Venezuela, que fue gobernada durante casi tres meses por un presidente que no estaba, ahora vive una campaña presidencial no declarada. Las normas anunciadas el 9 de marzo pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 14 de abril —en las que se escogerá al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez— prescribían solo 10 días de propaganda, del 2 de abril al 11 de abril a la medianoche.
Sin embargo, este sábado, los dos principales candidatos en liza coincidieron en la ciudad de Maracay, en el Estado de Aragua, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas. El presidente en funciones de Venezuela y heredero designado por Chávez del liderazgo oficialista, Nicolás Maduro, cerró un acto convocado para lanzar un movimiento juvenil contra la delincuencia.
Mientras tanto, en el sector El Limón de la misma ciudad, el gobernador del Estado de Miranda y candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, presidía bajo un intenso aguacero lo que denominó una “asamblea de ciudadanos”.
No hay tiempo que perder. Se trata de una campaña muy corta y, si no imprevista, sí sobrevenida, como la propia muerte del líder después de una larga y todavía misteriosa agonía.
Su plazo no es la única singularidad de la campaña. El principal cartel de la campaña de Maduro, por ejemplo, no muestra una imagen del candidato: en su lugar aparece un plano del difunto comandante. El lema que acompaña a la fotografía, “Maduro, desde mi corazón”, está impreso en unos caracteres que remedan la caligrafía de Chávez, como queriendo certificar con un manuscrito la voluntad expresa de viva voz por el propio caudillo, a través de todas las televisiones en cadena nacional en diciembre de 2012, de que Maduro fuera candidato.
Ambos competidores van a trabajar contra el reloj durante la Semana Santa. Del triunfo de cualquiera de los dos surgirá, además, el primer presidente caraqueño desde que Edgar Sanabria ocupara el cargo en la Junta Provisional de Gobierno en 1959, tras el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.
También estos días se ha hecho notar una coincidencia en el origen de sus apellidos, pues tanto Capriles como Maduro proceden de la comunidad sefardí que se asentó en las vecinas Antillas Holandesas antes de pasar a tierra firme venezolana.
Estas similitudes no consiguen ocultar, sin embargo, las diferencias abismales en las condiciones con las que cada contrincante aborda la campaña. Amparado por el aval póstumo de Chávez, Maduro todavía no duda en usar el aparato del Estado. Según denuncia de Carlos Ocariz, director nacional del Comando Opositor, desde que los candidatos se postularon ante el CNE el 11 de marzo, el principal canal del Estado, Venezolana de Televisión —fuente de la señal de los demás medios radioeléctricos oficiales en determinadas ocasiones—, había dedicado 21 horas de cobertura a los actos de Maduro. De ese tiempo, casi cinco horas y media correspondieron a transmisiones en cadena nacional de radio y televisión. Mientras tanto, no se había registrado cobertura alguna de eventos de Capriles. “Las únicas veces que Capriles sale en el llamado canal de todos los venezolanos”, denunció Ocariz en una rueda de prensa que ofreció el sábado en Caracas, “son para ridiculizarlo”.
A la sombra del doble papel de Maduro como presidente en funciones y candidato gubernamental, la confusión entre sus comparecencias oficiales y las de la campaña electoral propicia el trasvase de recursos públicos para la financiación de sus actividades políticas de propaganda. El pormenorizado registro en bases de datos gubernamentales del censo electoral —el censo de votantes se utiliza con frecuencia para cuestiones de asistencia social— se convierte en una eficaz herramienta de inteligencia electoral para las opciones de Maduro y, en algunos casos, hasta de presión clientelar.
La vigente Constitución de 1999, impulsada por Chávez, prohibió los mecanismos de financiación pública de las campañas electorales. Capriles podría buscar entonces fondos entre potenciales donantes privados, por lo general, empresarios que temen verse sometidos al control del Estado como fuente de negocios o exponerse al acoso interesado de las agencias reguladoras.
Para colmo, la atípica campaña ha forzado a Capriles a deshacerse de su estrategia de visitas casa por casa que, durante la pasada campaña para las elecciones de octubre de 2012, le generó tantos beneficios. En una carrera corta, apuesta ahora por realizar actos de masas en diversas localidades que puedan convertirse en acontecimientos noticiosos. Según Ocariz, durante la semana pasada Capriles ha visitado 11 ciudades del interior del país.
No obstante, las oportunidades de que el mensaje del candidato opositor se difundan parecen escasas. Globovisión, un canal de información continua de tendencia claramente opositora, que está a punto de ser vendida a capitales privados cercanos al chavismo, sigue haciendo por ahora las veces de emisora oficial de la campaña de Capriles. Pero se trata de una voz solitaria en el desierto radioeléctrico.
El propio Ocariz se quejaba desde la sede del Comando Opositor de Capriles de que muchas radioemisoras privadas, cercadas económicamente por el Gobierno, están buscando ya abiertamente un acercamiento al chavismo y rehúsan difundir los anuncios de campaña del candidato de la oposición.
Sin nombrarla, Ocariz acusó a la presidenta de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, Enza Carbone, de coordinar una labor de filtro y censura de los mensajes que la campaña de Capriles intenta difundir a través de los medios. “Usted no es la que debe revisar el contenido de las cuñas”, exhortó Ocariz, antes de exigirle a la ejecutiva del gremio privado de televisión que abandone “ese mecanismo de intimidación”.
No solo contrarreloj sino, además, contracorriente, Capriles se juega sus opciones para el próximo 14 de abril. Ligero, astuto y perseverante, se enfrenta al poder inclemente de un Estado mastodóntico y multimillonario. La situación se asemeja a las fábulas criollas de Tío Tigre y Tío Conejo, cuyas moralejas suelen recalcar la superioridad de la astucia frente al poder. Con la diferencia de que, si se atiende lo que hasta ahora dicen las encuestas y parece refrendar el escaso tiempo disponible, en esta historia no parece que Tío Conejo vaya a ganar.
En 2012 crecieron un 14% los homicidios en Venezuela respecto al año anterior
EWALD SCHARFENBERG24 MAR 2013 – 20:40 CET
“No tengo ni vanidad ni ego”, remachó la noche del sábado Nicolás Maduro ante el público congregado en la Sala del Hotel Maracay de la ciudad homónima. Con sus palabras, quiso asegurar que nunca pretendió la presidencia de la República. Sin embargo, puesto ante la oportunidad histórica de extender el legado de Hugo Chávez, prometió a quienes le oían que, si lo eligen en las urnas el próximo 14 de abril, va a ser “el presidente de la paz”.
Apoyado y, a la vez, abrumado por el respaldo del comandante revolucionario transformado en mito —o “en espíritu”, como al propio Maduro, un católico devoto que también sigue las enseñanzas de Sathya Sai Baba, le gusta decir—, el candidato del Gobierno viene haciendo en estos primeros días de campaña un énfasis particular en un tema que su mentor y guía, Hugo Chávez, eludió de manera sistemática durante la mayor parte de sus 14 años de mandato: la inseguridad.
Se trata de un mal endémico y en alza desde el llamado Caracazo de 1989, cuando la ilusión de armonía democrática en Venezuela se disolvió en una cotidianidad de crimen y represión. Los programas sociales de la revolución bolivariana y sus progresos en los índices de desarrollo humano poco eficaces para refrenar esa tendencia. Cifras oficiales que recoge el Informe de Gestión del ministro de Interior revelan que durante 2012 ocurrieron 16.072 homicidios en Venezuela, un aumento de 14% con respecto al año anterior.
Desde hace años, el auge de la delincuencia figura en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas en Venezuela, según las encuestas. Llamaba la atención la renuencia de Chávez a referirse al tema —que solo tocó de manera concreta durante su última entrega de Memoria y Cuenta ante el Parlamento, en vísperas de la campaña electoral de 2012. Aún más llamativa era la omisión ya que el crimen cobra sus víctimas en los barrios pobres de los centros urbanos del país, cotos de la base electoral de Chávez.
Se llegó a decir que la desatención del crimen por parte de Chávez obedeció a que el toque de queda virtual que la inseguridad impone en las ciudades venezolanas beneficiaba al gobierno. Fuera ese u otro el motivo del mutismo en un presidente en otros temas deslenguado, su gobierno con frecuencia optó por tachar las denuncias sobre la inseguridad personal como una ficción mediática, más que una evidencia, una “sensación de inseguridad”.
Maduro ha roto con eso sin tapujos. Parece ser la aportación personal a una campaña que para ganar no tiene más que presentarse como la continuidad de Chávez. De hecho, el acto en Maracay correspondía a la presentación de un nuevo movimiento, “Juventud Constructora de Paz”, al que ofrecieron su apoyo estrellas de televisión, deportistas y colectivos de base afiliados al chavismo. Para que no quedaran dudas, el debate lo abrió Soraya El Achkar, rectora de la Universidad Nacional de la Seguridad, recalcando que se trata de “hablar abiertamente del tema, sin temor”.
Ya en uno de sus primeros actos de campaña, el domingo anterior, en Petare —uno de los más grandes barrios pobres del este de Caracas— mientras inauguraba una cancha deportiva, Maduro proclamó que “garantizar la paz en nuestros barrios es una prioridad, así lo ha asumido el Gobierno Bolivariano (…) Vamos a priorizar la construcción de los movimientos sociales que van a construir la paz de la Patria nueva. De los barrios vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz y de vida”.
El compromiso personal de Maduro con este tema promete empujar la aprobación final de la Ley de Desarme, postergada en el seno de una Asamblea Nacional ampliamente dominada por el oficialismo. Más allá de ello, falta por ver qué medidas concretas se generarán, o si se trata de un simple matiz en la campaña que busca conectar con las inquietudes de un electorado más urbano.
El Nuevo Herald
ANTONIO MARIA DELGADO
ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM
El modelo económico del chavismo –una incoherente amalgama de políticas populistas diseñadas para ejercer control sobre los venezolanos y promover la confrontación ideológica– parece haber llegado a su punto de quiebra ante el pronosticado fin del auge petrolero, la destrucción del aparato productivo y el inmenso peso de sus obligaciones externas.
Analistas consultados dijeron que el Día del Juicio para la economía venezolana se producirá este año, evento que venía siendo postergado por la constante alza en los precios del petróleo, que aún estando en niveles históricamente altos, son insuficientes para alimentar la voracidad de la revolución bolivariana.
Y es que el chavismo, al desmantelar el aparato productivo con sus políticas hostiles al sector privado, lisiar a la industria petrolera con exigencias sociales y mantener a flote las economías de sus aliados a costa de la venezolana, ha creado las condiciones para una tormenta perfecta.
Es un escenario de crisis que los analistas dicen que comenzará este año, pero cuya duración podría ser prolongada ante la larga lista de desequilibrios acumulados a lo largo de los últimos años.
“Los economistas hemos venido advirtiendo sobre esos desbalances enormes desde hace mucho tiempo, pero resulta que el precio del petróleo ha estado subiendo con una tasa superior a la de nuestra inflación y eso hacía que se escondiesen los desbalances. Estaban allí, estaban presentes, pero el ciudadano de a pie no los sentía”, comentó Angel García Banch, director de la firma Econométrica.
“Cuando los precios del petróleo dejan de crecer, los desbalances que continuaban acumulándose desde hacía mucho tiempo comienzan a dejarse sentir. Es ahí cuando vienen los ajustes de cinturón, de producción, del consumo, de las importaciones, estancamiento con inflación, con escasez”, agregó García Banch.
Los ajustes del cinturón ya comenzaron aplicarse con las dos devaluaciones anunciadas por el gobierno del presidente encargado Nicolás Maduro.
Las dos medidas, aplicadas una con una diferencia de seis semanas, buscan expandir en bolívares el valor de los dólares adquiridos por el Estado a través de sus ventas de petróleo, que representan el 96 por ciento de las exportaciones del país.
Pero la medida luce insuficiente para contener lo que economistas perciben como uno de los mayores déficits fiscales del planeta, que el año pasado alcanzó proporciones de la crisis económica de Grecia –al ubicarse en 15 por ciento del PIB, tasa que sólo fue superada ese mismo año por Azerbaiyán, con un 20 por ciento.
Las devaluaciones, sin duda, vienen acompañadas de un enorme costo político.
La sistemática destrucción del aparato productivo emprendida por el chavismo ha vuelto la nación cada vez más dependiente de los productos importados y una devaluación de la moneda significa precios más altos en la tiendas, aún cuando el gobierno mantiene algunos de ellos congelados.
“Con la devaluación, ellos te están metiendo la mano directamente en el bolsillo de los venezolanos”, comentó el analista y columnista David Morán.
