Substituir el modelo de reparto de la renta petrolera por un modelo de transformación, que dedique dicho ingreso al gasto de inversión real, en vez del gasto corriente, beneficiará a hogares venezolanos cuyos miembros estén desempleados y subempleados, pero, también, a las familias cuyos miembros sí tengan empleo o se dediquen a la producción nacional, pues, con el aumento de la demanda de trabajo se incrementarán los salarios y beneficios reales.
Los hogares que reciben transferencias y asistencias, y las familias de importadores y empresarios contratistas del Estado podrían sentirse perjudicados por estas políticas. Pero, al menos para los primeros no debería ser así, pues participarían ahora en el mercado de trabajo (i.e. estarían orgullosos de conseguir un trabajo y aportar al país), mientras que los segundos sí ofrecerán resistencia, pues ahora deberán ser competitivos, toda vez que, bajo el nuevo modelo, la renta iría a fondos de capital físico y social (además de estabilización y solidaridad intergeneracional) constitucionalmente blindados, en lugar de quedar el gasto de la renta bajo la discreción de los gobierno de turno.
Por otro lado, en el marco de la transformación del país, que implicará recuperar la confianza, y la credibilidad en las instituciones del Estado, así como acabar con los controles de precio y cambio, y con el Estatismo, garantizar los derechos de propiedad, la resolución de disputas contractuales, el Estado de derecho, la seguridad ciudadana, la seguridad social, la flexibilidad laboral, la descentralización, la facilidad de entrada y salida de empresas, y la reforma de la Constitución Nacional para que los privados puedan invertir en el sector petrolero y otros hasta hoy catalogados como estratégicos, implicará beneficiar a los consumidores, a los hogares productores y a los importadores, sin acceso a Cadivi y Sitme, así como a hogares en empresas competitivas y eficientes. Mientras que, saldrían perjudicados las familias que viven de los mercados negros en la buhonería, los hogares cuyos miembros son importadores con acceso a CADIVI y Sitme, las familias propietarias de empresas captadoras de rentas y contratos con el Estado (sin licitación), los hogares de funcionarios públicos que viven de las comisiones, y, finalmente, los ciudadanos con ideología y preferencia por las economías estatizadas.
Acabar con la indexación salarial, establecer reuniones tripartitas entre empresarios, trabajadores y el Ejecutivo Nacional, modernizar la normativa laboral para garantizar la seguridad social, el seguro de paro forzoso, los mecanismos de readiestramiento y reinserción laboral, beneficiará a las familias de trabajadores y propietarios de empresas; pero, a la vez, tal política enfrentará la resistencia de los hogares de sindicalistas y políticos radicales, así como de las familias con miembros que simpaticen con ideologías y preferencias por el conflicto distributivo.
Una industria petrolera abierta a la inversión privada y en expansión y diversificación beneficiará a los hogares desempleados y subempleados no receptores de transferencias, así como a las familias vinculadas a empresas que, siendo competitivas y eficientes, decidan producir para la industria petrolera; mientras que, las familias que, actualmente, forman parte del centro de poder de Pdvsa o trabajan en cooperativas no competitivas contratistas de la industria ejercerán resistencia, así como también los ciudadanos con ideología y preferencia por la visión rentista (o de maximización del precio del petróleo).
Con las substitución gradual de las misiones y asistencias por empleos productivos y programas sociales, cuyo fin sea la preparación e incorporación al trabajo productivo; al igual que con la eliminación gradual de los subsidios para así financiar servicios públicos, ganarán los hogares pobres y de clase media, demandantes principales de esos servicios (salud, educación, etc.), y los hogares con desempleados y subempleados que no reciban transferencias directas del Estado, aunque en el corto plazo podría sentirse perjudicada la familia de la clase media beneficiaria del subsidio a la gasolina, alimentos y medicinas, y los misioneros, becarios, desempleados y subempleados que suelen recibir las transferencias directas del Estado.
Pero, con tal los cambios sean graduales y sus beneficios sean bien comunicados, al final, la transformación será políticamente viable, y en el largo plazo ganaremos todos.
Ángel García Banchs
PhD en Economía Política de la
Universidad de Siena, Italia y
Profesor del CENDES y FACES/UCV
Director de Econométrica
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