En un artículo escrito en marzo, me refería a varios de los métodos con los que el oficialismo es capaz de impactar tremendamente en el proceso de escogencia del abanderado presidencial opositor. Me formulaba en aquel entonces la pregunta ¿Puede el Gobierno elegir al candidato de la Oposición? En esa pieza analicé varias rutas que puede emprender el chavismo entre las que contabilicé 1) la polarización con algún candidato en particular, 2) la destrucción de la reputación de algunos, 3) la financiación de alguna opción y finalmente, 4) la inhabilitación de candidatos con opción de triunfo. Ninguno de estos caminos es excluyente entre sí, por lo que es probable que en el futuro podamos ver una mezcla.
¿Cuál es el corazón del argumento? En la medida en que el Gobierno descalifica a candidatos bajo argumentos retorcidos y carentes de piso jurídico, no solamente afecta sensiblemente las posibilidades de materializar un cambio político sino que coloca a la propia oposición en una trampa, como ya lo he hecho en el pasado.
Las informaciones recientes que emanan desde el TSJ vuelven a colocar este tema en el tapete. Me refiero a la cuarta vía, las inhabilitaciones.
“Pa’lante y Pa’tras”
Con “sorpresa” algunos vieron como el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena decidió nada más y nada menos que había méritos para enjuiciar al gobernador del Estado Miranda Henrique Capriles. Es decir, se abrían las puertas para una eventual inhabilitación contra un candidato que está muy bien posicionado en las encuestas, tanto, que en este momento es más popular que el propio Hugo Chávez. El pánico cundió. La reacción no se hizo esperar y el argumento más citado apelaba a los que todos saben es la causa de estas decisiones: “si alguien puede ganarnos, entonces hay que sacarlo de carrera, a como sea lugar, por cualquier método”.
Sin embargo, prácticamente a horas de ocurrido el hecho, uno de las voces más autorizadas dentro del PSUV, Aristóbulo Istúriz, informó a la opinión pública que esa tolda no avalaba las acciones adelantadas por el demandante –un personaje de poca monta y denunciante de oficio, estrechamente vinculado a Diosdado Cabello– y que en ese mismo instante, era expulsado de las filas del partido. Con sus declaraciones, Istúriz se convertía en el mejor profesor para ilustrar lo que significa un “recule” súbito y atropellado en política. Además, revela la “procesión” que ocurre en el oficialismo, en una lucha sin cuartel entre las tendencias internas.
Como ya estamos acostumbrados en un país donde las instituciones no funcionan equilibradamente, una vez que el “Poder” habló, los tribunales actuaron. Fue la propia Luisa Estella Morales quien declaró nulo el procedimiento y por ahora, la amenaza contra Capriles se diluye. Circunstancialmente, Capriles obtuvo dos victorias: su victimización primero y la eliminación de esta maniobra para descalificarlo después. Sin embargo, lo cierto es que la amenaza permanece.
No importa: votaremos por otro…
Así como ocurrió el rechazo, también una de las consecuencias inmediatas de esta noticia fue preguntarse: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos si se descalifica a uno de los aspirantes con mayor chance? Esa es precisamente la trampa. Muchísimos venezolanos decían al unísono: “bueno, no importa, votaremos por otro”. Sin darse cuenta, también ellos mismos inhabilitaban al candidato de su preferencia. Caen en el juego del gobierno.
La lógica de esta argumentación ya la he visto en el pasado. Ante el peligro de las inhabilitaciones, el electorado inmediatamente descarta a la opción de su preferencia y dice: bueno, igual ganaremos con otro. ¿Y qué pasa si también descalifican al “otro”? ¿Iremos a votar por “otro más”? El “pequeño detalle” es que el “otro” candidato “disponible puede ser el peor candidato para enfrentar unas elecciones. Si se sigue ese camino, éste sólo conduce a esta conclusión: escogeremos entre las limitadas opciones que el Gobierno nos permita y de seguro, serán los más cómodos para el chavismo.
Acá no terminan las malas noticias. Una de las peores cosas que ocurren es que dentro de la misma dirigencia opositora –muy lejos de la retórica unitaria– comienzan a efectuarse cálculos: “si el candidato X es inhabilitado, entonces nuestras opciones mejoran. Nos ubicamos mejor”. Ese cálculo –en mi opinión, miope y desleal– es uno de los elementos que más fortalece la posición del gobierno: siembra la división y lo coloca en una posición de superioridad. Caer en ese juego, es caer tristemente en el guión del adversario.
La pregunta obligada es: ¿Qué hacer frente a esta práctica? Mi respuesta siempre será la misma: si el chavismo intenta descalificar a candidatos con opción de triunfo, el camino no es abandonarlos. Todo lo contrario. Es apoyarlos con mayor fuerza y generar la máxima presión política posible –nacional e internacionalmente– para disuadir al Gobierno de sus propósitos. De lo contrario, seguiremos jugando su juego.
¿Cómo hacerlo? En los próximos meses hay una oportunidad estelar para avanzar en ese rumbo
Una oportunidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que decidir próximamente el futuro político de alguien que por cierto, es también más popular que Hugo Chávez: me refiero a Leopoldo López.
López, quien acudió al camino de la justicia internacional, obligó al Estado venezolano a sentarse ante una instancia imparcial para escuchar los argumentos de las partes. Como es bien sabido por la opinión pública, los argumentos esgrimidos por la defensa del joven político son muy sólidos y anclados en lo dispuesto en la Constitución de Venezuela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: si no existe una condena penal definitivamente firme, no es posible inhabilitar a nadie políticamente para participar en procesos electorales. La probabilidad de que esta Corte falle a favor de López es muy grande. Lo crucial está en qué se hará con este veredicto.
Si el Estado venezolano decide –y así debería ser, pues Venezuela es firmante de convenios que la comprometen internacionalmente– acatar la sentencia, pues no habrá mayor problema. A López se le restituirán sus derechos políticos y él podrá participar en las primarias opositoras. Lo que ocurra allí ya será parte del juego electoral y lo analizaremos en su momento. Vale decir que aún en sus condiciones actuales, López se mantiene en el escenario político y su participación hará ese proceso aún más interesante.
Aún más importante, el “arma” de las inhabilitaciones sería finalmente desactivada y ya no sería una amenaza para alterar la ya desigual competencia.
Hoy, después del ya famoso “recule” del TSJ, me parece que al Gobierno se le vuelve más difícil no acatar este inminente fallo de la Corte IDH. Si además analizamos entre líneas las más recientes declaraciones de la Contralora General (encargada) Adelina González pareciera que hay una corriente en el oficialismo que es proclive a acatar. González afirmó que “duda que el organismo internacional dictamine una medida contraria a la pronunciada por el Estado Venezolano”. En ese mismo acto, hasta la funcionaria se refirió positivamente a esa instancia, legitimándola. Probablemente, una manera de “meter el pie en la puerta”. Si finalmente Miraflores se mantiene consistente en su línea de moderarse y esquivar a toda costa las críticas internacionales, entonces sí cabe pensar en el acatamiento. Veremos…
Pero si en definitiva la decisión del Estado es no acatar, pues pienso que la línea a seguir debe ser muy clara y firme: la conformación de un bloque que genere una matriz muy costosa para el Gobierno en especial a nivel internacional. Eso sí genera urticaria
¿Por qué actuar en bloque? Porque se trata de erradicar por completo la posibilidad de que el gobierno haga uso de instrumentos no electorales para lograr resultados electorales favorables. No se trata de favorecer a alguien en particular, sino de proteger a todos los candidatos.
Si la crisis oficial con la ausencia de Chávez continúa profundizándose y en definitiva otro deberá ser el abanderado del PSUV, pues no faltarán los radicales que digan que hay que sacar de carrera a los oponentes más peligrosos. Con una simple mirada a las encuestas –cualquiera que ella sea– uno se da cuenta que ni Jaua, ni Cabello, ni Adán Chávez gozan de la figuración que hoy tienen Capriles, López o Pablo Pérez. ¿Se pensarán en nuevas inhabilitaciones? No lo descarto, tampoco debería hacerlo la oposición.
¿Cómo serían las cosas si los dos o tres aspirantes opositores mejor posicionados no puedan participar? ¿Seguiremos votando por “otro”?
El camino está muy claro. Con un fallo de la Corte Interamericana, la oposición puede colocar rodilla en tierra y defenderse mucho más eficientemente como un todo, no sólo para defender un acto de justicia, ni tampoco para proteger a un candidato en particular, que por sí solos son actos loables, sino para lograr más igualdad en las condiciones políticas en las que debe competir en 2012.
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