El 19 de septiembre de 2013 en el Foro de Perspectivas 2014 de Econométrica (www.econometrica.com.ve) lo explicaremos al detalle; pero, les adelanto por ahora que, de venir un nuevo mercado de permuta para la adquisición de divisas vía el uso de títulos, no sería libre, sino con racionamiento y, por tanto, no resolvería el problema primordial: no contendría la escasez de divisas y bienes, por lo que persistiría el mercado negro y la alta inflación.

En verdad, el gobierno ya no halla en qué palo ahorcarse. Son extremadamente fuertes los dolores de cabeza por el dólar, elemento del deseo de una economía como la venezolana, la de un país en transición política con alta inflación, desinversión e incertidumbre.

Ahora corre el rumor de que vienen con una nueva permuta. El problema es que, a diferencia del pasado, esta vez viene sin músculo. Es decir, ahora viene sin dólares, además de con mayores desbalances, menor inversión, y una demanda represada mayor.

No es lo mismo un mercado de permuta como el que duró hasta el mes de mayo de 2010, que contó con 40 mil millones de dólares en quema de reservas y nueva deuda en divisas, a uno que cuente con absolutamente nada. Para entonces, el gobierno tenía los dólares, por lo que acomodó la demanda hasta que a mediados de 2010 se acabó todo y colapsó; mientras que ahora, los dólares brillan por su ausencia, por lo que todo será un bluff.

Así, lo que quedan son dos opciones, si en verdad ha de reaparecer pronto dicho mercado. En primer lugar, está la opción poco probable de que sea el propio sector privado (el propio mercado) el que determine la tasa de cambio (el precio del dólar), en cuyo caso el mercado negro desaparecería inmediatamente, al pasar a ser legal, lo que significaría la independencia del sector privado de las divisas del Estado, al poder exportar, algo que los comunistas y mafiosos no permitirán. Y, en segundo lugar, está la opción que escogerán, que será el establecimiento de un mercado de permuta controlado, con limitaciones, carpeticas, planillas, y racionamiento, y un tipo de cambio bajo y artificial. En este caso, el mercado negro persistirá, y no se contendrá la escasez  y la inflación.

El 19 de septiembre, lo anterior, al detalle, lo vamos a explicar.

Ángel García Banchs

@garciabanchs

Washington, D.C., 5 de septiembre de 2013

S.E. Cristina Fernández de Kirchner

Presidenta de la República Argentina

Casa Rosada

Balcarce 50

Buenos Aires – Argentina

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. y a otros miembros del MERCOSUR para instarlos a que procuren activamente que el gobierno de Venezuela revoque su decisión de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, que tendrá efectos a partir del 10 de septiembre de 2013. A partir de esa fecha, los ciudadanos y residentes de Venezuela ya no podrán apelar a una instancia que durante años ha sido —para los países de toda la región— el mecanismo externo más importante para reclamar la reparación de abusos en aquellos casos en los cuales los tribunales nacionales no lo hacen. Esto resulta particularmente problemático en un país como Venezuela, donde existe falta de independencia judicial, y el Tribunal Supremo de Justicia ha convalidado en reiteradas oportunidades diversas políticas gubernamentales que atentan contra derechos fundamentales.

Como posiblemente recuerde, en agosto de 2012, tras la incorporación de Venezuela como miembro del MERCOSUR, escribimos a todos los presidentes de los demás estados que conforman este bloque regional, señalando que el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR implicaba para los gobiernos una oportunidad importante y  un deber, de abordar seriamente junto con el gobierno de Venezuela los graves problemas de derechos humanos que existían en ese país[1].

Lamentablemente, durante el último año la situación de derechos humanos en Venezuela continuó deteriorándose. Persisten los graves problemas que expusimos en nuestra carta anterior, que incluyen la falta de independencia judicial y restricciones cada vez mayores al ejercicio del derecho de libertad de expresión y a la capacidad de las organizaciones no gubernamentales de trabajar de manera independiente.

A su vez, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente algunas denuncias serias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas luego de los comicios presidenciales de abril de 2013, en los cuales Nicolás Maduro resultó electo por una estrecha diferencia, según datos oficiales proporcionados por las autoridades electorales de Venezuela.

Por ejemplo, una delegación del Foro por la Vida, una red integrada por 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, publicó un informe donde señalaba haber encontrado evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones a favor de Henrique Capriles Radonski, el candidato de la oposición, en el estado de Lara durante el 15 y 16 de abril[2]. Según este informe, elaborado por miembros de la renombrada organización de derechos humanos PROVEA y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 62 personas que participaban pacíficamente en la manifestación, e hirieron a otras 38, incluidos 11 trabajadores de medios de comunicación. Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente, amenazados con sufrir violencia sexual, y privados de alimentos durante más de 24 horas. Según las organizaciones que entrevistaron a las víctimas, se les preguntó a los detenidos “¿Quién es tu presidente?”. Y si no respondían “Nicolás Maduro”, recibían golpes en distintas partes del cuerpo. Varios testigos señalaron que se aplicaron descargas eléctricas contra una de las personas.

También COFAVIC, otra respetada organización de derechos humanos de Venezuela, emitió un informe donde se documentan 72 casos de presuntas detenciones arbitrarias, torturas y violaciones del debido proceso, que supuestamente se habrían producido en los estados de Lara, Carabobo y Barinas durante el 15 y el 16 de abril[3]. El informe indica que miembros de las fuerzas de seguridad habrían actuado con fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas, disparando indiscriminadamente perdigones de goma y plomo contra los participantes. Estos agentes también habrían detenido arbitrariamente y golpeado a manifestantes en la cabeza, el cuello y la espalda con bastones policiales, cascos y botellas de agua congelada. La organización informó que los detenidos —que en su mayoría fueron llevados a bases militares de la Guardia Nacional o a dependencias policiales— en general fueron obligados a cantar consignas a favor del Presidente Maduro y a desprenderse de gorras, pulseras u otros accesorios con grabados de frases de campaña a favor de Capriles. En al menos ocho de los casos, los detenidos afirmaron haber sido obligados a quitarse la ropa y amenazados de muerte o con la posibilidad de sufrir violencia sexual. Según el informe, quienes sufrieron lesiones mientras permanecieron detenidos o durante la movilización no tuvieron acceso inmediato a atención médica.

Diversas organizaciones locales de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, según la información que pudieron recabar sobre las investigaciones, las autoridades gubernamentales no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes, a pesar de que en varios de ellos las víctimas habían presentado denuncias. En respuesta a las denuncias difundidas por la prensa que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad habían cometido abusos contra personas detenidas en varias manifestaciones, incluso en Lara, la Fiscal General comentó que estas denuncias eran falsas “porque aquí en Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad”^[4]. Según fuentes oficiales, de un total de 35 denuncias de abusos cometidos en el estado de Lara por miembros de las fuerzas de seguridad durante actos políticos e inmediatamente después de ellos, solamente estaban siendo investigados dos casos sobre presunto maltrato por parte de miembros de fuerzas de seguridad[5].

Venezuela es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana desde 1977[6].Durante décadas, los venezolanos han tenido la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos para reclamar reparación por abusos sufridos cuando no existían recursos disponibles a nivel interno o estos no eran efectivos. La Corte ha reconocido los derechos de los venezolanos en varios casos vinculados, entre otras cuestiones, con ejecuciones extrajudiciales, condiciones carcelarias, libertad de expresión, el derecho a postularse a cargos públicos e independencia judicial. Los venezolanos ya no podrán solicitar que la Corte intervenga en casos de abusos cometidos luego de que la denuncia del tratado entre en vigor en los próximos días[7].

Ha transcurrido un año desde que Venezuela ingresó al MERCOSUR, y durante ese período ni su gobierno ni el de otros estados partes del MERCOSUR han abordado frente al gobierno de Venezuela, de manera pública y seria, estos graves problemas de derechos humanos. Actualmente, Venezuela ejerce la presidencia pro témpore del bloque regional. Al ignorar el compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas en los estados partes, estos transmiten un mensaje desacertado de que los compromisos internacionales establecidos en el Protocolo de Asunción no son más que promesas meramente formales.

Si su gobierno y los otros estados partes logran revertir la decisión del gobierno venezolano de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, habrán dado un paso muy concreto para fortalecer las garantías de derechos humanos y, sin duda, uno clave para las víctimas de abusos en Venezuela.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

Director

División de las Américas

CC: Canciller Eladio Loizaga

“Camaradas, compatriotas, combatientes, compañeros de todo este proceso, sin pueblo no hay plan posible, no hay futuro, no hay proyecto, no hay estrategia victoriosa, no perdamos de vista eso, cuidado con la burocratización de los cargos, rompamos todo eso, que no nos encadene todo eso, porque nos estaríamos encadenando al fracaso, lo vuelvo a alertar”

Comandante Hugo Chávez

Esta semana se cumple un mes del anuncio de las candidaturas que en nombre del PSUV y el resto de los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico participarán como candidatos de la revolución en las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.

Estas candidaturas se anunciaron en medio de una coyuntura política sumamente compleja, caracterizada por un continuado proceso de conspiración contra la economía nacional que incluye una descarada especulación con el dólar, igualmente los enemigos de la patria siguen con el plan de desabastecimiento programado de productos de consumo masivo, que a su vez genera compras nerviosas por parte de los consumidores opositores y Bolivarianos.

El anuncio de los candidatos coincide con un extraordinario despliegue político del camarada presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno que en pocos meses al frente de la Revolución, ha demostrado que está a la altura del exigente compromiso que a nivel nacional e internacional significa ser el sucesor del presidente eterno Hugo Chávez Frías. El gobierno de la eficiencia en la calle puede mostrar una serie de evidencias que mantienen intacta la esperanza de nuestro pueblo en el proceso político que soberanamente nos hemos dado en permanente confrontación con quienes auspiciados por el gobierno gringo desarrollan toda clase de acciones contrarias al interés de las grandes mayorías populares.

Ahora bien, no se puede negar que las candidaturas anunciadas han generado reacciones diversas entre los seguidores del proceso, que van desde la plena aprobación por lo acertado de las personas designadas hasta un enérgico rechazo por parte de sectores importantes del chavismo que consideran que buena parte de los nombres anunciados no se corresponden con sus expectativas. En los días inmediatos al anuncio de los candidatos se produjeron a lo largo y ancho del país numerosas expresiones de protestas que no pueden ser menospreciadas ni mucho menos descalificadas con el burdo argumento de “son personas que defienden intereses particulares” ó el repetido “esas cosas son normales en estos procesos”

Es urgente que la dirección nacional del PSUV aplique mecanismos de medición que permitan conocer a fondo el nivel de rechazo y/o apoyo con que cuentan los diversos candidatos inscritos, pues no puede ponerse en riesgo los espacios políticos conquistados con abanderados que no recojan el sentimiento popular de los Municipios donde fueron postulados.

Es preciso dejar a un lado la soberbia y reconocer que en este proceso, como en todo proceso humano se cometieron errores, es evidente que fueron designados como candidatos a Alcades y concejales personas que no residen ni tienen ninguna pertinencia social y política con los territorios que aspiran gobernar, otro grave riesgo es haber inscrito decenas de camaradas que ya ejercieron esos cargos en periodos previos y ahora se presentan de nuevo sin que las bases populares del proceso les den su aval.

El método perfecto de escogencia que anuncio varias veces el camarada Nicolás Maduro no podía limitarse a una consulta y posterior reparto de cuotas con las organizaciones partidistas que integran el GPP, a ese método le faltó pueblo, y ese es a nuestro entender el mayor de los problemas. Las bases populares no pueden ser convocadas solo para “bajarle línea” menospreciando su enorme poder,

En el caso de las comunidades afrovenezolanas estamos ante el peligro de ver interrumpida la seguidilla de victorias que mantienen a la revolución invicta en nuestros pueblos, ya que con honrosas excepciones, la mayor parte de los candidatos allí inscritos desconocen nuestras luchas históricas y recientes por la construcción de una patria digna, y en casos puntuales son personas que nunca han vivido en comunidades afrovenezolanas y pretenden comportarse igual que los conquistadores españoles como si nosotros fuéramos sus esclavos.

Esperamos que sabiamente el PSUV sepa interpretar el sentimiento de millones de militantes de base que sentimos que es necesario hacer unas correcciones y no procedan con descalificaciones que no ayudarán en nada a la profundización del proceso.

Lo que está en juego el 8 D no es poca cosa, es el futuro político de la revolución, lo que nos estamos jugando, y esta vez sin la presencia física del máximo líder, esta vez con el camarada Nicolás al frente, un Nicolás al que seguiremos apoyando rotundamente pero al mismo tiempo alertando, y no adulando para cumplir con el legado del comandante supremo Hugo Chávez

*Militante de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas y vocero nacional del Frente Afrodescendiente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar