Nicolás Maduro huye hacia adelante. En su discurso de la noche de este martes ante la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales que le permitirán legislar por decreto, el presidente venezolano quiso refutar el carácter coyuntural de la grave crisis económica y de gobernabilidad que enfrenta su joven gestión, con apenas seis meses en el poder. Por el contrario: sostuvo que se trata de expresiones de una distorsión histórica y estructural, casi cultural, a la que se propone enfrentar con un espíritu de reconstrucción fundamentalista: “Debemos traspasar la barrera de no retorno de la revolución”, dijo, citando a Hugo Chávez, “y garantizar la irreversibilidad del camino al socialismo”.

Maduro ha pedido autorización para gobernar Venezuela por decreto durante un año. Con esos poderes pretende imponer “una nueva ética política” y “transformar la economía”. Aunque no adelantó las leyes que en la práctica impulsaría con esas facultades ni tampoco enumeró los temas en los que espera aplicarlas. A lo largo de su intervención de casi tres horas asomó posibilidades inquietantes que apuntan hacia la habilitación de tribunales populares –“no se pueden poner cortapisas a la contraloría del pueblo que quiere vivir en una nueva ética”-, una mayor estatización de la sociedad –“la burguesía todavía capta el 70 por ciento de la renta petrolera”-, y un control específico sobre los medios informativos –donde “domina la mentira y se devalúa la verdad”-”. De manera también tangencial, dio a conocer su criterio de que se debe conceder una “autoridad reforzada” para la Contraloría General de la República, e imponer la pena máxima y un castigo ejemplar a los reos de corrupción.

Pero el presidente venezolano no quiso dejar dudas de que, al consignar su proyecto de Ley Habilitante, pretende radicalizar una revolución autodenominada Bolivariana que hasta ahora ha consentido bolsones de liberalidad y tolerancia: “No he venido a pedir a la derecha ni tregua ni cuartel”, advirtió a sus adversarios a la vez que interpelaba a sus compañeros de partido: “Prepárense para la ofensiva que viene”.

Al aludir a sus camaradas no pareció jugar sino, de hecho, pareció que los amenazaba con una purga interna en lo que llamó “una revolución dentro de la revolución”. En una velada referencia a la boliburguesía –la clase empresarial que, en conexión con líderes políticos y funcionarios del chavismo, ha amasado enormes fortunas-, calificó de absurdo que la revolución pudiese dar origen a una nueva clase adinerada por lo que anunció el regreso del “látigo de Chávez”.

Acosado por el momento más crítico de la revolución que Chávez fundó en 1999 –y que en 2006 declaró “socialista”-, desde principios de la sesión especial del parlamento venezolano, Maduro emitió múltiples señales de que se preparaba para ejecutar un movimiento clave. Acudió en traje formal, con la banda presidencial terciada sobre el pecho. Hizo convocar a los representantes de todos los poderes del Estado y del alto mando militar, así como algunos de los embajadores más conspicuos del régimen en el exterior. Aunque todo procuraba transmitir solemnidad –un concepto casi antagónico con el chavismo-, Maduro se permitió algún detalle coloquial como cuando mostró la estatuilla de José Gregorio Hernández, un médico venezolano de principios del siglo XX, parte de un culto popular milagrero que la Iglesia Católica a regañadientes ha accedido a registrar en sus expedientes de santidad. El presidente anunció que se lo enviará a la presidenta argentina Cristina Fernández para que supere su convalecencia.

Fueron pocas esas salidas improvisadas del guion. Un guion que por primera fue explícito: contrariando la costumbre de su mentor y “líder eterno” y la suya propia, Maduro leyó el discurso. El texto, trufado de citas eruditas y menciones a Maquiavelo, Derrida, Aristóteles , Churchill o –cómo evitarlo- Bolívar, fue bosquejando el retrato robot del enemigo declarado de la revolución: la burguesía, a la que el presidente venezolano calificó indistintamente de “desalmada”, “apátrida” y “parasitaria”. Sólo que ahora la revolución decide combatirlo no con una consigna de lucha de clases sino bajo la bandera menos controversial de la lucha contra la corrupción. De acuerdo a Maduro, la burguesía necesita corromper a los funcionarios del Estado para asegurarse el control continuo de los destinos de la renta petrolera. Ahora le declara a ellos la Guerra a Muerte, parafraseado el título de un decreto de Simón Bolívar.

Maduro entregó el proyecto de ley al número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a quien ahora corresponde informar de para qué día se convocará la próxima sesión parlamentaria donde se va a discutir y votar la solicitud presidencial.

Fuente: El País

I.

El presidente Maduro fue a China para pedir auxilio. Una bombona de oxígeno, por fa, dijo al llegar a Pekín. El resultado de la visita fue el que cabía esperar. Los chinos propusieron e impusieron. En la alianza estratégica anunciada, China puso la estrategia y Venezuela escasamente la firma en los 28 contratos. Todo a cambio del poquito aire que se consiguió, bueno para que el Gobierno pueda respirar por un tiempo.

China es un país hermano y socialista, nos informan para que estemos tranquilos. Pero no obstante, aquí estamos preocupados, pues sabemos que la sociedad china se desliza por los caminos del capitalismo, regentado por el Partido Comunista (¿qué hubiese dicho Marx?). Hace rato que nadie le reza a Mao y algunos expertos aseguran, además, que es un capitalismo de la especie salvaje, visto como se ocupan del medio ambiente y tratan a los sindicatos, por decir sólo dos cosas y no meternos con su sistema político, en cuyo menú la palabra democracia es, apenas, adorno para entrar en el reino de lo “políticamente correcto”. Y, como suele pasar con todo país grande y desarrollado, se le ven colmillos de nación imperialista.

II.

El viaje del presidente Maduro deja al descubierto el país del que se ha venido presumiendo en los tres últimos lustros. Deja con las costuras al aire el país potencia, el país soberano, el país productivo. Muestra una crisis que no deriva de la caída de los precios petroleros, lo cual la hace aún más grave y dramática. Pone en evidencia la precariedad del molde y del modo conforme a los cuales se condujo a la sociedad venezolana. Explica los errores de un gobierno puesto en manos de un caudillo infalible, convertido en ombligo del Estado, sin contrapesos para sus pretensiones, traducidas éstas en desiderátum nacional. Pone de bulto la arrogancia oficial, el discurso épico, la obsesión por “hacer historia”, la búsqueda siempre del jonrón y el descuido por las jugadas de rutina como estilo de gobierno.

III.

El viaje del presidente Maduro es la consecuencia de no haber descifrado los signos de los tiempos. De no enterarse en qué códigos viene expresado el siglo XXI y haber mirado con más atención el siglo XIX. De haber jugado a la ideología y soslayar la realidad. De haber dejado intacta la esencia de nuestra condición rentista. De haber ceñido la estrategia de desarrollo social al reparto poco cuidadoso de la riqueza petrolera. De haber militarizado la gestión de lo público. De asumir la política como voluntarismo, es decir, cuestión de testículos y ovarios. De creer que un país puede ser dos países distintos y hasta enfrentados, que el diálogo es debilidad y la negociación traición. De ocultar las estadísticas o manipularlas y volverlas propaganda. En fin, la consecuencia de evadir siempre la responsabilidad respecto a los errores cometidos y trasladarla a terceros.

IV.

El viaje a China del presidente Maduro indica, lástima, que no tenemos el país que pudimos haber tenido. Que se defraudó una gran esperanza colectiva. Que se perdió la oportunidad de enderezar los caminos que se venían transitando antes de 1998 y de reparar las fallas estructurales que nos venían haciendo un país muy desacomodado, sobre todo desde el punto de vista social. Indica, así mismo, que los logros alcanzados durante estos quince años se irán desvaneciendo, están colgados de alfileres.

Este viaje indica, así pues, que, por donde se la mire, la situación nacional es de cuidado. Con desconsuelo y amargura, cualquiera observa que ha pasado poco de lo que los venezolanos deseaban que pasara. Y que ha pasado mucho de lo que los venezolanos hubieran deseado que no pasara. El viaje determina un giro y la necesidad de pasar la página. Muestra que con la realidad no se juega. “Si no hay leal, no hay lopa”.

Harina de otro costal

Empieza la temporada de beisbol. El estadio aparece como uno de los pocos espacios amables que aún nos quedan, en el que no tiene cabida el relato político según el cual este país es dos países. Empieza la temporada, así pues, y con ella, en mi caso, la renovación de la fe en los Tiburones de la Guaira, mi equipo en virtud de una decisión caprichosa que ha terminado en adhesión imprescindible e incondicional, con trazas de feligresía.

Fuente: El Nacional

El presidente Maduro acuñó el término cadivismo, en realidad no sabemos si ha sido creación de él, o de otra cabeza, posiblemente calva, dentro de su gabinete. De lo que si estamos seguros es que el discurso que leyó ayer se lo redactó Giordani, quizás la cita de Al Capone se la haya recomendado Diosdado. En una lamentable sesión parlamentaria, de esas que ya son costumbre en Venezuela, el presidente fue a pedir la ley habilitante y se llevaron parte de la barra del Caracas FC para que amenizara la sesión. El cántico más empleado fue aquel de “no volverán”; el más fiel recordatorio de que la piñata pública tiene dueño y que no la entregarán fácilmente.

La verdad es que la capacidad del presidente Maduro para dar un discurso y conducir una sesión es bastante limitada; menos mal que detrás tenía la mano que mece la cuna y a su ministro de planificación para que le redactase el discurso. Ayer me preguntaron varias veces sobre cómo interpretar el nombramiento de Ramírez como Vicepresidente del Área Económica, mi respuesta fue que lo realmente relevante es que Giordani sigue en el gabinete. Toda la parafernalia que se ha tratado de montar sobre los supuestos “pragmáticos” resultó servir únicamente para generar expectativas y escribir reportes económicos. Ayer todo quedó bien claro en los pases de televisión durante el discurso: Giordani en primera fila y Merentes en segunda, se veía chiquitico, aunque aplaudiendo fervorosamente, más le vale que lo haga en esta Venezuela que va teniendo visos del Estado al norte de donde vino el Gangnam Style.

El discurso estuvo lleno de citas de personajes que Maduro no ha leído nunca pero no importa, el que ha leído basura hasta intoxicarse es su ministro de planificación, quien le ha tomado el gusto a las habilitantes para dar saltos cuánticos hacia su nirvana económico que nos es otro que el comunismo. El discurso estuvo lleno de los trazos giordanianos de siempre: la burguesía parasitaria es la culpable de todo lo malo que ocurre en el país, no generan ni un dólar, no agregan nada de valor, etc. Las afirmaciones son tan simplonas y denotan tanta carencia de nociones económicas básicas que no vale la pena ni refutarlas. La parte de discurso que si merece ser comentada es la crítica a CADIVI y en general al cadivismo. Finalmente entendimos lo que el presidente Maduro ha querido decir con el término. El cadivismo no es más que la corrupción asociada a la entrega de los dólares a tipo de cambio oficial.  En Venezuela ya hubo entonces Recadivismo y Otacismo, pero no hay dos sin tres, eran  necesarios 10 años más para darnos cuenta que los controles de cambio fomentan la corrupción.

El chavismo como modelo político nació para canalizar el descontento social para luego transformarse en un enorme esquema clientelar de distribución de renta. El auge de los precios petroleros reforzó esta tendencia. CADIVI nació de la coyuntura en una crisis económica y política, luego se transformó en un arma de control político. Durante los 10 largos años de funcionamiento, CADIVI ha ido mutando hacia lo que es hoy: el mayor esquema de distribución de renta que existe en Venezuela. Han tardado mucho en darse cuenta de ello en el gobierno, o para decirlo más claro, no les ha interesado darse cuenta sino hasta cuando el problema se ha extendió a tal punto donde ya pone en peligro la estabilidad misma del gobierno. Los mismos que crearon CADIVI nos dicen ahora que hay cadivismo. Los mismos que han basado su esquema de dominación en el reparto de la piñata petrolera nos dicen que el mayor esquema de distribución de renta ya no funciona y genera corrupción. El nivel de descaro de esta gente es solo comparable con su incapacidad para resolver la situación.

Francisco Ibarra Bravo

@franibar10

www.econometrica.com.ve

En la mañana de este martes 8 de octubre, el presidente venezolano Nicolás Maduro se dirigió a la Asamblea Nacional para pedir la aprobación de una Ley Habilitante, que lo faculte con poderes especiales para legislar, es decir, tener la facultad de emitir decretos con rango o fuerza de ley sin control alguno de la Asamblea. Según declaró, sus objetivos son “la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica”.

Estos poderes le permitirían transformar el sistema judicial para aplicar la ‘pena máxima’, no menor a 20 años de prisión, para los corruptos. Asimismo, Maduro buscaría frenar la inflación (que está en la tasa más alta de América Latina con un 32,9% en lo que va del año 2013) abriendo el mercado permuta para liberar divisas, y así enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

Según el discurso oficial ésta obedece a una conspiración fraguada por los dueños de los medios de producción en contra del proyecto chavista.

Sin embargo, no es claro que estos poderes sean verdaderamente necesarios para los propósitos planteados por Maduro. Los antecedentes de leyes habilitantes aprobadas a Chávez y la tensa relación entre el Gobierno y la oposición, apuntan a que esta iniciativa en realidad tendría otras intenciones:

1. Enarbolar la bandera de la anticorrupción para contrarrestar la impopularidad

La contralora Adelina González y la fiscal Luisa Ortega Díaz aplaudieron la petición de Maduro y manifestaron su preocupación por las altas cifras de corrupción. González sostuvo que 3 mil funcionarios han sido señalados por “responsabilidad administrativa” en actos corruptos y se han presentado 1.296 sanciones desde el año 2000. Ortega Díaz, por su parte, informó que desde el 26 de julio la Fiscalía ha detenido a 50 personas bajo cargos de corrupción.

Aunque la organización Transparencia Venezuela comparte la preocupación por estas cifras, su directora Mercedes de Freitas señaló que la solución no es otorgar poderes especiales al presidente, sino, por el contrario, quitarle algunas prerrogativas como la influencia del ejecutivo sobre la Justicia, la confidencialidad sobre los manejos estatales y el uso electoral de los recursos públicos. En la misma dirección, la analista independiente Elsa Cardozo aseguró que para combatir la corrupción no hace falta crear nuevas leyes sino cumplir las existentes.

el líder de la oposición, Henrique Capriles, calificó la cruzada anticorrupción como una “mentira”, argumentando que el Gobierno solo ha perseguido a funcionarios de rango medio y no se ha metido con los “peces gordos” del chavismo.

Además, las acciones emprendidas por el ejecutivo se han enfocado en perseguir a los políticos de oposición. A mediados de julio la Asamblea Nacional le retiró la inmunidad parlamentaria al opositor Richard Mardo, acusado por el Gobierno de blanquear capitales y defraudar al fisco. En agosto la Fiscalía dictó orden de captura contra el también diputado opositor Oscar López, por presunta legitimación de capitales, defraudación fiscal y asociación para delinquir. Y lo mismo ha ocurrido con  otros opositores que están siendo indagados por hechos parecidos. Sin embargo, ya que el gobierno ostenta el poder y ejecuta los fondos públicos, es a lo menos dudoso que las prácticas corruptas se circunscriban estrictamente a la oposición.

Una de las intenciones de fondo de Maduro es, probablemente, alzar la bandera de la anticorrupción para combatir la baja popularidad que atraviesa su Gobierno. Impopularidad debida en buena parte a la crisis económica que tiene al país al borde de la hiperinflación, con graves problemas de abastecimiento de alimentos e insumos básicos, e incluso con militares custodiando los supermercados.

2. Allanar el camino de la revolución

Durante su mandato (1999-2013), Hugo Chávez acudió a estos poderes especiales cuatro veces: 6 meses en 1999; 12 meses entre el 2000 y 2001, 18 meses entre 2007 y 2008, y otros 18 meses entre 2010 y 2012, períodos en los que aprobó por decreto más de 200 leyes. De esta forma, por ejemplo, nacionalizó la industria aurífera, fundó un banco agrícola estatal, dictó una Ley del Trabajo, creó programas sociales, reformó el Código Orgánico Procesal Penal, fijó precios de los productos y reformó las Fuerzas Armadas. En definitiva, Chávez se apoyó en los poderes especiales para profundizar la “revolución bolivariana”.

Este antecedente apunta a que Maduro usaría los superpoderes en el mismo sentido que su predecesor y mentor. Y más considerando que el actual mandatario ha mostrado estar dispuesto a todo para conseguir el voto faltante y completar los 99 de 165 diputados que se requieren  para sacar avante la Habilitante.

Por semanas se rumoró que el Gobierno le retiraría la inmunidad parlamentaria a la diputada opositora María Corina Machado inhabilitándola para votar la petición del gobierno, y permitiendo que su suplente, Ricardo Sánchez, se convirtiera en el voto 99. El problema fue que Sánchez dijo públicamente que no apoyaría la petición de Maduro. Entonces el Gobierno enfiló baterías contra la diputada María Mercedes Aranguren, del pequeño Movimiento Independiente Ganamos Todos (Migato), la oposición desde 2011, pues el suplente de Aranguren, Carlos Flores, sí daría visto bueno a la Habilitante.

La fiscal Ortega Díaz solicitó el pasado jueves un antejuicio de mérito contra Aranguren por presuntos malos manejos en la administración de un estadio de fútbol. Días después, Ortega afirmó que la conducta de Díaz se presumía como delito.

Curiosamente, la decisión se toma justo en esta coyuntura, siendo que la acción contra Aranguren se preveía desde el 24 de septiembre, cuando la diputada denunció que miembros de la bancada oficialista le habían ofrecido cancelar su caso a cambio de apoyar los superpoderes de Maduro y que, además, habían sobornado a su suplente Flores.

Entre tanto no se realice la votación, y se apruebe la Ley Habilitante no sabremos quién es el voto 99. Sin embargo, en las redes sociales hay un gran movimiento en apoyo al oficialismo con los Hashtags #YoSoyelDiputado99, #YoSoyel99 y #PuebloConMaduroSialaHabilitante con más de 125.000 tweets -que aumentan minuto a minuto- en los últimos 3 días.

3. Atacar a la oposición

Los opositores sostienen que estos poderes especiales sirvieron en el pasado para atacarlos y sospechan que la historia volverá a repetirse en contra de los legisladores y políticos de la alianza liderada por Henrique Capriles, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según Leopoldo López, jefe del partido opositor Voluntad Popular, Maduro buscará instaurar “jueces sin rostro” con el fin de perseguir adversarios políticos.

La propuesta de la Ley Habilitante llega en un momento de máxima tensión entre el oficialismo y la oposición. En una misma alocución, el mandatario llamó a la juventud a tomar “acciones de calle” para apoyar su iniciativa y lanzó ataques a la oposición, mencionando la existencia de “una olla podrida en el financiamiento de la derecha fascista venezolana”.

Días atrás el diputado opositor Henry Ramos denunció que el Gobierno ya había emitido una orden de captura contra Capriles. A esto se suman episodios como la aparición de un supuesto audio que ‘prueba’ que Chávez está vivo y secuestrado por sus copartidarios (y la respuesta de los chavistas, que supuestamente desmiente dicho audio); la expulsión de tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo la acusación de apoyar a miembros de la oposición en una conspiración contra Maduro; y la instalación de una Comisión Especial en la Asamblea Nacional dedicada a espiar a organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Fuente: Revista Perspectivas

En el país abunda el trabajo informal, donde quienes lo ejercen no tienen seguridad social que garantice el trabajo decente.

Cuando se habla de condiciones favorables para un trabajador, no sólo se trata de un salario de quince y último, sino que tengan garantía de cumplimiento de sus derechos laborales, seguridad social, capacidad de diálogo, así como la productividad de la empresa para generar más empleo.

En Venezuela no ha calado el concepto de trabajo decente; los ciudadanos coinciden en que las características que debe gozar un buen empleo -más allá de una remuneración justa- no se cumplen.

¿Qué panorama hay? Antes de que el Banco Central de Venezuela anuncie el índice de inflación -siempre son los primeros días de cada mes-, el Presidente de la República informa que el salario mínimo tendrá un ajuste de 10 por ciento, que será un aumento entrecomillado, pues está muy por debajo del 32 por ciento que ha perdido el valor del bolívar fuerte en lo que va de 2013. Ello se suma al desempleo, salarios paupérrimos, deficiencia en beneficios laborales como seguros HCM, transporte, bonos de alimentación insuficiente; conflictos en las empresas básicas, la falta de producción, persecución sindical y contratos colectivos vencidos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo el concepto de Trabajo Decente fue formulado como una manera de identificar las prioridades de la Organización: “Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”.

El 7 de octubre de 1997 se hizo el lanzamiento de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD), cuyo objetivo es exigir justicia social y empleos dignos.

El término ciertamente sigue siendo algo desconocido para el ciudadano común. Al conocer lo que implica ese trabajar dignamente, las opiniones llevan hoy un mismo punto: En Venezuela no hay condiciones para el trabajo decente.

“Eso se perdió, no lo estamos viviendo, porque ahora ni siquiera conseguimos trabajos, y cuando lo hacemos nos tenemos que conformar con lo poco que recibimos”, es la opinión de Henry Maurera.

“Aquí no se dan esas condiciones. Hay un problema y es que quieren pagarles una miseria a los trabajadores, y cuando entran a la empresa no hay una orientación de lo que tiene que hacer; entonces no hay una satisfacción. Además, las empresas hoy en día no están diseñadas para solucionar problemas sino para pagar un quince y último”, dice Gustavo Sardi.

Oscar Escarrá opina que “ni siquiera hay condiciones para generar empleo. Los que hay ahorita son consecuencia de lo que tuvimos antes. Las empresas básicas no discuten contrato, y le quitaron beneficios a los trabajadores, como el de las viviendas”.

Trabajo decente en Venezuela

La Confederación Sindical Internacional (CSI), a través de un comunicado el 10 de junio de 2013, declaró que “dado que los gobiernos aún no están dispuestos o son incapaces de contener el dominio de las finanzas globales y las multinacionales sobre las vidas de las personas, la única manera de conseguir volver a encauzar la economía para que sirva los intereses de la mayoría y no de unos pocos, es reforzar el poder de los trabajadores”.

El primer objetivo que establece la OIT sobre el trabajo decente es la creación de empleos, enfatizando que debe ocupar un lugar prioritario en las políticas económicas y sociales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “la población inactiva en agosto de 2013 fue de 7.416.914 personas (34,5%) de la población en edad de trabajar”; en el caso de la población ocupada, en agosto de 2013 fue de 12.972.617 personas (92,0% de la población en edad de trabajar); mientras que la desocupada fue de 1.133.674 personas (8,0%).

No obstante, hay que tomar en cuenta que en la ocupación laboral, el INE toma en cuenta tanto al sector formal como el informal; el primero ocupó el 58.38% en las estadísticas del INE correspondiente a agosto de 2013, mientras que el segundo un 41.2%.

Para hablar de trabajo decente es necesario incluir otros aspectos, entre ellos el diálogo social, cuya eficacia implica la libertad a los trabajadores de constituirse en organizaciones sindicales.

El abogado, asesor sindical y exsecretario general de Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss) y profesor de la UCAB Guayana, Eleuterio Benítez, afirma que “Venezuela es un país con el más alto déficit en trabajo decente”. El diagnóstico lo hace a partir del análisis de las diferentes dimensiones de este concepto, fundamentándose principalmente en la libertad sindical.

En este punto se refiere a las persecuciones en contra de dirigentes y el desconocimiento de los sindicatos. Y al hablar de diálogo social, que puede ser tripartito (Gobierno-Trabajadores-Empresa), Benítez considera que en el país no se da esta dimensión, ya que “el origen de los problemas es por la falta de diálogo social”.

Froilán Barrios, miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess), coincide con Benítez al hablar de las amenazas a la organización sindical, ya que “donde se amenaza la libertad sindical también se amenaza el trabajo decente”.

Barrios señala que en 2001 cuando se hacen las últimas elecciones generales sindicales, el CNE (Consejo Nacional Electoral) registró un aproximado de 2 mil sindicatos; mientras que en la actualidad se registran entre 5 mil 500 y 6 mil sindicatos.

“Pero la afiliación es menor, que es algo paradójico. Hay más sindicatos y menos afiliados; esto dado el paralelismo sindical exacerbado que existe en el país, lo cual determina que en Venezuela haya aproximadamente de una población activa de 12 millones 500 mil habitantes, se habla de una cifra de 10 a 11 por ciento de afiliación sindical”, explica Barrios.

Asimismo, Barrios hace mención al debacle que ha venido sufriendo las contrataciones colectivas en cuanto a su discusión, destacando que en Venezuela, la mayoría de las convenciones se desarrollan en el sector público, discutiéndose antes de 2005 entre 500 y 600 contratos por año.

Sin embargo, a raíz de las suspensiones de las discusiones de las convenciones entre los años 2005 y 2006, hoy “están suspendidas las contrataciones de casi dos millones de trabajadores en el sector público. Estamos hablando de casi 300 contratos que están suspendidos”, indicó el integrante del Fadess.

Sin protección social

En materia de seguridad social, Benítez señala que uno de los factores que demuestra el problema que hay en el país para garantizar el trabajo decente es precisamente esta dimensión, debido a las debilidades en el sistema público de salud, incluidas las contrataciones de pólizas que hace el Estado.

Destaca, además, el hecho de no tomarse en cuenta a los trabajadores de la economía informal a la hora de brindarles la seguridad social.

La OIT indica que “sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura. Estas personas enfrentan peligros en el lugar de trabajo, y tienen pensiones y seguros de salud débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de desarrollo económico: en los países menos adelantados ni siquiera 10 por ciento de los trabajadores está protegido por la seguridad social, en los países de mediano ingreso la cobertura oscila entre 20 y 60 por ciento, mientras que en los países más industrializados se acerca al 100 por ciento”.

El trabajo decente incluye los derechos de los trabajadores, amparados por convenios y tratados. “Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo”, establece la OIT.

“Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el ámbito internacional y que contribuye a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los países miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la aplicación de las normas, la OIT presta colaboración a los países, a través del diálogo social y la asistencia técnica”.

Disposición del gobierno

Ante todas las irregularidades que amenazan al trabajo decente en Venezuela, cabe preguntarse cuál es la disposición gubernamental para crear condiciones favorables para trabajar dignamente.

Benítez recuerda que Venezuela es miembro de la OIT y el concepto de trabajo decente está consensuado entre empleadores, gobierno y trabajadores, y “el gobierno venezolano no le presta atención a esta política de la OIT -impulsada desde 1999- …hay programas de asistencia a los países para implementar el programa del trabajo decente, pero en Venezuela eso lo han puesto de lado, a tal punto que la libertad sindical y las convenciones colectivas, que son puntos importantes en el trabajo decente, son irrespetados”.

Los sindicatos también juegan un papel importante en la promoción de este concepto, que a juicio de Benítez, “deben asumir la bandera del trabajo decente”.

Sindicatos entre persecuciones y violencia

De acuerdo con el último informe de Provea, del año 2012, sobre los derechos laborales, “el derecho a negociar convenciones colectivas fue parcialmente garantizado”. También señala que, tomando en cuenta la información oficial, en 2011 se garantizó la negociación de 452 convenciones colectivas, de las cuales 131 corresponden al sector público. Sin embargo, destaca que desde 2004 hay un descenso en la discusión de contratos colectivos.

“Cada año, desde diversas instituciones del Estado, se implementan medidas que afectan de manera directa e indirecta el ejercicio de la libertad sindical. Apertura de procesos penales, medidas cautelares dictadas por tribunales que impiden a sindicalistas acercarse a sitios de trabajo, sentencias que imponen condiciones a los integrantes de directivas sindicales, despidos injustificados, hostigamiento policial, amenazas contra su integridad, descalificación pública de la actividad sindical y negación de permisos sindicales, entre otras”, agrega el informe.

Con respecto a la violencia sindical, Provea indica que “según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante 2012 fueron asesinados 77 trabajadores o dirigentes sindicales en diversos hechos de violencia que enfrentaron a sindicalistas o terceros que actuaron contra afiliados a sindicatos. Según el informe de esta organización… la región donde se produjo la mayor cantidad de homicidios fue el estado Anzoátegui, seguido de Aragua y Bolívar”.

Fuente: Correo del Caroni

Son devastadores moralmente quince años de una política oficial negada a la transparencia democrática, acostumbrada a la impunidad para cualquier delito que tenga que ver con las alturas del poder y que utiliza sistemáticamente la triquiñuela para obtener sus fines. Bribonadas mondas y lirondas que se enmascaran con el pretendido derecho de la revolución a colocar su sobrevivencia, su perennidad, y el logro de sus objetivos por encima de cualquier formalismo legal, que no es más que un escollo al servicio del enemigo artillado, la contrarrevolución.

Esa descomposición, que no solo afecta a las filas del gobierno pero que, sin duda, tiene en éstas su motor principal se manifiesta en los llamados saltos de talanquera, que hasta han generado una fórmula legal que los sanciona en el parlamento. Con la cual la fracción gubernamental se protege, ella, de que no mermen sus filas y, por supuesto, parece no contar para los que hacen el camino contrario, saltar de la oposición al oficialismo. Lo menos que se puede decir es que no es muy elegante hacer tan explícita y sujeta a castigo implacable la desconfianza en la condición moral de los honorables diputados revolucionarios.

Porque el tal salto se entiende como una canallada, es decir, impulsado por motivos viles. Nada que ver con los cambios o disensiones que forman parte del itinerario vital de un político, ingrediente necesario de nuestra fragilidad humana y que tiene su tempo y sus razones.

No es el caso del saltarín que actúa movido por miedo, apetencias muy materiales o reconcomio con el bando del que se aparta. El gobierno ha sido maestro, bastante descaradamente, moviendo esos resortes. El diputado Mardo dijo con todas sus letras y a voz en cuello que se le atacaba como se lo atacó, sujeto de corrupción y otros delitos, porque se había negado a pasarse al bando oficial como se le había solicitado conminativamente.

Nadie se tomó el trabajo de desmentirlo y se le sometió a una infamante e innoble persecución judicial que, de Mardo haber saltado, evidentemente no hubiese tenido lugar. El diputado Hernán Núñez, para sorpresa hasta de sus vecinos de bancada, hizo un espantoso show público para justificar que, de un día para otro, había cambiado su ideario político. Funcionó el chantaje. El caso de William Ojeda es otro arquetípico: frustradas sus aspiraciones electorales en el seno de la MUD no tuvo el menor empacho en cantar loas continuas de todo aquello que, apenas ayer, había abominado con la mayor fiereza.

Y basten estos ejemplos de esa impúdica compra-venta de conciencias y principios.

El caso de la búsqueda del diputado 99, valga decir la mayoría necesaria para habilitar a Maduro, mutilando una vez más la sustantividad y separación de los poderes y poniendo en manos inexpertas y torpes la facultad de legislar, esa búsqueda abierta, un verdadero suspenso mediático, indica como se han normalizado esas subastas morales. La gente se pregunta, ¿quién será el portador de ese voto?, ¿cuánto le habrán ofrecido?, ¿qué pecado le habrán descubierto? Ya la fiscala abrió un camino, posiblemente no será el único, reactivando un caso del 2008 de una diputada monaguense que había permanecido invisible aun cuando ésta fue electa por el PSUV en el 2010. Mera casualidad.

¿No es todo esto un estercolero moral y político por demás impúdico, un tráfico de traidores?