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HRW: Ecuador debe terminar con la criminalización de la crítica

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El Presidente de Ecuador Rafael Correa debería desistir de aplicar las leyes que penalizan la difamación contra sus críticos, señaló hoy Human Rights Watch.

El proceso penal y la condena contra el asambleísta de oposición José Cléver Jiménez Cabrera y dos sindicalistas por haber injuriado al presidente vulneran su derecho a la libertad de expresión reconocido por las normas internacionales de derechos humanos, observó Human Rights Watch.

“El presidente Correa ha dejado claro que está dispuesto a ir contra cualquiera que lo critique, ya sea desde la sociedad civil o desde los medios”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero con esta última acusación contra un legislador de oposición, su abuso de poder para intentar acallar a quienes percibe como enemigos ha llegado a niveles alarmantes”.

El 27 de septiembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia notificó a Jiménez, un legislador indígena de un partido opositor, que había confirmado la condena de 18 meses de prisión por injurias. El tribunal también dispuso que Jiménez deberá ofrecer una disculpa pública al presidente y pagar a este una indemnización de aproximadamente US$ 140.000. Aún se encuentra pendiente otro recurso presentado por Jiménez el 1 de octubre. El tribunal confirmó además las condenas contra los dos sindicalistas, si bien uno de ellos recibió una pena de seis meses de prisión.

Jiménez dijo a Human Rights Watch que no podrá pagar la indemnización a favor de Correa impuesta por la Corte, y que no está dispuesto a ofrecer una disculpa pública.

En agosto de 2011, Jiménez y los sindicalistas Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcíbiades Villavicencio Valencia habían solicitado al Fiscal General del Estado que investigara la responsabilidad de Correa en relación con los incidentes violentos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Ese día, Correa fue retenido en un hospital policial durante varias horas por agentes de seguridad pública que se oponían a la sanción de una ley que recortaba sus beneficios. Finalmente Correa fue rescatado por militares, luego de un enfrentamiento armado que dejó un saldo de al menos cinco muertos. El gobierno de Correa consideró que lo ocurrido ese día fue un intento de golpe de estado.

En el pedido de investigación, Jiménez y los sindicalistas acusaron a Correa de “incitación al caos político, incitación para la discordia civil, alteración del orden constitucional [e] incitación a la rebelión de la fuerza pública”, además de perpetrar “crímenes de lesa humanidad” al haber ordenado la toma armada de un hospital donde había civiles.

El fiscal general, que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato, concluyó que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación contra el presidente. Sin embargo, conforme al Código de Procedimiento Penal el fiscal general debería haberse recusado si en algún momento había actuado como abogado de una de las partes. En mayo de 2012, la justicia desestimó la causa y un juez determinó que la demanda interpuesta por Jiménez y otros actores había sido “maliciosa y temeraria”.

En agosto de 2012, Correa demandó por injuria calumniosa a Jiménez y los sindicalistas ante la Corte Nacional de Justicia. Conforme al artículo 494 del Código Penal de Ecuador, quienes “hubieran propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio” podrán ser reprimidos con penas de hasta tres años de prisión. En este caso, las denuncias planteadas por Jiménez y los sindicalistas fueron desestimadas prematuramente por un juez sin haber dado siquiera inicio al juicio que exige la legislación ecuatoriana.

El derecho ecuatoriano dispone que para poder juzgar penalmente a un legislador, la Asamblea Nacional deberá antes disponer el cese de su inmunidad parlamentaria. No obstante, en este caso la Corte Nacional de Justicia determinó que en tanto las acciones de Jiménez no guardaban relación con su función oficial, no necesitaba obtener autorización de la Asamblea para iniciar un proceso en su contra, y dio inicio a la acción penal a pesar de que no se había revocado su inmunidad.

Human Rights Watch se opone a todas las leyes penales sobre difamación porque implican una respuesta desproporcionada e innecesaria al interés por preservar la reputación de las personas e inhiben la libertad de expresión.

Actualmente, la Asamblea Nacional está tratando un proyecto de reforma del Código Penal de Ecuador que eliminaría varias disposiciones sobre difamación incluidas en el texto vigente. No obstante, la reforma propuesta prevé que “la persona que, por cualquier medio, realice falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

En referencia al proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional indicó que “la persona que realiza la falsa imputación de un delito en contra de otra puede ser sancionada, en términos generales… [U]na persona puede atentar en contra de un derecho de otra a través de una radio, de la TV, en público, en reuniones sociales, [o] a través de las redes sociales”.

Ecuador es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de libertad de expresión. A fin de promover el dinámico debate público que resulta indispensable en una sociedad democrática, los organismos internacionales de derechos humanos han criticado tradicionalmente el uso de leyes penales de difamación, especialmente en respuesta a señalamientos que afectan a funcionarios públicos.

Los Principios sobre Libertad de Expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000 indican que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solamente mediante la imposición de sanciones civiles, y no de índole penal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los funcionarios públicos que “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente… se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades… [se] inserta[n] en la esfera del debate público”. La Corte reconoce que el honor de los funcionarios públicos o las personas públicas merece ser jurídicamente protegido, pero deberá serlo “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”. Dispuso asimismo que el uso de procedimientos penales por difamación debe limitarse a casos de “extrema gravedad”, en los cuales se haya demostrado la “absoluta necesidad” de aplicar tales medidas “en forma verdaderamente excepcional”, y en ese caso, la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.

La Constitución de Ecuador establece que los derechos tutelados por el derecho internacional, como la libertad de expresión, serán aplicados directamente por los tribunales. Si dejara sin efecto estas condenas, la Corte Nacional de Justicia estaría emitiendo un pronunciamiento acorde con los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos humanos, expresó Human Rights Watch.

Fuente: HRW

Cesppa: Maduro podrá censurar cualquier información por Edgar López

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El nuevo organismo de inteligencia es casi idéntico al Cesna, que fue creado por Chávez en 2010. El artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa”

 

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El Gobierno, a través del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa, podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégicos para preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos.

En la Gaceta Oficial 40266, del 7 de octubre de 2013, fue publicado el decreto de creación del Cesppa, cuyo artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

El decreto es casi idéntico al publicado en Gaceta Oficial el 1 de junio de 2010, mediante el cual el entonces presidente Hugo Chávez creó el Centro Situacional de Estudios de la Nación, Cesna.

Los considerandos de ambos decretos son los mismos y las diferencias en los artículos se limitan a la adscripción del órgano al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno (en vez del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al cual estaba adscrito el Cesna), y a la incorporación de términos como desestabilización y enemigos internos y externos.

Hay coincidencias hasta en la numeración de los artículos. El noveno establece la posibilidad de censura en los mismos términos. Precisamente el desconocimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información fundamentaron la impugnación del Cesna ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Colegio Nacional Periodistas, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público.

Inconstitucional. En la demanda interpuesta ante el TSJ se argumentó que el artículo 57 de la Constitución impide censurar a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Y que el artículo 143 establece que las restricciones a las informaciones por razones de seguridad nacional deben estar expresamente definidas en una ley formal emanada de la Asamblea Nacional, la cual no existe, de manera que no sería suficiente un decreto ley dictado mediante poderes especiales concedidos al jefe del Estado.

Oswaldo Cali, de Espacio Público, informó que la impugnación del Cesna, formalizada el 15 de julio de 2010, está en fase de sentencia. Pero como el Cesppa deroga el Cesna, el TSJ podría rechazar la demanda.

Cali considera que, independientemente de que se denomine Cesna o Cesppa, constituye un mecanismo de censura. El abogado advirtió que el funcionamiento del organismo está expuesto en forma ambigua, lo cual puede abrir espacios al abuso de poder.

A modo de ejemplo, destacó que el artículo 9 estipula que, “las instituciones públicas y privadas”, sin mayores presiones,  están obligadas  a “proteger, neutralizar y derrotar los planes desestabilizadores en contra de la Nación”. Ello, afirma el abogado, implica el riesgo de que se violen derechos ciudadanos.

Arrecian ataques a la prensa

Con la creación del Cesppa, Maduro reedita un mecanismo que Chávez mantuvo en suspenso, quizás por los costos políticos que implica restringir la libertad de expresión y el derecho a la información.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, opina que los problemas de escasez e inflación que el gobierno atribuye a una guerra económica son tan graves que el presidente se atreve a hacer mayores esfuerzos por controlar la información: “Que la gente solo se entere de lo que al gobierno le conviene, lo cual implique la radicalización de los continuos ataques a medios y periodistas”.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señala que, a diferencia de Chávez, que demostró mucha habilidad para afrontar las críticas, Maduro no sabe cómo hacerlo: “A falta de carisma, el presidente acude a la coerción para impedir que el ejercicio de la libertad de expresión fundamente las críticas a la gestión gubernamental, sobre todo en materia económica”.

Decreto 428

 

por Edgar López

Fuente: El Nacional

La Habilitante, una guerra por el poder por Cecilia Sosa @CeciliaSosaG

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Después de 14 años, el venezolano sabe que Nicolás Maduro necesita legitimarse y conquistar el centro del poder político disperso después de la muerte de Hugo Chávez, esconder las verdaderas causas y responsables de la crisis social y económica, y para ello pide lo que no necesita: Poderes Especiales.
Esta solicitud, de aprobarse, permitirá al Gobierno “legalizar” la persecución de las personas con fundamento en los decretos anticorrupción, se trata de aquel que se atreva a adversarlo; y  en cuanto a la crisis económica, por erradas políticas del gobierno, el “verdadero” culpable será la empresa privada, como germen y estratega de la corrupción.
Después de un largo discurso, que mas parecía la toma de posesión del presidente del partido PSUV, del texto de la tan anunciada habilitación para legislar sigue sin publicarse.
Sólo mencionó Maduro que la delegación sería por un año y el objetivo genérico que lo justifica: luchar contra la corrupción y el sabotaje económico.
Estos dos temas nos obligan a preguntarnos si el poder legislativo y el poder judicial representados en esa sesión especial, diputados y magistrados, entendieron el mensaje, cuan inútiles e ineficientes han sido al no han sabido ni legislar ni hacer justicia cuando los corruptos son la plaga que manda en el país. Los presentes aplaudían su incompetencia.
De allí que por medio de la habilitante todos estos altos funcionarios obedecen las instrucciones contenidas en los decretos leyes de Maduro, quién pasa a ejercer el control tanto de los asuntos legislativos como judiciales como único Poder.
Maduro dijo que “quiere la base legal para velar por la vida de la República”por tanto todos los poderes y órganos del Estado y cada persona será sometida a su voluntad. La Fuerza Armada Nacional observa.
Esta nueva alteración institucional nos coloca en la obligación de reaccionar ante el ataque disfrazado de ética socialista y entender que no somos espectadores de quien puede ganar este round; declaremos el Estado de Emergencia Nacional, una vez estudiado el texto del proyecto habilitante; si ésta la dejamos pasar, olvidémonos de vivir en un Estado Democrático.

Del caos a la República por Ángel García Banchs @garciabanchs

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Luego de analizar las estrategias disponibles y dominantes de los actores fundamentales, he llegado a la conclusión de que, para poner orden en el caos que vendrá próximamente, las fuerzas del sistema nos han de hacer transitar hacia un único equilibrio basado en la recuperación institucional (i.e. el establecimiento del Estado de Derecho), una República, en lugar de un orden comunista basado en la libreta de racionamiento.

 

Los conflictos de intereses entre las distintas élites y factores de poder del chavismo (mafiosos, comunistas y pragmáticos) conducen aceleradamente a la nación hacia el caos, que las autoridades han denominado el “colapso total” – i.e. la implosión del chavismo. Más allá de la alta y persistente inflación, o de la próxima devaluación en camino, los intereses conflictivos del oficialismo están conduciendo al país a la escasez y el desorden.

 

Las mafias no tienen incentivos para reducir la escasez, pues con ella hacen negocios, y los comunistas la ven con simpatía, en lugar de aversión (por ello hundirán el barco). Claramente, lo dijo ya al chavismo Diosdado Cabello: ya no está el muro de contención. Así que, la escasez seguirá en aumento en los próximos meses hasta que, finalmente, llegue la implosión.

 

El problema del chavismo es que, en ausencia del árbitro, enfrenta fallas de coordinación. Comunistas y mafiosos juegan ambos su mejor estrategia: no flexibilizar y raspar la olla. A los mafiosos no les importa, sino aprovecharse del control de cambios hasta el final. Mientras que los comunistas saben que si flexibilizan los controles perderán el poder (inmediatamente, saldrían de los ministerios). De allí que no les quede, sino radicalizar. Entonces, el país (dicho por ellos mismos) se dirige al caos o el “colapso total”.

 

En ese contexto, para poner orden, los comunistas llevan su propuesta de siempre, la cual, en Venezuela no va a prosperar. Implementar la libreta de racionamiento de golpe, y ya, es algo que no se va a dar, dada la resistencia de 29 millones a nivel nacional. Así que, aquí queda un solo equilibrio o resultado posible, y ese, es repito, uno basado en la recuperación institucional.

 

Según el propio gobierno, muy pronto vendrá el caos; de ser así, que lo será, seguidamente después habrá de venir la República, el orden y la paz.

Ángel García Banchs

@garciabanchs

www.econometrica.com.ve

Detrás de la ambulancia por Carlos Genatios @carlosgenatios

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En toda carrera, ya sea un maratón, o de caballos, una ambulancia rueda tras el grupo decompetidores, para atender cualquier emergencia. La ambulancia, por supuesto, no está registrada como competidor, pero hace todo el recorrido con especial atención.

En la competencia del desarrollo, la de dar bienestar a un pueblo (“dar al pueblo el mayor cúmulo de felicidad posible”), distintos indicadores permiten evaluar la conveniencia y los resultados relativos de las políticas gubernamentales.

Uno de ellos, es el índice global de competitividad, cuyo informe revisa resultados en distintas áreas de la economía: instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria,educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, capacidades tecnológicas, tamaño del mercado, sofistificación de negocios e innovación. Aún cuando puedan cuestionarse algunos aspectos del índice, su revisión y análisis no deja de ser importante al momento de evaluar las políticas y eficiencia del gobierno de un país.

En el informe de 2013-14, Venezuela ocupa el lugar 134 de 148 países, penúltimo de Latinoamérica, superando sólo a Haití (puesto 143).

Venezuela desciende del 126 que logró en 20122013. En calidad de instituciones, ocupamos el último lugar (148), esto incluye el 148 en distracción de fondos públicos, el 148 en Independencia judicial y el 145 en crimen organizado. Y en infraestructura, el 125,teniendo un ingreso per cápita superior a los 12.000$ anuales, y con ingresos petroleros en el orden de 400.000 Millones de US$ entre 1999 y hoy.

Es muy probable que para el informe 2014-15, Venezuela descienda aún más. La educación superior está en crisis, los asesinatosaumentan, el tráfico de drogas también, el sistema eléctrico no mejora.

Y en infraestructura: El puente de Boca de Uchire se derrumbó (15/10/2013) porque una manifestación por la inseguridad, mantuvo una sobrecarga de vehículos, y con el colapso, algunos de los manifestantes procedieron a asaltar a los que quedaron en la cola. Lasemana pasada un chofer colombiano que no respetó las limitaciones de altura de los puentes de Caracas, muere aplastado por supropia carga, mientras una turba de motorizados saquea y ataca a la policía. La Caracas-La Guaira sufre un deslizamiento que no puede ser detenido por los muros que se colocan. No olvidar que las rampas de frenado de Tazón no cumplen con criterios de seguridad (longitudes insuficientes y materiales sin mantenimiento).

Hay deficiencias de asfaltado, insuficiencias de iluminación y señalización.

El puente sobre el Lago de Maracaibo sufre daños. El metro de Caracas sigue prestando un servicio inadecuado. Numerosos edificios de la Misión Vivienda presentan fallas injustificables, con proyectos inadecuados Por ahora, seguiremos descendiendo en el desarrollo, por la ausencia de políticas que hagan posible un proyecto de desarrollo, bienestar y producción. Venezuela corre detrás de la ambulancia.

Cesppa: 12 claves para entender el decreto de la censura por Laura Weffer @Laura_Weffer

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En el organismo creado en la Gaceta 405.839 del 7 de octubre de 2013, se crea una instancia que responde a intereses políticos; busca unificar el flujo de información; tiene la potestad de declarar la información reservada (más de lo que está) y obliga a todas las instituciones a proveer la información que ellos requieran cuando lo crean necesario.

– El Cesppa es Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.

– El Cesppa:

“solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas; según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

– La Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana es un órgano político partidista. No es un órgano del Estado.

– Por primera vez se crea la figura de la actividad “enemiga interna y externa”. Eso no está previsto en la Constitución.

– El Cesppa estará a cargo de un presidente designado por el Presidente de la República. Será de libre nombramiento y remoción.  (El primer designado ha sido el mayor general Gustavo Enrique González López, jefe de inteligencia nacional)

– El objetivo del Cesppa será:

“UNIFICAR el flujo informativo sobre los aspectos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas y privadas que se requieran, para facilitar y contribuir al proceso de toma de decisiones, así como prever y NEUTRALIZAR POTENCIALES AMENAZAS A SUS INTERESES VITALES*.

– Una de las funciones del Cesppa es “controlar el cumplimiento de órdenes, indicaciones, precisiones y requerimientos que realice el Ejecutivo…en función de PROTEGER, NEUTRALIZAR Y DERROTAR LOS PLANES DESESTABILIZADORES* en contra de la nación”.

– El Presidente del Cesppa podrá “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada, cualesquiera información, hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento” en el Centro de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el 171 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

– Todas las organizaciones públicas y privadas a las que el Cesppa les pida información, estarán en la obligación de proveerla.

– El Cesppa depende del despacho de la presidencia.

– Ya entró en vigencia.

– En 2010 se creó el Cesna (Centro de Estudio Situacional de la Nación) que tenía atribuciones similares pero respondía a los “cometidos esenciales del Estado”. En esta ocasión, el Cesppa responde a la “Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

 Fuente: SIC Semanal

¡Viva la revolución!: Alimentos suben 4,9% y la inflación se monta en 49,4%

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El sector de alimentos se incrementó 4,9%

La inflación se montó en 49,4 por ciento

La espiral de septiembre fue de 4,4% y la acumulada en el año es de 37,3%

La escasez se ubicó en 21,2%, con lo cual supera aún más el 19 por ciento al cual había caído meses atrás

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por Félix José Saturno

El índice nacional de precios al consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, registró en el mes de septiembre de 2013 una variación intermensual de 4,4%, mayor a la del mes previo (3,0%) y a la del mismo mes del año 2012 (1,6%).

Con el resultado de septiembre el INPC acumuló un incremento de 37,3% en los primeros 9 meses del año 2013, por encima del 11,5% obtenido para el mismo período del año anterior. Por otra parte, la inflación anualizada se ubicó en 49,4%.

Asimismo el BCV también reseñó que el índice de escasez se ubicó en 21,2%, el segundo más alto en lo que va de año. En tanto, el índice de diversidad subió a 124,2.

El organismo emisor señaló que el alza del mes pasado se debió a “un contexto no continuo” que combina “el encarecimiento de algunos productos agrícolas y los aumentos de precios autorizados para algunos rubros agroindustriales, transporte público y educación”.

La desagregación de los resultados por agrupaciones revela que 7 de las 13 categorías del INPC se ubicaron por debajo del promedio global: Comunicaciones, 0,6%; Alquiler de vivienda, 0,8%; Bienes y servicios diversos, 2,6%; Salud, 2,7%; Equipamiento del hogar, 3,6%; Transporte, 3,7% y Esparcimiento y cultura, 4,0%. Las 6 categorías que superaron el promedio nacional son: Restaurantes y hoteles, 4,9%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,9%; Vestido y calzado, 5,7%; Servicios de educación, 6,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 6,6%, y Servicios de la vivienda, 9,7%.

En el ámbito geográfico se observó que 6 de los 11 dominios o estratos en que se divide el país estuvieron por debajo del promedio nacional. En efecto, en Caracas (3,9%), Barcelona-Puerto La Cruz (3,6%), Barquisimeto (4,0%), Maracaibo (4,3%), Mérida (3,5%) y San Cristóbal (3,9%) la variación intermensual resultó inferior al 4,4% global. Por el contrario, en Maracay (4,8%), Ciudad Guayana (4,8%) y Resto nacional (4,7%), las variaciones superaron el promedio del país. Sin embargo las que experimentó el alza más importante en septiembre fue Maturín con 5,5% y acumula 41% en lo que va de año. Sin embargo, no es la urbe con mayor inflación en 2013 pues ese lugar lo ocupa Valencia con 43,2% entre enero y septiembre.

Fuente: Tal Cual

Estamos jugando con candela por Francisco José Virtuoso SJ

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Jugar con candela es peligroso, muy peligroso, porque uno se puede quemar. Sobre todo cuando en el entorno hay mucho combustible derramado. Según el Presidente de la República y sus ministros, la escasez, la inflación y el desempleo existentes en el país, son producto de una guerra del Imperio y sus aliados internos (empresarios, medios de comunicación, organizaciones como Fedecámaras, pequeños y medianos comerciantes, sindicatos, etc.) contra el pueblo. Ante esta acusación, no puedo dejar de pensar en que un día la rabia de tanta gente, cansada de hacer cola y desesperada por conseguir los productos básicos del consumo familiar, frustrada porque los reales no alcanzan, decida actuar vehemente contra los supuestos responsables de su tragedia.

La técnica utilizada es claramente de incitación al odio y a la venganza (en el argot jurídico, se dice incitación al agavillamiento). Frente a los actores supuestamente responsables, se trata de imponer el miedo como mordaza.

El gobierno debería saber, que la desesperación no es racional y que fácilmente se desborda. La rabia no sólo puede arremeter contra los supuestos enemigos oficiales sino contra todos, sin distinguir entre buenos y malos. El pueblo venezolano está asumiendo esta crisis estoicamente, con paciencia y sabiduría. Las organizaciones privadas que han asumido responsabilidades públicas, están haciendo lo indecible por hacer su tarea sin perecer en el intento. El gobierno está llamado a ofrecer posibilidades para salir exitosamente de la crisis, sin escudarse detrás de un supuesto enemigo causante de todos los males que padece la gente.

Pero por si fuera poco, tamaña irresponsabilidad se juega a la vez con otra argucia. Si estamos en guerra tenemos que prepararnos militarmente. A cada Ministerio hay que crearle un “Estado Mayor”. Ahora tenemos militares hasta en la sopa, buscando cada uno conspiraciones y conspiradores, controlando y amedrentando. Por esta vía, la democracia, que es el gobierno de los ciudadanos, está quedando atrás, ocupando su lugar el gobierno militar, con su lógica y sus procedimientos. El régimen es cada vez más militarista.

Esta vía nos va a llevar directamente al desastre. Lo sensato es que el gobierno asuma que estamos en crisis y que ineficiencia es la principal de aquella. Honestamente creo que ganarían más aceptación con esa suprema muestra de cordura, responsabilidad y honestidad. Seguir prendiendo el fuego de la guerra y el militarismo nos conduce a la senda de la violencia irracional.

Confío, sin embargo, en la madurez de la gente y en su sabiduría. El teatro que se está montando es demasiado grotesco. Quiero apostar porque la sensatez del pueblo se impondrá sobre sus gobernantes obligándolos a la sindéresis.