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Venezuela se distancia del trabajo decente por Jhoalys Siverio @Jhoalys

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Hace 11 años

En el país abunda el trabajo informal, donde quienes lo ejercen no tienen seguridad social que garantice el trabajo decente.

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Cuando se habla de condiciones favorables para un trabajador, no sólo se trata de un salario de quince y último, sino que tengan garantía de cumplimiento de sus derechos laborales, seguridad social, capacidad de diálogo, así como la productividad de la empresa para generar más empleo.

En Venezuela no ha calado el concepto de trabajo decente; los ciudadanos coinciden en que las características que debe gozar un buen empleo -más allá de una remuneración justa- no se cumplen.

¿Qué panorama hay? Antes de que el Banco Central de Venezuela anuncie el índice de inflación -siempre son los primeros días de cada mes-, el Presidente de la República informa que el salario mínimo tendrá un ajuste de 10 por ciento, que será un aumento entrecomillado, pues está muy por debajo del 32 por ciento que ha perdido el valor del bolívar fuerte en lo que va de 2013. Ello se suma al desempleo, salarios paupérrimos, deficiencia en beneficios laborales como seguros HCM, transporte, bonos de alimentación insuficiente; conflictos en las empresas básicas, la falta de producción, persecución sindical y contratos colectivos vencidos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo el concepto de Trabajo Decente fue formulado como una manera de identificar las prioridades de la Organización: “Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas”.

El 7 de octubre de 1997 se hizo el lanzamiento de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD), cuyo objetivo es exigir justicia social y empleos dignos.

El término ciertamente sigue siendo algo desconocido para el ciudadano común. Al conocer lo que implica ese trabajar dignamente, las opiniones llevan hoy un mismo punto: En Venezuela no hay condiciones para el trabajo decente.

“Eso se perdió, no lo estamos viviendo, porque ahora ni siquiera conseguimos trabajos, y cuando lo hacemos nos tenemos que conformar con lo poco que recibimos”, es la opinión de Henry Maurera.

“Aquí no se dan esas condiciones. Hay un problema y es que quieren pagarles una miseria a los trabajadores, y cuando entran a la empresa no hay una orientación de lo que tiene que hacer; entonces no hay una satisfacción. Además, las empresas hoy en día no están diseñadas para solucionar problemas sino para pagar un quince y último”, dice Gustavo Sardi.

Oscar Escarrá opina que “ni siquiera hay condiciones para generar empleo. Los que hay ahorita son consecuencia de lo que tuvimos antes. Las empresas básicas no discuten contrato, y le quitaron beneficios a los trabajadores, como el de las viviendas”.

Trabajo decente en Venezuela

La Confederación Sindical Internacional (CSI), a través de un comunicado el 10 de junio de 2013, declaró que “dado que los gobiernos aún no están dispuestos o son incapaces de contener el dominio de las finanzas globales y las multinacionales sobre las vidas de las personas, la única manera de conseguir volver a encauzar la economía para que sirva los intereses de la mayoría y no de unos pocos, es reforzar el poder de los trabajadores”.

El primer objetivo que establece la OIT sobre el trabajo decente es la creación de empleos, enfatizando que debe ocupar un lugar prioritario en las políticas económicas y sociales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) “la población inactiva en agosto de 2013 fue de 7.416.914 personas (34,5%) de la población en edad de trabajar”; en el caso de la población ocupada, en agosto de 2013 fue de 12.972.617 personas (92,0% de la población en edad de trabajar); mientras que la desocupada fue de 1.133.674 personas (8,0%).

No obstante, hay que tomar en cuenta que en la ocupación laboral, el INE toma en cuenta tanto al sector formal como el informal; el primero ocupó el 58.38% en las estadísticas del INE correspondiente a agosto de 2013, mientras que el segundo un 41.2%.

Para hablar de trabajo decente es necesario incluir otros aspectos, entre ellos el diálogo social, cuya eficacia implica la libertad a los trabajadores de constituirse en organizaciones sindicales.

El abogado, asesor sindical y exsecretario general de Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss) y profesor de la UCAB Guayana, Eleuterio Benítez, afirma que “Venezuela es un país con el más alto déficit en trabajo decente”. El diagnóstico lo hace a partir del análisis de las diferentes dimensiones de este concepto, fundamentándose principalmente en la libertad sindical.

En este punto se refiere a las persecuciones en contra de dirigentes y el desconocimiento de los sindicatos. Y al hablar de diálogo social, que puede ser tripartito (Gobierno-Trabajadores-Empresa), Benítez considera que en el país no se da esta dimensión, ya que “el origen de los problemas es por la falta de diálogo social”.

Froilán Barrios, miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess), coincide con Benítez al hablar de las amenazas a la organización sindical, ya que “donde se amenaza la libertad sindical también se amenaza el trabajo decente”.

Barrios señala que en 2001 cuando se hacen las últimas elecciones generales sindicales, el CNE (Consejo Nacional Electoral) registró un aproximado de 2 mil sindicatos; mientras que en la actualidad se registran entre 5 mil 500 y 6 mil sindicatos.

“Pero la afiliación es menor, que es algo paradójico. Hay más sindicatos y menos afiliados; esto dado el paralelismo sindical exacerbado que existe en el país, lo cual determina que en Venezuela haya aproximadamente de una población activa de 12 millones 500 mil habitantes, se habla de una cifra de 10 a 11 por ciento de afiliación sindical”, explica Barrios.

Asimismo, Barrios hace mención al debacle que ha venido sufriendo las contrataciones colectivas en cuanto a su discusión, destacando que en Venezuela, la mayoría de las convenciones se desarrollan en el sector público, discutiéndose antes de 2005 entre 500 y 600 contratos por año.

Sin embargo, a raíz de las suspensiones de las discusiones de las convenciones entre los años 2005 y 2006, hoy “están suspendidas las contrataciones de casi dos millones de trabajadores en el sector público. Estamos hablando de casi 300 contratos que están suspendidos”, indicó el integrante del Fadess.

Sin protección social

En materia de seguridad social, Benítez señala que uno de los factores que demuestra el problema que hay en el país para garantizar el trabajo decente es precisamente esta dimensión, debido a las debilidades en el sistema público de salud, incluidas las contrataciones de pólizas que hace el Estado.

Destaca, además, el hecho de no tomarse en cuenta a los trabajadores de la economía informal a la hora de brindarles la seguridad social.

La OIT indica que “sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura. Estas personas enfrentan peligros en el lugar de trabajo, y tienen pensiones y seguros de salud débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de desarrollo económico: en los países menos adelantados ni siquiera 10 por ciento de los trabajadores está protegido por la seguridad social, en los países de mediano ingreso la cobertura oscila entre 20 y 60 por ciento, mientras que en los países más industrializados se acerca al 100 por ciento”.

El trabajo decente incluye los derechos de los trabajadores, amparados por convenios y tratados. “Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo”, establece la OIT.

“Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el ámbito internacional y que contribuye a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los países miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la aplicación de las normas, la OIT presta colaboración a los países, a través del diálogo social y la asistencia técnica”.

Disposición del gobierno

Ante todas las irregularidades que amenazan al trabajo decente en Venezuela, cabe preguntarse cuál es la disposición gubernamental para crear condiciones favorables para trabajar dignamente.

Benítez recuerda que Venezuela es miembro de la OIT y el concepto de trabajo decente está consensuado entre empleadores, gobierno y trabajadores, y “el gobierno venezolano no le presta atención a esta política de la OIT -impulsada desde 1999- …hay programas de asistencia a los países para implementar el programa del trabajo decente, pero en Venezuela eso lo han puesto de lado, a tal punto que la libertad sindical y las convenciones colectivas, que son puntos importantes en el trabajo decente, son irrespetados”.

Los sindicatos también juegan un papel importante en la promoción de este concepto, que a juicio de Benítez, “deben asumir la bandera del trabajo decente”.

Sindicatos entre persecuciones y violencia

De acuerdo con el último informe de Provea, del año 2012, sobre los derechos laborales, “el derecho a negociar convenciones colectivas fue parcialmente garantizado”. También señala que, tomando en cuenta la información oficial, en 2011 se garantizó la negociación de 452 convenciones colectivas, de las cuales 131 corresponden al sector público. Sin embargo, destaca que desde 2004 hay un descenso en la discusión de contratos colectivos.

“Cada año, desde diversas instituciones del Estado, se implementan medidas que afectan de manera directa e indirecta el ejercicio de la libertad sindical. Apertura de procesos penales, medidas cautelares dictadas por tribunales que impiden a sindicalistas acercarse a sitios de trabajo, sentencias que imponen condiciones a los integrantes de directivas sindicales, despidos injustificados, hostigamiento policial, amenazas contra su integridad, descalificación pública de la actividad sindical y negación de permisos sindicales, entre otras”, agrega el informe.

Con respecto a la violencia sindical, Provea indica que “según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante 2012 fueron asesinados 77 trabajadores o dirigentes sindicales en diversos hechos de violencia que enfrentaron a sindicalistas o terceros que actuaron contra afiliados a sindicatos. Según el informe de esta organización… la región donde se produjo la mayor cantidad de homicidios fue el estado Anzoátegui, seguido de Aragua y Bolívar”.

Fuente: Correo del Caroni

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