por Antonio María Delgado
Las maniobras del gobierno de Nicolás Maduro para eludir el recuento de los votos de los comicios del domingo carcomen las aspiraciones de legitimidad del régimen bolivariano, mientras la mitad de los venezolanos creen que les robaron la elección y el chavismo trata de silenciar los gritos de fraude con represión y encarcelamientos.
La negativa al recuento, que incrementa los prospectos de la violencia política en Venezuela, acentúa las constantes dudas sobre la posibilidad de competir electoralmente contra el gobierno, que además de utilizar los recursos del Estado para promover su movimiento ejerce un férreo control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De hecho, la postura del chavismo de rechazar la posibilidad de abrir las urnas para un recuento lo deja muy mal parado.
“Esto golpea aún más una legitimidad que ya estaba golpeada porque su margen de victoria era de apenas de 235,000 votos cuando las autoridades electorales se apresuraron a aclamarlo”, dijo Susan Kaufman Purcell, directora del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami.
Aún quedaban múltiples temas por resolver que debían haber sido tratados antes de que las autoridades electorales se apresuraran a declarar a un ganador.
Pero también están las propias palabras de Maduro, quien primero declaró a la nación que estaba de acuerdo con el recuento de los votos y luego cambió de parecer.
“Es un mal comienzo. Maduro empieza su mandato desde una posición de mucha debilidad, saliendo de un proceso [electoral] muy cuestionado, que enfrenta múltiples acusaciones de malas jugadas y condiciones desiguales que imposibilitan que las elecciones sean justas, y además de eso, ahora se rehúsan al recuento”, dijo Kaufman.
Con la negativa, “lo que consigue es terminar de convencer que fue Capriles quien ganó el voto popular”, sentenció.
Esa percepción es compartida por decenas de miles de venezolanos que se encontraban el martes manifestándose en distintas ciudades del país exigiendo el recuento.
Los seguidores de Capriles se congregaron pacíficamente para expresar su petición, pero fueron reprimidos violentamente.
La fiscalía general dijo el martes en la mañana que siete personas murieron y 61 resultaron heridas en medio de las protestas.
La fiscal Luisa Ortega no ofreció detalles, pero dirigentes de la oposición dijeron que las muertes se produjeron luego que agentes del orden público abrieron fuego contra ellos.
“Hay más de 70 jóvenes heridos aquí en [el estado] Carabobo. Lamentablemente el gobernador del estado [Francisco Ameliach], conjuntamente con el general del Plan República [Wilmer Barrientos] están arremetiendo contra las manifestaciones pacíficas que se han hecho en el estado”, dijo el coordinador de la campaña de Capriles, Enzo Scarano, en una entrevista telefónica.
Miles de manifestantes se habían congregado frente a las oficinas del CNE en Valencia para entregar una carta solicitando el recuento de los votos y fueron atacados por efectivos de la Guardia Nacional, justo cuando se disponían dispersarse.
“Cuando la gente se estaba comenzando a retirar ellos comenzaron a tirar bombas lacrimógenas y a disparar perdigones a mansalva contra la gente que se encontraba todavía allí”, relató Scarano.
Las autoridades también se llevaron detenidos a varios de los manifestantes, dijo.
Incidentes como éste se registraron en diferentes ciudades del país.
La represión de los manifestantes se dio mientras aumentan las presiones internacionales para que las autoridades venezolanas recuenten los votos emitidos el domingo.
La Internacional Socialista se sumó el martes al número de organizaciones y naciones que realizaban ese llamado, que incluyen a Washington y la Organización de Estados Americanos.
“Que en Venezuela se llegue a la certidumbre de lo que ha sucedido. Si la agenda es buscar la verdad, hay que contar voto por voto. Esto es fundamental porque la legitimidad está basada en que las elecciones sean justas y libres”, afirmó Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, en una conferencia de prensa en Caracas.
La organización participó con una delegación encabezada por Ayala como acompañante de las elecciones.
El fantasma del fraude electoral se suma a la gran cantidad de retos que Maduro tiene por delante, que incluye una crisis económica incipiente y el riesgo de fractura interna del chavismo.
“Lo más importante que deja en evidencia esta situación es que en Venezuela la muerte de Chávez cambió la dinámica del juego y que la reorganización del poder, del ordenamiento político, está gradualmente constituyéndose”, dijo Diego Moya-Ocampos, analista senior de IHS Global Insight/IHS Jane’s.
“La situación política de Maduro es bastante difícil. Primero porque su liderazgo dentro del PSUV y sobre las Fuerzas Armadas ya está comprometido”, dijo.
La crisis de gobernabilidad toma a Maduro con una oposición mucho más fortalecida, tras haberle arrebatado al chavismo casi un millón de votos.
“Capriles no solamente fue eficiente en movilizar a sus bases sino que adicionalmente capturó para la oposición votos del lado chavista, lo cual es muy interesante”, comentó Moya-Ocampos.
“Este es un nivel récord, un logro récord de la oposición, lo que significa que una cantidad chavista ha decidido optar por la candidatura de Capriles como más viable para responder a las necesidades económicas y sociales de Venezuela”, sostuvo.
El asesor político Orlando Viera-Blanco coincidió en que la elección mostró que el chavismo está perdiendo aceptación en la población.
“Estamos delante de un fenómeno muy interesante desde el punto de vista del análisis político, porque es la primera vez en 15 años que hay una migración de votos de esa magnitud”, comentó.
“La elección demuestra que la candidatura de Maduro no cuajó en el seno del chavismo, y que no goza del absoluto reconocimiento de sus propios adeptos dentro del chavismo light y que hubo realmente un salto de preferencias palmario hacia Capriles”, agregó el asesor político.
