijo en alta y clara voz que ella se sentaría a esperar que llegara la carta de suspensión de sus superiores.
La práctica legal habitual es que cada vez que un preso es liberado por decisión de un juez, es llevado de vuelta a la prisión donde se espera la llegada de la orden de libertad firmada por el juez, algo que suele suceder en cuestión de una o dos horas Este fue violado por Afiuni para asegurarse de Cedeño se escaparía.
La juez, sospechosa de un delito grave, fue suspendida en espera de investigaciones adicionales, y por lo general, en el sistema corrupto, nadie se sanciona, porque en los casos de personas sobornadas simplemente huyen a otro país para disfrutar del dinero que han robado escondido en algún banco o cuenta de un miembro de la familia. Eso fue lo que hizo Cedeño cuando se fue a Miami, EE.UU., que Miami. Esto explica el enfoque de Afiuni, pero esta vez las cosas le salieron de manera diferente pues fue detenida y está recluida en medio de un juicio por soborno.
MI REFLEXIÓN
Tengo que decir que me resulta extraño que personas en el extranjero interesadas en la justicia y el progreso de Venezuela, puedan defender a gente como la jueza Afiuni. Creo que se merece tener el mismo trato que cualquier otro ciudadano que es juzgado por las mismas razones y se encuentra bajo custodia debido a un hecho grave con la probable existencia de un riesgo de fuga. Afiuni ya tiene privilegios, entre ellos originalmente estuvo en una celda bastante confortable con televisión y un computador portátil (y Twitter), y disfrutó de las visitas, que a veces no se permite a ningún recluso. Ahora está en arresto domiciliario, donde disfruta de todas las comodidades del hogar.
Como Afiuni conoce la posición judicial en que se encuentra, ella sigue jugando la carta de ser un preso político, lo que por supuesto no lo es. No tenemos noticias de que Afiuni haya sido una activista política de cualquier grupo o defensora de una ideología. Simplemente, Afiuni fue una juez que recibió un pago por la liberación de Cedeño y ahora está dispuesta a partir del país y disfrutar del dinero.
Si hubiéramos tenido una revolución violenta podríamos luchar contra la corrupción con medios violentos, pero desde nuestra Revolución se sigue un camino democrático y pacífico, sólo podemos poner los delincuentes en la cárcel. Renunciar a esa opción sería renunciar a la ley, por un lado, y por otro se abriría la puerta a más violaciones de las leyes venezolanas.
Fernando Vegas Torrealba es un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela
Fuente: Correo del Orinoco Internacional
Para conocer quién es éste magistrado, parte de las focas rojas que con adulancia prematura y exagerada obsecuencia al poder central del proceso reinan en la llamada “justicia” venezolana, basta leer algunos párrafos del blog de Luis Martín Gálviz.
¿PODER JUDICIAL SOCIALISTA?
Por Luis M. Galviz*
El día sábado, 5 de Febrero del 2.011, la Sala Plena, conformada por 32 Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, celebró el Acto Solemne de la “APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES DEL AÑO 2011”, en Venezuela. El gran ausente, en tal magno evento judicial, fue el ciudadano Presidente de la República como Jefe de Estado y Cabeza del Poder Ejecutivo Nacional; no obstante delegó su representación en su Vice-Presidente Ejecutivo; además estuvieron presentes las más altas autoridades de los Poderes Públicos Nacionales: Legislativo, Electoral y Ciudadano.
A esa cita, también fueron convocados y estuvieron presentes, todas las autoridades judiciales que ejercen funciones en las diferentes regiones del país; así como todos los jueces y juezas de instancia de la República Bolivariana de Venezuela.
Este introito, nos permite, evaluar la calidad del auditorio, que presenció el Acto y escuchó de viva voz, el Discurso pronunciado por el Magistrado de la Sala Electoral Fernando Vegas Torrealba, en su condición de Orador de Orden designado.
En su Discurso, el Magistrado Vegas Torrealba, resaltó “la materialización del aporte que debe dar el Poder Judicial para colaborar con el desarrollo de una política socialista, conforme a la Constitución y las leyes, viene dado por la conducta profesional de jueces, secretarios, alguaciles y personal auxiliar”.
Y, dijo además que “Así como en el pasado, bajo el imperio de las constituciones liberales que rigieron el llamado estado de derecho, la Corte de Casación, la Corte Federal y de Casación o la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, se consagraban a la defensa de las estructuras liberal-democráticas y combatían con sus sentencias a quienes pretendían subvertir ese orden en cualquiera de las competencias ya fuese penal, laboral o civil, de la misma manera este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República, deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano y Democrático”….
Y, señaló asimismo que “para alcanzar el grado de desarrollo interno que le permita cumplir eficazmente con su misión de administrar una justicia apegada a la ley, aunque también democrática, de auténtica inspiración social y ejemplo inequívoco de ética. A ello debemos abocarnos con ahínco y devoción. Proveer lo necesario para la realización de cursos de refrescamiento jurídico y de cuarto nivel que expandan los conocimientos del derecho, ampliar la adopción de técnicas de procesamiento de la información que permitan avanzar cada vez más hacia una administración de justicia universal, democrática, breve y transparente, pero a la par, son indispensables, los constantes programas de formación de ética bolivariana y socialista para jueces y juezas, secretarios y secretarias, alguaciles y personal auxiliar; fortalecer la vigilancia y control, así como también procesar las denuncias provenientes de la contraloría social; intensificar una labor gerencial que permita avizorar peligros y problemas para prevenir sus efectos negativos”.
De los extractos textuales del Discurso de Orden, pronunciado por el Magistrado Fernando Vegas Torrealba; se puede apreciar una pretensión, dirigida a que el Poder Judicial, y por supuesto sus operadores, como lo son: Los Magistrados, Jueces y demás Empleados Judiciales, adopten la llamada “construcción al Socialismo”, que ha impuesto el actual Gobierno Nacional, como una Política de Estado.
Llama la atención que el Orador de Orden, haya señalado que “la materialización del aporte que debe dar el Poder Judicial para colaborar con el desarrollo de una política socialista, conforme a la Constitución y a las leyes”…
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Carta Fundamental que define la estructura del Estado Constitucional de Venezuela, no menciona en su extenso articulado la palabra“socialismo”, ni ninguna de sus derivaciones gramaticales, por lo que resultaría lógico concluir, que el “socialismo” como sistema político, no está establecido ni definido, en el Contrato Social, por el que sufragó el Pueblo Constituyente, el 15 de Diciembre de 1.999, en Referéndum Popular y Democrático, mediante el cual se aprobó y se puso en vigencia la Constitución Nacional que rige actualmente en la nación venezolana.
Lo que si expresa la Constitución en su artículo 2, son los fundamentos esenciales que constituyen el Estado Venezolano; indicando a la letra el mencionado artículo lo siguiente:
“Artículo 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
Ahora bien, Venezuela de acuerdo a su Norma Suprema, se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; destáquese que no se constituye en un Estado Socialista, en las versiones y tipos que durante el Siglo XX, se evidenciaron y fracasaron; siendo su ejemplo más conocido el de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; hoy en día, Federación Rusa.
El actual, Presidente de la República, en su discurso del 25 de Febrero de 2005, a propósito de la IV Cumbre de la Deuda Social. Expresó que la revolución bolivariana debía ser socialista y del siglo XXI; concepto acuñado por el intelectual Heinz Dieterich Steffan, en su obra “El Socialismo del Siglo XXI”.
Entre los fundamentos esenciales del Estado Venezolano, está el “pluralismo político”, como valor superior y preeminente, es decir que el Estado debe reconocer que en lo político de una misma problemática societaria, pueden derivarse múltiples soluciones y en lo ideológico se debe aceptar la legalidad y legitimidad, que en un mismo país, coexistan diversas ideologías políticas acerca de la sociedad, con visiones y percepciones distintas y hasta contrapuestas.
En el sentido inmediatamente arriba expuesto, citamos el artículo 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contiene lo que sigue:
“Artículo 256. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas.
Los jueces y juezas no podrán asociarse entre sí.”
La Carta Fundamental, prohíbe a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Jueces de instancia de la República, entre otros; llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante; entonces por qué se insta a los Magistrados y Jueces, a colaborar con el desarrollo de una “política socialista”, con lo que se amenazaría severamente la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Y, se va aún más allá, en la exigencia dirigida a los Magistrados y Jueces, cuándo se motiva a que…deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano y Democrático”….
Luego se puede inferir, que el Poder Judicial, que constitucionalmente, se concibe como Independiente e Imparcial, debe asumir posiciones políticas e ideológicas en el desarrollo y construcción del “socialismo”; en contraposición al “pluralismo político e ideológico”, que hoy en día, todavía existe en Venezuela, y que el Estado Venezolano, en cualquiera de sus expresiones, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano o Poder Electoral, está obligado a reconocer y respetar, por mandato de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolano y Ley de Carrera Judicial; al igual que el artículo 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prohíbe a los Magistrados y Jueces de Instancia, “Llevar a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante”, bajo pena de destitución del cargo judicial que se ejerza.
Además, los Magistrados y Jueces, dentro de sus competencias constitucionales y legales, tienen atribuido, el juzgamiento de los asuntos “políticos”, que le sean presentados en estrado; sí esto es así, dónde quedaría la imparcialidad e independencia, para no decidir conforme a la política de construcción al “socialismo”, que se pretende asuman dentro del Poder Judicial Venezolano.
Sí el Poder Judicial, como expresión del Estado Venezolano, se asumiera en su integridad, como “socialista”, estaría violentando en forma directa lo preceptuado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al colocarse al lado de una posición “política socialista” y por supuesto se daría un duro golpe a la imparcialidad e independencia con la que los Magistrados y Jueces deben tratar todos los asuntos de su competencia jurisdiccional y sancionarían severamente, cualquier ideología distinta al “socialismo”, soslayándose con ello el valor superior y preeminente del “pluralismo político”, elemento esencial del Estado.
Mientras la Constitución Nacional, no establezca que Venezuela es un Estado Socialista o en Construcción al Socialismo, no se le puede proponer a los ciudadanos y ciudadanas, el reconocimiento de un Estado inconstitucional, y mucho menos a los Magistrados y Jueces de la República.
Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, el cual todos los ciudadanos debemos respetar y defender, puesto que esa fue la voluntad general de la sociedad venezolana, cuando aprobó, en Referéndum Popular, la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Poder Judicial, debe continuar siendo, por lo menos en su aspecto formal, IMPARCIAL e INDEPENDIENTE, para que todos los habitantes de Venezuela, tengamos la garantía, que seremos juzgados por Magistrados y Jueces, que tengan como norte la Justicia, y no la parcialidad y dependencia política.
Fuente electrónica del Discurso del Mag. Fernando Vegas Torrealba:
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?c…
